¿Existe en España la Ciudadanía 2.0?

En los foros físicos y virtuales del Gobierno Electrónico, nos solemos preocupar con reiterada frecuencia de qué nos falta para ser una Administración 2.0. El ejercicio refleja una loable preocupación por la mejora continua, pero también un narcisismo significativo. De nada sirve la Administración 2.0 sin una Ciudadanía 2.0.

Parto de la base que la Ciudadanía 2.0 estará compuesta de Ciudamistradores, y digo estará porqué no creo que aún hayamos conseguido el nacimiento de los mismos, al menos en este país. La construcción de la Administración 2.0 pasa necesariamente por promover esta nueva clase de ciudadanos, en crear el entorno para ello y eliminar las barreras políticas que impiden su advenimiento. De nada sirve crear servicios para la participación sin haber audiencia que participe.

Quizás esté pasando por la etapa de desencanto al respecto de mis expectativas al respecto de una Administración 2.0, pero cada día acreciento mis dudas al respecto de la preparación de este país para ello. Y mis dudas se cimientan en no encontrar Ciudamistradores a mi alrededor. ¿Pero se quiere que existan? ¿pueden existir? Asistí recientemente a una conferencia de Carolyn Lukensmeyer, presidenta de AmericanSpeaks. En ella, la activista americana hablaba de la necesidad de desarrollar la infraestructura necesaria para hacer florecer la ciudadanía participativa. Esta infraestructura la veía como una combinación de los siguientes ingredientes:

• Legislativo, basado en uns instituciones de amplia representación que creen el entorno legal apropiado
• Físicos, disponiendo de espacios dónde la ciudadanía pueda hablar en libertad y dialogar sin intermediarios
• Tecnológicos, dotando a la sociedad de las infraestructuras de comunicación de banda ancha y los medios de identificación electrónica que les permita hacer del mundo visrtual un entorno de participación y colaboración
• Humanos, facilitando la creaciónde una red de habilitadores del diálogo basado en el voluntariado
• Organizativo, contando con asociaciones realmente representativas y basadas en si mismas en la participación
• Medios de comunicación, que sean honestos y sepan dar visiones sinceras de la realidad a los ciudadanos, alejadas de intereses espureos
• Educación, incorporándo a los curriculum de los sistemas de enseñanza básica los elementos que permitan comprender las responsabilidades de participación derivadas de los derechos ciudadanos

Una revisión del estado de estos componentes en nuestro país, no llama al optimismo, y quizás explica el desencanto generalizado y porqué no existe más demanda de una Administración 2.0. De acuerdo que quizás estén comenzando a surgir. La reciente rebelión contra la disposición final del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible o el grupo de ciudadanos que coordinados a través de Facebook han llevado una conocida político a los tribunales, invitan al optimismo. Pero demandas más allá de las realizadas (que a muchos suenan a «protestan porque les quitan las pelis y CDs gratis») han de realizarse desde la ciudadanía. Petición de la liberación de datos públicos, de una ley de acceso a la información pública o de una ley de democracia participativa que gire entorno al canal electrónico han de ser incorporadas al movimiento. Habremos de pensar que no existe una Administración 2.0 simplemente porque faltan los clientes para ella.

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Sobre la Directiva de Gobierno Abierto de Obama

Con unos días de retraso, he tenido ocasión de leerme con calma la Directiva de Gobierno Abierto promulgada por el Gobierno Obama. He querido leermela en comparación diagonal con otros dos planes de acción relacionados, los del Gobierno Australiano y el Gobierno del Reino Unido, que fueron dados a conocer aproximadamente el mismo día.  Aunque los documentos Australiano y Británico, respectivamente, de naturaleza (plan vs ley) u orientación distinta (reforma administrativa vs gobierno abierto), permiten centrar el análisis sobre las carencias del documento norteamericano.

En primer lugar, el documento del Gobierno Obama hace especial hincapíe sobre la transparencia, especialmente la de carácter presupuestario, dejando más de lado los aspectos de participación y colaboración ciudadana. Los plazos y acciones marcados al respecto de lo primero son claramente más exigentes que para los segundos. Podemos justificarlo en que la transparencia es la piedra angular de participación y colaboración, pero esperaba mayores compromisos en estos campos.  Un ejemplo de los mismos son los Bonos de Impacto de Social como mecanismo de finaciación de las iniciativas no gubernamentales que se quiere poner en marcha en el Reino Unido.

La Directiva Americana cae también en el defecto de la Asimetría de la Relación entre Gobierno y Ciudadano. Este aspecto es también criticado por Andrea Di Maio.  Mientras que tanto Australianos como Británicos apuestan por un flujo bidireccional de información y colaboración, con los empleados públicos haciendo un uso intensivo de los medios sociales para ello, el Gobierno Obama se apoya en dar información para obtener colaboración, sin buscar obtener información o prestar colaboración. Este desequilibrio, en mi opinión, lleva en el medio plazo a un rapto por las élites de la acción pública, ya que en ella participarán de modo activo los interesados (i.e. los lobbys) y no los ciudadanos. La presencia en los medios sociales es la nueva forma en que los empleados públicos han de defender el interés general.

Consecuencia de estas dos carencias, nace una tercera. La falta de un cariz inclusivo de la Directiva Obama. No existe una sóla mención en las once páginas en cómo lograr que toda la sociedad forme parte del Gobierno Abierto, en cómo incorporar a todo la población al proceso de decisión mediante un uso flexible de las TIC, que no necesariamente ha de ser personal. Espacios dedicados a la accesibilidad, en el caso australiano, o del uso del gobierno local para llegar a los excluidos, en el caso británico, son la mayor ausencia de la Directiva Obama.

Un último comentario. Gobierno Abierto es sinónimo de transparencia, participación y colaboración. Es necesaria una estrategia clara de como convertir estos tres puntos en unos mejores y más efectivos servicios, de lo contrario, cuando se convierten en un fin en si mismo, pasan a ser tan sólo fuego de artificio mediático. Tampoco he encontrado en la Directiva Obama como se hará este engarce.

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El voto electrónico de los representantes electos y la democracia asamblearia

No hace unos días que «El País» publicaba una noticia que reabría un viejo debate. Dos concejales en estado de buena esperanza amenazan con dejar en minoria al gobierno municipal de Bullas. Una solución puesta en sobre el tapete es la reforma constitucional que permita hacer uso del voto telemático a los representantes electos.

Ello abré da lugar a la necesidad de dar respuesta, al menos, a dos preguntas. La primera es determinar cuándo podrán sus señorías y similares hacer uso del voto electrónico. Aunque el debate se reabra con motivo de unas licencias laborales por maternidad, pueden darse otras circunstancias (no necesariamente por razones de salud) en que este justificado este voto remoto. ¿Pero quién determina esa justificación? ¿La responsabilidad del representante electo? ¿Un lista exhaustiva incluida en la legislación?. La respuesta no es fácil, sobre todo por la continua sospecha ciudadana de picaresca por parte de sus representantes (sin ir más lejos, ese mismo día el mismo periódico publicaba una Carta al Director al respecto).

La segunda pregunta es aún de más difícil respuesta. Supuesto que se habilita el voto electrónico para el representante electo, ¿qué razones habría para no habilitar el mecanismo como medio de una actuación cotidiana de la ciudadanía? Es de suponer que no se haría al mismo tiempo, pero sería difícil justificar su no habilitación en plazo medio después de la primera medida una vez que a sus señorías se les diera la posibilidad de votar electrónicamente en los debates.

Curioso como la conciliación laboral de sus señorías conduce a la democracia asamblearía, con los riesgos que eso implica.

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La escalera de la Participación

Nota previa: Lo malo de tener fondos escritos para cuando agobia el trabajo, es que los amigos te medio pisan lo escrito. También es casualidad, Carlos.

Según el libro de Clay Shirky «Here Comes Everybody» , tres son los ingredientes de un proceso colaborativo: Causa, herramientas y reglas. Ya sea la creación de un sistema operativo, la construcción de la wikipedia o cualquier otra comunidad ad-hoc, sin una definición clara de esos tres elementos no puede existir un proceso de colaboración. El éxito o no del proceso es otro cantar, pero depende de la adecuación o no de las instanciaciones de los ingredientes al proceso que se implementa.

Aproximándonos a la participación ciudadana por medios electrónicos como un proceso colaborativo, la causa y las herramientas parecen adecuadas. La primera, la creación de un gobierno más abierto y participativo tiene el atractivo suficiente para atraer a aquellos que pueden formar parte de la comunidad. Las segundas, las distintas herramientas 2.0 que permitirían implementar una comunicación bidireccional son maduras, conocidas y usadas por un número alto aquellos llamados a tomar parte en el proceso.

Las reglas, como nos referiamos en una entrada anterior, son el punto débil. Sólo la credibilidad de las reglas hacen fracasar o triunfar los procesos de participación. ¿Cómo transmitir credibilidad? Aunque resulte una perogrullada, creando procesos relamente participativos. La ciudadanía tiende a identificar las farsas y huir de ellas.

¿Cuándo un proceso de participación es más o menos creible? El más simple esquema de clasificación por autenticidad de un proceso de participación, lo he encontrado en un artículo denominado “A Ladder of Citizen Participation”, que tiene el valor adicional de haber sido escrito en 1969. El autor, Sherry Arnstein, establece una escalera de ocho peldaños en los que clasificar los procesos de participación, de más a menos creible:

1. Manipulación, creando comités conjuntos con la ciudadanía para utilizar esta como coartada
2. Terapía, similar a la anterior, creando un entorno dónde la ciudadanía se desahogue pero sin atender a su expresión
3. Informativo, estableciendo un canal unidireccional en el que el gobierno facilita información de sus intenciones pero sin dar opción a la réplica
4. Consulta, creando un entorno de expresión de la ciudadanía y atención de la misma, aunque sin expresar un compromiso acerca del tratamiento de sus opiniones.
5. Apaciguador, aceptando de modo claro propuestas de la ciudadanía que sirvan como muestra de la bondad de las intenciones de la Administración pero sin dejar claro como se toman las decisiones globales
6. Colaboración, en un proceso de negociación derivado de las demandas ciudadanas pero conducido por la Administración en todos sus ámbitos
7. Delegación de poder, en el cual los ciudadanos tiene ámbitos cuya opinión prevalece sobre la opinión de la Administración
8. Control ciudadano, dónde la ciudadanía participa sin tutelaje alguno de la Administración

En general, los ciudadanos tenderán a participar más en los procesos de participación de los 3-4 últimos peldaños, mientras huirán de los situados en los niveles bajos de la escalera. Quizás la falta de éxito de los procesos de participación se basa en que las Administraciones aún no han sabido subir más allá de los primeros peldaños.

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Procedimientos a desarrollar para una Administración 2.0 (I): El factor humano

De vez en cuando, he escrito algo en esta bítacora sobre la necesidad o no de dar cobertura legal a ciertos aspectos derivados del desarrollo de la Administración 2.0. Iba a escribir unas líneas sobre si las nuevas arquitecturas que requiere la Administración 2.0, con integración de infraestructuras y servicios del sector público y privado, necesitan de algún desarrollo en este sentido cuando me ha asaltado la duda. No es un secreto que trabajar en la Administración en asuntos relacionados con las Tecnologías de la Información tiene grandes diferencias con respecto al sector privado. Una de ellas es, precisamente, la referente a los aspectos jurídicos fuertemente imbricados con nuestro día a día. Conocer cuando es o no necesario respaldo legal explícito para ejecutar algo que quieres hacer, saber si  las normas existentes valen para dar cobertura a una mejora en un servicio o defender la inelubilidad de realizarlas y otras sabidurías similares, varían dependiendo de las circunstancias políticas, en general, y  de los directivos que a uno le caen en suerte, en particular.

Hecha esta introducción, me limitaré tan sólo a señalar algunos aspectos sobre los que intuyo que habrá que adoptar una postura para poder desarrollar arquitecturas de integración para la construcción de una Administración 2.0. Si esta postura se adopta en forma de política común o norma legal, vamos a dejarlo a la opinión de los que tengan más conocimiento. Por el momento, llamemoslo procedimientos a desarrollar para la adopción de la Administración 2.0.

Hoy escribo sobre el factor humano.

Van ya camino de quince años de presencia de Internet en las Administraciones Públicas, y, al igual que en muchas empresas privadas, no existe una definición del uso apropiado de Internet desde el puesto de trabajo. La carencia es menor en una Internet con mayoría de servicios Web 1.0, una web de solo lectura. Acceder a recursos no relacionados con la ocupación laboral en horario de trabajo es, como mucho, una perdida de tiempo. El mal uso de los servicios de la Web 2.0 presenta un riesgo sobre la reputación. Vertir una opinión inoportuna o colgar un video no apropiado en YouTube en horas de trabajo puede tener otras consecuencias, más en el mundo del funcionariado dónde se realiza en horas de servicio público ejerciendo una potestad administrativa. De un lado, consecuentemente, soy de la opinión de limitar el acceso a los medios sociales.

Y he dicho limitar, no prohibir. Prohibirlos, como acertadamente indicaba hace unos días Enrique Dans en Expansión, sería como prohibir el teléfono. En paralelo, los medios sociales han de integrase en los procesos de gestión pública. Las unidades administrativas deben cumplir con su misión de servicio público allí dónde esta el ciudadano. Identificar los medios sociales de interés para la misma, apoyarlos en su desarrollo e integrarlos como canal de relación con el ciudadano, es uno de los retos de la  Administración 2.0. Claramente esta labor ha de desarrollarla el funcionariado, razón por la cual estimular al empleado público para realizar esta labor debe ser una labor del directivo público.

Dentro del Reino Unido, el Cabinet Office tomo hace unos meses la iniciativa de extender el «Codigo de Servicio Civil» con unas pautas para el comportamiento en línea.  Es un código sencillo de cinco puntos, que demuestra que una regulación no ha de ser necesariamente compleja. Quizás su única carencia es la definición de la figura del «Community manager» de las unidades gubernamentales. Con la complicación que supone trasladar todo lo proveniente del mundo Administrativo anglosajón a nuestra más regulada Administración Española, quizás es la oportunidad de hacerla. Si el Esquema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad va a tener forma reglamentaría, ¿porqué no incluir en el articulado del desarrollo reglamentario del Estatuto Básico del Empleado Público un código de participación on line del funcionariado?

Nota final: Recomendable echar un vistazo al survey de Deloitte  sobre Redes Sociales y puesto de trabajo. Aunque realizad sobre un entorno claramente distinto del sector público español, plantea interesantes puntos para la reflexión.

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Evolución de los buscadores

Los buscadores de información en Internet supusieron en su momento un elemento facilitador de la expansión en el uso de la Red. Gracias a ellos, la red dejo de ser un producto sólo para iniciados y se convirtió en herramienta para uso cotidiano de las masas en la vida cotidiana. Tal fue su éxito, que fueron replicados inmediatamente en los portales de servicios e información, entre ellos los de las Administraciones Públicas. Sin embargo, aunque han tenido mejoras estéticas o en la eficiencia y efectividad de sus algoritmos de rastreo de la red y selección de resultados, el concepto de qué es un buscador parecía congelado en el tiempo.

A toda especie le llega el momento de su evolución. A los buscadores les ha tocado evolucionar en este año que se celebra el 150 aniversario de la publicación de «On the origin of Species», la popular «Teoría de la Evolución de las Especies». De modo casi simultáneo en el tiempo, han surgido una serie de iniciativas, alguna de las cuales me he referido anteriormente.

De un lado, aparecen buscadores verticales de universo limitado, útiles para localizar conceptos en áreas temáticas concretas. Un ejemplo podemos verlo en Moneyspeak del Gobierno del Reino Unido. Tanto la búsqueda como los resultados de la misma se presentan dentro de un concepto temático, facilitando acceso a la información de modo simplificado. Útiles para facilitar el acceso a una categoría de un tema en un sólo click, dando un número de resultados límitado a la pregunta realizada, categorizados de acuerdo al tipo de las mismas.

Por otro lado buscadores basados en conocimiento simbólico, teoría de la computabilidad y lógica matemática, como el tan publicitado Wolfram. Aún no me he acostumbrado a él y quizás mi juicio sea prematuro. Son buscadores que pretenden dar una respuesta única pero rica en detalle. Anda a medio camino entre la Wikipedia y los buscadores tradicionales. Como resultado de la pregunta realizada presenta una ficha de datos, sobre alguno de los cuales puede profundizarse mediante clicks. He de reconocer que tras tanta fanfarría mediática previa me ha decepcionado, aunque sea sólo por el hecho de que cuando lo probé no reconocía la «ñ», y los resultados de «España» sólo eran accesibles preguntando por «Spain» o «Espana».

Finalmente, y quizás la apuesta más novedosa por su aproximación 2.0, los buscadores que tratan de localizar información generada en los diálogos que ocurren en la red en ese instante. Dentro de esta categoría, pero aún en los laboratorios, esta Collecta. Estos buscadores analizan la información que está siendo producida en los medios sociales en ese momento (e.g. WordPress, twitter, flickr, …), actualizándola en tiempo real. El resultado no deja de ser espectácular como puede verse en la demo de búsqueda del término «Obama» en Collecta.

Son sólo tres ejemplos de nuevos buscadores, es de esperar que en un futuro cercano surjan nuevas aproximaciones. Sin ir más lejos, Google parece estar preparando su contraataque según cuentan en La Cofa. La integración con la Administración Electrónica dará sin lugar a dudas nuevos servicios y más efectivos. Ejemplos pueden ser el uso de soluciones tipo Collecta para seguimiento de catástrofes de uno u otro tipo (hay una demo de la gripe porcina pero es fácil imaginarse una de cualquier desastre metereológico como la nevada en Madrid de principio de año) o localización de información asociada a procesos de participación ciudadana sobre temas concretos (por ejemplo, facilitar a los ciudadanos acceso a las opiniones de un proyecto legislativo sometido a consulta pública).

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e-consulta: recomendaciones y tecnologías para ir más allá de la fachada

La e-consulta parece estar extendiéndose en nuestro país, o al menos eso uno quiere pensar. Recientemente, el reglamento de desarrollo parcial de la Ley 11/2007 o el “Manual Práctico de reutilización de información del Sector Público” del proyecto Aporta han sido casos con una cierta repercusión dentro del ámbito del Gobierno Electrónico. La Partcipación Electrónica es un tema recurrente en este blog. Cada uno escribe de lo que le preocupa y ocupa, y me viene esta vez a la cabeza tras leer un brillante artículo de «European Journal of ePractice» llamado «E-consultations: New tools for civic engagement or facades for political correctness?».

El artículo enuncia como es de esperar las ventajas de los procesos de e-consulta y sus dificultades y retos, algo frecuente en este y otros blogs, pero sobre todo, me ha sorprendido que alguien se plantee como evaluar el impacto de los procesos de e-consulta. O más bien la dificultad de realizarlo. Poco sabemos de cómo identificar si nuestras opiniones son tenidas en cuenta y si valen o no para cambiar las intenciones del Gobierno previas a la consulta. En ocasiones, no sería descabellado incluso el pensar en un posible futuro uso de la e-consulta por parte de los Gobiernos como vía de imponer políticas que no podrían llevara a cabo por su fuerza parlamentaria.

El artículo mencionado no llega más que a plantearse la pregunta, sin llegar a desarrollar respuestas y metodologías para identificar si existe o no impacto de las e-consultas en las políticas públicas. No obstante, siempre la pérfida albión sale en nuestro socorro. No puedo dejar de aconsejar la lectura del report del Cabinet Office «The Power of Information», dónde en una de sus recomendaciones al Gobierno Británico presenta los puntos que ha de tener una e-consulta. Claramente, nos queda aún mucho por mejorar, empezando por

• la presentación del material sobre el que se consulta
• la transparencia del proceso
• la habilitación de un diálogo ciudadano-ciudadano y no solo ciudadano-administración

Para todo ello, como bien indica la recomendación, hay soluciones técnicas. Algunas de ellas de poco coste y fácil implementación, como puede ser el uso de CommentPress sobre WordPress. En el mismo sitio desde dónde puede descargarse (software libre) puede verse un ejemplo de su uso.

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Subvenciones: ¿Un caso de éxito para el impulso político de las tecnologías 2.0?

Y frente a esos cambios tecnológicos, la izquierda, y sobre todo el sindicalismo de clase, normalmente se han asustado. El temor a perder mano de obra en cualquier revolución tecnológica se ha impuesto a la competitividad y al progreso. La derecha liberal, por el contrario, ha buscado en esos cambios el beneficio económico inmediato y sin tener en cuenta los costes sociales.

Sociedad de la Imaginación – Juan Carlos Rodríguez Ibarra

Desde su retiro de la primera línea política, Juan Carlos Rodríguez Ibarra viene publicando de forma más o menos regular en uno de los periódicos que sigo. Siempre tuve la impresión que el primer presidente democrático de la Junta de Extremadura, tras la fachada algarróbica que algunos (a veces el mismo) se encargaba de exagerar, existía un vagaje intelectual de mayor calado que la media de nuestros políticos. En  dos ocasiones que sepa ha disertado sobre la Sociedad de la Información, me ha parecido encontrar palabras juciosas y más allá de la mera retórica. Un párrafo de su último artículo es el texto que encabeza esta entrada.

Dejando a un lado la superficialidad de blogs de políticos, la dudosa realidad de los twitteos que realizan y sus clubs de seguidores en las Redes Sociales, los miedos a los que alude Rodríguez Ibarra (junto con la falta de cultura asociacionista y democrática)  está quizás impidiendo un uso imaginativo de las tecnologías 2.0 por nuestros gobernantes. Si no aprovecha la izquierda en el poder estas tecnologías para crear vínculos más estrechos en gobierno y ciudadano, para dar cauce a una sociedad más participativa y a la creación de espacios de creación de valor social, no esperemos que lo haga quien les releve en el poder.

Y espacio para dar cabida al uso social de las tecnologías 2.0  con éxito existe. Un ejemplo son los programas de subvenciones. Me vino a la cabeza al leer una entrada de la bitácora de David Osimo. , pero me vuelve con una crítica leida al fondo municipal de estímulo económico puesto en marcha por la Adminsitración General del Estado.

En el mismo periódico que publicó su artículo Rodríguez Ibarra, en la hoja aledaña en su versión papel, se leía en la editorial de ese día, que criticaba el fracaso de las medidas económicas del gobierno, el siguiente texto

El plan de inversión municipal de 8.000 millones de euros era una buena idea, pero los ministerios se encargaron de diluirla al renunciar a cualquier tipo de análisis previo de los proyectos de inversión. Parte del dinero se ha perdido en gastos poco rentables en empleo o simplemente disparatados.

El plan de inversión municipal ha tenido aciertos (desde aquí recordamos la transparencia por medios electrónico dada a su distribución), pero como todo programa de subvenciones a las Entidades Locales que afronta la Administración General del Estado se enfrenta a varios problemas:

• No se dispone de conocimiento  actualizado, profundo y especializado de todas las tecnologías y métodos aplicados en los proyectos presentados (sea cual sea la materia). Dado que además los criterios de evaluación son públicos, la evaluación se convierte en un juego de búsqueda de palabras clave (conocidas por quien aspira a la subvencion y que se encarga de diseminarlas en su solicitud).
• Se desconoce de primera mano la realidad local de cada área, y consecuentemente la es difícil juzgar si realmente los proyectos presentados tienen en realidad la transcendencia e importancia para los ciudadanos que les hagan merecedores de la subvención
• El imposible seguimiento de los resultados de los proyectos subvencionados, la efectividad de las subvenciones y la dedicación de éstas a su cometido. Este seguimiento es, a lo sumo, de carácter formal y, generalmente, puntual

La incidencia de estos problemas, crece a medida que el programa de subvención es mayor y el cociente  funcionarios/euros dedicados de modo  pleno al programa tiende a cero. (Para saber algún concepto básico más sobre subvenciones, visitese la bitácora de Felix Serrano).

Las subvenciones de la Administración General del Estado a las Entidades Locales, por tanto, en un campo en que la colaboración social mediada por  las tecnologías 2.0 tendría un largo recorrido. Técnicas similares a las aplicadas en Peer-to-Patent, con la ciudadanía de de las Entidades Locales y profesionales con los conocimientos técnicos adecuados:

• Facilitando antecedentes socioeconómicos y de viabilidad de los proyectos que aspiran a subvención
• Denunciando incumplimientos de los programas subvencionados

No estoy abogando por una dejación de funciones de la Administración, sino en introducir modificaciones legales a la normativa de subvenciones que habiliten esta participación ciudadana de carácter voluntario. La decisión al final, siempre ha de ser de la Administración tomando los datos facilitados por la ciudadanía como un elemento (importante) más de su juicio.

Es claro que, en escenarios de crisis como el que nos encontramos, en que todos somos conscientes de la importancia de cada euro público empleado para salir del hoyo al que nos han llevado, voluntarios sin coste para ayudar a la Administración a hacer un uso inteligente del dinero de todos no van a faltar.

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14 de Abril de 2011 en Yldavia

14 de Abril del año 2011. Ochenta años después, en Yldavia vuelve a haber un  cambio de régimen a través de las urnas, aunque estas hayan sido electrónicas. El cambio social derivado de las relaciones en red, del uso de las tecnologías 2.0, han hecho material el movimiento ciudadano que parecía imposible. Los muchos individuos aislados a los que no escuchaba la clase dirigente, tantos que veían la monarquía como una institución respetable pero fuera de su tiempo, han podido unirse a través de la red.

Si Obama fue el primer presidente nacido de la red, en Yldavia se ha dado el primer cambio de régimen. Todo dentro de la legalidad de la ley de Participación Electrónica aprobada en 2009. Primero, se hizo uso de las plataformas de participación electrónica para forzar el referendum entre las formas de gobierno. Segundo, realizando una campaña por la República a través de los medios sociales terminal a terminal. Tercero, ganando el referendum por una aplastante mayoría de votos electrónicos.

De nada sirvió la página en facebook abierta por los herederos de la corona  en un vano intento más de modernizar la institución. El cariacontecido videomensaje del monarca o los montajes audiovisuales augurando el caos desde YouTube tampoco fueron efectivos. A última hora de ayer, twitter quedo colapsado cuando se comenzaron a hacer públicos los resultados provisionales, casi al mismo tiempo que el hecho era reflejado en la versión de la Wikipedia en lengua yldava.

Yldavia vuelve a ser una República.

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Información pública del reglamento la Ley 11/2007

A través de una página de la dirección Internet del Ministerio de Administraciones Públicas,  se ha  abierto a información pública el reglamento que desarrolla parcialmente la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP, Ley 11/2007). Ha sido más de año y medio de espera, y lo primero que llama la atención es su carácter parcial, que remite a los futuros Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad (ENIS) ciertos aspectos de su ejecución.

El proyecto de reglamento tiene aspectos positivos, algunos altamente valorables. Entre los detalles más avanzados del reglamento, me quedo con los siguientes:

• Acotar el tiempo en que la Administración General del Estado tiene que responder al ejercicio del derecho de no aportar documentos que crea en posesión de la Administración (Artículo 2). Un punto que permitirá acabar con la muerte por desidia que el ejercicio de este derecho sufre ahora.

• Abrir el Portal 060 para que pueda incluir servicios e información del sector privado (Artículo 9.4). Este punto importante de cara a extender el front-office de la Administración al tercer sector.

• Regular la representación para intervenir en procesos administrativos (Artículos 13 a 16), que es una pieza clave también en el uso de la intermediación para el incremento de la efectividad de los servicios.

La creación del Registro Electrónico Común como vía de hacer llegar cualquier escrito por medios electrónicos, o estipular el uso del dominio «gob.es» para las sedes electrónicas, son otras dos medidas del proyecto de reglamento a destacar.

Pero si el reglamento, salvo la excesiva descarga que realiza sobre los ENIS, es un avance digno de elogio (aunque algo tardío), nos pierde de nuevo las formas. Mantener como medio para realizar las observaciones al proyecto de reglamento una dirección de correo electrónico es, cuando menos, un mal uso de los recursos ya existentes para hacer el proceso de participación más abierto. Al menos, podía haberse  hecho a través de los foros de la zona de participación del 060, permitiendo de este modo un diálogo más enriquecedor de cara a introducir mejoras dentro de la norma.

Bien pensado, tampoco puede extrañarnos. ¿La participación ciudadana por medios electrónicos será objeto de la parcialidad no desarrollada en este reglamento?

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