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Archive for the ‘Derechos ciudadanos’ Category

A partir de Octubre “Apuntes Electrónicos” cambia de dirección. Esta entrada puede leerse ya en la nueva versión de la bitácora.

Lo digital, está sometido al voraz consumismo y a la externalización de los signos de estatus social. La posesión de los artilugios de la manzana en lugar de equivalentes de otras marcas es quizás el ejemplo más claro. Mientras todos los servicios de Gobierno Electrónico eran prestados por las Administraciones Públicas, los mismos eran quizás uno de los escasos campos de la sociedad digital dónde el consumo no se había introducido. Todo parece cambiar.

Se está asumiendo, en parte de modo correcto, que no todos los servicios relacionados con el Gobierno Electrónico pueden ser prestados por las Administraciones Públicas. El astillamiento de Internet impide que las Administraciones sigan el ritmo de la evolución tecnológica, y puedan ofrecer sus servicios en todo tipo de plataforma de usuario. Es incluso razonable pensar que los recursos públicos están mejor empleados en desarrollos válidos para plataformas generalistas (PC) que para plataformas minoritarias (iPhone). Es este un campo dónde la introducción del consumo es positivo. Introducir el pago por aplicaciones de Gobierno Electrónico para teléfonos inteligentes no introduce barreras sociales por razones económicas.

Se empieza a introducir el consumo dentro de otros ámbitos del Gobierno Electrónico. La continua sospecha orwelliana que tenemos sobre el estado hace que los datos personales sean ámbito abonado a la introducción de la acción privada. La teoría es dejar la propiedad de sus datos personales al ciudadano y que sean las AAPP quienes acudan a él cuando los necesite. Deja ello espacio a un ámbito de negocio peligroso, y goloso para el sector privado. Las cajas fuertes de datos personales, especialmente en el sector sanitario, abren un debate ético interesante sobre los límites de la acción privada en el Gobierno Electrónico. Personalmente, creo que sería un error dejar servicios de este tipo al ámbito privado, por las posibles divisiones sociales que pueda dar lugar y por introducir las motivaciones económicas (esas y no otras son las del sector privado) en un ámbito especialmente sensible. Es este un debate que no es baladí, y que surgirá a lo largo del quinquenio ya que la Agenda Digital Europea introducía la posibilidad de revisar la legislación de protección de datos personales. Los habituales lobbies que circulan por Bruselas es de esperar que tengan ya en su punto de mira que esta comercialización de los datos personales se introduzca en la revisión de la directiva europea. Protección de datos para ricos y para pobres.

Bueno y malo, el consumo ha llegado al Gobierno Electrónico. Sólo queda por ver que pesa más en la balanza y si podremos establecer los contrapesos necesarios para que no se introduzcan desigualdades sociales con ello.

Si tienes comentarios sobre esta entrada, hazlos en la nueva versión de la bitácora.

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Uno de los mayores defícits de la construcción Europea es la construcción de la Europa de los Ciudadanos. Hemos dedicado esfuerzos a la construcción de un espacio común para nuestras empresas (dentro de lo que cabe), pero como ciudadanos seguimos siendo cada uno de nuestro país. Todo ello parece llamado a cambiar con el Tratado de Lisboa, con el que pasa a ser parte legalmente vinculante la Carta de la UE de Derechos Ciudadanos .

Todo ello, como tantas buenas intenciones de la UE, podría quedar en papel mojado. Hay sin embargo espacio a la esperanza. La persona encargada de llevar todo ello a buen puerto es la Comisaria Viviane Reading, en el pasado azote de operadoras telco y que promete ser azote de Administraciones Públicas y Gobiernos desde sus primeros discursos. No parece temblarle el pulso ni al prometer una reforma de las Directivas relacionadas con la Protección de Datos Personales. Por el momento, ya ha presentado un primer borrador de la iniciativa ciudadana que, con sus límites, es un paso adelante.

Hace tiempo escribi acerca de la necesidad de construir la Europa de los Ciudamistradores a partir del año 2010.  Existen pocas excusas para que no sea así. Nos hemos dotado de una Directiva de Servicios que facilita la creación de empresas y el desarrollo de  su actividad, lo que supone un cumplimiento en gran medida del punto 14 de la Declaración Ministerial de Malmö. El gran avance del próximo quinquenio debería ser en el cumplimiento del punto 15 de esa misma Declaración, en hacer del Gobierno Electrónico una herramienta para la ciudadanía europea que facilite a las personas vivir, estudiar, trabajar y retirarse en cualquier lugar de Europa. Ello no viene a ser sino el cumplimiento del artículo 45 de la Carta de Derecho Ciudadanos de la EU.

Todo ello requiere un liderazgo firme de la Comisión Europea. Y quizas estemos de suerte con la asunción de responsabilidades en el área de Viviane Reading. En el antes mencionado primer discurso de la comisaria establecía precisamente el derecho ciudano al libre movimiento en la EU como una de sus prioridades.

Second, we must strengthen the right of citizens to move freely in the EU. Free movement is after all a core right of EU citizens and it must be more than an abstract idea. It needs to be tangible and bring a positive impact to the lives of our citizens.

El Gobierno Electrónico ha de ser, la herramienta que permita pasar de lo abstracto a lo concreto en la Ciudadanía Europea. Ha sido posible para la libertad de establecimiento de empresas, ¿porque no para los ciudadanos?

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Entre las noticias que leí en los desayunos previos de cada día de asistencia a Tecnimap, seguí con especial interés la revuelta ciudadana de Valença del Miño y otros pueblos cercanos. Veo que no he sido el único en asociarlo a los servicios de Gobierno Electrónico. Más de una vez, he escrito acerca de la brecha de derechos que se está abriendo en España a resultas de la implementación del canal electrónico de relación con las AAPP. Servicios electrónicos alrededor de la educación y la sanidad son ofrecidos por unos gobiernos regionales mientras otros no se conoce si tienen intención de ello.

Los Portugueses quieren ser Españoles. Los Madrileños, y muchos otros, querrían ser del País Vasco en lo referente al Gobierno Electrónico. Un destacada posición en lo referente al aspecto transaccional (de acuerdo al informe eEspaña 2009) y un liderazgo claro en la creación de espacios electrónicos de participación (Irekia) y transparencia (Opendata Euzkadi).

No nos va a quedar más remedio, que ir con la ikurriña a la Puerta del Sol.

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En un comentario reciente a una entrada de neocivis defendía la teoría del fin de la adaptación a la Administración Electrónica. Es un término que reconozco trató de rehuir, tanto por razones de ortodoxia linguística como de alcance político. Vayan un par de razones para ello.

Haciendo uso de ideas puestas en boga por la OECD, los ciudadanos esperamos que nuestros gobiernos deberían regirse por el marco de comportamiento ITARI (Integrity, Transparency, Accountability, Responsiveness and Inclusiveness). Es probable que existan muchas maneras de andar el puente entre las expectativas y los resultados, pero el Gobierno Electrónico puede llegar a ser la más corta de ellas. Y una vez más, uso el término Gobierno Electrónico y no Administración Electrónica.

La Administración Electrónica no va más allá de servicios generalmente de más interés para la Administración que los ciudadanos. Sólo la Administración Electrónica, no puede cubrir las expectativas abiertas. Es necesario abrir el Gobierno a los ciudadanos, ese es el significado de Gobierno Electrónico.  Un Gobierno Electrónico que nos es posible más fácil de demandar ahora, de las manos de las tecnologías colaborativas.

La Administración Electrónica se basa en el procedimiento, la posición del individuo como súbdito que para obtener algo ha de solicitarlo. El Gobierno Electrónico es el individuo como ciudadano, se basa en la información. La información que el ciudadano quiere, accesible y utilizable de modo sencillo y sin atisbo de duda sobre su veracidad. La información que del ciudadano tenemos como eje de servicios ofrecidos sin necesidad de demanda previa.

La Administración Electrónica es la eficiencia, mientras el Gobierno Electrónico es la efectividad. Y la efectividad sólo se alcanza con el engagement bidireccional con el valor público. Contar las cosas al ciudadano y que el ciudadano las cuente para entre Gobierno y Sociedad alcanzar la satisfacción del valor público. De un lado y otro, el engagement con el valor público sólo es posible a través de los individuos. Y los individuos son los ciudadanos y los empleados públicos. El engament bidireccional acaba con la jerarquía en la gestión pública y da lugar a la red.

La Administración Electrónica es la talla única. El Gobierno Electrónico es la personalización masiva basada en la localización vital y geográfica. El ciudadano en el volante del conductor del Gobierno, diciendo qué quiere y cómo quiere alcanzarlo.

Dejemos de hablar de Administración Electrónica, y comencemos a hablar de Gobierno Electrónico. Como hace unas semanas  también decían en neocivis, se trata de andar desde la concepción economicista a la concepción social del uso de las TIC en las Administraciones Públicas.

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Hace unos días escuche en una conferencia como un profesional del Derecho, pomposamente, propagaba la falsa idea de que el 31/12/2009 entraba en vigor el derecho ciudadano a relacionarse por medio electrónico con las AAPP. Desde un punto de vista estrictamente literal, esta afirmación es falsa:

  • La Ley 11/2007 deja claro en su Disposición Final Tercera que la satisfacción de este derecho es sólo obligado para la Administración General del Estado.
  • El RD 1671/2009 es un ejemplo práctico de las lecciones del Conde de Romanones, y amplia para la Administración General del Estado los plazos de cumplimiento para las previsiones de la Ley 11/2007 al respecto de la firma electrónica, registro electrónico, sede electrónica, …

No me parece mal como ejercicio de realismo la ampliación de plazos real  que va a acontecer. Me inclino más por pensar que quizás el error fue pensar en un plazo de dos años escasos para hacer realidad este derecho de elección de canal.

Me resulta más preocupante la posible inviabilidad del derecho a largo plazo.

De un lado, parece que no se ha sido consciente que nuevos derechos requieren de nuevas necesidades de financiación para aquellos que los materializan. Un policía necesita de la disuasión de un arma para evitar ciertos delitos. Las Subdirecciones Generales TIC necesitan de recursos para asegurar una continuidad 24×7 del Gobierno Electrónico y ampliar el portfolio de servicios que demanda toda nueva política pública. No parece ser esa la realidad que vivimos. Hace unos meses Rafael Padilla denunciaba los recortes presupuestarias nada menos que en la AEAT. Podemos imaginar cual es la realidad en los departamentos que se dedican a ejecutar políticas de gasto en lugar de políticas de recaudación.

De otro lado, las últimas decisiones del Parlamento Europeo anuncian un choque de derechos artificioso, entre la restrictiva interpretación del derecho de propiedad intelectual y el derecho de acceso electrónico a las AAPP. No veo cómo va a ser posible garantizar los derechos ciudadanos de la Ley 11/2007 con los cortes sin orden judicial de la línea de comunicaciones que da acceso a los mismos.

No son señales que estemos a las puertas de acceder a un nuevo derecho …

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Nuestra Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Ley 11/2007) recoge en su artículo 6 un amplio conjunto de derechos ciudadanos en la relación electrónica de los ciudadanos con las Administraciones Públicas.  Aunque sin embargo, conviene recordar cómo dichos derechos no pasan de ser papel mojado por las previsiones de la disposición adicional tercera: Sólo la Administración General del Estado está obligada a satisfacer las previsiones legales establecidas cuando llegue el 31/12/2009.

A veces, y yo el primero, sobrevaloramos la importancia y transcedencia de nuestra ley en comparación con otras iniciativas europeas. Falta un pronunciamiento claro de las Administraciones regionales sobre su renuncia a refugiarse en la salvaguarda de las “disponibilidades presupuestarias” para evitar dar cumplimiento a estos derechos. Nada parece indicar que dentro de un par de meses el escenario de desigualdad ciudadana en los derechos de relación electrónica con las Administraciones Públicas vaya a sufrir alteración. Ni tras una denuncia clara como suponian las conclusiones del “III Estudio sobre la e-administración autonómica” ha existido ningún pronunciamiento claro.

En nuestro entorno, las iniciativas europeas mencionadas anteriormente solo realizan un aseguramiento de derechos en aspectos puntuales como la firma electrónica. Esta por ver cuál va a ser el alcance de las implementaciones de  la Directiva de Servicios, pero todo parece indicar que serán interpretaciones de mínimos.

El 31/12/2009, sólo tenemos, claro por tanto, que las sedes electrónicas de la Administración General del Estado serán una isla de garantías jurídicas en el Gobierno Electrónico.

Una de los objetivos establecidos para la Presidencia Española de la UE en 2010 abarca la definición de la ciudadanía del siglo XXI. Los derechos de los ciudadanos en la relación electrónica con las Administraciones Públicas, forma parte de la definición del ciudadano del siglo XXI. La Presidencia Española de la UE se presenta como una oportunidad de liderar el Gobierno Electrónico mediante la potenciación de una carta de derechos comunes en el ámbito europeo.

La Presidencia Española se iniciará también apenas un mes después de la aprobación Declaración de Malmö por los Ministros de los Estados Miembros responsables del Gobierno Electrónico. Tras la misma queda esperar el Plan de Acción de desarrollo, de cuyas ideas se sabe poco más que lo esbozado en el documento de la Comisión Europea  “Visions and priorities for eGovernment in Europe-Orientations for a post 2010 eGovernment Action Plan” (ver resumen aquí). En cualquier caso, el desarrollo del Plan de Acción 2010-2015 para el Gobierno Electrónico en la UE será arrancado en su desarrollo también en la Presidencia Española de la UE. presentando otra posibilidad de influir de modo directo en la definición de las líneas comunes de actuación en la materia.

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En este periodo de crisis, son muchos los que se acuerdan de nosotros, los funcionarios. Generalmente, su recuerdo es para apuntar a los muchos “privilegios” que tenemos. Muchas veces me he preguntado porqué se considera como tales aspectos cómo la estabilidad laboral o la necesidad de justificar las acciones radicales contra un trabajador como el despido.

Voy con un ejemplo práctico de nuestros “privilegios”.

Ayer me enteré que una compañera, días antes de haber dado a luz había sido promocionada. Ello no dejaba de ser un reconocimiento a su valía, aunque supongo que muchos lo considerarán un “privilegio” promocionar a quien va a estar durante cuatro meses de licencia con sueldo por maternidad. Para ver que muchos aún consideran “contra natura” promocionar a una embarazada, basta ver el caso análogo descrito en esta carta al director de “El País”: A una trabajadora del sector privado no  se la renueva un contrato por obra 10 días antes de dar a luz.

Sin que ello no implique no reconocer el abuso que ciertos “compañeros” puedan hacer de su condición de funcionario, vivimos en una sociedad enferma cuando ser promocionada días antes de dar a luz puede ser considerado por muchos un “privilegio”. Las relaciones laborales en la Administración no son perfectas, pero estas comparaciones le lleva a uno a apreciar un entorno de trabajo donde al menos no suceden estos casos sangrantes.

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