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Archive for 30 enero 2010

Las políticas de Gobierno Electrónico de la Unión Europea están encuadradas dentro de la globalidad de las acciones alrededor de la promoción de la Sociedad de la Información. De acuerdo al portal de la Unión Europea, las acciones de la Unión Europea dentro del campo de la Sociedad de la Información se desarrollan de conformidad con los artículos 163 a 172 del antiguo Tratado constitutivo de la Comunidades Europeas (TCE), que en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) resultante del Tratado de Lisboa han pasado a ser los artículos 179 a 188.

Aún considerando el peso de los aspecto tecnológicos, tan sólo integrando el Gobierno Electrónico dentro de la Sociedad de la Información podía la Unión Europea actuar sobre la misma. De acuerdo con el antiguo TCE, la Unión Europea no tenía competencia alguna sobre materias de Administración Pública. La situación jurídica varía con el TFUE resultante del Tratado de Lisboa, que otorga a la Unión Europea competencias sobre la “cooperación administrativa”.

Artículo 197

  1. La aplicación efectiva del Derecho de la Unión por los Estados miembros, que es esencial para el buen funcionamiento de la Unión, se considerará asunto de interés común
  2. La Unión podrá respaldar los esfuerzos de los Estados miembros por mejorar su capacidad administrativa para aplicar el Derecho de la Unión. Esta acción podrá consistir especialmente en facilitar el intercambio de información y funcionarios, así como en apoyar programas de formación. Ningún Estado miembro estará obligado a valerse de tal apoyo. El Parlamento Europeo y el Consejo, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, establecerán las medidas necesarias a este fin, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.
  3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la obligación de los Estados miembros de aplicar el Derecho de la Unión, ni de las prerrogativas y deberes de la Comisión. Se entenderá también sin perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados que prevén una cooperación administrativa entre los Estados miembros y entre éstos y la Unión.

Este nuevo artículo podría significar abrir la puerta a un inexistente hasta ahora paquete legislativo de Gobierno Electrónico a nivel comunitario. Los actuales elementos legales que le son de aplicación, tales como la Directiva 1999/93/CE de Firma Electrónica, o la Directiva 2003/98/CE de relativa a la Reutilización de la Información del Sector Público, tienen su base en el artículo 114 del TFUE (antiguo artículo 95 del TCE) destinado a promover la aproximación legislativa que requiere el mercado único.

La condición del Gobierno Electrónico como herramienta clave para “mejorar la capacidad administrativa”,  justificaría la realización de propuestas legislativas por la Comisión Europea.  Dicha intervención, sería a mi juicio más que necesaria para aspectos tales como  la promoción del uso verde de las TIC en las AAPP o la implementación de estrategias multicanal, por no hablar del ordenamiento de los escenarios de aplicación de la firma electrónica.

Dada la creciente importancia de las TIC dentro de las Administraciones Públicas, la clara separación del Gobierno Electrónico de la Sociedad de la Información que implicaría contar con un marco legislativo comunitario propio sería positiva. Reflejaría una madurez sin ninguna duda ya alcanzada y un alineamiento más claro de la misma como un canal más de provisión de servicios gubernamentales, y no como un servicio más disponible en Internet.

Esperemos  que este y no otro sea el uso que la Comisión Europea haga de sus nuevas competencias.

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Debido a mi buen comportamiento a lo largo del año 2009, y en previsión de la buena conducta de la que voy a hacer gala en el año 2010, he sido agraciado durante las fiestas de invierno con un lector de libros electrónicos. Dado mi consumo voraz de libros con fines personales y profesionales, mi nuevo gadget me permitirá aportar mi parte alicuota en la lucha contra el cambio climático.

Mis circunstancias personales no son únicas. Amazon ha vendido un número mayor de sus  libros electrónicos para sus lectores (propietarios y cerrados) que de libros en papel. Es probable que, cómo piensa Seth Godin, estemos asistiendo al principio del fin de la era de Guttenberg. La última barrera a la desmaterialización de la creación cultural e intelectual de masas ha caído.

Es quizás por ello que, como escribía hace unas semanas en “El País” Jose Maria Lassalle, es necesario abrir un debate con luz y taquígrafos sobre el futuro de los sistema de garantía de la propiedad intelectual en el mundo digital. Aunque esté en las antípodas ideológicas de esta persona, coincido con él que es un debate del que saldríamos beneficiados las partes más interesadas en la cadena del negocio, creadores y consumidores. Los creadores, porqué tendrían asegurado un marco en desarrollar su actividad. Los consumidores, porque tendríamos acceso a productos culturales de calidad. Que este debate es necesario más allá de los intereses electoralistas de algunos, lo atestigua que día más tarde Rodríguez Ibarra escribió en el mismo periódico otro interesante artículo al respecto. La promoción de este debate no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, sino de interés por la continuación de un proceso creativo lo más crítico e independiente del poder posible.

Dado que soy un consumidor y no un creador, voy a justificar la segunda de mis afirmaciones basándome en mi experiencia personal en estos días, y porqué a los consumidores nos interesa.

Una primera acción, comprensible, por parte de todo aquel que ama los libros al recibir un lector de libros electrónicos es tratar de reconstruir virtualmente su biblioteca personal, al menos en lo referente a obras ya de dominio público. Ello supone claramente una barrera para una adopción decidida de la tecnología. Pero además, las fuentes a las que uno recurre para ello, incluso para las obras de dominio público, le hacen albergar cuando menos dudas sobre la fidelidad de lo descargado respecto a la obra original. Existe por tanto claramente el riesgo de una distorsión de la herencia literaria acumulada en el curso de la migración digital.

Otro hecho que me ha llamado la atención es el falta de acceso a novedades editoriales en lengua castellana en formato electrónico. A fecha 30/12/2009, la FNAC no vendía libros electrónicos en su web para el mercado español, “El Corte Inglés” y la Casa del Libro tenían un catálogo decepcionante (esto supongo que responsabilidad de los editores) y en formato pdf (poco apto para los lectores de libros electrónicos). El caso de la FNAC llama la atención, ya que en la web para el mercado Francés si venden libros electrónicos. ¿Cómo esperan que aquellos que disponen de lectores hagan uso de los mismos para leer obras que no sean de dominio público? Aquellos que disfrutamos leyendo en otros idiomas podemos recurrir a librerías virtuales del ámbito anglosajón, los restantes, se ven claramente empujados a la ilegalidad. De nuevo, recurrir a este mercado implica una degradación de la calidad, con formatos dispares y contenidos de dudosa fuente. Creo que tenemos  tanto derecho como el resto de ciudadanos europeos de disfrutar de nuestra cultura en este nuevo formato.

Son dos anecdotas, pero que sirven para ilustrar las dificultades de aquellos que hemos decidido adoptar de modo temprano la tendencia tecnológica de los libros electrónicos. Nos anuncían que para Mayo todo habrá cambiado, y existirá una rutilante plataforma de venta montada por editores para uso por los libreros. Largo me lo fiais. Luego vendrá el rechinar de dientes por parte de aquellos que no aprenden ni de las lecciones recibidas en su propia carne.

Y el problema es que la nueva parálisis de quien tiene que mediar nos afecta a todos, al menos mientras sean los que compensan al que crea. Y eso es lo que más me preocupa como ciudadano de este debate, y la razón por la que creo de la necesidad de abrirlo lo más posible, son las obvias consecuencias a medio plazo: ¿Se convertirá la cultura de nuevo en un arma de los poderosos? Hace falta poco conocimiento para ver que la producción cultural critica es, sobre todo, una consecuencia de la socialización del mecenazgo que supuso el consumo de masas de los productos de los creadores. Hasta el siglo XIX, toda creación dependía en gran medida de un poderoso que acogía a un creador. Es el riesgo oculto del gratis total que denunciaba Savater en el ruido del debate, y que parece interesa a poca gente.

Tras el debate de la creación y su compensanción en la era digítal, se encuentran nuestros derechos como consumidores, pero también nuestros derechos como ciudadanos. No pensemos sólo como consumidores al tomar posturas.

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En un comentario reciente a una entrada de neocivis defendía la teoría del fin de la adaptación a la Administración Electrónica. Es un término que reconozco trató de rehuir, tanto por razones de ortodoxia linguística como de alcance político. Vayan un par de razones para ello.

Haciendo uso de ideas puestas en boga por la OECD, los ciudadanos esperamos que nuestros gobiernos deberían regirse por el marco de comportamiento ITARI (Integrity, Transparency, Accountability, Responsiveness and Inclusiveness). Es probable que existan muchas maneras de andar el puente entre las expectativas y los resultados, pero el Gobierno Electrónico puede llegar a ser la más corta de ellas. Y una vez más, uso el término Gobierno Electrónico y no Administración Electrónica.

La Administración Electrónica no va más allá de servicios generalmente de más interés para la Administración que los ciudadanos. Sólo la Administración Electrónica, no puede cubrir las expectativas abiertas. Es necesario abrir el Gobierno a los ciudadanos, ese es el significado de Gobierno Electrónico.  Un Gobierno Electrónico que nos es posible más fácil de demandar ahora, de las manos de las tecnologías colaborativas.

La Administración Electrónica se basa en el procedimiento, la posición del individuo como súbdito que para obtener algo ha de solicitarlo. El Gobierno Electrónico es el individuo como ciudadano, se basa en la información. La información que el ciudadano quiere, accesible y utilizable de modo sencillo y sin atisbo de duda sobre su veracidad. La información que del ciudadano tenemos como eje de servicios ofrecidos sin necesidad de demanda previa.

La Administración Electrónica es la eficiencia, mientras el Gobierno Electrónico es la efectividad. Y la efectividad sólo se alcanza con el engagement bidireccional con el valor público. Contar las cosas al ciudadano y que el ciudadano las cuente para entre Gobierno y Sociedad alcanzar la satisfacción del valor público. De un lado y otro, el engagement con el valor público sólo es posible a través de los individuos. Y los individuos son los ciudadanos y los empleados públicos. El engament bidireccional acaba con la jerarquía en la gestión pública y da lugar a la red.

La Administración Electrónica es la talla única. El Gobierno Electrónico es la personalización masiva basada en la localización vital y geográfica. El ciudadano en el volante del conductor del Gobierno, diciendo qué quiere y cómo quiere alcanzarlo.

Dejemos de hablar de Administración Electrónica, y comencemos a hablar de Gobierno Electrónico. Como hace unas semanas  también decían en neocivis, se trata de andar desde la concepción economicista a la concepción social del uso de las TIC en las Administraciones Públicas.

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Aunque hoy he tenido noticia del resultado del ranking eGovernment de Naciones Unidas, supongo que ya debe llevar unos días publicados. España parece haber alcanzado el noveno puesto mundial, el cuarto puesto en Europa y es líder en la región de Europa del Sur. No existen aún detalles de cómo se nos ha otorgado este puesto, ni sobre la metodología del estudio realizado; no obstante, y sin ánimo de patrioterismos baratos, siempre es una buena noticia cuando se recibe una buena calificación como país.

A veces, el constante estar cercano a algo nos hace valorarlo escasamente. Basta una labor arqueológica de los planes estratégicos de Gobierno Electrónico de la Administración General del Estado para poder encontrar motivos para ello. De acuerdo que existen continuos incumplimiento en los sucesivos planes que han existido (Plan de Choque, Plan Conecta, Plan Moderniza, Plan de Actuación, …), que en algunas de sus partes existen acciones que se repiten una y otra vez y que tan sólo ahora se han cumplido, pero la aceleración de los últimos años ha hecho realidad en un  quinquenio la puesta en línea de la principal empresa de servicios de este país. Y eso es algo que es bueno que se reconozca. Baste un dato encontrado sin mucha labor de arqueología, en la aún accesible presentación del Plan Moderniza. En 2006, el objetivo era poner 1000 servicios en línea compatibles con el DNIe entre 2007 y 2009. El número de servicios compatibles con el DNIe a finales de 2009 ha superado los 2000 servicios.

Hace unos días ya lo comenté, el 31/12/2009, aún con todo lo que queda por hacer, fue un día no habitual. Fue un día resultado de muchos esfuerzos y voluntades.

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Me ha resultado sorprendente una de mis últimas lecturas, en las que la rama británica de la consultora Deloitte pontifica el tema de los servicios compartidos en la Administración Local del Reino Unido.  La razón no es otra sino que en ella se hace una apología del uso de la herramienta legislativa como instrumento para forzar que las Administraciones Locales compartan servicios e infraestructuras. Acostumbrados a como los proveedores se esfuerzan en vender las mismas soluciones una y otra vez a los distintos organismos públicos, no deja de ser un consejo sorprendente viniendo del sector privado. El documento está enfocado al caso muy particular de la Administración Local británica y se refiere de modo general a todo tipo de servicio e infraestructura de AAPP, pero evidentemente le lleva a uno a pensar sobre la necesidad de racionalizar apoyándose en instrumentos legales las infraestructuras y servicios tecnológicos en las Administraciones de nuestro país.

Existen pocas razones para que ésta racionalización no se haya hecho ya. Siguiendo el documento arriba mencionado, podemos establecer tres tipos de infraestructuras y servicios tecnológicos:

  • Procesos transaccionales, enfocados a dar soporte a la tarea administrativa común (recursos humanos, contabilidad, adquisiciones, …)
  • Servicios profesionales, destinados a dar soporte de personal tecnológico generalista a las áreas tecnológicas y responsables de las distintas políticas públicas
  • Servicios a los ciudadanos, con el objetivo de facilitar las soluciones específicas a cada política pública

Los hay que han abogado en ocasiones por la creación de una Agencia específica para soportar esta racionalización de las infraestructuras y servicios tecnológicos. Ello parece razonable al menos en los dos primeros tipos arriba expuestos, y sin duda introduciría un cierto factor de racionalización, sin embargo no he creido nunca que fuera la mejor opción. Basta remitirse a las expectativas medianamente satisfactorias de aplicar ese modelo en algunas Administraciones.

¿Sirve de algo racionalizar la infraestructura tecnológica sino se hace con el proceso al que se da servicio? El documento de Deloitte nos presenta quizás una mejor alternativa, racionalicense y compartanse los procesos completos.  La optimización de recursos no ha de ser meramente tecnológica, sino de las áreas transversales completas.

Si uno presta atención, no es difícil extrapolar los tipos de servicios e infraestructuras tecnológicas arriba expuesto a cualquier área transversal. Ejemplos existen muchos. ¿Existen razones para que exista en cada organismo o ministerio un departamento de nóminas, otro de adquisiciones, otro de …? Las herramientas para esta racionalización, el soporte legal, existe, al menos para la AGE, la olvidada Ley de 28/2006 Agencias Estatales. Junto con la aplicación a unidades con un objetivo de negocio más o menos concreto (AEVAL, BOE, AEMET, …), va siendo quizás el momento de aplicar esta ley a las áreas transversales, al menos a todas aquellas que son un proceso no único, de despliegue replicable y de caracteristicas ampliamente estandarizadas.

No obstante, quizás habría que plantearse que éste compartir infraestructuras y servicios por el conjunto de las AAPP. Las restricciones presupuestarias impulsan a ello. Algo parecido ya proponía Felix Serrano propugnando la extensión del modelo cloud computing a todo servicio posible. No sólo las TIC han de ser objeto de racionalización, aunque los ejemplos de éxito dentro de nuestro pequeño universo (y los autores de los mismos) deberían ser tomados como referencia obligada.

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Soy de los que creo que una solución ha de encontrarse en lo referente al respeto de la propiedad intelectual en Internet. Todos hemos de ser pagados por nuestro trabajo, y la creación artística no deja de ser un trabajo. No deja de sorprenderme, sin embargo, los giros, vericuetos y meandros por los que discurre el rio de las medidas a adoptar para ello.

Confieso que no se me ocurre por mi parte solución alguna,  si sé que todo lo que sea que no intervengan mis comunicaciones de datos me parece una buena opción.  Sin embargo, el procedimiento que describe “El País” como solución (en presunta versión para legos de la celebérrima y alambicada disposición adicional) es para hacerse cruces. Parto de la base que no existe un dueño de todos los derechos de las obras cuya presunta vulneración haya en una página, y que consecuentemente habrá que ir contenido a contenido, ya que si retiro el denunciado ya no me podrían cerrar la página. Según esto, tendriamos un procedimiento como sigue:

1) Tomesen la decena o a lo sumo centena (según palabras de la Ministro de Cultura) de páginas presuntamente vulneradoras

2) Tengase un careo ante la Audiencia Nacional por cada uno de los contenidos existentes en esa página

El único problema es que veo difícil que el paso 2) no se prolongue hasta el infinito en la primera de las páginas presuntamente vulneradoras a nada hábil que sea el abogado que la defienda. Por no hablar del problema de las páginas vulneradoras residentes en el extranjero, ¿cómo se va a producir el careo?

En fin, que sin ser jurista, creo que todavía hay que darle un par de vueltas al tema.

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En los foros físicos y virtuales del Gobierno Electrónico, nos solemos preocupar con reiterada frecuencia de qué nos falta para ser una Administración 2.0. El ejercicio refleja una loable preocupación por la mejora continua, pero también un narcisismo significativo. De nada sirve la Administración 2.0 sin una Ciudadanía 2.0.

Parto de la base que la Ciudadanía 2.0 estará compuesta de Ciudamistradores, y digo estará porqué no creo que aún hayamos conseguido el nacimiento de los mismos, al menos en este país. La construcción de la Administración 2.0 pasa necesariamente por promover esta nueva clase de ciudadanos, en crear el entorno para ello y eliminar las barreras políticas que impiden su advenimiento. De nada sirve crear servicios para la participación sin haber audiencia que participe.

Quizás esté pasando por la etapa de desencanto al respecto de mis expectativas al respecto de una Administración 2.0, pero cada día acreciento mis dudas al respecto de la preparación de este país para ello. Y mis dudas se cimientan en no encontrar Ciudamistradores a mi alrededor. ¿Pero se quiere que existan? ¿pueden existir? Asistí recientemente a una conferencia de Carolyn Lukensmeyer, presidenta de AmericanSpeaks. En ella, la activista americana hablaba de la necesidad de desarrollar la infraestructura necesaria para hacer florecer la ciudadanía participativa. Esta infraestructura la veía como una combinación de los siguientes ingredientes:

  • Legislativo, basado en uns instituciones de amplia representación que creen el entorno legal apropiado
  • Físicos, disponiendo de espacios dónde la ciudadanía pueda hablar en libertad y dialogar sin intermediarios
  • Tecnológicos, dotando a la sociedad de las infraestructuras de comunicación de banda ancha y los medios de identificación electrónica que les permita hacer del mundo visrtual un entorno de participación y colaboración
  • Humanos, facilitando la creaciónde una red de habilitadores del diálogo basado en el voluntariado
  • Organizativo, contando con asociaciones realmente representativas y basadas en si mismas en la participación
  • Medios de comunicación, que sean honestos y sepan dar visiones sinceras de la realidad a los ciudadanos, alejadas de intereses espureos
  • Educación, incorporándo a los curriculum de los sistemas de enseñanza básica los elementos que permitan comprender las responsabilidades de participación derivadas de los derechos ciudadanos

Una revisión del estado de estos componentes en nuestro país, no llama al optimismo, y quizás explica el desencanto generalizado y porqué no existe más demanda de una Administración 2.0. De acuerdo que quizás estén comenzando a surgir. La reciente rebelión contra la disposición final del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible o el grupo de ciudadanos que coordinados a través de Facebook han llevado una conocida político a los tribunales, invitan al optimismo. Pero demandas más allá de las realizadas (que a muchos suenan a “protestan porque les quitan las pelis y CDs gratis”) han de realizarse desde la ciudadanía. Petición de la liberación de datos públicos, de una ley de acceso a la información pública o de una ley de democracia participativa que gire entorno al canal electrónico han de ser incorporadas al movimiento. Habremos de pensar que no existe una Administración 2.0 simplemente porque faltan los clientes para ella.

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