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Archive for 26 julio 2010

Lo público empieza a parecerse demasiado a lo privado. La reforma necesaria de la Administración Pública ha de traernos un alud de recetas de lo privado a lo público. Alguna no necesariamente mala.

Por ejemplo, las fusiones y adquisiciones (M&A). Son un método básico de racionalización de los sectores, y en el público estamos algo necesitados de ello. Pero estas han de ir más allá del maquillaje estético de un puñado de Direcciones Generales.  La fusión de grandes bloques administrativos comienza a ser necesario, si no hemos sabido compartir servicios rompiendo la cultura de silos no queda otra alternativa. Un ejemplo es lo hecho en Grecia, la reducción en dos tercios de los ayuntamientos. Teniendo en cuenta que en España tenemos 8.000 ayuntamientos, y si las cuentas griegas no son muy incorrectas, ello nos supondría al menos 6.000 millones de ahorro.

Pero las fusiones y adquisiciones traen otras consecuencias: Las recolocaciones (vamos a suponer que no llegamos a los ERE). Nos están cambiando el modelo de negocio de las Administraciones Públicas, y ello requiere que pensemos hora a hora en adquirir nuevas capacidades para hacerlo frente formando a los empleados públicos en ella. No hay sólo que buscar estas capacidades fuera, sino también asegurar que son adquiridas por la organización una vez localizadas. Valga como ejemplo de lo que no hay que hacer lo hecho en el País Vasco (al que suelo criticar poco) con el pliego de “Escucha Activa”: Ni una mención a una efectiva transferencia de conocimiento.

M&A y recolocaciones, son sólo dos ejemplos. Aunque al trasladarlos no haya que hacerlo sin respetar ciertas peculiaridades de las AAPP, ello no ha de suponer que las olvidemos.

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Ayer se publicó el Plan Avanza 2 (Estrategia 2011-15 para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España), que fué aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Era sospechoso que en la reseña del Consejo no figurara mención a previsiones presupuestarias y que en la rueda de prensa subsiguiente no se hiciera mención a presupuesto alguno. Y no había mención, porque  tal y como se indica en la reseña de ayer

Estrategia que, como tal no está vinculada a unos presupuestos concretos sino que marca unas prioridades que se adoptarán y desarrollaran dentro de los escenarios de consolidación presupuestaria aprobados por el Gobierno.

Y es una lástima, porque en el área del Gobierno Electrónico hay cuando menos buenas intenciones. En el anexo que recoge todas las medidas previstas (?), dentro de las agrupadas bajo el epígrafe “Desarrollar servicios de Gobierno Abierto y de la eAdministración” aparecen cantos a Planes de Gobierno Abierto y a la racionalización de los recursos TIC en la AGE, aspectos ambos necesarios. ¿Serán de las que sean posibles dentro de los escenarios de consolidación presupuestaria?

Pero el tema del Gobierno Electrónico es colateral. Con el perfecto razonamiento de la importancia del desarrollo de la Sociedad de la Información que se realiza en el planteamiento estratégico, llama la atención que no se haga una mínima reserva presupuestaria para el desarrollo de un aspecto clave dentro del desarrollo de un nuevo modelo económico. De momento Avanza 2, es sólo una estrategia. El dinero, más tarde.

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Hace ya un tiempo desde la entrada anterior de esta serie intermitente. Retomo la misma días después de un evento en el cual representantes de distintos gobiernos contaban experiencias nacionales alrededor de la co-producción, tras algunas de las cuales se adivinaba el principal de sus riesgos: el rapto ideológico de la co-producción de servicios públicos por las tesis neoliberales.

Valga como ejemplo ilustrativo de las mismas las expuestas por un país de la Europa del Este, ambas alrededor del área de la seguridad ciudadana. La primera de ellas, describía como parte de los medios técnicos para potenciar los niveles de seguridad en un área conflictiva eran aportados por los ciudadanos, que “voluntariamente” decidían incluir cámaras de vigilancia de su bloque de viviendas en la red de observación de la policía. La segunda de ellas, era la dotación de medios a partrullas ciudadanas autoconstituidas en grupos étnicos de difícil integración social para la vigilancia y desarrollo de otros servicios (e.g. limpieza). No es difícil adivinar, como ambas conducen a la creación de desigualdades en servicios públicos esenciales y a su rapto potencial por grupos de interés.

No sirve cualquier tipo de co-producción de servicios públicos. La orientación de la co-producción ha de ser de carácter social, guiada por tres principios:

  • Sostenibilidad económica, la continuidad revalorizada de los medios de los que se dote a las comunidades que colaboran con el gobierno en la prestación del servicio, especialmente en los esenciales. Si esta no puede asegurarse, no se ha de iniciar la co-producción.
  • Responsabilidad gubernamental, la co-producción no es un nuevo “rolling-back the frontiers” del Estado, se trata de abrir al ciudadano en la máquina administrativa. Pero la frontera del Estado, y la responsabilidad consecuente, sigue en el mismo sitio.
  • Inclusividad, los servicios esenciales han de seguir prestándose a todos, no hay limitaciones sobre su calidad y si esta no es la deseable, ejerciéndo el principio anterior el Estado debe recuperar los servicios en que se ha cedido ámbitos de responsabilidad.

En definitiva, la co-producción ha de ayudar a los Estados a hacer más con menos, pero no ha de primar sólo una versión economicista.

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Siguiendo la táctica periodística de la entrega por capítulos, emparedado entre la entrada publicada por Montaña en su bitácora y la anunciada por Felix Serrano, me atrevo a hacer un par de añadidos al debate sobre las imprecisiones de Expansión. Vienen a cuento del artículo “El caos informático estatal cuesta a los españoles 1000 millones extra”.

Tomemos lo recopilado hasta ahora:

  • El autor desconoce profundamente las infraestructuras TIC de la AGE (Administración Estatal), desconociendo una infraestructura básica de esta como la Red SARA, y escribiendo fruto de su desconocimiento que no existe una Red de conexión entre los Ministerios aparte de Internet
  • El autor da datos de ahorro de otras Administraciones extranjeras (Reino Unido, 3800 millones de Euros) que no son tales ahorros, sino estimaciones de ahorro. Y añado leido el papel que ayer apuntaba Montaña, es una estimación  ahorro anual, no de cuatro años. Este dato es un dato importante, ya que da una pista de la magnitud de gasto TIC del que hablamos, y que de por sí es más del doble del gasto TIC de la AGE , lo cual debería invalidar cualquier intento de extrapolación de UK al Reino Unido.
  • El autor no disponía de una calculadora fiable, ya que hacía calculos de incrementos porcentuales erroneos.
  • El autor desconoce el precio medio por jornada de personal subcontratado, ya que de haberlo conocido un mínimo cálculo le hubiera válido para saber que, con los mismos datos que el utiliza de presupuestos y gastos TIC, no podría jamás la Administración permitirse contratar a 40.000 personas de empresas de servicios.

Ahora vamos con un nuevo dato. No sólo el dato de ahorro de 3200 millones de libras en Reino Unido es tan sólo una estimación, sino que es una estimación que mínimamente investigada no resiste una mínima extrapolación como avanzaba antes. Buceando en Internet, tirando de un artículo de Andrea Di Maio, he localizado el documento donde se realiza dicha estimación. De una lectura rápida de  como se realiza dicha estimación se aprecia:

  • La estimación no se basa en un dato inicial de gasto/presupuesto TIC fiable (como el de la AGE), sino en una aproximación a ese gasto/presupuesto basado a su vez en estimaciones. Prácticamente, se reconoce que la Administración UK no dispone de un dato fiable de cuanto gasta en TIC.
  • La aproximación de gasto TIC de la Administración UK que se realiza es de 16 billones de libras, sustancialmente más alto que el de la AGE. No solamente la calidad invalidaría cualquier extrapolación, sino los conceptos que incluye (todo tipo de Administración).
  • La estimación de ahorro, que se cifra en un 20% se basa recurrentemente en las aproximaciones de gastos antes mencionadas y además en aproximaciones de gastos de otras Administraciones (para España da un dato para el conjunto de las Administraciones de aproximadamente la décima parte de la estimación para UK). Existen otros puntos presuntos de apoyo como buenas prácticas y comparaciones con el sector privado, pero no he realiazdo el análisis de su validez y me parece que ofrece pocos datos para este análisis.

¿Cuál es la conclusión? Desde luego no es posible extrapolar con esto que en la AGE se puede obtener una reducción de 1000 millones de Euros de gasto TIC en cuatro años (aproximadamente el 20% anual del gasto TIC), sino más bien que alguien puede tener los ojos puestos en obtener entradas económicas perdidas de la externalización parcial o total de las TIC en uso por las Administraciones Públicas. Si “demostramos “que no son productivas, tenemos la excusa perfecta para pedir su externalización. No será porque no anuncien su estrategia.

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A día de hoy  se habla de muchas reformas necesarias (unas en camino y otras en diseño): cajas, laboral, … pero no se habla de una más que necesaria y que otros (@feserdel, @oscarcortes) más de una vez han indicado en sus bitacoras: La reforma de la Administración General del Estado. No, no voy a hablar de por donde pienso que ha de ir esa reforma, sino de porqué creo que no se realiza. Por dónde ha de ir esta reforma está claro: Gobierno Abierto.

¿Pero porqué no se realiza esta reforma? Es una interesante pregunta, la respuesta es sencilla si se asocia a otra pregunta. ¿Quien habría de realizar esta reforma?. La pregunta no es trivial. Las sucesivas crisis ministeriales desde que Jordi Sevilla dejó el Ministerio de Administraciones Públicas han laminado las estructuras responsables de dicha reforma. Primero, desaparición la Dirección General de Modernización Administrativa, separándose sus competencias sobre organización de sus competencias sobre Gobierno Electrónico. Sonaba innecesario seguir incidiendo en la reforma, se consideraba que la modernización ya había sido realizada. Presuntuosa decisión, la Administración ha de vivir en perpetua modernización porque, como dice @alorza, ha de seguir a la sociedad como sombra al cuerpo, y la sociedad está en continua reforma.

Después, la Secretaria de Estado de Administración Pública se transmuto en Secretaría de Estado de Función Pública, los nombres no es asunto baladí y ello conllevó un alejamiento del problema estructural. La Administración Pública deja de ser el asunto central para ocuparse tan sólo de una parte. Sólo hay que ocuparse de lo laboral, no de cómo se administra lo público.

Se puede decir que se está en camino de reconstruir las estructuras, que para eso en uno de los últimos Consejos de Ministros se ha creado el Observatorio del Empleo Público. En primer lugar, se sigue incidiendo en sólo una parte (aunque quizás la más importante), los Recursos Humanos. No queda claro que el observatorio vaya a ocuparse de procedimientos internos de funcionamiento o aspectos organizativos. En segudo lugar, no es un organo con capacidad ejecutiva, sino tan sólo de diseño de soluciones y elaboración de recomendaciones.

¿Podemos seguir esperando la necesaria reforma de la Administración General del Estado? Primero, hay que recuperar las estructuras que hagan la reforma posible.

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España, campeona del mundo 2010

Mi memoria son recuerdos de ocasiones falladas. Del “gol” de Cardeñosa, de la tanda de penalties contra Bélgica, de Camacho sudando de impotencia ante los errores de un árbitro egipcio. A partir de hoy, mi memoria será el gol de Iniesta y el beso de Iker a Sara Carbonero.

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No soy nacionalista, ni castellano, ni catalán, ni mucho menos español. Soy jacobino, creo existen competencias irrenunciables para que un Estado asegure la solidaridad entre sus integrantes. Y ayer apoyé la justa defensa del sentimiento nacional de una de las naciones que conforman España: Cataluña. La defensa de una Nación catalana y un Estado español no son una contradicción, son caras de una misma moneda unidas por la amalgama de un nuevo pacto constitucional.

Como funcionario, juré en mi toma de posesión la defensa y hacer cumplir la Constitución Española de 1978. Como ciudadano, creo en un Estado Español plurinacional, conforme con su historia y con el acuerdo de las naciones que la conforman. Sumando ambas condiciones, creo que la mejor defensa de nuestra de Constitución es su reforma, crítica para superar un modelo de Estado que no tiene su origen en nuestra historia sino en las circunstancias históricas que dieron origen a la misma.

Comencemos por la historia. El origen del Estado Español es un pacto, matrimonial como no podía ser de otro modo en aquella época, entre dos realidades nacionales: Castilla y Aragón (que a pesar del nombre tenía ya como entidad dominante Cataluña). Negar este hecho es cerrar los ojos a la historia. Se puede dudar de la existencia de otras realidades nacionales, originadas por una toma de conciencia posterior (Galicia o Vasconia) o nacidos del sentimiento ser una colonia (Canarias), pero dudar de la existencia de una nación castellana y una nación catalana que decidieron unirse (aunque fuera por matrimonio siguiendo el modo y costumbre de la era absolutista) en el Reino de España es como dudar de la naturaleza esférica de la Tierra.

Superado en el XIX los modelos absolutistas, llegó la hora de que los pueblos y naciones decidieran seguir conformando los mismos Estados o dar lugar a otros nuevos. Ello sucedió de modo generalizado en Europa, sin ir más lejos, la misma España sufrió el desgarro de parte de lo que entonces era el Estado Español, perdiendo sucesivamente todas las naciones Iberoamericanas. El resultado fue que España volvió a tener naturaleza básicamente Ibérica, exceptuando los territorios colonizados de las Islas Canarias que habían sido la base de paso en la conquista del Nuevo Mundo.

Y ahora vamos por el tema del origen de nuestra Constitución. La cuestión del modelo de unión de las dos naciones que dieron origen a España quedó sin resolver en el siglo XIX, no teniendo ocasión de resolverse hasta el último tercio del siglo XX por razón de sendas dictaduras (1923-1930 y 1939-1975) que anularon todo proceso de libre entendimiento entre los ciudadanos. Llegada la oportunidad de resolver el modelo de Estado (Constitución de 1978), las presiones externas evitaron que se consolidara la visión de un Estado plurinacional, llamado España para crearse un Estado-Nación llamado España. Esta visión puede resultarles a algunos chocante, pero basta ver la redacción del artículo 2 del borrador constitucional

La Constitución se fundamenta en la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.

y compararlo con lo que fue el artículo 2 que finalmente se consolidó en nuestra Constitución

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

En el borrador se habla de España como Estado (el borrador hablaba siempre de España como Estado y no como Nación) compuesto de nacionalidades y regiones, en el texto final España pasa a ser una Nación indisoluble. Ese mismo borrador en su artículo 128.2 autorizaba a cada territorio autónoma (aún no se hablaba de CCAA) a usar “la denominación oficial que mejor corresponda a su identidad histórica”, por ejemplo, añado yo, Nación.

Las cesiones de entonces, derivadas de las presiones cuarteleras relatadas el algún libro como “Nacionalismo Español: Esencias, Memorias e Instituciones” impidieron la conformación de un libre pacto sobre la forma de Estado. Un reparto competencial insuficientemente pensado en sus consecuencias (se renunció a la Educación y Sanidad como campo de solidaridad Estatal), con puertas falsas (artículo 150)  y gestos de cara a la galería inútiles e insuficientes (como escribir Girona en lugar de Gerona en las carreteras de zonas del Estado no catalanohablantes o la impostura de decir Generalitat en lugar de Generalidad cuando se habla en castellano), han servido a lo largo de los años para irritar a unos y otros sin resolver la cuestión de fondo: Diseñar un Estado plurinacional.

Ahora, el Tribunal Constitucional ha dicho, con razón de acuerdo al texto legal, que Cataluña no es una Nación. Ahora Cataluña ha salido a la calle a recordar que es una Nación. ¿Es o no es Nación? Esa no es la cuestión, ambos tienen razón de acuerdo a su razón de ser.  La cuestión es hasta cuando vamos a estar con remiendos,  hasta cuando vamos a estar minando la convivencia posible con la inacción, hasta cuando vamos (unos y otros) a ser parte de un Estado basado en el vasallaje (somos porque somos) y no en la razón (somos porque queremos). La cuestión es la reforma de la Constitución y con ella la supervivencia del Estado español, un Estado que algunos pensamos que es un gran invento. Y no sólo para el fútbol.

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