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Archive for 28 noviembre 2009

El incremento en el uso por parte de los ciudadanos de los servicios de Gobierno Electrónico, está actualmente en la agenda política de un alto número de países. Reflejo de tal preocupación, es el monográfico de la OCDE “Rethinking e-Government Services”. El estudio identifica una lista de condicionantes para que dicho uso se produzca:

  • Acceso: Posibilidad de acceso a los servicios mediante la disponibilidad de las infraestructuras adecuadas y estableciendo las condiciones de accesibilidad para discapacitados que los mismos han de cumplir
  • Provisión: Existencia de los servicios como condicionante obvio para su uso
  • Conocimiento: Los servicios no pueden ser utilizados si no existen
  • Organizativos: Presentando los servicios de modo que se favorezca su uso apoyándose para ello en la cooperación interadministrativa
  • Satisfacción de expectativas: Los servicios presentados a los ciudadanos han de estar orientados a satisfacer sus necesidades
  • Confianza: Dada la sensibilidad de la información manejada en los servicios de Gobierno Electrónico, su uso está fuertemente condicionado por las garantías de privacidad y seguridad percibidas por los ciudadanos

Personalmente creo que esta lista de condicionantes puede ser simplificada algo más, fusionando los condicionantes organizativos y de satisfacción de los ciudadanos en un solo condicionante de efectividad de los servicios. Ello nos permite un planteamiento del problema del uso del Gobierno Electrónico inspirado en el modelo de satisfacción de necesidades de Maslow. Podemos establecer una pirámide de uso del Gobierno Electrónico con las siguientes capas (de abajo hacia arriba): Acceso, Oferta, Conocimiento, Efectividad, Confianza.

Establecido el modelo de análisis, podemos trasladarlo a un caso concreto, a fin de identificar dónde radican los principales obstáculos para avanzar en el progreso del uso. En el caso de España, nos encontraríamos con el siguiente diagnóstico para tratar de explicar el uso de los servicios entorno a un 15% de la población (30% de los usuarios regulares de Internet):

  • Acceso: Podemos considerar la conectividad a los servicios está estructuralmente satisfecho. La cobertura de la banda ancha en España anda en cotas superiores al 90%  desde hace ya unos años, mientras que el uso regular de Internet parece estancado entorno al 50%. Sólo podríamos por tanto a un incremento de la base posible de usuarios del Gobierno Electrónico con un cambio radical en las políticas globales de impulso de la Sociedad de la Información. Sin embargo, si añadimos otros condicionantes del acceso a los servicios, el panorama no es tan optimista. Dado que la firma electrónica avanzada es el método de identidad electrónica generalmente utilizado en los servicios transaccionales, la escasa difusión de lectores del DNIe (solo un 2% de población tiene uno) o de certificados reconocidos alternativos al DNIe (sólo un 7,2% de la población dispone de uno), se convierte en una importante barrera de acceso.
  • Oferta: Los servicios de Gobierno Electrónico están disponibles. Según la medición de disponibilidad 2009 de la Comisión Europea, aunque sólo centrada en los servicios básicos, España ha alcanzado un nivel de disponibilidad del 80%. De acuerdo a los datos ofrecidos por el informe “eEspaña 2009”  que realiza Orange, y que se centra en la disponibilidad de servicios competencia de las CCAA, informa de una disponibilidad media del 72%.
  • Conocimiento: Aunque muchas veces culpado de la falta de uso de los servicios de Gobierno Electrónico, de acuerdo al barómetro de Marzo de 2009 del CIS, el conocimiento por la población de la posibilidad de realizar gestiones con las AAPP a través de Internet es de un 71,9%. Dato mejorable, pero no desdeñable.
  • Efectividad: Si establecemos como indicador de la efectividad de los servicios que sus usuarios consigan hacer uso de los mismos de un modo sencillo, la encuesta del CIS ofrece también buenos resultados. En el lado de los servicios informacionales, el 89,3% de los que los usaron alcanzaron aquello que buscaban y el 77,9% de ellos de modo fácil o muy fácil. En el ámbito transaccional, los que intentaron realizar una gestión lo consiguieron en un 92,3% y al 85,6% le resulto fácil o muy fácil. La satisfacción alta o muy alta en el uso del servicio alcanzó un 80%.
  • Confianza: De modo general, y volviendo a los datos dados por la encuesta del CIS, la seguridad de las transacciones y gestiones por Internet sigue viéndose como el principal inconveniente a las relaciones electrónicas con las Administraciones Públicas por un 23,8% de la población. Llama la atención la discrepancia entre este dato y el de aquellos que no usan en general Internet por razones de seguridad, un 2,2% según datos del INE.

Este esbozo de radiografía (no pasa de ahí) de la transposición de las barreras del uso del Gobierno Electrónico al caso español, nos permite extraer al menos las siguientes conclusiones:

  • Dejando a un lado la política transversal de potenciar el acceso mediante medidas que favorezcan la extensión generalizada de Internet, la identificación electrónica a pesar de los programas de promoción del DNIe sigue configurándose como un obstáculo. Es quizás hora de abordar el problema desde otra óptica, exigiendo niveles de identificación fuerte sólo el los procedimientos que realmente se necesiten. La Ley 11/2007 permite opciones basadas en login/password que no están siendo explotadas.
  • Los servicios están disponibles en un alto grado, aunque como en una entrada anterior de la bitácora comenté, comienza a configurarse un desequilibrio geográfico en este parámetro. Asegurar un conjunto universal de servicios debería ser objetivo de una política consensuada entre todas las Administraciones.
  • Mantener el nivel actual de difusión de la existencia de servicios, podría ser suficiente en el momento actual. La brecha entre quienes usan los servicios y quienes los conocen es lo suficientemente amplia como para no ser necesario redoblar esfuerzos en dicho ámbito.
  • La efectividad de los servicios parece suficiente para los ciudadanos que actualmente hacen uso de los mismos. No obstante, dado su carácter minoritario resulta un parámetro a vigilar.
  • Es preocupante la desconfianza específica en el uso de Internet para relacionarse con las Administraciones Públicas. Dejando a un lado la desconfianza natural en los gobiernos por parte de los ciudadanos, medidas sencillas como hacer aun más explícitas las medidas de seguridad de la información, privacidad y protección de datos seguidas podría ayudar en este campo.

Sin embargo, creo que nos faltan dos parámetros importantes a la hora de analizar el uso del Gobierno Electrónico.

  • ¿Cuál es el tanto por ciento de ciudadanos que realizan trámites o reconocen hacerlo con las Administraciones Públicas? No he visto una pregunta concreta al respecto en ninguna encuesta. Presuponemos que la respuesta es del 100%, pero un dato real y analizar el problema del uso de la Administración Electrónica desde la óptica del gap con la relación presencial introduciría una nueva visión. Baste señalar, que en la encuesta del CIS sin ofrecer la respuesta alrededor del 10% de los ciudadanos indican que los trámites con la Administración se los realiza un tercero.
  • ¿Cuál es el uso oculto del Gobierno Electrónico? La AEAT y la Seguridad Social obliga a las empresas sea cuál sea su tamaño a la realización de ciertos trámites por Internet. Sin embargo, según los datos de Eurostat de 2008 sólo el 64% de las empresas reconocen el uso de los servicios de Gobierno Electrónico. Es en mi opinión la punta del iceberg de algo más generalizado, un uso intermediado del Gobierno Electrónico que no estamos sabiendo recoger (otro ejemplo es la presentación por Internet de la declaración IRPF dónde se produce un fenómeno extendido de colaboración en las unidades familiares, en mi caso la realizo para tres personas).

Nos queda aún mucho para comprender dónde estamos en el progreso del Gobierno Electrónico. El campo del uso del Gobierno Electrónico, es sólo uno de ellos.

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Nuestra Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Ley 11/2007) recoge en su artículo 6 un amplio conjunto de derechos ciudadanos en la relación electrónica de los ciudadanos con las Administraciones Públicas.  Aunque sin embargo, conviene recordar cómo dichos derechos no pasan de ser papel mojado por las previsiones de la disposición adicional tercera: Sólo la Administración General del Estado está obligada a satisfacer las previsiones legales establecidas cuando llegue el 31/12/2009.

A veces, y yo el primero, sobrevaloramos la importancia y transcedencia de nuestra ley en comparación con otras iniciativas europeas. Falta un pronunciamiento claro de las Administraciones regionales sobre su renuncia a refugiarse en la salvaguarda de las “disponibilidades presupuestarias” para evitar dar cumplimiento a estos derechos. Nada parece indicar que dentro de un par de meses el escenario de desigualdad ciudadana en los derechos de relación electrónica con las Administraciones Públicas vaya a sufrir alteración. Ni tras una denuncia clara como suponian las conclusiones del “III Estudio sobre la e-administración autonómica” ha existido ningún pronunciamiento claro.

En nuestro entorno, las iniciativas europeas mencionadas anteriormente solo realizan un aseguramiento de derechos en aspectos puntuales como la firma electrónica. Esta por ver cuál va a ser el alcance de las implementaciones de  la Directiva de Servicios, pero todo parece indicar que serán interpretaciones de mínimos.

El 31/12/2009, sólo tenemos, claro por tanto, que las sedes electrónicas de la Administración General del Estado serán una isla de garantías jurídicas en el Gobierno Electrónico.

Una de los objetivos establecidos para la Presidencia Española de la UE en 2010 abarca la definición de la ciudadanía del siglo XXI. Los derechos de los ciudadanos en la relación electrónica con las Administraciones Públicas, forma parte de la definición del ciudadano del siglo XXI. La Presidencia Española de la UE se presenta como una oportunidad de liderar el Gobierno Electrónico mediante la potenciación de una carta de derechos comunes en el ámbito europeo.

La Presidencia Española se iniciará también apenas un mes después de la aprobación Declaración de Malmö por los Ministros de los Estados Miembros responsables del Gobierno Electrónico. Tras la misma queda esperar el Plan de Acción de desarrollo, de cuyas ideas se sabe poco más que lo esbozado en el documento de la Comisión Europea  “Visions and priorities for eGovernment in Europe-Orientations for a post 2010 eGovernment Action Plan” (ver resumen aquí). En cualquier caso, el desarrollo del Plan de Acción 2010-2015 para el Gobierno Electrónico en la UE será arrancado en su desarrollo también en la Presidencia Española de la UE. presentando otra posibilidad de influir de modo directo en la definición de las líneas comunes de actuación en la materia.

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Europa es una vieja señora de andar lento. Los avances decididos sólo le son posible cuando sincroniza adecuadamente todos sus órganos vitales: cerebro anglo-nórdico, corazón mediterráneo y pulmones centroeuropeos. La Declaración de Malmö aprobada ayer parece el signo de un caminar decido de Europa hacia la Administración 2.0 apoyándose en el Gobierno Electrónico.

Habrá tiempo de analizarla, hoy por hoy sólo dispongo de uno de sus últimos borradores que gentilmente me ha facilitado un compañero. A la luz de dicho borrador, existen motivos para pensar que el camino hacia la Administración 2.0 está abierto. Unos cuantos puntos a destacar en la misma son:

  • Los servicios de Gobierno Electrónico son identificados como un apoyo decisivo para superar los retos sociales, económicos y medioambientales de nuestra sociedad
  • Establece la necesidad de una mayor colaboración entre Administraciones Públicas para facilitar el desarrollo de servicios transfronterizos y reducir cargas administrativas (importante a este último respecto la referencia a caminar hacia evitar pedir más de una vez datos al ciudadano)
  • Por primera en una Declaración Ministerial de la UE se hace referencia explícita al factor humano (por dos veces aparece el término “funcionario”) resaltando con ello su importancia en el cambio organizacional que se avecina
  • Recuerda la necesidad que tienen las Administraciones Públicas de reducir su huella medioambiental
  • Apoya decididamente el uso de especificaciones abiertas y recomienda la promoción del software libre
  • Proclama la necesidad de hacer de la innovación el centro de la actividad administrativa

Tras los nuevos objetivos establecidos en la Declaración, tan sólo queda esperar que el Plan de Acción para alcanzarlos, también previsto en la misma, sea igual de ambicioso. No deja de ser curioso que la Declaración de los gobernantes incluya algunos de los principios que algunos echábamos de menos en la “Open Declaration on European Public Services” (ver Apuntes Electrónicos y Neocivis). Al final va a resultar que, como en Mayo de 1968, hemos de ser más razonables y pedir lo aparentemente imposible.

28/11/2009: La Declaración está disponible aquí. Es curiosa también la nube de tags de la Declaración, y que descubre una importante palabra ausente …

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En el ya lejano curso selectivo que seguimos tras aprobar la oposición, nos hablaron entre otras cosas de la motivación de los empleados públicos. Uno de los profesores, nos interrogó acerca de porqué trabajábamos. Respuestas variadas de la audiencia, desde el orgullo profesional a la motivación pecuniaria, salieron todas las respuestas posibles. Excepto una que era la correcta: Trabajamos porque queremos. La motivación al trabajo, cómo se llega a provocar ese “porque se quiere”, es lo que es variable. Y la labor más dura en la gestión de recursos humanos.

No es ningún misterio la dificultad de la gestión de recursos humanos en la Administración. Personalmente, ni gestiono ni me siento gestionado, siendo mi motivación puramente personal. Es decir, me encuentro entre los que me considero automotivado y tengo la suerte de no tener que motivar a nadie a realizar su trabajo. Sobre todo, me alegro de lo último, pues, precisamente por mi automotivación, soy incapaz de comprender las razones por las que hay que motivar a alguien a cumplir con su obligación (aunque crea haberlo sabido hacer cuando se me ha requerido).

Existen a mi juicio tan sólo dos maneras de motivar a un empleado público a realizar su trabajo. La primera es la económica, pero los márgenes aquí son estrechos. Los ascensos son difíciles y la recompensa económica en forma de paga de productividad tiende a la equidad. La segunda, es el gusto por lo que se hace, motivado por uno mismo o desde fuera. Tratar de encontrar el hueco dónde realizar una tarea que realice y ayudar a los que de tí dependan a lo mismo dentro de tus posibilidades.

En estos tiempos de congelación salarial que se nos avecina, decir que me importa más la segunda de las razones (la satisfacción profesional) a la hora de realizar mi trabajo, puede resultar contraproducente. Sin embargo, me inclinaría más a la búsqueda de un cambio el tedio personal que la búsqueda del incremento salarial. Evitar el tedio personal (propio y de los que nos rodean) es la clave de la supervivencia en este año de restricciones económicas. Esa huida del tedio tiene sin duda alguna un origen personal en parte, pero también un origen externo de aquellos responsables de la organización del servicio público. La valoración pública del empleado público  y su labor, debería ser parte de la estrategia de nuestros responsables ante los sacrificios por delante.

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Los acontecimientos históricos vividos nos llenan los ojos de lágrimas y el cerebro de imágenes. Llevo unos días, recordando dónde estaba y que hacía hace 20 años, pensando en quien ocupaba mis pensamientos entonces y las preocupaciones post-adolescentes que me llenaban de pesar. 1989.

He oido análisis de todos los gustos de aquellos sucesos de invierno, de aquella crisis del comunismo que acabó con su fin. Bendita la hora para aquellos países cuando la libertad entró por la puerta, el momento que tan brillantemente recordó hace unos días Timothy Garton Ash (el mejor relator de aquellos meses en una serie magnífica de crónicas). Pocos sin embargo han hablado de la gestión de la crisis realizada, de cómo ante su evidencia hubo quien tuvo el valor de avanzar para superarla. No todo salió como esperaban los gestores de la crisis del comunismo, pero buscar fórmulas de solución abrevió la crisis y el sufrimiento que  provocaba. No digamos que hubo total convicción de los gestores, pero si en gran medida se abordó el cambio como única solución.

2009. 20 años después. Una nueva crisis sistémica, la crisis del capitalismo. Y sin embargo los gestores de la crisis se empeñan en mirar para otro lado. No se buscan soluciones para superar la crisis, sino para mantener los principios que la han provocado.  Hemos conseguido que los bancos mantengan sus beneficios y ahora estamos en realimentar la espiral de consumo. No hay convicción en la gestión del cambio, y cuando es inevitable, como todo indica que lo es, llegará por compulsión. Y mientras, se prolonga el sufrimiento social que la crisis causa y el momento final traerá aún mayor dolor.

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Llevo ya un tiempo dándole vueltas al concepto de sostenibilidad.  Hoy, en concreto, me preguntaba si esto del Gobierno Electrónico podría aportar  o no algo a la creación de una sociedad más sostenible. Mente en blanco inicial, pero, repasándo cada uno de los vértices de la sostenibilidad, al final fueron saliendo ideas. Estas podrían ser algunas medidas basadas en el uso del Gobierno Electrónico cuya puesta en marcha favorecería (modestamente, no nos engañemos) que nuestra sociedad fuera más sostenible:

  • Sostenibilidad Económica:
    • Reformar la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007), estableciendo la obligatoriedad a todas las Administraciones Públicas de realizar todas las fases de la compra pública por medios electrónicos. La disponibilidad de una Plataforma de Contratación abierta para su uso a todas las AAPP de España, hace que sea una medida realista y que dinamizaría la actividad económica por la importancia que el sector público tiene en la misma.
    • Cierre del canal presencial de las AAPP para empresas, que provocaría un incremento de productividad al eliminar los trámites presenciales. Según Eurostat, en 2008 el 95 de las empresas de 10 0 más empleados tenían acceso a Internet, el cierre de las ventanillas no supondría un trastorno, sino forzar un cambio que inyectara eficiencia en la sociedad.
    • Obligatoriedad de proactividad en el ofrecimiento de servicios por las AAPP, obligando al uso del medio electrónico para ofrecer un canal de recogida de direcciones electrónicas de comunicación inmediata con los ciudadanos (teléfono móvil, e-mail, twitter, …). Dicha dirección sería utilizada para hacerle llegar ofertas de servicios a los que tuviera derecho, evitando las perdidas de tiempo y recursos que el conocer los derechos propios implica.
    • Establecer un catálogo de información pública reusable en formatos acordes con estándares abiertos, que permita el fácil establecimiento de servicios de infomediación y la consecuente potenciación del sector económico de los contenidos digitales
  • Sostenibilidad Social:
    • Desarrollo de una estrategia de canales en los organismos públicos, adaptándo sus estructuras organizativas y el modo de ofrecer sus servicios a los ciudadanos objeto de los mismos. Mayor personalización en el ofrecimiento de servicios basado en el  uso de las TIC, pero sin obligar a su uso por el ciudadadno, introduciendo modelos de colaboración social apoyados en el canal electrónico
    • Creación de paneles electrónicos ciudadanos de evaluación de políticas públicas, apalancándose en el crowdsourcing para conocer la efectividad real de las mismas haciendo del canal electrónico un elemento clave del aprendizaje organizativo.  Políticas más efectivas sólo son posibles con la participación de la sociedad.
    • Garantizar a todos los ciudadanos un conjunto de servicios básicos electrónicos independientemente de su región geográfica. Reformar  la ley 11/2007 para incorporar un mecanismo flexible de definición y actualización de los mismos mediante la cooperación entre todas las AAPP.
  • Sostenibilidad medioambiental:
    • Introducción de la claúsula verde en la compra pública de las TIC, adquiriendo equipamiento de acuerdo a criterios de eficiencia energética.
    • Desarrollo de servicios comunes y consolidación tecnológica, estableciendo  un plan de sistemas que permita la unificación de los servicios administrativos comunes (nómina, compras, personal, etc, …). Eliminando de este modo el gasto energético derivado de las duplicaciones de equipamiento.
    • Eliminación del uso del papel en los procedimientos administrativos, establecienfo plazos  para la automatización del backoffice administrativo y la eliminación de fotocopiadoras e impresoras.

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(This post has an English versión in “Electronic Notes”)

No soy el único en seguir y admirar el trabajo que realiza David Osimo. Sin duda es uno de los principales animadores del escenario europeo de la Administración 2.0 y quizás sólo echo de menos que escriba algo más en su bitacora, a través de la cual muchos nos iniciamos en el tema. Su última hazaña ha sido la promoción del desarrollo de “Una declaración abierta para los servicios públicos europeos”.

No puedo dejar de solidarizarme con los principios que la declaración propone que han de regir los servicios públicos en Europa, pero creo que David, esta vez, se ha quedado corto. Demasiado hincapié en dar un lugar a la sociedad en el desarrollo de los mismos y poco  (ningún) espacio dedicado al cambio de modelo organizacional de las Administraciones Públicas. El cambio de dicho modelo es esencial de cara a progresar en la mejora de muchos servicios públicos, los servicios de Gobierno Electrónico sin ir más lejos.

El olvido es lógico dado que la práctica totalidad de los actores que han colaborado con David no forman parte de las Administraciones Públicas. No quiero que ello se entienda como corporativismo, sino como autocrítica hacia los que no hemos colaborado lo suficiente. Elllo ya es un indicio que la evolución de los servicios públicos europeos pasa por una evolución en nuestros modos de trabajar.

Tras este discurso de contrición, llegando fuera de tiempo, le facilito a David, esta contribución tardía a su esfuerzo. Un cuarto principio que debería regir también los servicios públicos europeos:

Administraciones Públicas Inteligentes, la colaboración entre organizaciones públicas y  empleados públicos más activos son piedras angulares en la construcción de los servicios públicos. Una mayor fluidez en las relaciones e intercambio de la información entre las organizaciones, permitirá construir servicios públicos más adptados a las necesidades de la sociedad y que impliquen menos cargas administrativas sobre los ciudadanos. Es necesario para ello,  aprovechar y mejorar las capacidades internas de las organizaciones públicas haciendo uso más eficiente y eficaz de los empleados públicos, cambiando sus modos de trabajar a través de las herramientas que permiten una mayor contacto de los mismos con los ciudadanos a los que sirven.

En cualquier caso, yo ya me he adherido a la declaración, ¿y tu?

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