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Los textos clásicos admiten dos, tres y hasta cuatro lecturas distintas. Diferentes significados para unas mismas líneas, variadas interpretaciones de sus párrafos dependiendo del contexto de aplicación. Una de estas obras intemporales es “Sobre el origen de las especies”, de Charles Darwin, repleta de consejos para esta rara avis que es la Administración Pública sobre la necesidad de transformarse y cómo realizarlo, sobre el papel de las nuevas tecnologías en la transformación y las resistencias a qué este papel sea asumido.

If any one species does not become modified and improved in a corresponding degree with its competitors, it will soon be exterminated.


Porque la transformación, es necesaria. La Administración ha de demostrar que es al menos tan eficiente y más efectiva que aquellos que quieren su reducción. Hay que buscar nuevas formas de poner en valor lo público como servicio y no como negocio. Pero ello sólo puede hacerse desde la clave de hacer más, porque hacer más con lo mismo es posible con el concurso de las nuevas tecnologías, empotrando las mismas en los procesos de negocios hasta confundirse con los mismos. Existen sin emabrgo resistencias internas a ello.

Organs now of trifling importance have probably in some cases been of high importance to an early progenitor.


Esta transformación supone acabar con lo que ha dejado de ser útil. Y ello implica resistencias, la mayor de ellas de quienes ven que desaparece su importancia ante la automatización. La excusa es sabida: “Las tecnologías de la información no son el negocio, son sólo su soporte”. El arma contra la transformación que provocan es también conocida: “Externalicemos lo que nos es parte del núcleo de negocio”. La excusa perfecta para que todo siga igual es que las tecnologías de la información sean sólo soporte, no vector de transformación. Luchan por abortar la creación del nuevo órgano que convierta les convierta en órgano obsoleto. La mejor manera de mantener las tecnologías de información sólo como soporte, es su externalización. La mejor manera de garantizar la perpetuación de las ineficiencias, es no utilizando su capacidad de transformación haciéndolas parte del negocio  en lugar de los organos obsoletos.


No complex instinct can possibly be produced through natural selection, except by the slow and gradual accumulation of numerous, slight, yet profitable variations.


El camino de la transformación aún es largo. Es una acumulación de variaciones hasta que se asuma el nuevo órgano como propio, hasta que el diseño de cada proceso de negocio se haga teniendo en mente la existencia de la tecnología y no sea está un simple añadido posterior para meras reducciones de tiempo. Es eliminar intervención de órganos obsoletos, reeducar sus funciones para realizar otras que aporten más valor, y aquí de nuevo aparece la resistencia al cambio. Y en este camino de transformación no hay atajos, hay que recorrer cada trecho del camino regulación en mano. Las variaciones han de ser impulsadas, pero ha de saber convencerse a quien boletín oficial en mano puede consolidar los nuevos instintos y órganos que necesita la Administración Pública.

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Lo digital, está sometido al voraz consumismo y a la externalización de los signos de estatus social. La posesión de los artilugios de la manzana en lugar de equivalentes de otras marcas es quizás el ejemplo más claro. Mientras todos los servicios de Gobierno Electrónico eran prestados por las Administraciones Públicas, los mismos eran quizás uno de los escasos campos de la sociedad digital dónde el consumo no se había introducido. Todo parece cambiar.

Se está asumiendo, en parte de modo correcto, que no todos los servicios relacionados con el Gobierno Electrónico pueden ser prestados por las Administraciones Públicas. El astillamiento de Internet impide que las Administraciones sigan el ritmo de la evolución tecnológica, y puedan ofrecer sus servicios en todo tipo de plataforma de usuario. Es incluso razonable pensar que los recursos públicos están mejor empleados en desarrollos válidos para plataformas generalistas (PC) que para plataformas minoritarias (iPhone). Es este un campo dónde la introducción del consumo es positivo. Introducir el pago por aplicaciones de Gobierno Electrónico para teléfonos inteligentes no introduce barreras sociales por razones económicas.

Se empieza a introducir el consumo dentro de otros ámbitos del Gobierno Electrónico. La continua sospecha orwelliana que tenemos sobre el estado hace que los datos personales sean ámbito abonado a la introducción de la acción privada. La teoría es dejar la propiedad de sus datos personales al ciudadano y que sean las AAPP quienes acudan a él cuando los necesite. Deja ello espacio a un ámbito de negocio peligroso, y goloso para el sector privado. Las cajas fuertes de datos personales, especialmente en el sector sanitario, abren un debate ético interesante sobre los límites de la acción privada en el Gobierno Electrónico. Personalmente, creo que sería un error dejar servicios de este tipo al ámbito privado, por las posibles divisiones sociales que pueda dar lugar y por introducir las motivaciones económicas (esas y no otras son las del sector privado) en un ámbito especialmente sensible. Es este un debate que no es baladí, y que surgirá a lo largo del quinquenio ya que la Agenda Digital Europea introducía la posibilidad de revisar la legislación de protección de datos personales. Los habituales lobbies que circulan por Bruselas es de esperar que tengan ya en su punto de mira que esta comercialización de los datos personales se introduzca en la revisión de la directiva europea. Protección de datos para ricos y para pobres.

Bueno y malo, el consumo ha llegado al Gobierno Electrónico. Sólo queda por ver que pesa más en la balanza y si podremos establecer los contrapesos necesarios para que no se introduzcan desigualdades sociales con ello.

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El Gobierno Electrónico es una política pública más, debiendo aprender por su relativa juventud de las herramientas  utilizadas en otros ámbitos. Una de ellas es la discriminación positiva, cuyo uso podría ser clave para favorecer la introducción definitiva del software de fuentes abiertas en las Administraciones Públicas.

No deja de ser chocante, que en este periodo de búsqueda de ganancia de eficiciencia económica y racionalización de las TIC no se ponga la cuestión del software de fuentes abiertas encima del tapete. No soy un talibán del mismo, pero si reconozco que su uso en las Administraciones Públicas puede traer ventajas económicas, además de mayor transparencia al Gobierno Electrónico. Se trata de poner las condiciones para que estas ventajas sean obtenidas, una competición igualitaria entre software propietario y software de fuentes abiertas. Nuestra legislación (Ley 11/2007 y Esquema Nacional de Interoperabilidad) es a mi juicio acertada en no establecer una predilección en la elección del software de fuentes abiertas, pero ello significa que hay que establecer las condiciones de igualdad para que ello no suponga una predilección no deseada por el software propietario. En palabras de John Stuart Mill utilizadas en la exposición de motivos de la Ley Organica de Igualdad, la «perfecta igualdad es la que no admite poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros».

Es necesario por tanto poner al software de fuentes abiertas en condiciones de igualdad en las licitaciones públicas. La herramienta para ello es la definición de claúsulas tipo a incluir en los pliegos técnicos que garanticen la igualdad. Una propuesta de las mismas serían:

  • Cálculo por el licitante del total de coste del ciclo de vida de su propuesta, incluyendo costes de entrada y salida de la misma
  • En aquellos casos que se otorgue una licencia perpetua o por uso de un producto propietario, especificar el coste de lista de precios de la misma, que se añadira al total de coste del proyecto y se tendrá en cuenta en la valoración de la oferta económica
  • Un licitador podrá ofertar un producto propietario en su propuesta, pero habra de dar evidencia de que tiene en su empresa capacidades para uso de software de fuentes abiertas y que ha valorado la posibilidad de su uso para el proyecto aunque lo haya descartado
  • Las licencias de los productos si los hubiese serán validas para toda la Administración, debiendo motivarse posibles costes de licencia por usuario
  • Declaración explícita de no haber vendido previamente la solución a ninguna unidad administrativa y de haberlo hecho indicarse el impacto de la reusabilidad sobre el coste de la propuesta

Y no sólo debería haber esta obligación para  el licitador, también las unidades promotoras deberían reflejar en las memorias previas a iniciar la adquisición las acciones que han realizado para comprobar que el proyecto que solicitan no ha sido desarrollado por una unidad administrativa, y que por tanto no pueden acceder sin coste a una solución similar en aplicación de lo previsto en la Ley 11/2007.

No se trata de favorecer el uso del software de fuentes abiertas, pero si de ponerle en condiciones de ser objeto de valoración como alternativa y potencialmente elección.

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No había tenido hasta ahora, la oportunidad de una lectura pausada del Real Decreto 868/2010, de 2 de julio, por el que se crea el Observatorio del Empleo Público. Buscando por la blogosfera pública, he encontrado pocas referencias al mismo, más allá del escéptico comentario sobre su utilidad de Oscar Cortes o la satírica visión de Sevach. A mi, la lectura del Real Decreto  me ha levantado más preocupaciones que escepticismo y un deseo de que efectivamente no se trate más de lo que Sevach llama un grupo de amigos de la papiroflexia.

Efectivamente, existen razones para el escepticismo ante la lectura del Real Decreto. Se constituye un órgano con la finalidad de realizar  “diagnósticos en materia de recursos humanos, el análisis de la situación del empleo público y la formulación de propuestas y recomendaciones de actuación” (artículo 2), que más adelante se anuncia que van a ser realizados con los medios técnicos, personales y materiales ya existentes en la Dirección General de Función Pública y sin que suponga impacto presupuestario (Disposición adicional segunda). Ello sólo puede implicar dos cosas. O bien se va a seguir realizando lo mismo pero va a ser convenientemente adornado o bien van a dejar de realizarse actividades que antes se realizaban en esta Dirección General. Me inclino por la primera de las opciones, aunque carezco de base para tal opinión, ya que es de suponer que los diagnósticos misión del observatorio son ya realizados por la Dirección General de Función Pública.

Pero existen más razones para la preocupación que para el escepticismo. Estas preocupaciones nacen de la lectura de su artículo 3, donde se describen las funciones del Observatorio. Donde uno podía esperar alguna mención a  buscar como articular la formación o carrera profesional de los empleados públicos para un mejor servicio a los ciudadanos, se encuentra (ver artículo 3b) menciones a la necesidad de redimensionar plantillas e identificar posibles servicios que puedan ser externalizados o (ver artículo 3c) alusiones a la elaboración de propuestas para la reforma del régimen jurídico del empleo público.

La bajada de sueldo a los empleados públicos regulada por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público fue el primero de los cisnes negros que llegaron a las tierras del empleo público.  Los habrá que piensen que no van a aparecer más cisnes negros en los cielos del sector público, pero ello no es más que un deseo voluntarioso . Los huevos de los cisnes negros se incuban en los nidos de los Reales Decreto Ley.  Y hay países dónde están empezando a salir del casacarón.

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Segunda entrega de mis reflexiones tras la lectura del informe “Good Governance for Digital Policies: How to get most out of ICT – The Case of Spain´s Plan Avanza”, en el cual la OECD realizó una revisión del Plan Avanza. Creo que con el título, queda claro que esta serie es en parte un homenaje a quienes como Felix, trabajaron en su ejecución, y pueden sentir insuficientemente reflejada su labor en el informe.

Y es que el informe de la OECD tiene olvidos de actuaciones, previstas entre los objetivos y las medidas del Plan Avanza(dividas en dos periodos), que han sido ejecutadas y encuentran escaso reflejo en el texto.  Es difícil saber a que se deben estas carencias, ya que no hay mayor éxito que lo anunciado y ejecutado. Supongo que alguna influencia habrá tenido el que parte de los actores que intervinieron en el diseño y ejecución del plan no hayan participado en su revisión por encontrarse en otros destinos (caso de Felix Serrano).

El capítulo del informe de la OECD que he leido con mayor detalle es el relativo al Gobierno Electrónico, 4.7, denominado “Plan Avanza and the Public Administration: supporting national agendas for modernisation and e-government”. No se si habrá alguna revisión del mismo antes de su publicación final (en agosto no lo localice en la web de la OECD por lo que supongo estaría baho revisión final), si es así, espero que este post sea una contribución a la mejora del documento en la puesta en valor de lo diseñado y realizado en el área del Gobierno Electrónico.

Es triste comenzar por el ólvido mayor. Era destacado en el Plan Avanza como gran objetivo (página 19) “Garantizar el derecho de ciudadanos y empresas a relacionarse electrónicamente con las AAPP”. No existía por entonces aún la Ley 11/2007, y su confección, aprobación y ejecución no merece un sóla mención en todo el capítulo. Es cierto que se incluye un (escaso) párrafo en el capítulo dedicado  a la Gobernanza del Plan (capítulo 2), pero personalmente me parece escaso bagaje. Relacionado con ello, tampoco el informe recoge los datos de cumplimiento de ejecución de la ley en la AGE que si recoge el informe Orange eEspaña 2010, y que superan con creces el 80% que se marcaba en el Plan Avanza (cercanos al 98%). Dada la difusión del informe de la OECD, se ha perdido una gran ocasión de publicitar el mayor logro de modernización de las AAPP en los últimos años y el esfuerzo por conseguirlo.

También habla el documento de estrategia del Plan Avanza del objetivo de (página 20) “crear estructuras de cooperación entre las distintas Administraciones Públicas (AGE, CCAA y EELL)”. Queda siempre terreno por mejorar en esta materia, pero resulta una carencia del informe no resaltar que esas estructuras se han creado (e.g. Consejo Superior de Administración Electrónica, Conferencia Sectorial de Administración Electrónica) y que fruto de ellas han sido logros tan importantes como el desarrollo de la misma Ley 11/2007 o los Esquemas Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.

Y por acabar con algunas de las medidas dividas en dos periodos que han sido ejecutadas y no se nombran en el capítulo dedicado al Gobierno Electrónico. Durante el periodo del Plan Avanza tal y  como estaba previsto, se ha desarrollado el Esquema nacional de Interoperabilidad, se ha avanzado en implementar el nivel AA de accesibilidad en las webs públicas, se ha progresado en la eliminación del papel (BOE electrónico, eliminación de fotocopias en DNI, …) y se ha creado el Centro de Transferencia Tecnológica para el intercambio de buenas prácticas entre las Administraciones Públicas.

Se tienen pocas oportunidades de publicitar los logros que se realizan. Conviene que los ólvidos no lleve a desaprovecharlas y a dejar sin reconocimiento a quienes lo han realizado.

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