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Archive for 30 abril 2010

Hoy hemos conocido los titulares de las medidas de racionalización de la Administración General del Estado.  La supresión de 32 altos cargos y 29 empresas públicas van a permitir que nos ahorremos 16 millones de euros anuales. No hay una cuenta detallada del ahorro, así vamos a hacer una simplificación, y suponer que la supresión de cada alto cargo o empresa supone una reducción de coste similar. Ello supondría que cada supresión implica un ahorro de 260.000 euros.

Una de las Direcciones Generales suprimidas es el INAP, órgano de selección y formación de los empleados públicos.  No voy a entrar en el debate sobre la importancia de la formación para poder tener un servicio público de calidad, y cómo el paso  de esta Dirección General a Subdirección General mermará la primera y como consecuencia la segunda. Entraré solo en el debate economicista. La lógica de la coherencia entre acción y práctica, hace suponer que ello implica una apuesta por la descentralización parcial de estas funciones hacia los distintos departamentos ministeriales. Con ello se perderá la economía de escala en las acciones de formación. La consecuencia sobre el gasto público parece obvia.

Otra de las Direcciones Generales suprimidas es la de Desarrollo de la Sociedad de la Información.  No voy a entrar en el debate de la incoherencia de esta medida con la (supuesta) apuesta por un cambio de modelo productivo y las fanfarrias de hace apenas dos semanas alrededor de la Declaración de Granada. Entraré solo en el debate economicista. La lógica de la coherencia entre acción y práctica, hace suponer que las funciones de promoción de la Sociedad de la Información seguirán realizándose a través de otros instrumentos, y que ello supondrá un reforzamiento de los mismos. Estos instrumentos no pueden ser otros que Red.es e INTECO, ambas empresas públicas. Es decir, se producirá una huida del derecho administrativo en la gestión de los importantes recursos económicos que se destinan a la promoción de la Sociedad de la Información. Más flexibilidad, pero también menos controles sobre el gasto público.

Por un puñado de euros anuales, poco más de medio millón anual,  podemos estar en vía de provocar un exceso de gasto de gestión que, en el mejor de los casos, será poco menos que equivalente. Ojalá esta conclusión sea fruto de mi ignorancia.

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La Comisión ha hecho publico un borrador del reglamento de la iniciativa ciudadana, una de las grandes novedades del Tratado de Lisboa. La fecha del borrador es del 31/3/2010, sin embargo no recuerdo despliegue mediático al respecto por lo que deduzco que su publicación ha de ser más reciente. Concretamente, yo lo conocí a través de un tweet de @osimod . Conviene aclarar que dicha iniciativa ciudadana no sustituye la iniciativa legislativa de la Comisión en ninguna circunstancia, sino que es una iniciativa ciudadana limitada y destinada a espolear la iniciativa legislativa que la Comisión Europea tiene de acuerdo a los Tratados.

De una primera lectura en diagonal, me sorprenden dos aspectos. El primero son las condiciones de aceptación de una iniciativa ciudadana (artículo 4). Para empezar, las juzga la propia Comisión, para continuar la Comisión ha de considerarlas serias (curioso término jurídico) y para terminar no pueden ir contra los valores de la Unión. Vamos, que iniciativas sí, pero dentro de un orden, no vaya a ser que a un euroescéptico se le ocurra alguna maldad.

Lo segundo que me llama la atención es el curioso uso del canal electrónico, destinado a dar el mínimo trabajo a la Comisión. La Comisión se limita  hacer un registro electrónico de las iniciativas y a decidir su aceptación. Validar que los sistemas de recogida de firmas  electrónicos son válidos y la autenticidad de las mismas se deja a los Estados Miembros. Eso sí, la Comisión será quien dicte las normas técnicas que han de cumplir. Dado que la identidad electrónica es un tema clave en todo proceso de firma y que el desarrollo de la interoperabilidad de la identidad electrónica en Europa está en curso (ver STORK), el plazo de 12 meses tras la aprobación del reglamento para tener las normas técnicas puede quedarse corto.

Seguro que existen otros puntos grises en la propuesta, que aún no he leido entera con detalle. No obstante, es un paso adelante que puede tener derivadas imprevistas y positivas. Por ejemplo, no habría razón para no aplicar las normas técnicas que dicte la Comisión a nuestra iniciativa popular nacional, que aún carece de desarrollo reglamentario tras casi cinco años desde que se incluyo la posibilidad de medios electrónicos en la misma.

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El marco legal para la reusabilidad de la información generada por el sector público tiene como norma principal la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público.  De ella emanan las normas de los distintos Estados Miembros, como en el caso español la Ley 37/2007. Contra la creencia de algunos,  el origen de la norma no es un deseo de una mayor transparencia del sector público, sino propiciar la creación de un mercado interior uniforme de los contenidos digitales.

Estamos inmersos en la economía basada en la información. La importancia de los datos para la creación de riqueza en nuestra sociedad fue incluso objeto de un reportaje especial de The Economist. Los poderes públicos, en este caso la Unión Europea, han de favorecer las condiciones para que está economía naciente no sea abortada. Ha llegado quizás el momento de cambiar una norma jurídica cuya importancia era difícil de prever en el momento de su aprobación, hace ya casi siete años.

Una primera reforma, sería identificar los conjuntos de datos de obligación liberada por las Administraciones Públicas. Apoyándose en el valor estratégico para la creación de un mercado único a través de sus datos claves, la Unión Europea debería establecer un calendario de liberación de ciertos datos en manos de los poderes públicos. En especial aquellos claves sobre la financiación y cuentas de las Administraciones Públicas.

Una segunda reforma, sería establecer incentivos económicos para la liberación de datos en formatos directamente interpretables por máquinas. Liberar datos en estos formatos no es barato. Quizás sería más conveniente que los fondos que la Unión Europea dedica a cierto tipo de subvenciones relacionadas con el Gobierno Electrónico, se dedicará a este fin.

Dejo para el final el cambio quizás más radical, incluir en el ámbito de aplicación a los operadores que preten al  público servicios de especial transcendencia económica (de acuerdo a la definición de las mismas dado por la Ley 56/2007) . Si una de las razones para demandar la liberación de datos a las Administraciones Públicas es que estos datos son obtenidos con el dinero de los contribuyentes, no menos peso tiene exigírselo a empresas con origen en monopolio estatales, con una posición dominante o en situación de oligopolio. Los datos relevantes de su actividad deberían estar bajo las mismas condiciones aplicables a la información generada por el sector público. La transparencia no ha de ser sólo obligada a los poderes públicos, también a aquellos “muy grandes para caer” y que los poderes públicos han de ayudar en momentos de dificultades. la necesidad de socorrerlos deberia conllevar la obligación de la posibilidad de una vigilancia social colectiva y la extensión del concepto de información pública a los datos que manejan. Ya estamos viendo las consecuencias de lo contrario.

Y aún podríamos ir más lejos. Hacia una socialización de la información para la creación de más riqueza y más democracia. A veces no somos conscientes del poder de la información hasta que tenemos enfrente sus consecuencias. Basta echar para ello un vistazo al blog de OKCupid.

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Somos muchos los que hemos aplaudido antes, durante y después la iniciativa AbreDatos 2010. En una noche de insomnio revise los proyectos presentados, y quede sorprendido por la calidad y sencillez de uso de los resultados. Mucho tenemos que aprender. Sinceramente, y sin ánimo de hurgar en la herida de nadie, espero que algún compañero lo esté pasando mal justificando porque tal o cuál funcionalidad no está en el servicio que ofrecemos desde las AAPP. Un ejemplo de ello, es el proyecto que más me ha gustado ha sido GastoPublico. Una manera sencilla de saber como ir a ver dónde se están gastando nuestro dinero.

Pero entre tanto felicitación, voy a permitirme el lujo también de la crítica. Dicen que la mujer del Cesar además de serlo ha de parecerlo. AbreDatos es, para mi, una demostración de hasta dónde podriamos llegar con más transparencia, participación y colaboración por parte de las AAPP. Pero son valores que no han de estar presentes sólo en las AAPP, han de ser asumido por toda la sociedad, es por ello que los adalides de los mismos, como los organizadores de AbreDatos, deberían ser los primeros en ejercerlos. Humildemente solicitó que, al menos parcialmente, los ganadores del concurso sean elegidos por todos aquellos que deseen participar en su elección.

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Va para dos meses que publiqué la primera parte de esta entrada. El tiempo dejado  entre una y otra no ha sido intencionado, tan sólo ahora he encontrado alguna pista para seguir avanzando en la materia. Otra vez la misma viene del Reino Unido, de la mano de un documento corto y con un excelente resumen ejecutivo “The engagement ethic”.

Breve recordatorio de qué perseguimos con la co-producción: Servicios públicos no sólo para los ciudadanos sino con los ciudadanos. Con ello obtenemos servicios más efectivos, pero también con una mayor base de legitimación.

Dejábamos el tema en la búsqueda de metodologías para aplicar las técnicas de co-producción de servicios públicos. El primer paso, identificar en qué servicios puede hacerse de la colaboración el eje de su diseño y producción, nos lo viene a resolver el documento mencionado. Estos servicios  los presenta caracterizados por:

  • Existencia de una comunidad clara de interesados
  • Crecimiento limitado dentro de la comunidad de interesados
  • La contribución de la comunidad es crítica para el exito del servicio
  • Existencia de relaciones de largo plazo
  • La comunidad tiene un claro interés en participar en el servicio

Hacer de una comunidad el eje de la co-producción de servicios, lleva a una segunda derivada. La co-producción puede tomar dos puntos de arranque de desarrollo:

  • Servicios mutualistas externos a las AAPP que son apoyados para su desarrollo
  • Identificar dentro de las AAPP servicios en que puede ser  efectivo incorporar a una comunidad para una prestación más efectiva

Por ir a ejemplos prácticos tanto de lo uno como de lo otro dentro del  Gobierno Electrónico. La iniciativa AbreDatos 2010 que se celebra en este fin de semana puede dar lugar a servicios iniciados en una comunidad. El servicio Red Trabaj@ ya mencionado en la primera parte de esta entrada es ejemplo de la incorporación de comunidades a la prestación de servicios públicos. Se trata en definitiva de primar la misión del organismo sobre el uso de la tecnología.

La fórmula de la co-producción está aún en sus primeros pasos. Pero puede ser la solución para revitalizar servicios con escaso nivel de satisfacción por parte de los ciudadanos. Por acabar de nuevo con un cita de Seth Godin,

Trying harder is impossible when you’re already trying as hard as you can. But you can always try different.

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Una vez más es 14 de Abril. Como cada año, un día para recordar la primavera que nunca llegó a este país, la promesa de una sociedad democrática que fue abortada. Nunca sabremos lo que habría sido este país si aquel liberticidio no se hubiera cometido, cómo sería hoy España si la bandera tricolor no hubiera dejado de ser la enseña nacional. Baste recordar que las mujeres no habrían entrado en una generalizada condena de “en casa y con la pata quebrada”, Lorca no habría sido asesinado y nuestra economía habría sobrepasado el PIB de Italia 50 años antes.

Vivimos una epoca de ataques generalizados a la función pública, por ello en la ineludible cita anual de recuerdo republicano, este año toca  enaltecer a los que fueron sus servidores públicos. Y conviene hacerlo porque son un símbolo olvidado de qué supone servir el interés general hasta  sus últimas consecuencias.

Soy uno de tantos nietos de funcionarios republicanos, de los que sufrieron represión por mantenerse leales al poder legítimo. Dos años de cárcel sin juicio alguno, un humillante proceso de rehabilitación de tres años para poder seguir alimentando a su familia y el posterior  destino a cientos de kilometros de su hogar, quebraron la salud de mi abuelo que no vió acabar el año 1945. Una de tantas historias olvidadas de represión a servidores públicos, que pude recuperar merced a la localización del expediente de servicio de mi abuelo en el Ministerio en que  estaba adscrito.

Recuperar el recuerdo de los valores día a día, prestar de modo eficaz el servicio a los ciudadanos y luchar con los hechos y palabras  contra el descredito social en el que nos quieren enterrar, es el mejor homenaje  que podemos hacer a nuestros antecesores en la función pública.

Viva la República.

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Entre las noticias que leí en los desayunos previos de cada día de asistencia a Tecnimap, seguí con especial interés la revuelta ciudadana de Valença del Miño y otros pueblos cercanos. Veo que no he sido el único en asociarlo a los servicios de Gobierno Electrónico. Más de una vez, he escrito acerca de la brecha de derechos que se está abriendo en España a resultas de la implementación del canal electrónico de relación con las AAPP. Servicios electrónicos alrededor de la educación y la sanidad son ofrecidos por unos gobiernos regionales mientras otros no se conoce si tienen intención de ello.

Los Portugueses quieren ser Españoles. Los Madrileños, y muchos otros, querrían ser del País Vasco en lo referente al Gobierno Electrónico. Un destacada posición en lo referente al aspecto transaccional (de acuerdo al informe eEspaña 2009) y un liderazgo claro en la creación de espacios electrónicos de participación (Irekia) y transparencia (Opendata Euzkadi).

No nos va a quedar más remedio, que ir con la ikurriña a la Puerta del Sol.

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