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Archive for the ‘e-Administración’ Category

A partir de Octubre «Apuntes Electrónicos» cambia de dirección. Esta entrada puede leerse ya en la nueva versión de la bitácora.

Lo digital, está sometido al voraz consumismo y a la externalización de los signos de estatus social. La posesión de los artilugios de la manzana en lugar de equivalentes de otras marcas es quizás el ejemplo más claro. Mientras todos los servicios de Gobierno Electrónico eran prestados por las Administraciones Públicas, los mismos eran quizás uno de los escasos campos de la sociedad digital dónde el consumo no se había introducido. Todo parece cambiar.

Se está asumiendo, en parte de modo correcto, que no todos los servicios relacionados con el Gobierno Electrónico pueden ser prestados por las Administraciones Públicas. El astillamiento de Internet impide que las Administraciones sigan el ritmo de la evolución tecnológica, y puedan ofrecer sus servicios en todo tipo de plataforma de usuario. Es incluso razonable pensar que los recursos públicos están mejor empleados en desarrollos válidos para plataformas generalistas (PC) que para plataformas minoritarias (iPhone). Es este un campo dónde la introducción del consumo es positivo. Introducir el pago por aplicaciones de Gobierno Electrónico para teléfonos inteligentes no introduce barreras sociales por razones económicas.

Se empieza a introducir el consumo dentro de otros ámbitos del Gobierno Electrónico. La continua sospecha orwelliana que tenemos sobre el estado hace que los datos personales sean ámbito abonado a la introducción de la acción privada. La teoría es dejar la propiedad de sus datos personales al ciudadano y que sean las AAPP quienes acudan a él cuando los necesite. Deja ello espacio a un ámbito de negocio peligroso, y goloso para el sector privado. Las cajas fuertes de datos personales, especialmente en el sector sanitario, abren un debate ético interesante sobre los límites de la acción privada en el Gobierno Electrónico. Personalmente, creo que sería un error dejar servicios de este tipo al ámbito privado, por las posibles divisiones sociales que pueda dar lugar y por introducir las motivaciones económicas (esas y no otras son las del sector privado) en un ámbito especialmente sensible. Es este un debate que no es baladí, y que surgirá a lo largo del quinquenio ya que la Agenda Digital Europea introducía la posibilidad de revisar la legislación de protección de datos personales. Los habituales lobbies que circulan por Bruselas es de esperar que tengan ya en su punto de mira que esta comercialización de los datos personales se introduzca en la revisión de la directiva europea. Protección de datos para ricos y para pobres.

Bueno y malo, el consumo ha llegado al Gobierno Electrónico. Sólo queda por ver que pesa más en la balanza y si podremos establecer los contrapesos necesarios para que no se introduzcan desigualdades sociales con ello.

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A partir de Octubre «Apuntes Electrónicos» cambia de dirección. Esta entrada puede leerse ya en la nueva versión de la bitácora.

El Gobierno Electrónico es una política pública más, debiendo aprender por su relativa juventud de las herramientas  utilizadas en otros ámbitos. Una de ellas es la discriminación positiva, cuyo uso podría ser clave para favorecer la introducción definitiva del software de fuentes abiertas en las Administraciones Públicas.

No deja de ser chocante, que en este periodo de búsqueda de ganancia de eficiciencia económica y racionalización de las TIC no se ponga la cuestión del software de fuentes abiertas encima del tapete. No soy un talibán del mismo, pero si reconozco que su uso en las Administraciones Públicas puede traer ventajas económicas, además de mayor transparencia al Gobierno Electrónico. Se trata de poner las condiciones para que estas ventajas sean obtenidas, una competición igualitaria entre software propietario y software de fuentes abiertas. Nuestra legislación (Ley 11/2007 y Esquema Nacional de Interoperabilidad) es a mi juicio acertada en no establecer una predilección en la elección del software de fuentes abiertas, pero ello significa que hay que establecer las condiciones de igualdad para que ello no suponga una predilección no deseada por el software propietario. En palabras de John Stuart Mill utilizadas en la exposición de motivos de la Ley Organica de Igualdad, la «perfecta igualdad es la que no admite poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros».

Es necesario por tanto poner al software de fuentes abiertas en condiciones de igualdad en las licitaciones públicas. La herramienta para ello es la definición de claúsulas tipo a incluir en los pliegos técnicos que garanticen la igualdad. Una propuesta de las mismas serían:

  • Cálculo por el licitante del total de coste del ciclo de vida de su propuesta, incluyendo costes de entrada y salida de la misma
  • En aquellos casos que se otorgue una licencia perpetua o por uso de un producto propietario, especificar el coste de lista de precios de la misma, que se añadira al total de coste del proyecto y se tendrá en cuenta en la valoración de la oferta económica
  • Un licitador podrá ofertar un producto propietario en su propuesta, pero habra de dar evidencia de que tiene en su empresa capacidades para uso de software de fuentes abiertas y que ha valorado la posibilidad de su uso para el proyecto aunque lo haya descartado
  • Las licencias de los productos si los hubiese serán validas para toda la Administración, debiendo motivarse posibles costes de licencia por usuario
  • Declaración explícita de no haber vendido previamente la solución a ninguna unidad administrativa y de haberlo hecho indicarse el impacto de la reusabilidad sobre el coste de la propuesta

Y no sólo debería haber esta obligación para  el licitador, también las unidades promotoras deberían reflejar en las memorias previas a iniciar la adquisición las acciones que han realizado para comprobar que el proyecto que solicitan no ha sido desarrollado por una unidad administrativa, y que por tanto no pueden acceder sin coste a una solución similar en aplicación de lo previsto en la Ley 11/2007.

No se trata de favorecer el uso del software de fuentes abiertas, pero si de ponerle en condiciones de ser objeto de valoración como alternativa y potencialmente elección.

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La crisis pone muchos usos y costumbres en el disparadero. Entre ellos, el uso que de las TIC hacemos en las Administraciones Públicas. Aunque el tanto por ciento del gasto presupuestario dedicado a las TIC se ha mantenido prácticamente estable en el pasado quinquenio,  si es hora de tratar de hacer un uso más optimizado de los fondos públicos destinados a tecnología. No voy a entrar de nuevo en el debate de si los resultados obtenidos con  el uso de las TIC en las AAPP son los adecuados, ya que creo es difícil aislarlo de otros aspectos, tampoco en si lo que hacemos con las TIC puede hacerse de un modo más eficiente (la respuesta obvia es sí). Hoy toca hablar de las implicaciones organizativas en las AAPP de introducir eficiencia en el uso de las TIC y como facilitarlas.

Parto de la base, que la introducción de eficiencia en el uso de las TIC en las AAPP no ha de significar la externalización de las mismas. Existen, a mi juicio, razones de peso para no ir por esta opción. Ello no evitará un impacto organizativo. La Administración, en especial la AGE, cuenta con un modelo excesivamente atomizado de introducción de las TIC en las AAPP. En lugar de haber servido como piedra arrojada contra esa jaula de cristal de la eficiencia que es la cultura de silos, se ha visto en cierto modo encerrada en la misma. Cualquier factor de eficiencia que trate de introducirse en el uso de las TIC ha de suponer por fuerza la necesidad de recolocar recursos humanos y reordenar estructuras. La introducción de infraestructuras TIC como servicio (IaaS)  ofrecido por una unidad administrativa a las restantes es la primera piedra de esta reorganización.

La aplicación del concepto de infraestructura como servicio (IaaS) dentro de la AGE es el primer paso de lo que sería de hecho una «fusión fría» de unidades TIC. La virtualización masiva de máquinas y almacenamiento, por ejemplo, supondría una liberación de recursos  humanos difícil de estimar, pero que fácilmente superaría el 10% del personal TIC de la AGE (e.d. entorno a las 1500 personas) en un escenario de 4-5 años.  Liberaciones menores de personal pero no menos importantes supondría desplegar un correo único en la AGE o hosting de webs públicas (e.d. reducir el papel de las unidades administrativas a la gestión de sus contenidos). Los beneficios de esta liberación de recursos para otras actividades son claras: Más servicios para los ciudadanos, eliminación de dependencia de proveedores externos al poder asumir proyectos en manos privadas, …

Es fácil imaginar las resistencias culturales (no sólo internas a la AGE sino de los proveedores) a las que una «fusión fría» de este tipo habría de enfrentarse. Sólo una clara definición inicial de los principios de la introducción de la infraestructura como servicio en la AGE, de aquello que no puede ser discutido, facilitaría su implementación. Andrea Di Maio en una entrada en su bitacora hablaba de algunos de ellos dentro del más amplio marco de las G-Clouds, ejemplos de los mismos serían:

  • Funcionamiento con mentalidad de servicio, estableciendo acuerdos claros con las áreas usuarias y precios a pagar por las unidades por el uso infraestructuras en modo servicio
  • Hacer obligatorio el uso de las infraestructuras definidas como servicio, definiendo un acotado escenario de excepciones que no suponga voluntariedad alguna
  • Vetar el establecimiento de las grandes unidades TIC como proveedores de infraestructuras en modo servicio, conduciendo a una pérdida de eficiencia en la introducción del modelo
  • Construir sobre casos de éxito pre-existentes, aprovechando las experiencias de servicios compartidos ya desarrolladas
  • Definición de una hoja de ruta de migraciones y aplicación para nuevos proyectos, haciendo ineludible su cumplimiento ligándolo a objetivos medibles para cada responsable de unidad
  • Creación de una oficina de servicios con autoridad ejecutiva, destinada realizar un seguimiento de uso de las infraestructuras en modo servicio, solventar las problemáticas que se planteen con su introducción e impulsar el calendario establecido. Dicha oficina resolvería también aspectos relacionados con la reubicación de los recursos humanos  liberados.

Y de nuevo, volvemos a un tópico recurrente y querido por mí: La politización del Gobierno Electrónico. El principio más importante de la «Fusión fría» sería el impulso al máximo nivel político de la misma.

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El coste de las Tecnologías de la Información en las Administraciones Públicas es objeto de debate recurrente. Una continua puesta en tela de juicio de su presunto excesivo coste para el erario público, que además suele castigar más a quien más transparente es en los gastos en los que incurre. Una cosa lleva a otra, y fruto de ese debate son los continuos cantos a la externalización de las TIC que en alguna entrada anterior de la bitácora he comentado. Sólo demostrando que se dan los servicios tecnológicos adecuados, con la calidad requerida y al coste preciso, es posible cortar este debate. Cortar dicho debate permitiría al colectivo de profesionales públicos de las TIC participar en otros, adentrarse en los senderos vedados a quienes no son economistas, abogados o leguleyos.

Pero identificar los servicios adecuados, calidad necesaria y costes precisos sólo es posible mediante una comparación entre iguales. Y hoy desconocemos cuanto nos cuesta a cada Administración en España los servicios tecnológicos que utilizamos.

Es necesario, en primer lugar, impulsar como colectivo un ejercicio de transparencia colectiva. La interoperabilidad, la ruptura con la cultura de silos hemos de impulsarla en las fronteras de lo tecnológico, promoviendo un consenso sobre una metodología común a las Administraciones Públicas españolas para dar cuenta de sus gastos TIC a la sociedad. Sólo he localizado en España el caso de la AGE, que recoge en REINA los gastos de los distintos Ministerios. Ni tan siquiera en OpenData Euzkadi he encontrado otro caso de publicación de modo claro de los gastos TIC de una AAPP. El miedo a la comparación ha de ser desplazado por el aprendizaje que proporciona.

Pero mostrar los gastos sin un contexto es un ejercicio loable pero mejorable. Una mayor relación de los mismos con objetivos de rendimiento de las Administraciones Públicas habría de estar presente en la metodología resultante. Resulta menos complicado identificar el coste TIC de un transacción administrativa que el coste de las llamadas unidades de negocio (como si las TIC no fuera parte del mismo). Es esta una fortaleza que debe aprovecharse. Lo mismo sucede con la calidad de los servicios tecnológicos. La gestión por proyectos clásica de las TIC o marcos como ITIL permite establecer ligazones del coste de un servicio con la calidad con la que el mismo se presta. No es tanto gastar menos como gastarlo allá dónde es más necesario.

Las ventajas de este esfuerzo tanto para los profesionales públicos de las TIC como para los ciudadanos es clara. Expresar en términos comparativos y de negocio el coste de las TIC para las Administraciones Públicas como primer paso para la optimización del mismo, y con ello poder profundizar en su uso y la transformacion subsiguiente.

Puede parecer un ejercicio de ingenuidad, pero nada más alejado de ello. Se ha hecho para identificar como racionalizar el gasto sanitario, luego es posible para nuestro ámbito llegar a consensos interadministrativos. Se trataría de promover para ello la cooperación administrativa a través de los organismos previstos en la legislación (Comité Sectorial de Administración Electrónica, Artículo 40 Ley 11/2007). Tras la fase de crecimiento que supuso la implantación de la Ley 11/2007, una fase de racionalización ha de ser el siguiente esfuerzo colectivo de los profesionales TIC. Y recordemos, o lo hacemos entre todos o nos lo darán hecho. Bastantes señales de ello han dado desde ciertos ámbitos.

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Frecuentemente aparecen en esta bitácora como comentarios acusaciones de maquillaje político a las iniciativas de Gobierno Abierto. No sólo estoy de acuerdo, sino que subo la apuesta, el Gobierno Abierto (y el Gobierno Electrónico) se está convirtiendo en parte de la acción política. Ello no me parece malo, es algo inevitable y positivo, y asi lo mantengo desde hace tiempo. Más importancia política implica más recursos para desarrollar las actividades asociadas.

Sin embargo, toda cara tiene su cruz. La politización del Gobierno Abierto supone su sometimiento a los ciclos políticos, a la tiranía de los periodos de cuatro años. Una excelente explicación de este hecho lo encontré recientemente en la bitácora Wikinomics. El autor lo ilustraba con el caso Obama, pero el caso de UK tras el acceso al poder de la coalición conservadora-liberal o icluso en el caso del Páis Vasco comentado hace poco, son otros ejemplos para el argumentario.

Ello nos lleva a una conclusión fatalista: No esperemos más iniciativas de Gobierno Abierto en España por una temporada. Estamos a un año de las elecciones autonómicas y dos de las generales. Se nos ha pasado el arroz de que alguna iniciativa pueda arrancarse en ambos ámbitos. Nadie va a invertir en algo que no pueda sacarle rédito y los tiempos ya se han hecho cortos.

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Hace unas de semanas expuse razones generales contra la externalización de los servicios públicos. Una de los principios de la función pública es servir al interés general y, equivocado o no, creo que una manera de defenderlo es dando razones contra la externalización de los servicios públicos. El tema creo un amplio debate. Hoy vuelvo sobre el tema, descendiendo al caso concreto de las TIC en el cuál no quise entrar a fondo entonces que ya tenía medio perfilada esta entrada.

La entrada ahora tiene más razón de ser, ya que hace un mes Expansión orientó sus cañoñes de imprecisiones hacia el gasto TIC. Dichas imprecisiones, están aclaradas en la bitacora de Montaña para el que quiera leerlas. La razón oculta no me pareció altruista, sino como bien decía el artículo, vencer las ineficiencias que provocan las duplicidades llevándose las aplicaciones a la red. Es decir, la externalización.

Por aquello de los tiempos que corren, uno lee lecturas diversas sobre la externalización. Unas por razones profesionales y otras por razones ideológicas. Como soy de natural generoso, las voy a compartir con el autor de aquel impreciso artículo.

Un tema recurrente en estas lecturas es la caracterización de aquello que no se ha de externalizar. Son diversas las características que se dan pero dos aparecen de modo recurrente:

  • No ha de externalizarse aquello que es crítico para tu negocio
  • No ha de externalizarse aquello cuya externalización no te da los beneficios de integrarte en una economía de escala

Creo que con ello, queda claro porqué las TIC utilizadas por las AAPP, a pesar de los cantos de sirena, nunca deberían salir del ámbito de lo público.

  • Las TIC son críticas en cómo servimos a los ciudadanos y como vector de transformación de las AAPP.
  • La externalización de las TIC, al menos en los ámbitos de las Administraciones Estatal y Regional, no hace que éstas se integren en una economía de escala superior, ya que por si mismas tienen el volumen para optimizaciones sin externalización.

Acabó como lo hice hace unas semanas. Que no nos tomen por tontos.

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Retomo una serie que tenía abandonada hace tiempo. La crisis deja todo viejo e ideas innovadoras rápidamente suenan a algo manido. Ese es el caso del modelo «AppsForDemocracy«, aunque por estos lares sólo haya tenido reflejo en «AbreDatos2010«.  Demosle la vuelta al invento.

Es conocido por todos que Google obliga a dedicar un 10% de su tiempo a sus ingenieros a realizar proyectos que no son dirigidos/orientados por sus máximos responsables. Dicen incluso que googleadds es un fruto de ese 10%. ¿Y porqué no aplicar ese esquema a la Administración Pública? Reiventar Appsfordemocracy, incentivar que se creen equipos multidisciplinares que en un proceso bottom-up dediquen un 10%-20% de su tiempo a desarrollar servicios públicos ideados por ellos. Y aún podemos ir más allá. Que estas aplicaciones ideadas y creadas por los empleados públicos sean evaluadas por los ciudadanos. Algo parecido ha puesto en pie UK, pedir ideas a sus empleados públicos para ver dónde cortar el gasto.

Toda innovación es susceptible de ser reinventada. La crisis nos obliga a la reinvención continua.

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Siguiendo la táctica periodística de la entrega por capítulos, emparedado entre la entrada publicada por Montaña en su bitácora y la anunciada por Felix Serrano, me atrevo a hacer un par de añadidos al debate sobre las imprecisiones de Expansión. Vienen a cuento del artículo «El caos informático estatal cuesta a los españoles 1000 millones extra».

Tomemos lo recopilado hasta ahora:

  • El autor desconoce profundamente las infraestructuras TIC de la AGE (Administración Estatal), desconociendo una infraestructura básica de esta como la Red SARA, y escribiendo fruto de su desconocimiento que no existe una Red de conexión entre los Ministerios aparte de Internet
  • El autor da datos de ahorro de otras Administraciones extranjeras (Reino Unido, 3800 millones de Euros) que no son tales ahorros, sino estimaciones de ahorro. Y añado leido el papel que ayer apuntaba Montaña, es una estimación  ahorro anual, no de cuatro años. Este dato es un dato importante, ya que da una pista de la magnitud de gasto TIC del que hablamos, y que de por sí es más del doble del gasto TIC de la AGE , lo cual debería invalidar cualquier intento de extrapolación de UK al Reino Unido.
  • El autor no disponía de una calculadora fiable, ya que hacía calculos de incrementos porcentuales erroneos.
  • El autor desconoce el precio medio por jornada de personal subcontratado, ya que de haberlo conocido un mínimo cálculo le hubiera válido para saber que, con los mismos datos que el utiliza de presupuestos y gastos TIC, no podría jamás la Administración permitirse contratar a 40.000 personas de empresas de servicios.

Ahora vamos con un nuevo dato. No sólo el dato de ahorro de 3200 millones de libras en Reino Unido es tan sólo una estimación, sino que es una estimación que mínimamente investigada no resiste una mínima extrapolación como avanzaba antes. Buceando en Internet, tirando de un artículo de Andrea Di Maio, he localizado el documento donde se realiza dicha estimación. De una lectura rápida de  como se realiza dicha estimación se aprecia:

  • La estimación no se basa en un dato inicial de gasto/presupuesto TIC fiable (como el de la AGE), sino en una aproximación a ese gasto/presupuesto basado a su vez en estimaciones. Prácticamente, se reconoce que la Administración UK no dispone de un dato fiable de cuanto gasta en TIC.
  • La aproximación de gasto TIC de la Administración UK que se realiza es de 16 billones de libras, sustancialmente más alto que el de la AGE. No solamente la calidad invalidaría cualquier extrapolación, sino los conceptos que incluye (todo tipo de Administración).
  • La estimación de ahorro, que se cifra en un 20% se basa recurrentemente en las aproximaciones de gastos antes mencionadas y además en aproximaciones de gastos de otras Administraciones (para España da un dato para el conjunto de las Administraciones de aproximadamente la décima parte de la estimación para UK). Existen otros puntos presuntos de apoyo como buenas prácticas y comparaciones con el sector privado, pero no he realiazdo el análisis de su validez y me parece que ofrece pocos datos para este análisis.

¿Cuál es la conclusión? Desde luego no es posible extrapolar con esto que en la AGE se puede obtener una reducción de 1000 millones de Euros de gasto TIC en cuatro años (aproximadamente el 20% anual del gasto TIC), sino más bien que alguien puede tener los ojos puestos en obtener entradas económicas perdidas de la externalización parcial o total de las TIC en uso por las Administraciones Públicas. Si «demostramos «que no son productivas, tenemos la excusa perfecta para pedir su externalización. No será porque no anuncien su estrategia.

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Con la promoción de las políticas de Gobierno Abierto, está surgiendo la demanda ciudadana de un nuevo derecho: El acceso electrónico a toda información pública. En contra de lo que pueda pensarse al calor de la excitación de iniciativas internacionales (USA, UK, …) o nacionales (Pais Vasco), no existe marco legal que garantice dicho derecho en ninguno de los entornos donde estas acciones están acaeciendo (aunque de modo generoso, podríamos considerar el derecho a la información pública por medios electrónicos como reconocido en el artículo 6.1 de la Ley 11/2007). Ello limita la sostenibilidad de la transparencia y del ecosistema alrededor de la misma, en particular las aplicaciones de terceros construidas sobre los datos liberados.

Alcanzar la proclamación de este derecho, aparece como un nuevo mojón en la carrera USA-UK por el título de campeón del Gobierno Abierto. El Gobierno de coalición británico anunció al constituirse que establecería el derecho a los datos (right-to-data), pero parece que en USA toman de nuevo la delantera al respecto existiendo un primer anteproyecto de «Public Online Information Act» (POIA) en trámite en el Congreso.

Los elementos del anteproyecto de ley USA mediante el que se pretende garantizar el derecho a la información pública por medios electrónicos son:

  • Consagración de la equivalencia «publico=online»
  • Creación de órganos administrativos de promoción y coordinación de la publicación de información por medios electrónicos
  • Obligatoriedad de establecer y mantener para siempre catálogos de la información pública online, así como de mantener 24×7 accesible en línea la información pública
  • Equivalencia del ejercicio del derecho de acceso a la información al del derecho a tener la información pública accesible en Internet
  • Contemplar como falta disciplinaria una negativa injustificada de hacer accesible online información pública

La legislación es necesaria si no queremos retroceder en lo andado en el Gobierno Abierto. El reconocimiento del derecho al acceso a la información pública por medios electrónicos es la única garantía posible para ello.

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El día 23 de Junio la Organización de Naciones Unidas celebra el Día del Servicio Público. El objetivo de la celebración es reconocer la contribución de los empleados públicos a mejorar el papel, profesionalismo, imagen y visibilidad de los servicios públicos. Ciertamente, una celebración contracorriente en estos días que corren y quizás por ello más importante de recordar que en años precedentes.  Somos importantes para esta sociedad y no tenemos que pedir perdón por ser parte del servicio público, un servicio público sin el cual no existiría la sociedad tal como la conocemos y no podríamos plantearnos hacer frente a retos colectivos como, por ejemplo, alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio.

Este año, la celebración es especial para nuestro país. En primer lugar, porque por primera vez se celebra fuera de la sede de Naciones Unidas y nuestro país ha sido el lugar escogido para ello.  En un justo reconocimiento a lo que debe ser una Administración Pública abierta como la  Generalidad de Cataluña, dotada de las unidades administrativas para ello como la Dirección General de Participación ejerce de anfitriona del acontecimiento entre los días 21 y 23 de Junio. En segundo lugar, porque en el mismo se reconoce el avance de nuestro país en el Gobierno Electrónico mediante la entrega de un premio por la radical mejora de posiciones en el ranking sobre la materia de Naciones Unidas. No me desdigo de lo dicho hace unos días sobre indicadores, pero mientras existan los que hay, ser evaluado positivamente en los mismos es siempre indicio de algo. En este caso el porqué esta claro, echemos la vista atrás, a antes del 2005, a antes del Plan Avanza y la Ley 11/2007. Aunque queda mucho por andar, es mucho lo ya andado.

La celebración de este año es también especial para los profesionales del servicio público que participamos en el desarrollo del Gobierno Electrónico. También por primera vez somos invitados a la fiesta. Es un reconocimiento de la mayoría de edad del Gobierno Electrónico como política pública, sin la cual existiría escasa innovación en los servicios públicos, sería difícil alcanzar la efectividad de los servicios  públicos y la transparencia y participación como herramientas cotidianas de las Administraciones Públicas serían un objetivo inalcanzable.

El futuro del servicio público será electrónico o no será.

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