Gobierno Abierto: Eje del circulo virtuoso de la innovación en la Administración Pública

En una entrada anterior hice mención a la estrategía de innovación de la OECD recientemente publicada.  Es un documento quizás excesivamente largo para ser leido por quien tenga interés colateral por la materia (226 páginas bajo pago), pero que al menos ha de ser leido su resumen y un artículo publicado al respecto por «The Economist». Asumir los principios de la innovación y estrategias para impulsarla es más que necesaria en un país como el nuestro, al respecto del cual en el «European Innovation Scoreboard 2009» realizado por encargo de la Comisión Europea se decía lo siguiente

For Spain, one of the Moderate innovators, innovation performance is below the EU27 average and the rate of improvement is also below that of the EU27

Es decir, no sólo estamos mal, sino que vamos camino de estar peor.

La OECD marca para ello cinco prioridades para impulsar la innovación por los poderes públicos

• Habilitar a las personas para que sean capaces de innovar
• Facilitar la innovación por parte del sector privado
• Crear las condiciones que permitan crear, difundir y aplicar el conocimiento
• Hacer uso de la innovación para hacer frente a los retos sociales y globales
• Mejorar gobernanza y evaluación de la innovación

En la estrategia de innovación dedica unas cuantas páginas específicas a cómo habilitar al sector público para innovar. Básicamente, las propuestas de la OECD se ajustan a los principios de las estrategias de Gobierno Abierto: Transparencia, Participación y Colaboración han de ser los elementos tractores de la innovación en el sector público.  Si queremos hacer más con menos, incrementar nuestra productividad y competitividad, sólo lo podemos hacer apoyándonos en la sociedad. Incrementar la diversidad en el sector público, tal y como mencioné en otra entrada, es la otra gran propuesta que se realiza para fomentar la innovación en el sector público.

Creo que, por el momento, es evidente que nos queda un largo camino para introducir la innovación en el sector público de acuerdo a los principios de la OECD. Lejos estamos de desarrollar (ni siquiera de tener) una estrategia de Gobierno Abierto en la mayor parte de las Administraciones Públicas españolas. Y ello es preocupante, no solo por la Administración Pública, sino por nuestra Sociedad en general. La innovación es la clave para afrontar los retos a los que nos enfrentamos y el circulo virtuoso de innovación entre Administración y Sociedad gira alrededor del Gobierno Abierto:

• Una Administración Pública Sostenible solo puede partir de una estrategia de Gobiernio Abierto que permita hacer más con menos.
• Sólo haciendo más con menos podemos ofrecer a la Sociedad los muchos servicios que demanda y liberar de la misma recursos que pueda dedicar al bienestar colectivo, recursos de la Sociedad que se encauzan a través de las iniciativas de Gobierno Abierto.

Hace tiempo, en un comentario a una entrada de la bitacora de Felix Serrano, compartí la que para mí es la clave del éxito de la innovación en cualquier organización (tomada de un artículo de Daniel Innerarity)

La innovación consiste, de entrada, en la capacidad de distanciarse de las propias rutinas, de lo sabido, de los estereotipos y tener la capacidad de no contentarse con lo adquirido.

El Gobierno Abierto supone la huida de las rutinas adquiridas por las Administraciones Públicas y no contentarnos con lo que ofrecemos a la Sociedad, buscando nuevas fórmulas para servir el interés general. Mientras no nos ayuden nuestros responsables políticos, habrá de ejercerse desde el puesto de francotirador.

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Recursos Humanos, Función pública y Gobierno Abierto

A pesar del compromiso cono @jifamiliar en los comentarios a una entrada anterior de esta bitácora, me ha costado volver sobre el tema de cómo las politicas de Gobierno Abierto pueden incidir en cómo realizamos nuestro trabajo. O mejor dicho, que innovaciones han de introducirse en nuestros modos de trabajar para poder desarrollar una política de Gobierno Abierto. Un par de lecturas recientes y una conferencia sobre el trabajador 2.0 a la que atendí hace poco me ha hecho romper con la desidia.

Un clásico en la materia es hacer del funcionario el centro de la acción pública. Creo que aquí hay poco nuevo que decir, desde el post ya clásico de Di Maio, han corrido rios de bits al respecto. La formación del empleado público para que sepa como hacer de los medios sociales una herramienta de trabajo, dandole de forma correlativa un marco de derechos y deberes acorde con el estatus de la función pública son quizás los elementos determinantes para ello. Obviamente, ello requiere tal y como decía en la entrada referida al principio, la ruptura de modelos jerárquicos y el establecimiento de unarelación de confianza político-funcionario.

Pero los cambios culturales requieren una incentivación, un mecanismo de recompensas y reconocimientos de conductas. El hacer uso de los medios sociales en nuestro trabajo tiene sus riesgos, pero hay que premiar al que sabe gestionar ese riesgo no al que lo evita. Ello ha de abarcar a las relaciones hacia el exterior, a cómo se es capaz de integrarse o crear comunidades de ciudadanos para la ressolión de un reto, pero también a cómo somos capaces de proyectar la colaboración hacia el ámbito interno.

No todo el Gobierno Abierto gira entorno al uso que hagamos de los medios sociales. El empleado público ha de acercarse físicamente también las comunidades más relacionadas con su labor. Una posible solución es el destino temporal del empleado público en empresas u entidades sis ánimo de lucro relacionadas con la política pública que le ocupa. No hay mejor manera de satisfacer a un ciudadano que vonociendo sus necesidades mediante la integración en su realidad cotidiana.

La apertura ha de ser también reflejada en las políticas de selección. Políticas de selección para integrar la diversidad favorece los saltos de innovación en el entorno laboral, y como buena práctica al respecto es recogida en «The OECD Innovation Strategy». Sin duda conflictivo, pero la única alternativa es aplicar políticas de discrimnación positiva que permitan llevar la multiculturalidad de España a la función pública Española.

El cambio del entorno de trabajo, físico y temporal, habrá de llegarnos también tarde o temprano. El trabajo por objetivos, la valoración de nuestra efectividad y eficiencia que permita hacer realidad el teletrabajo en las AAPP y la consecuente liberación de espacio y transformación del mismo, favorece también el empleado público comprometido con su actividad.

Y dejemos para el final la provocación, la frase que con la que acabó el ponente de la conferencia a la que acudí y que en cierto modo es verdad: el cambio hacía el entorno de trabajo 2.0 que requiere el Gobierno Abierto ha de hacerse escuchando a todos menos los  mandos intermedios. Ciertamente son (¿o somos?) los que más tienen que perder con el aplanamiento de estructuras y ruptura de jerarquías.

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Gobierno Electrónico en el Día del Servicio Público

El día 23 de Junio la Organización de Naciones Unidas celebra el Día del Servicio Público. El objetivo de la celebración es reconocer la contribución de los empleados públicos a mejorar el papel, profesionalismo, imagen y visibilidad de los servicios públicos. Ciertamente, una celebración contracorriente en estos días que corren y quizás por ello más importante de recordar que en años precedentes.  Somos importantes para esta sociedad y no tenemos que pedir perdón por ser parte del servicio público, un servicio público sin el cual no existiría la sociedad tal como la conocemos y no podríamos plantearnos hacer frente a retos colectivos como, por ejemplo, alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio.

Este año, la celebración es especial para nuestro país. En primer lugar, porque por primera vez se celebra fuera de la sede de Naciones Unidas y nuestro país ha sido el lugar escogido para ello.  En un justo reconocimiento a lo que debe ser una Administración Pública abierta como la  Generalidad de Cataluña, dotada de las unidades administrativas para ello como la Dirección General de Participación ejerce de anfitriona del acontecimiento entre los días 21 y 23 de Junio. En segundo lugar, porque en el mismo se reconoce el avance de nuestro país en el Gobierno Electrónico mediante la entrega de un premio por la radical mejora de posiciones en el ranking sobre la materia de Naciones Unidas. No me desdigo de lo dicho hace unos días sobre indicadores, pero mientras existan los que hay, ser evaluado positivamente en los mismos es siempre indicio de algo. En este caso el porqué esta claro, echemos la vista atrás, a antes del 2005, a antes del Plan Avanza y la Ley 11/2007. Aunque queda mucho por andar, es mucho lo ya andado.

La celebración de este año es también especial para los profesionales del servicio público que participamos en el desarrollo del Gobierno Electrónico. También por primera vez somos invitados a la fiesta. Es un reconocimiento de la mayoría de edad del Gobierno Electrónico como política pública, sin la cual existiría escasa innovación en los servicios públicos, sería difícil alcanzar la efectividad de los servicios  públicos y la transparencia y participación como herramientas cotidianas de las Administraciones Públicas serían un objetivo inalcanzable.

El futuro del servicio público será electrónico o no será.

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Razones racionales contra la externalización de los servicios públicos

En este tiempo de crisis, la externalización de los servicios públicos se ve por algunos como fuente de eficiencia añadida para nuestras Administraciones Públicas. Pocas voces se levantan contra el dogma neoliberal, que sin embargo es un reflejo de las contradicciones de sus predicadores, fruto del egoismo y un continuo tomarnos por tontos.

En primer lugar, llama la atención que los que piden esta externalización sean los mismos que tachan de vagos a los funcionarios y les acusan de pasar las horas mano sobre mano. Si esa es la situación, que no lo es de forma tan extendida como proclaman, la eficiencia no sería externalizar servicios sino rescatar los ya externalizados y prestarlos con empleados públicos ociosos actualmente.

En segundo lugar, la externalización no revierte en eficiencia sino en beneficio para el concesionario. En el supuesto que un servicio pueda ser prestado de modo más eficiente y que este se contrate a un tercero, el beneficio no sería para la Administración sino para el prestador. En ocasiones, no sólo el prestador externo obtiene beneficio, sino que lo hace acosta de la calidad del mismo.

En último lugar pero no menos importante, externalización no es necesariamente sinónimo de calidad. Esa falta de calidad de lo externalizado está, por ejemplo, tras la extensión de la sanidad en USA. Gastándose más dinero que Europa en sanidad la sociedad obtenía un menor servicio.

Primero pidieron el rescate, ahora repartirse el botín que queda. Que no nos tomen por tontos.

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Competitividad en la creación de valor público

La colaboración está enunciada como el tercero de los principios comúnmente aceptados de lo que es un Gobierno Abierto. Como todos los que compartimos ideas sobre este tema, mas de una vez he escrito sobre el tema. La naturaleza de esta colaboración es la que estamos empezando a perfilar hacia una competitividad en la creación de valor público.

En nuestro país, la colaboración social en la prestación de servicios de Gobierno Electrónico ha estado basada en esta competencia por la creación de valor público. La ineludible declaración anual del IRPF a través de las entidades finacieras o entidades locales colaboradoras de la AEAT, son el ejemplo en que se ha mirado la DGT para instaurar la tramitación de la licencia de conducción a través de los gabinetes médicos. Una colaboración social que dará lugar a la competencia en la intermediación al amparo de la habilitación a terceros introducida por la Ley 11/2007 y el RD 1671/2009. Una colaboración competitiva previa a la conceptualización del Gobierno Abierto.

La colaboración en la prestación de servicios de información pública de interés general da lugar también a escenarios de competencia por la creación de valor público.  En este caso entra en la competencia los sectores públicos y privados. Relatos de esta competencia en casos extremos como fué el terremoto chileno de Marzo de 2010 pueden encontrarse en Goblink y el Escritorio de Alejandro Barros.  Una competencia que da lugar a una ruptura del monopolio de las AAPP como fuente de información confiable. Carlos Guadian aludía hace no mucho al caso menos dramático de la información sobre el servicio de cercanías en Barcelona, y como desde fuera de lo público un sistema de incidencias basado en twitter había puesto en entredicho el valor de la información de la página oficial.

Pero en esta competencia en la creación de valor público aparecen nuevas paradojas. A una de ellas también se refería Carlos Guadian hace no mucho. Servicios públicos de valor añadido prestados por terceros que son canibalizados por el sector público. La licita competencia desleal contrapartida de la reutilización de la información del sector público. No es tan fácil ser un infomediario, para sobrevivir hay que saber crear un valor público no imitable por terceros ni asimilable por los rígidos esquemas de las AAPP. Las comunidades de ciudadanos que acceden a determinados servicios como Patient Opinion demuestran que esto es posible.

La colaboración deriva en una creación de valor público competitiva. Bienvenida sea si la competencia es en efectividad.

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Lo menos preocupante, es que nos bajen el sueldo …

No he querido escribir nada propio hasta ahora sobre la intención de bajar nuestro sueldo del Presidente del Gobierno. El día del «cincazo» me hice eco del comunicado de la Asociación Profesional de los Técnico de Administradores Civiles  del estado (APCSAE) que me pareció bastante ecuánime (por cierto, seguimos esperando conocer si nuestra asociación profesional, ASTIC, se ha enterado del «cincazo»).  Pero va siendo hora de pronunciarse.

Creo que es lógico que uno se moleste cuando le bajan el sueldo, por lo que es posible que alguno espere a partir de este punto la diatriba del funcionario cabreado. Intentaré que no sea así, ya que no me preocupa tanto mi bolsillo sino hacia donde vamos en este país. Uno no esperaba mucho de una oposición guiada por el mero objetivo de alcanzar el poder a costa de lo que sea. Basta como ejemplo, las críticas a las medidas de reducción de gasto público sin presentar alternativa alguna. Pero es que, además, empiezo a tener la sensación de una continua improvisación por parte del Gobierno.

Disculpen si para demostrar la teoría de la improvisación continua tomo el ejemplo del «cincazo», que parece natural haya sido la propuesta de medida por la que más me he interesado. Cronología de los hechos:

• 12/5/2010: El Presidente anuncia que «Se reduce la retribución del personal del sector público de media un 5% en 2010» (cita de «El País» comprobable en archivo sonoro de la cadena SER)
• 14/5/2010 (a primera hora): Comienza a filtrarse que el Consejo de Ministros no aprobará ese día el decreto-ley realtivo al «cincazo» por las dificultades técnicas de su implementación. Sorprende que no se hiciera un análisis mínimo de esta viabilidad,  cuando hubo algunos que cayeron en ello más o menos de inmediato y con sólo oir la propuesta.
• 14/5/2010 (tras Consejo de Ministros): Maria Teresa  Fernández de la Vega anuncia que el recorte no afectará a los empleados de las empresas públicas por estar sujetos a una negociación colectiva que «hay que respetar».  Excusa sorprendente de parte de quien realizó la negociación colectiva con los sindicatos de la función pública que garantizaba (triste garantía) nuestra congelación salarial en 2010-2011

¿Y ahora qué? ¿Qué pasa si al final no se nos puede bajar el sueldo? ¿Que pasa si se nos baja y los tribunales deciden con el tiempo que la  medida no es legal? En fin, voy a ejercer de nuevo de heterodoxo, lo menos preocupante es que nos bajen el sueldo.

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Sobre las medidas adoptadas para la reducción del gasto público en la AGE

Ante la habitual pasividad de la Asociación Profesional a la que pertenezco, ASTIC, frente a la medida anunciada hoy por el Presidente del Gobierno en el Congreso, no me queda más remedio que tomar como referente el comunicado de la asociación profesional los Técnicos de Administradores Civiles (APCSAE). Dicho comunicado está publicado en su web, y transcribo literalmente.

Las medidas adoptadas para reducir el déficit público, una vez más, exprimen a la Administración General del Estado, concebida por nuestra clase política como un botín más que como una institución al servicio de los ciudadanos. Rechazamos firmemente que se nos considere mera coyuntura, a la que se engorda o adelgaza según las apetencias del momento, y se relegue la adopción de medidas que sí contribuirían eficazmente a reducir el gasto público.

Ante las medidas planteadas por el Presidente del Gobierno en comparecencia parlamentaria el día 12 de mayo y otras posibles reformas que se pudieran estar preparando en la Administración, esta Asociación profesional quiere dejar patente su oposición en base a las siguientes razones:

1)               Es evidente que España debe reducir su déficit público, pero todos sabemos que el mismo se ha disparado en la gestión de CC.AA y Ayuntamientos. Por ello no nos parece justo que la reducción salarial se limite a los funcionarios del Estado. Debe recortarse en aquellos lugares en los que las estructuras funcionariales han crecido más: CC.AA; y en aquellas entidades que más pagan a sus Empleados Públicos: Ayuntamientos, CC.AA y Diputaciones.

2)               Se plantea la reducción de Subdirecciones Generales. Todos sabemos que el ahorro, en tal caso, sólo se produce en la persona del Subdirector, lo que supone un ataque más a los Cuerpos Superiores de la Administración en su carrera administrativa y un destrozo de las estructuras, como anteriormente hicieron con la supresión de determinadas Direcciones Generales- véase la Biblioteca Nacional-sin que eso suponga un ahorro real y cierto. El resultado es una Administración más ineficaz, más improductiva y sin producir ahorro alguno.

3)               Sobran contratos de asistencias técnicas, ¿cuando se van a limitar los mismos?

4)               No ha reducido el número de asesores o de contratados de “Alta Dirección” casi todos de procedencia ajena a la Administración, motivo por el cual su reducción supondría un ahorro total. Y las estructuras no sufrirían nada en absoluto, su eliminación no sólo es un ahorro económico, también supone eliminar burocracia interna.

5)               No se ha reducido el número de Secretarías Generales con rango de Subsecretaría dependientes de Secretarías de Estado, cuando cualquier experto en análisis de estructuras administrativas sabe que ese tipo de dependencias hacen inútil la tarea de uno de los dos estamentos: o bien la Secretaría de Estado o bien la Secretaría general. Si se acaba con estas superposiciones, se acaba con los gabinetes correspondientes. No es un gran ahorro, pero se limita parte del gasto y sobre todo se racionalizan las estructuras administrativas.

6)               No se han revisado ni una sola de las subvenciones que se dan por parte de las tres administraciones. Subvenciones en muchos casos perfectamente prescindibles y cuya eliminación no perjudicaría al desarrollo nacional. Cosa que sí ocurre al eliminar gasto en inversiones reales.

7)               Se debería plantear un estudio serio y adecuado que elimine duplicidades de gestión, de gasto, de estructuras entre las tres Administraciones.

8)               Revisión de los privilegios de los liberados sindicales.

9)               Acuerdo parlamentario para establecer estructuras administrativas estables. Cada vez que hay un cambio en las mismas el gasto en carteles, indicadores, tarjetas, membretes etc  es abrumador. Lo que se quiere reducir por un lado se gasta por otro.

10)          Se deben revisar el excesivo número de externalizaciones, bien sean contratos con empresas privadas para realizar tareas que perfectamente pondrían hacerse dentro de la Administración de manera mucho más barata, o bien para reducir el número de Organismos, Entidades, Agencias y demás cuya única y principal razón de ser es la huída del derecho administrativo y del control del gasto. Estos organismos o se privatizan del todo o se devuelve su actividad a la Administración en forma de Direcciones Generales para que su gestión, contratación, sueldos de personal y otros gastos respondan a los parámetros de los créditos presupuestarios  y para que todo su gasto pueda estar previamente intervenido por la Intervención General del Estado

Finalmente, queremos agradecer a quienes en los medios de comunicación han empezado a distinguir a quienes trabajamos en la Administración General del Estado. Estos dos enlaces son sólo una muestra:

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Poda/funcionarios/elpepusocdgm/20100509elpdmgpan_4/Tes

http://www.elpais.com/articulo/opinion/paradoja/corrupcion/elpepiopi/20100504elpepiopi_12/Tes/

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Algunas implicaciones de los modelos de Cloud-Computing

Llevo unos días leyendo sobre el modelo Cloud-Computing. Como en todo, nunca termino de profundizar lo que deseara y no hago más que acercarme a ello de modo intermitente.  Tecnológicamente, no creo que sea algo novedoso, excepto en lo necesario para hacer viable de modo masivo el mundo del mainframe y el hosting, no deja de ser avanzar por sendas ya andadas. Es más importante su impacto en el funcionamiento de AAPP y en la sociedad.

El Cloud-Computing nos lleva al desarrollo extremo de los servicios compartidos. Da lugar a un escenario en que las excusas para utilizar infraestructuras y aplicaciones comunes se convierten en defensa de reino de taífas. Tarde o temprano el ciudadano pasará factura a aquellos que se aferren a las ineficiencias.

Pero entrar en el mundo de los servicios compartidos y la escalabilidad sin límite prometida por el modelo nos lleva a replantearnos aspectos de cómo funcionamos. ¿Cómo aceleramos los ciclos de adquisición para adaptarlos a la celeridad de la provisión facilitada por el modelo? ¿Cuál ha de ser el rol de las unidades TIC dentro del modelo? Son algunos interrogantes que van más allá del interrogante básico de la elección entre una nube externa o una nube administrativa.

Las elecciones dentro del ámbito de la AAPP acerca de cómo adoptar el modelo lleva también a implicaciones sobre la sociedad a la que sirven. La elección de proveedores geográficamente lejanos de servicios en la nube, lleva a la deslocalización de la industria TIC, con lo que ello conlleva de empobrecimiento social. Tampoco todas las opciones pueden llegar a satisfacer los requisitos de privacidad necesarios para los servicios de las AAPP. Finalmente, el control absoluto sobre la nube le permite a las AAPP ofrecer valiosos servicios tecno-sociales a la ciudadanía, en especial a PYMEs.

En definitiva, cuando elijamos entre los dos parámetros que caracterizan a al cloud-computing, quién nos ofrece los servicios y con quién los compartimos, las AAPP no estamos exentos de estar tomando una decisión que afectará al modelo de sociedad al que nos encaminemos. No sólo hemos de guiarnos por el cortoplacismo economicista.

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De inmigrantes en lo digital a exiliados del mundo real

«Hay días que no se si soy de los nuestros», supongo que esta frase twiteada por  @netoraton el viernes venía a cuento de lo que iba a ser la inminente supresión de la Dirección General del Desarrollo de la Sociedad de la Información. Por estar intelectualmente anclado en la izquierda esa frase resume también perfectamente mi incomprensión ante el hecho. Si queremos cambiar nuestra sociedad por una más igualitaria y con más oportunidades, la promoción de la Sociedad de la Información y hacer llegar sus herramientas a todos los ciudadanos ha de ser una política irrenunciable de la izquierda.

Es de suponer que dicha promoción de los nuevos servicios y tecnologías seguirá bajo otra estructura, pero me sorprende el silencio de los medios al respecto. He estado rebuscando en las ediciones digitales de las principales cabeceras algún comentario medianamente profundo sobre el tema, pero ninguno de ellos realiza comentario alguno. Tan sólo he encontrado alguna reseña en un diario digital. Parece como si una vez obtenido el titular de la reducción de altos cargos no se necesitará más análisis que el economicista a corto plazo de su escaso aporte a la reducción del defícit público (me pregunto que esperaban de una reducción de altos cargos). Ninguna pregunta, ninguna duda, ningún comentario alrededor de la continuidad de la acción de gobierno en el ámbito de la Sociedad de la Información.

Y del resto de nuestros partidos políticos ni hablemos. También he hecho un rastreo por las sedes en la red de los otros tres partidos nacionales, no esperaba comunicado alguno en sus áreas de prensa pero si algún comentario en esas bitácoras que tienen abiertas. Nada. Ni la «dinámica» blogosfera del PP tiene comentario al respecto, ni la hiperactiva Rosa Diez en su bitacora, ni el único diputado de IU en su bitácora dicen nada al respecto. He de reconocer que no esperaba mucho al respecto, aún tengo fresco como el Sr. Rajoy tartamudeaba en uno de los debates electorales al referirse a la «sociedad de la telecomunicación».

Supongamos que todo este silencio es un silencio expectante, y que todos los actores enumerados están esperando los próximos números del BOE para saber cuáles son las consecuencias de la supresión de la Dirección General sobre las políticas públicas que desarrollaba. Pero el silencio del mundo real escama. Quizás la blogosfera no está poblada de  inmigrantes digitales sino de  exiliados del mundo real.

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Por un puñado de euros …

Hoy hemos conocido los titulares de las medidas de racionalización de la Administración General del Estado.  La supresión de 32 altos cargos y 29 empresas públicas van a permitir que nos ahorremos 16 millones de euros anuales. No hay una cuenta detallada del ahorro, así vamos a hacer una simplificación, y suponer que la supresión de cada alto cargo o empresa supone una reducción de coste similar. Ello supondría que cada supresión implica un ahorro de 260.000 euros.

Una de las Direcciones Generales suprimidas es el INAP, órgano de selección y formación de los empleados públicos.  No voy a entrar en el debate sobre la importancia de la formación para poder tener un servicio público de calidad, y cómo el paso  de esta Dirección General a Subdirección General mermará la primera y como consecuencia la segunda. Entraré solo en el debate economicista. La lógica de la coherencia entre acción y práctica, hace suponer que ello implica una apuesta por la descentralización parcial de estas funciones hacia los distintos departamentos ministeriales. Con ello se perderá la economía de escala en las acciones de formación. La consecuencia sobre el gasto público parece obvia.

Otra de las Direcciones Generales suprimidas es la de Desarrollo de la Sociedad de la Información.  No voy a entrar en el debate de la incoherencia de esta medida con la (supuesta) apuesta por un cambio de modelo productivo y las fanfarrias de hace apenas dos semanas alrededor de la Declaración de Granada. Entraré solo en el debate economicista. La lógica de la coherencia entre acción y práctica, hace suponer que las funciones de promoción de la Sociedad de la Información seguirán realizándose a través de otros instrumentos, y que ello supondrá un reforzamiento de los mismos. Estos instrumentos no pueden ser otros que Red.es e INTECO, ambas empresas públicas. Es decir, se producirá una huida del derecho administrativo en la gestión de los importantes recursos económicos que se destinan a la promoción de la Sociedad de la Información. Más flexibilidad, pero también menos controles sobre el gasto público.

Por un puñado de euros anuales, poco más de medio millón anual,  podemos estar en vía de provocar un exceso de gasto de gestión que, en el mejor de los casos, será poco menos que equivalente. Ojalá esta conclusión sea fruto de mi ignorancia.

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