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Archive for the ‘e-Participación’ Category

En una entrada anterior hice mención a la estrategía de innovación de la OECD recientemente publicada.  Es un documento quizás excesivamente largo para ser leido por quien tenga interés colateral por la materia (226 páginas bajo pago), pero que al menos ha de ser leido su resumen y un artículo publicado al respecto por “The Economist”. Asumir los principios de la innovación y estrategias para impulsarla es más que necesaria en un país como el nuestro, al respecto del cual en el “European Innovation Scoreboard 2009” realizado por encargo de la Comisión Europea se decía lo siguiente

For Spain, one of the Moderate innovators, innovation performance is below the EU27 average and the rate of improvement is also below that of the EU27

Es decir, no sólo estamos mal, sino que vamos camino de estar peor.

La OECD marca para ello cinco prioridades para impulsar la innovación por los poderes públicos

  • Habilitar a las personas para que sean capaces de innovar
  • Facilitar la innovación por parte del sector privado
  • Crear las condiciones que permitan crear, difundir y aplicar el conocimiento
  • Hacer uso de la innovación para hacer frente a los retos sociales y globales
  • Mejorar gobernanza y evaluación de la innovación

En la estrategia de innovación dedica unas cuantas páginas específicas a cómo habilitar al sector público para innovar. Básicamente, las propuestas de la OECD se ajustan a los principios de las estrategias de Gobierno Abierto: Transparencia, Participación y Colaboración han de ser los elementos tractores de la innovación en el sector público.  Si queremos hacer más con menos, incrementar nuestra productividad y competitividad, sólo lo podemos hacer apoyándonos en la sociedad. Incrementar la diversidad en el sector público, tal y como mencioné en otra entrada, es la otra gran propuesta que se realiza para fomentar la innovación en el sector público.

Creo que, por el momento, es evidente que nos queda un largo camino para introducir la innovación en el sector público de acuerdo a los principios de la OECD. Lejos estamos de desarrollar (ni siquiera de tener) una estrategia de Gobierno Abierto en la mayor parte de las Administraciones Públicas españolas. Y ello es preocupante, no solo por la Administración Pública, sino por nuestra Sociedad en general. La innovación es la clave para afrontar los retos a los que nos enfrentamos y el circulo virtuoso de innovación entre Administración y Sociedad gira alrededor del Gobierno Abierto:

  • Una Administración Pública Sostenible solo puede partir de una estrategia de Gobiernio Abierto que permita hacer más con menos.
  • Sólo haciendo más con menos podemos ofrecer a la Sociedad los muchos servicios que demanda y liberar de la misma recursos que pueda dedicar al bienestar colectivo, recursos de la Sociedad que se encauzan a través de las iniciativas de Gobierno Abierto.

Hace tiempo, en un comentario a una entrada de la bitacora de Felix Serrano, compartí la que para mí es la clave del éxito de la innovación en cualquier organización (tomada de un artículo de Daniel Innerarity)

La innovación consiste, de entrada, en la capacidad de distanciarse de las propias rutinas, de lo sabido, de los estereotipos y tener la capacidad de no contentarse con lo adquirido.

El Gobierno Abierto supone la huida de las rutinas adquiridas por las Administraciones Públicas y no contentarnos con lo que ofrecemos a la Sociedad, buscando nuevas fórmulas para servir el interés general. Mientras no nos ayuden nuestros responsables políticos, habrá de ejercerse desde el puesto de francotirador.

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Con la promoción de las políticas de Gobierno Abierto, está surgiendo la demanda ciudadana de un nuevo derecho: El acceso electrónico a toda información pública. En contra de lo que pueda pensarse al calor de la excitación de iniciativas internacionales (USA, UK, …) o nacionales (Pais Vasco), no existe marco legal que garantice dicho derecho en ninguno de los entornos donde estas acciones están acaeciendo (aunque de modo generoso, podríamos considerar el derecho a la información pública por medios electrónicos como reconocido en el artículo 6.1 de la Ley 11/2007). Ello limita la sostenibilidad de la transparencia y del ecosistema alrededor de la misma, en particular las aplicaciones de terceros construidas sobre los datos liberados.

Alcanzar la proclamación de este derecho, aparece como un nuevo mojón en la carrera USA-UK por el título de campeón del Gobierno Abierto. El Gobierno de coalición británico anunció al constituirse que establecería el derecho a los datos (right-to-data), pero parece que en USA toman de nuevo la delantera al respecto existiendo un primer anteproyecto de “Public Online Information Act” (POIA) en trámite en el Congreso.

Los elementos del anteproyecto de ley USA mediante el que se pretende garantizar el derecho a la información pública por medios electrónicos son:

  • Consagración de la equivalencia “publico=online”
  • Creación de órganos administrativos de promoción y coordinación de la publicación de información por medios electrónicos
  • Obligatoriedad de establecer y mantener para siempre catálogos de la información pública online, así como de mantener 24×7 accesible en línea la información pública
  • Equivalencia del ejercicio del derecho de acceso a la información al del derecho a tener la información pública accesible en Internet
  • Contemplar como falta disciplinaria una negativa injustificada de hacer accesible online información pública

La legislación es necesaria si no queremos retroceder en lo andado en el Gobierno Abierto. El reconocimiento del derecho al acceso a la información pública por medios electrónicos es la única garantía posible para ello.

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Aunque hubiera antecedentes, me caben pocas dudas que,  si existe historia de esto del Gobierno Electrónico, el día cero del Gobierno Abierto pasará por ser el día siguiente de la toma de posesión del Presidente ObamaNo habían pasado veinticuatro horas cuando dió las órdenes ejecutivas que arrancaban la transición del obscurantismo al Gobierno Abierto abierto en los USA, y en un efecto arrastre en (al menos) todo el mundo occidental. Aunque parezca que todo comenzó hace mucho tiempo, fue hace poco más de año y medio. Es quizás tiempo de análisis, de tratar de identificar de modo sistemático los retos a los que estamos enfrentándonos.

Quizás los más importantes son los retos  globales a al concepto en sí. Particularmente creo que el más importante es su sostenibilidad.  La acción de las AAPP se basan en la legalidad, en la existencia un marco que les obliga a dar unos determinados servicios. Sin la existencia un marco legal, el impulso se agota. No vale un mero acuerdo de gobierno, que puede ser olvidado cuando el siguiente gobierno llegue. Baste para ello ver como la pata transaccional del Gobierno Electrónico sólo ha sido desarrollado de modo decidido cuando ha existido un marco legal que lo ha habilitado. De la mano del marco legal, es sólo cuando es posible mantener las dotaciones continuadas estables de recursos económicos y humanos que demanda la implantación del Gobierno Abierto, y disponer de una base para impulsar el cambio cultural entre los empleados públicos.

La transparencia se enfrenta al reto de la usabilidad. No se trata tan sólo de facilitar muchos datos en formato reutilizable, han de facilitarse herramientas eficientes de catalogación, cuidar la calidad de los datos y ser capaz de facilitarlos en el entorno temporal necesario. Un ejemplo de las dificultades de una implantación generalizada de la transparencia en un país se relata en la entrada “La Crisis de los Portales de Transparencia” de Gonlink.

Hacer efectiva la participación supone  resolver retos sociales y tecnológicos.  En primer lugar, rompiendo la inercia de las AAPP y la desconfianza de los colectivos sociales, buscando fórmulas que nos permitan integrarnos en las iniciativas de participación externas a nuestras sedes electrónicas, espatando posibles miedos orwellianos.  En segundo lugar, evitando el rapto por las élites, habilitando una participación transversal a la sociedad y no sólo de los más vociferantes y/o con ventajas socioeducativas.  Finalmente,  introduciendo tecnologías que permitan dar calidad a la participación, como filtrados automatizados que permitan un uso efectivo del crowdsourcing y registros electrónicos de la participación realizada como garantía a la ciudadanía.

En la colaboración o coproducción se presentan  interesantes retos procedimentales. Integrar en nuestros flujos de trabajo mecanismos de identificación de comunidades con las que construir servicios efectivos para la sociedad y aplicar nuevas fórmulas de adquisicion contraprestación de sus servicios mutuamente beneficiosas.

He dejado para el final las personas, empleados públicos y nuestros dirigentes políticos. La implantación del Gobierno Abierto sólo es posible con una actuación más autónoma de los empleados públicos de acuerdo a los principios del interés general.  Los modelos jerárquicos y de rígido control de la acción del funcionariado por la clase política difícilmente harán otra cosa que esclerotizar el concepto de Gobierno Abierto. Es necesario desarrollar un modelo de gestión de objetivos y actividades en las AAPP basado en la confianza entre dirigentes políticos y empleados públicos.

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Ayer se anunció que los conservadores vuelven al poder en UK. Mala noticia para los ciudadanos británicos, vuelve el thatcherismo y el capitalismo salvaje. Pero un momento interesante para los que estamos alrededor del Gobierno Electrónico y el Gobierno Abierto.

El Reino Unido ha sido uno de los abanderados del Gobierno Abierto. Experiencias como “The Power of Information Task Force”, “Show us a better way” o data.gov.uk no hubieran sido posibles sin un impulso político claro. ¿Se mantendrá el impulso con los conservadores?  Cabe recordar que los conservadores indicaron las IT como un potencial área de recorte. ¿Será uno de ellos data.gov.uk?

Puede parecer un escenario de ciencia-ficción, y sin emabargo es posible. Di Maio ya hablo de la necesidad del soporte legal para la sostenibilidad del Gobierno Abierto. He revisado el web de data.gov.uk y no he encontrado una sóla referencia legal. Y ya se sabe, en la Administración, lo que no está en el BOE (Official Gazzette, en este caso), no existe. Todo lo que no existe en la ley, no pasa de ser un concesión a los súdbitos que puede suprimirse.

UK es la prueba del nueve sobre la reversibilidad o irreversibilidad del Gobierno Abierto.

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La Comisión ha hecho publico un borrador del reglamento de la iniciativa ciudadana, una de las grandes novedades del Tratado de Lisboa. La fecha del borrador es del 31/3/2010, sin embargo no recuerdo despliegue mediático al respecto por lo que deduzco que su publicación ha de ser más reciente. Concretamente, yo lo conocí a través de un tweet de @osimod . Conviene aclarar que dicha iniciativa ciudadana no sustituye la iniciativa legislativa de la Comisión en ninguna circunstancia, sino que es una iniciativa ciudadana limitada y destinada a espolear la iniciativa legislativa que la Comisión Europea tiene de acuerdo a los Tratados.

De una primera lectura en diagonal, me sorprenden dos aspectos. El primero son las condiciones de aceptación de una iniciativa ciudadana (artículo 4). Para empezar, las juzga la propia Comisión, para continuar la Comisión ha de considerarlas serias (curioso término jurídico) y para terminar no pueden ir contra los valores de la Unión. Vamos, que iniciativas sí, pero dentro de un orden, no vaya a ser que a un euroescéptico se le ocurra alguna maldad.

Lo segundo que me llama la atención es el curioso uso del canal electrónico, destinado a dar el mínimo trabajo a la Comisión. La Comisión se limita  hacer un registro electrónico de las iniciativas y a decidir su aceptación. Validar que los sistemas de recogida de firmas  electrónicos son válidos y la autenticidad de las mismas se deja a los Estados Miembros. Eso sí, la Comisión será quien dicte las normas técnicas que han de cumplir. Dado que la identidad electrónica es un tema clave en todo proceso de firma y que el desarrollo de la interoperabilidad de la identidad electrónica en Europa está en curso (ver STORK), el plazo de 12 meses tras la aprobación del reglamento para tener las normas técnicas puede quedarse corto.

Seguro que existen otros puntos grises en la propuesta, que aún no he leido entera con detalle. No obstante, es un paso adelante que puede tener derivadas imprevistas y positivas. Por ejemplo, no habría razón para no aplicar las normas técnicas que dicte la Comisión a nuestra iniciativa popular nacional, que aún carece de desarrollo reglamentario tras casi cinco años desde que se incluyo la posibilidad de medios electrónicos en la misma.

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Va para dos meses que publiqué la primera parte de esta entrada. El tiempo dejado  entre una y otra no ha sido intencionado, tan sólo ahora he encontrado alguna pista para seguir avanzando en la materia. Otra vez la misma viene del Reino Unido, de la mano de un documento corto y con un excelente resumen ejecutivo “The engagement ethic”.

Breve recordatorio de qué perseguimos con la co-producción: Servicios públicos no sólo para los ciudadanos sino con los ciudadanos. Con ello obtenemos servicios más efectivos, pero también con una mayor base de legitimación.

Dejábamos el tema en la búsqueda de metodologías para aplicar las técnicas de co-producción de servicios públicos. El primer paso, identificar en qué servicios puede hacerse de la colaboración el eje de su diseño y producción, nos lo viene a resolver el documento mencionado. Estos servicios  los presenta caracterizados por:

  • Existencia de una comunidad clara de interesados
  • Crecimiento limitado dentro de la comunidad de interesados
  • La contribución de la comunidad es crítica para el exito del servicio
  • Existencia de relaciones de largo plazo
  • La comunidad tiene un claro interés en participar en el servicio

Hacer de una comunidad el eje de la co-producción de servicios, lleva a una segunda derivada. La co-producción puede tomar dos puntos de arranque de desarrollo:

  • Servicios mutualistas externos a las AAPP que son apoyados para su desarrollo
  • Identificar dentro de las AAPP servicios en que puede ser  efectivo incorporar a una comunidad para una prestación más efectiva

Por ir a ejemplos prácticos tanto de lo uno como de lo otro dentro del  Gobierno Electrónico. La iniciativa AbreDatos 2010 que se celebra en este fin de semana puede dar lugar a servicios iniciados en una comunidad. El servicio Red Trabaj@ ya mencionado en la primera parte de esta entrada es ejemplo de la incorporación de comunidades a la prestación de servicios públicos. Se trata en definitiva de primar la misión del organismo sobre el uso de la tecnología.

La fórmula de la co-producción está aún en sus primeros pasos. Pero puede ser la solución para revitalizar servicios con escaso nivel de satisfacción por parte de los ciudadanos. Por acabar de nuevo con un cita de Seth Godin,

Trying harder is impossible when you’re already trying as hard as you can. But you can always try different.

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Entre las noticias que leí en los desayunos previos de cada día de asistencia a Tecnimap, seguí con especial interés la revuelta ciudadana de Valença del Miño y otros pueblos cercanos. Veo que no he sido el único en asociarlo a los servicios de Gobierno Electrónico. Más de una vez, he escrito acerca de la brecha de derechos que se está abriendo en España a resultas de la implementación del canal electrónico de relación con las AAPP. Servicios electrónicos alrededor de la educación y la sanidad son ofrecidos por unos gobiernos regionales mientras otros no se conoce si tienen intención de ello.

Los Portugueses quieren ser Españoles. Los Madrileños, y muchos otros, querrían ser del País Vasco en lo referente al Gobierno Electrónico. Un destacada posición en lo referente al aspecto transaccional (de acuerdo al informe eEspaña 2009) y un liderazgo claro en la creación de espacios electrónicos de participación (Irekia) y transparencia (Opendata Euzkadi).

No nos va a quedar más remedio, que ir con la ikurriña a la Puerta del Sol.

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