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Archive for 29 julio 2009

(This post has an english version in “Electronic Notes”)

La Comisión Europea ha hecho público a través del sitio web que dedica a políticas de Gobierno Electrónico el documento “Visions and priorities for eGovernment in Europe-Orientations for a post 2010 eGovernment Action Plan”. El documento resume el trabajo realizado y las ideas generadas por el grupo de representantes de los Estados Miembros y la Comisión Europea a lo largo del proceso de desarrollo de la Declaración Ministerial de Malmö.

El documento hecho publico está estructurado en cuatro partes:

  • Resumen de la evolución histórica de las prioridades de las políticas de Gobierno Electrónico en la Unión Europea

  • Arquitecturas de Tecnologías de la Información orientadas a soportar los futuros servicios de Gobierno Electrónico

  • Prioridades políticas de la Declaración Ministerial de Malmö

  • Ideas para el Plan de Acción consecuencia de la Declaración

En la primera parte, describe el viaje histórico de las prioridades en las políticas de Gobierno Electrónico. Comienza recordando el hincapié inicial de las mismas en la eficiencia y el ahorro de costes introducido por las TIC, continua describiendo el posterior añadido de la efectividad y calidad de los servicios, para llegar hasta el momento actual dónde la Gobernanza y la creación de valor conjuntamente con la sociedad pasan al primer plano sin descuidar los aspectos antes priorizados.

La entrada en juego de la creación de valor conjuntamente con la sociedad, provoca un cambio en las arquitecturas tecnológicas del Gobierno Electrónico, al que se dedica la segunda parte del documento. De arquitecturas monolíticas dónde los servicios sion prestados extremo a extremo por recursos de las Administraciones Públicas, a arquitecturas flexibles dónde los recursos tecnológicos del sector público y privado colaboran en la prestación un servicio de modo coordinado. La Comisión Europea denomina este escenario del Gobierno Electrónico como “Tao Government” , de “unidad basada en los contrarios”. El escenario se caracterizaría por:

  • Administraciones Públicas interaccionando entre ellas y con actores privados

  • Servicios de Gobierno Electrónico adaptados a las necesidades de los ciudadanos que colaborarían en su diseño

  • Gobiernos más abiertos, participativos y democráticos apoyados en herramientas de colaboración

  • Uso de las TIC para una mejor evaluación y monitorización de los efectos de las políticas públicas

El tercer apartado pasa a enumerar las prioridades políticas que se desarrollarán en la Declaración Ministerial de Malmö. Son consecuencia del nuevo escenario para el desarrollo de los servicios de Gobierno Electrónico antes descrito, y la actual situación socio-económica. Las prioridades que se identificas son las siguientes:

  • En lo económico, apoyo al desarrollo del mercado único, mediante el desarrollo de servicios que faciliten la movilidad de ciudadanos y empresas a través de la colaboración segura entre Gobiernos

  • En lo social, dando poder a ciudadanos y empresas, haciendo de la transparencia y participación electrónica el vector conducente de gobiernos más abiertos apoyados sobre un Gobierno Electrónico Inclusivo

  • En lo organizativo, promoviendo la eficiencia y efectividad en las Administraciones Públicas, haciendo de las TIC el catalizador de la transformación de organizaciones públicas interconectadas y colaborativas

Finaliza el documento con un último bloque dedicado a desarrollar una orientación de las actividades que el plan de acción subsiguiente a la Declaración debería contener. No realiza un detalle actividades concretas, limitándose a una enumeración de áreas de actuación que debería contener el plan de acción agrupadas entorno a dos ejes:

  • Aplicaciones, o programas de actividades de carácter temático que ha de contener el plan de acción:

    • Gestión de Identidad Electrónica

    • Directiva de servicios y movilidad de personas

    • Servicios transfronterizos

    • Participación Electrónica

  • Condicionantes, o áreas transversales que influyen en la realización de todas las actividades de Gobierno Electrónico

    • Interoperabilidad

    • Marcos legales

    • Foco en el usuario

    • Administración Electrónica Inclusiva

    • Cambio organizacional

    • Gobierno verde

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Realizar consultas públicas sobre documentos, políticas y normativas relacionadas con el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información comienza a ser una frecuente (y saludable) práctica. Tras el reglamento de desarrollo parcial de la Ley 11/2007 o el “Manual Práctico de reutilización de información del Sector Público” del proyecto Aporta, le ha tocado el turno ahora al Plan Avanza2. Dejando a un lado que siempre es mejor pedir opinión que no pedirla, la consulta pública abierta es mejorable en los mismos aspectos que las anteriormente realizadas y de los que hable anteriormente: una trasparencia mejorable y carencia de una conversación abierta entre todas las partes.

Pero no deja de ser una iniciativa loable, aunque nos queda aún mucho recorrido que andar. Basta analizar el desarrollo del proceso de la directiva OpenGovernment en la bitacora del Oficina de Ciencia y Tecnología del Gobierno USA.

En cuanto al documento liberado como apoyo de la consulta, decir que es un buen documento. Una primera parte en la que se refleja con datos el innegable avance que ha experimentado la Sociedad de la Información en España en los últimos años, y cómo el Plan Avanza ha contribuido a la misma. Un excepcional resumen de datos. Una segunda parte en la que se resumen las líneas estratégicas previstas para el Plan Avanza2, con una propuesta de objetivos y actuaciones sobre las que se centra la consulta pública.

Cómo los seres inmateriales no podemos contribuir de otro modo, dejo aquí respuestas a algunas de las preguntas realizadas sobre el eje de Contenidos y Servicios Digitales:

  • En el Eje Contenidos y Servicios Digitales, ¿añadiría o modificaría alguno de los objetivos propuestos?

El primero de los objetivos aborda problemáticas distintas. La Administración Local, es quizás más necesario plantearse objetivos de disponibilidad que de calidad de servicios aún. De igual modo, el mayor uso de los servicios públicos digitales y no sólo la mejora de su calidad ha de ser un objetivo a perseguir.

Establecer objetivos acerca de la potenciación de las TIC como herramienta de cooperación en el codiseño y coproducción de servicios entre Administración y Ciudadanía, sería también necesario de cara a fomentar la participación ciudadana y servicios más efectivos.

  • ¿Considera que las actuaciones propuestas son adecuadas para la consecución de los objetivos? ¿Añadiría o modificaría alguna de las actuaciones propuestas?

A este respecto, simplemente me voy a autocitar con algunas (sólo entre las más recientes) de las ideas propuestas desde esta bitacora:

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Boletic, la revista de ASTIC (Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado) publica en su número 50 un monográfico Web 2.0.

Cuatro son los artículos dedicados al tema:

WEB 2.0
Coordinado por Ignacio Cudeiro

WEB 2.0: Transformando corporaciones
Por  Rocío Montalbán Carrasaco

Administración 2.0: Necesidades y retos por delante
Por Emilio García

La facilidad de uso como premisa inicial
Por Pablo Burgos Casado

Resulta significativo que, a diferencia de otras ocasiones, todos los artículos estén escritos por compañeros del Cuerpo. Aunque en ocasiones he aludido a la necesaria 2.0-ización de ASTIC, a ver si esto significa un cambio de tendencia y el inicio de la construcción de una web más participativa para el Cuerpo.

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Me dice Elay que soy insoportablemente consciente. La consciencia me lleva a un continuo redoblar de esfuerzos en toda actividad que realizo, a sentirme siempre al borde del fracaso. El continuo temor a no estar a la altura de lo que se espera de uno conduce a la superación continua.

Ser continuamente consciente le lleva a uno a ser intolerante con la inconsciencia. Y lamentablemente la inconsciencia nos rodea de continuo y hemos de sobrevivir a su asedio. La semana pasada se manifestó un par de veces a mi alrededor por la boca y acciones de las empresas que colaboran con nosotros.

Una vez fue mediante la palabra. En una conferencia de gestión de proyectos, repleta de responsables de proyectos TIC en la Administración, y consecuentemente de juzgar ofertas, un responsable de proyectos de una empresa se vanagloriaba de no cumplir plazos, de retorcer las especificaciones iniciales a su conveniencia y de utilizar menos recursos de los presupuestados. Y se ponía como ejemplo de buen gestor de proyectos. Cara de poker y a tachar una empresa de entre las posibles colaboradoras. Prefiero pensar que fue un fruto de la inconsciencia y no de la estulticia.

La inconsciencia no lleva sólo a no cuidar la palabra, también a descuidar los resultados. Solo ello puede llevar a alguien a realizar sucesivamente las siguientes acciones: Hacer una propuesta de informe y resistirte a corregir lo más mínimo, presentarlo con maś de un 50% de desviación temporal, incluir en él todo lo que te habían dicho que no querían y nada de las sugerencias que te habían dado, incluir elementos manifiestamente desactualizados o directamente inventados. Soy benévolo y prefiero pensar que el que realizo los hechos era inconsciente, que no lo hizo con la intención del engaño.

¿Por qué reina la inconsciencia en quienes se supone han de ser conscientes de satisfacer a alguien? Difícil respuesta. Creo que es tan sólo el desinterés causado por la falta de motivación. No se pretende satisfacer a quien se cree prisionero de tus caprichos. No se busca  satisfacer cuando uno se ve insuficientemente recompensado. Son dos niveles de inconsciencia, igualmente dañinos para los que los sufrimos, con los que a diario lidiamos. Y en medio del fuego, entre la soberbia y desprecio del mando de la empresa colaboradora, y la desidia de sus recursos operativos, estamos los impotentes clientes.

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A través de los vientos digitales me llega la noticia de la creación de un centro de I+D virtual por parte de Telefónica. Es una prueba más (por si se necesitaba) de cómo las TIC revolucionan los modelos de trabajo y de colaboración.

El principio de cooperación es uno de los elementos rectores entre las Administraciones Públicas (Art 3.1 de la ley 30/1992). Un ejemplo de la materialización legal de este principio cercano a los lectores habituales de esta bitacora es el capitulo II de la Ley 11/2007, que define la “Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones”. En la práctica, ello se materializa en una maraña de órganos colegiados y grupos de trabajo, en los cuales los empleados públicos llevamos a cabo esta cooperación.

A pesar de los antecedentes expuestos en el párrafo anterior, y de la revolución en los modelos de colaboración derivados de las TIC, en general, y de la Web 2.0, en particular, nuestros modos y medios de colaborar siguen anclados en los paradigmas 1.0. Claramente, hay medios difíciles de aplicar por el elevado número de interlocutores generalmente implicados (un ejemplo es la videoconferencia), pero, ciertamente, podriamos ir más allá del intercambio de e-mails seguido de reunión presencial como medio de cooperación. Claramente es este un modelo:

  • Ineficiente en tiempo, que tiende a hacer eternos los debates sobre aspectos complejos (vease como ejemplo los desarrollos reglamentarios de la Ley 11/2007 que van para dos años)
  • Dónde las responsabilidades se diluyen, difuminándose el registro de lo dicho o lo callado
  • Limitador de la agregación de conocimiento, derivado de las restricciones que tiempo y espacio marca sobre el posible número de actores que puede intervenir por cada unidad administrativa

El uso que estamos haciendo de la tecnología no busca cambiar el modelo de colaboración, sino soportarlo. La complejidad de la activación del modelo hace que sólo sea utilizado en escenarios macro (las necesidades políticas) y no en los escenarios micro (lasnecesidades operativas), autolimitando el alcance de la cooperación.

El modelo de centros virtuales ha sido puesto en marcha por Telefónica, pero también por Administraciones de otros paises. Aquí, una vez más, la propuesta viene de las Islas Británicas con las Comunidades de Práctica de Entidades Locales. La creación de centros virtuales de cooperación administrativa (entre sí, pero también con los ciudadanos) es una extensión lógica a los convenios de cooperación y los medios utilizados por los órganos colegiados.

Una vez más, la tecnología está a nuestro alcance y sólo falta la voluntad (política). La creación de los mismos, además, incrementaría nuestra productividad y mejoraría el ambiente laboral. La Administración 2.0 ha de ser user-driven, pero también employee-centric.

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Artículo 6. Derechos de los ciudadanos

2. Además, los ciudadanos tienen en relación con la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos previstos en la presente Ley, los siguientes derechos:

j) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.


Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos


La relación con las AAPP de los ciudadanos se ha basado hasta ahora en un marco de igualdad. La introducción del canal electrónico como nuevo medio para esta relación introduce desigualdades preocupantes. No existe tan sólo de la consabida y manida brecha digital, un problema inevitable propio en toda ruptura tecnológica, que sólo el tiempo resolverá y sobre la cuál tan sólo puede hacerse una intervención pública destinada a minorar su efecto. La calidad de la relación electrónica parece destinada a convertirse en un valor variable en entornos geográficos sometidos a una presunta igualdad de derechos de los ciudadanos.

Creo que ya anteriormente me referí a la desigualdad que se producirá a partir del 31/12/2009. Dependiendo de la voluntad de gobernantes regionales y municipales y de las disponibilidades presupuestarias, tendremos un canal electrónico de mayor o menor calidad en nuestra relación con la Administración. Sólo la Administración General del Estado (salvo prorroga) está obligada a hacer una implementación plena del canal electrónico. Los problemas de financiación crónicos de la Administración Local y la presente crisis económica, está llevando a un ajuste presupuestario que es de suponer tendrá impacto sobre la implementación del Gobierno Electrónico en CCAA, Diputaciones y Ayuntamientos.

Una primera visión de este panorama de desigualdad hacia el que nos encaminamos nos lo da el informe eEspaña 2009, que contiene un benchmarking sobre 26 servicios electrónicos y su grado de implementación en las CCAA. Datos extraidos de ese informe son los siguientes:

  • Disponibilidad de los servicios seleccionados: Máximo 97%, Mínimo 49%, Media 72%. Sólo 9 CCAA alcanzan o superan la media de disponibilidad
  • Aceptación del uso del DNIe aún en vías de implementación en 6 CCAA
  • Nivel de accesibilidad de los servicios que sólo en seis CCAA supera o alcanza el nivel AA del estándar WAI para la mitad de los 26 servicios seleccionados
  • La carga administrativa documental para distintos servicios públicos tiene oscilaciones escándalosas dependiendo de la CCAA dónde se realice el trámite (para un mismo trámite hay donde se pide un sólo documento y donde se pide hasta 14, 17 o 19 documentos)

Los datos proporcionados por el informe eEspaña 2009 sobre el estado de la implementación del canal electrónico de relación entre ciudadanos y Administraciones Públicas no desciende al nivel local. Un estudio de ese entorno no haría más que ahondar en las diferencias entre ciudadanos. Sin ir más lejos y sólo como botón de muestra, llama la atención por ejemplo que una ciudad como Madrid a día de hoy no reconozca aún el uso del DNIe para obtener por medios electrónicos el volante de empadronamiento, tan sólo los certificados de la FNMT son reconocidos dentro de éste trámite electrónico.

La obligatoriedad de implementación del canal electrónico en todos los niveles de la Administración, como primer paso de un calendario a varios años vista para realizar la transformación de las oficinas de atención al ciudadano y el cierre progresivo de ventanillas, son reformas que pronto va a ser necesario realizar de la Ley 11/2007. Al menos, si se quiere dar cumplimiento real al artículo 6.2.j de la norma y que a todos nos sea prestado un servicio electrónico con una calidad uniforme.

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Hace unas semanas se hizo público el documento “Digital Britain”. Sus 3 megabytes en formato pdf recoge la estrategia post 2010 del Gobierno de Reino Unido en lo referente a políticas de promoción y desarrollo de Sociedad de la Información. El documento dedica uno de sus capítulo a desarrollar la estrategia del Reino Unido Gobierno Electrónico bajo el título “The Journey to Digital Government”.

Existe en la nueva estrategia británica más de un concepto novedoso, aunque lo que más me ha llamado la atención es la persecución del objetivo denominado “Digital Switchover”. Sin perseguir un cierre total de las ventanillas presenciales, si plantea hacer del canal electrónico el modo preferente de acceso con una red presencial de mínimos. Mediante un programa a definir antes de 2012, se crearía un conjunto de servicios de los que sólo existiría su versión digital, entre ellos becas de estudiantes, registro de empresas, IRPF para altos ingresos, registro en censo electoral, registro en colegios, asesoramiento a parados y asesoramiento sobre deudas. De igual modo, incita a cada departamento gubernamental a definir al menos dos servicios a los que aplicar el cierre de ventanillas presenciales.

¿Puede plantearse un objetivo similar de cierre selectivo y progresivo de ventanillas presenciales en España?

Desde el punto de vista legal, y acudiendo tan sólo a la Ley 11/2007, es posible. Si bien la ley contempla que en el uso de medios electrónicos ha de realizarse salvaguardando el principio de igualdad (Artículo 4), se preve la dotación de medios a aquellos ciudadanos que carezcan de los requeridos para relacionarse electrónicamente con la Administración (Artículo 8). De igual modo, incluye la previsión de poder obligar de modo justificado a establecer el canal electrónico como único medio para ciertos servicios (Artículo 27.6). Sería por tanto legalmente posible comenzar a desarrollar un programa similar.

No todo es legalidad. Las circunstancias sociales también nos marcan la viabilidad o no de una medida de este estilo, y aquí nos encontramos con obstaculos diferentes en un país y el otro. De acuerdo a los datos de Eurostat, el uso de los servicios de Gobierno Electrónico tanto por ciudadanos (29% en España y 32% en Reino Unido) como por empresas (64% en ambos paises). El mayor uso de Internet en el Reino Unido que en España entre ciudadanos (70% frente a 49%) juega a la contra en la comparación, aunque otros juegan a favor como la disponibilidad en el bolsillo de todos los españoles de una herramienta de firma electrónica (DNIe) de la que carecen los británicos.

El cierre total de ventanillas nunca va a ser posible, aunque si una reducción radical de las mismas y la transformación de las que resten en puntos de presencia electrónicos con soporte de funcionarios de intermediación. Habría que añadir otras medidas de inclusión paralelas. La instalación de kioscos desatendidos de Gobierno Electrónico, es una medida realizable con un coste asumible. Viene facilitada además por el DNIe que  vamos a tener todos en el bolsillo en un par de años.

La realización de las promesas de introducción de eficiencia por parte de la Administración Electrónica va por mal camino. Basta ver los datos de evolución de uso del Gobierno Electrónico en la zona UE ofrecidos por Eurostat que marcan una tendencia descendente. Entre 2007 y 2008, en la zona UE 15 se ha pasado de un uso por el 31% de los ciudadanos a un uso del 28,5%. Quizás la única manera de rectificar sea tratando de forzar el despegue. Si para la televisión que se ve todos los días se fuerza el apagón analógico, ¿porque no se reduce el número de ventanillas que se usan un par de veces al año?

Quizás la manera de comenzar, es con los veinte servicios básicos definidos por la UE. Por todo ello, fijar un calendario de migración digital de los 20 servicios básicos, es otra de mis propuestas para la declaración abierta de servicios 2.0

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