ERE en el portal de Belén

Las fiestas de invierno son mis festividades favoritas. Tanto esfuerzo de unos y otros por alcanzar la bondad perfecta me hace tomarme las cosas con humor. Existen sin embargo cosas que no pueden tomarse con humor. Los EREs siguen acumulándose en las noticias, unas veces más camuflados y otras menos. No han debido ser las mejores fiestas de invierno para muchos.

Pero hasta aquí, merece la pena tratar de afrontar la vida con una sonrisa.  Hoy he encontrado el Belen de mi casa disminuido de ectivos con este ERE que  entre el musgo:

Pastores. Para nadie es un secreto que en todos los belenes hay más pastores que ovejas, parece absurdo, pero siempre ha sido así. Por supuesto me veo obligado a deshacerme de todos, menos uno. Instalaremos pastores eléctricos (cercas electrificadas) con el fin de controlar a las ovejas, y, una vez instalado, se plantea la posibilidad de sustituir, en breve, al pastor por un perro con experiencia.

Personajes gremiales. Es sorprendente la cantidad de artesanos que puede haber en un belén: el herrero, el panadero, el de la leña, el carpintero (haciendo una desleal competencia a San José que se ha cogido baja paternal), el tendero,… y sin embargo es, también, sorprendente ver los pocos clientes que hay. La decisión que hemos tomado es despedir a todos los artesanos, es duro, pero no ha quedado otro remedio. En su lugar hemos contratado a un chino, que en un pequeño comercio fabricará y venderá todos los objetos que vendían los artesanos. (Si el chino decide subcontratar 15 menores para sacar el trabajo es un tema en el que no nos debemos meter).

Posadero. El chino se hará cargo también de la posada. Además, últimamente habían llegado quejas de atención al cliente por parte de José y María. La posada podría funcionar con el sistema de cama caliente.

Lavanderas. Que manía tienen en los belenes con lavar la ropa, con lo fría que debe estar el agua, con tanta nieve. Se suprimen los trabajos de lavanderas, que además eran ocupados siempre por mujeres. Cada uno se lavará su ropa en los ratos libres, potenciando así la equiparación de sexos en cuestión de tareas domésticas.

Ángel anunciador. Suprimidos casi todos los pastores, no tiene sentido la figura de un ángel anunciador. Se sustituye por un anuncio luminoso, en donde además podremos anunciar las ofertas del chino.

Castillo de Herodes. A Herodes le mantengo en su puesto, no es que haga mucho, pero manda, y no es cuestión de ponerse a despedir directivos. Soldados, me quedo con dos por razones de seguridad, (que bastante calentita está la zona) pero los externalizo. Los contrataré por medio de Prosegur Castillos, para que me presten servicio como guardas de seguridad. Ahorro en costes fijos y gano en flexibilidad.

Paseantes varios. Es sorprendente ver la cantidad de personajes que abundan en un belén sin hacer nada, absolutamente nada. Todos despedidos. Esto lo teníamos que haber hecho hace tiempo.

Paseantes con obsequios. He observado que otro grupo de paseantes, algo menos ociosos, pero no mucho más productivos, se dirige hacia el portal con la más variada cantidad de objetos. Uno con una gallina, otro con una oveja, otro con una cesta, otro con un atillo (¿qué llevará el misterioso personaje del atillo?),…

Puesto que todos tienen el mismo destino, organizaremos un servicio de logística, para rentabilizar el proceso. Despediremos a todos los paseantes, uno de ellos se quedará con nosotros por medio de ett, y con ayuda de un animal de carga recogerá las viandas cada tres días y las acercará al portal.

Reyes Magos. Por supuesto con un solo rey es más que suficiente, para llevar el oro, el incienso y la mirra. Eliminamos dos reyes, dos camellos y los pajes. Posiblemente nos quedemos con el rey negro para no ser acusados de racistas, además es posible que quiera trabajar sin que le demos de alta. Tengo que estudiar, también, la posibilidad de dejar tan solo el incienso y vender el oro y la mirra a otra compañía, ya que debemos de reducir al máximo la inversión en regalos de empresa.

Mula y Buey. La única función de estos animales es dar calor. Esta función será desempeñada por una hoguera, que gasta menos combustible. Realizaremos un assessment center con los dos animales, y el que lo superé trabajará como animal de carga en el servicio de logística antes citado.

San José y la Virgen María. Está más que demostrado que el trabajo que hacen ambos en el portal puede ser desempeñado por una sola persona, y evitamos dos bajas de maternidad/paternidad. Por razones de paridad nos quedamos con la Virgen María y, lamentablemente, tenemos que despedir a San José (con lo que había tragado el hombre en esta empresa).

El niño Jesús. A pesar de su juventud tiene mucho potencia, y además parece ser que su padre es un pez gordo. Le mantenemos como becario con un sueldo de mierda, hasta que demuestre su valía.

El Belén queda pues de la siguiente forma: Un pastor, con ovejas en un cercado, un chino con un comercio/posada de 24 horas, Herodes y dos guardas subcontratados, un paseante,por ett, con la mula (o el buey) haciendo repartos, el rey negro (ilegal), la virgen y el niño.

Lo más curioso, es que había una paloma iluminada, con pinta de ser el líder del lugar y al que todos llamaban Espiritu Santo, que no paraba de repetir al que pasaba por allí, «yo mismo no hubiera contratado este espectáculo para adornar mi casa».

Nota: El texto del ERE no es original del autor de esta entrada. Ha sido tomado de un correo-e recibido.

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Una reflexión en un día no habitual

Hoy es un día no habitual, prefiero denominarlo así antes que la más manida expresión de día histórico.  Desde esta mañana, está disponible a través del 060 el Registro Electrónico Común. La función del mismo está puntualmente descrita en el RD 1671/2009:

Artículo 31. Creación, naturaleza y funcionamiento del Registro Electrónico Común.
1. Se crea el Registro Electrónico Común de la Administración General del Estado, accesible a través del punto de acceso general establecido en el artículo 9.
2. El Registro Electrónico Común será gestionado por el Ministerio de la Presidencia.
3. El Registro Electrónico Común posibilitará la presentación de cualesquiera solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos.
4. El Registro Electrónico Común informará al ciudadano y le redirigirá, cuando proceda, a los registros competentes para la recepción de aquellos documentos que dispongan de aplicaciones específicas para su tratamiento.
5. Mediante orden del Ministro de la Presidencia se establecerán los requisitos y condiciones de funcionamiento del Registro Electrónico Común, incluyendo la creación de un fichero ajustado a las previsiones de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, así como los demás aspectos previstos en el artículo 27.2.

Básicamente, ello significa que a partir de hoy el  ciudadano podrá realizar con la Administración (de momento sólo la AGE, conviene recordarlo) por medios electrónicos. Es de suponer que su implementación a supuesto un coste humano que conviene recordar, pero también un coste económico. Y la fuente de financiación son esos impuestos que tanto se crítica su subida. Sólo con ellos ha sido posible el aumento de calidad de servicio que ha supuesto la entrada en vigor real de esta ley, y que también se materializa en la aparición de las primeras sedes electrónicas (e.g. MEH, Fomento, AEAT, ..)

El hito hoy alcanzado puede resultar a algunos poco significativo, y desde el punto de vista teórico he volcado en ocasión opiniones personales sobre lo mucho que aún queda por hacer para llegar a alcanzar la implementación total del Gobierno Electrónico. Baste un ejemplo para ver la transcendencia del hecho basada en una experiencia por la que todos hemos pasado alguna vez. ¿Han intentado anular un cargo incorrectamente realizado sobre su tarjeta de crédito? ¿Pueden hacerlo de modo electrónico con la entidad financiera que le da servicio? No se en su caso, pero en el mío, siendo cliente de uno de los dos principales bancos del país, no puedo hacerlo. Es más, he de ir a la sucursal concreta en que tengo abierta mi cuenta corriente.

Antes de quejarnos de las subidas de impuestos, de considerar estas desmedidas, comparemos los costes de la calidad de servicio que ofrecen las Administraciones Públicas en comparación con otras entidades, y preguntémonos si estamos dispuestos a renunciar a ella.

Feliz año nuevo.

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Administraciones Públicas y Tratado de Lisboa

Andamos ya cerrando el año, y en la tranquilidad navideña del Ministerio, he estado echando un vistazo al Tratado de Lisboa. O mejor dicho, las nuevas versiones consolidadas de los Tratados de la Unión y del Funcionamiento de la Unión que son consecuencia del mismo. No ha sido una visita casual a los mismos, sino una lectura detallada de tres artículos que el otro día oí mencionar como la puerta de entrada de la Comisión Europea a los asuntos de las Administraciones Públicas de los Estados Miembros. Son los artículos 197, 298 y 336 de la versión consolidad del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La existencia de estos artículos, no tendría mayor problema más allá de la voracidad competencial de la Comisión Europea, que hasta ahora no tenía poder alguno sobre las AAPP de los EEMM, sino fuera por los antecedentes. Sólo basta recordar los intentos por implantar la jornada de 65 horas rechazadas en el último trámite, para echarnos a temblar. No tranquiliza un posible poder reglamentario de las fuerzas neoliberales de Bruselas sobre el estatuto de la función pública.

Los artículos mencionados están abiertos a la interpretación y nadan en la ambigüedad. Pueden ser tanto un»sigamos como hasta ahora» como la vía a un «uniforme de talla única para todos los funcionarios europeos». En el ambiente de restricciones actuales, no es difícil imaginarse la talla que nos sería aplicada.

No cabe duda que es necesaria una reforma de la Función Pública en todos los niveles de gobierno. Tanto de nuestro país como de otros de nuestros socios comunitarios. Pero los cambios en la reglas que nos son aplicables no deben entrar por esa puerta falsa. Que esto no sea una vez más buscar que Europa tome las decisiones difíciles por nosotros.

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Presidencia UE 2010, una oportunidad de liderazgo en el Gobierno Electrónico

Nuestra Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (Ley 11/2007) recoge en su artículo 6 un amplio conjunto de derechos ciudadanos en la relación electrónica de los ciudadanos con las Administraciones Públicas.  Aunque sin embargo, conviene recordar cómo dichos derechos no pasan de ser papel mojado por las previsiones de la disposición adicional tercera: Sólo la Administración General del Estado está obligada a satisfacer las previsiones legales establecidas cuando llegue el 31/12/2009.

A veces, y yo el primero, sobrevaloramos la importancia y transcedencia de nuestra ley en comparación con otras iniciativas europeas. Falta un pronunciamiento claro de las Administraciones regionales sobre su renuncia a refugiarse en la salvaguarda de las «disponibilidades presupuestarias» para evitar dar cumplimiento a estos derechos. Nada parece indicar que dentro de un par de meses el escenario de desigualdad ciudadana en los derechos de relación electrónica con las Administraciones Públicas vaya a sufrir alteración. Ni tras una denuncia clara como suponian las conclusiones del «III Estudio sobre la e-administración autonómica» ha existido ningún pronunciamiento claro.

En nuestro entorno, las iniciativas europeas mencionadas anteriormente solo realizan un aseguramiento de derechos en aspectos puntuales como la firma electrónica. Esta por ver cuál va a ser el alcance de las implementaciones de  la Directiva de Servicios, pero todo parece indicar que serán interpretaciones de mínimos.

El 31/12/2009, sólo tenemos, claro por tanto, que las sedes electrónicas de la Administración General del Estado serán una isla de garantías jurídicas en el Gobierno Electrónico.

Una de los objetivos establecidos para la Presidencia Española de la UE en 2010 abarca la definición de la ciudadanía del siglo XXI. Los derechos de los ciudadanos en la relación electrónica con las Administraciones Públicas, forma parte de la definición del ciudadano del siglo XXI. La Presidencia Española de la UE se presenta como una oportunidad de liderar el Gobierno Electrónico mediante la potenciación de una carta de derechos comunes en el ámbito europeo.

La Presidencia Española se iniciará también apenas un mes después de la aprobación Declaración de Malmö por los Ministros de los Estados Miembros responsables del Gobierno Electrónico. Tras la misma queda esperar el Plan de Acción de desarrollo, de cuyas ideas se sabe poco más que lo esbozado en el documento de la Comisión Europea  “Visions and priorities for eGovernment in Europe-Orientations for a post 2010 eGovernment Action Plan” (ver resumen aquí). En cualquier caso, el desarrollo del Plan de Acción 2010-2015 para el Gobierno Electrónico en la UE será arrancado en su desarrollo también en la Presidencia Española de la UE. presentando otra posibilidad de influir de modo directo en la definición de las líneas comunes de actuación en la materia.

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La gestión de dos crisis: 1989 y 2009

Los acontecimientos históricos vividos nos llenan los ojos de lágrimas y el cerebro de imágenes. Llevo unos días, recordando dónde estaba y que hacía hace 20 años, pensando en quien ocupaba mis pensamientos entonces y las preocupaciones post-adolescentes que me llenaban de pesar. 1989.

He oido análisis de todos los gustos de aquellos sucesos de invierno, de aquella crisis del comunismo que acabó con su fin. Bendita la hora para aquellos países cuando la libertad entró por la puerta, el momento que tan brillantemente recordó hace unos días Timothy Garton Ash (el mejor relator de aquellos meses en una serie magnífica de crónicas). Pocos sin embargo han hablado de la gestión de la crisis realizada, de cómo ante su evidencia hubo quien tuvo el valor de avanzar para superarla. No todo salió como esperaban los gestores de la crisis del comunismo, pero buscar fórmulas de solución abrevió la crisis y el sufrimiento que  provocaba. No digamos que hubo total convicción de los gestores, pero si en gran medida se abordó el cambio como única solución.

2009. 20 años después. Una nueva crisis sistémica, la crisis del capitalismo. Y sin embargo los gestores de la crisis se empeñan en mirar para otro lado. No se buscan soluciones para superar la crisis, sino para mantener los principios que la han provocado.  Hemos conseguido que los bancos mantengan sus beneficios y ahora estamos en realimentar la espiral de consumo. No hay convicción en la gestión del cambio, y cuando es inevitable, como todo indica que lo es, llegará por compulsión. Y mientras, se prolonga el sufrimiento social que la crisis causa y el momento final traerá aún mayor dolor.

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Sociedades sostenibles y Gobierno Electrónico

Llevo ya un tiempo dándole vueltas al concepto de sostenibilidad.  Hoy, en concreto, me preguntaba si esto del Gobierno Electrónico podría aportar  o no algo a la creación de una sociedad más sostenible. Mente en blanco inicial, pero, repasándo cada uno de los vértices de la sostenibilidad, al final fueron saliendo ideas. Estas podrían ser algunas medidas basadas en el uso del Gobierno Electrónico cuya puesta en marcha favorecería (modestamente, no nos engañemos) que nuestra sociedad fuera más sostenible:

• Sostenibilidad Económica:
  • Reformar la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007), estableciendo la obligatoriedad a todas las Administraciones Públicas de realizar todas las fases de la compra pública por medios electrónicos. La disponibilidad de una Plataforma de Contratación abierta para su uso a todas las AAPP de España, hace que sea una medida realista y que dinamizaría la actividad económica por la importancia que el sector público tiene en la misma.
  • Cierre del canal presencial de las AAPP para empresas, que provocaría un incremento de productividad al eliminar los trámites presenciales. Según Eurostat, en 2008 el 95 de las empresas de 10 0 más empleados tenían acceso a Internet, el cierre de las ventanillas no supondría un trastorno, sino forzar un cambio que inyectara eficiencia en la sociedad.
  • Obligatoriedad de proactividad en el ofrecimiento de servicios por las AAPP, obligando al uso del medio electrónico para ofrecer un canal de recogida de direcciones electrónicas de comunicación inmediata con los ciudadanos (teléfono móvil, e-mail, twitter, …). Dicha dirección sería utilizada para hacerle llegar ofertas de servicios a los que tuviera derecho, evitando las perdidas de tiempo y recursos que el conocer los derechos propios implica.
  • Establecer un catálogo de información pública reusable en formatos acordes con estándares abiertos, que permita el fácil establecimiento de servicios de infomediación y la consecuente potenciación del sector económico de los contenidos digitales

• Sostenibilidad Social:
  • Desarrollo de una estrategia de canales en los organismos públicos, adaptándo sus estructuras organizativas y el modo de ofrecer sus servicios a los ciudadanos objeto de los mismos. Mayor personalización en el ofrecimiento de servicios basado en el  uso de las TIC, pero sin obligar a su uso por el ciudadadno, introduciendo modelos de colaboración social apoyados en el canal electrónico
  • Creación de paneles electrónicos ciudadanos de evaluación de políticas públicas, apalancándose en el crowdsourcing para conocer la efectividad real de las mismas haciendo del canal electrónico un elemento clave del aprendizaje organizativo.  Políticas más efectivas sólo son posibles con la participación de la sociedad.
  • Garantizar a todos los ciudadanos un conjunto de servicios básicos electrónicos independientemente de su región geográfica. Reformar  la ley 11/2007 para incorporar un mecanismo flexible de definición y actualización de los mismos mediante la cooperación entre todas las AAPP.

• Sostenibilidad medioambiental:
  • Introducción de la claúsula verde en la compra pública de las TIC, adquiriendo equipamiento de acuerdo a criterios de eficiencia energética.
  • Desarrollo de servicios comunes y consolidación tecnológica, estableciendo  un plan de sistemas que permita la unificación de los servicios administrativos comunes (nómina, compras, personal, etc, …). Eliminando de este modo el gasto energético derivado de las duplicaciones de equipamiento.
  • Eliminación del uso del papel en los procedimientos administrativos, establecienfo plazos  para la automatización del backoffice administrativo y la eliminación de fotocopiadoras e impresoras.

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Sostenibilidad de las Administraciones Públicas

Hace unos días atendí a una presentación dónde se introducía el concepto de “Sostenibilidad de las Administraciones Públicas”. El concepto abarcaba el desarrollo de Administraciones Públicas que contribuyesen a la sostenibilidad de la sociedad en que estén encuadradas siendo a su vez en si mismas entes sostenibles. Quizás dentro de nuestra acción diaria tengamos más asumida la preocupación por la primera de las facetas que la segunda, y sólo periodos de crisis como el que atravesamos nos haga pensar en la segunda. Esta necesidad de reflexión, me ha llevado a buscar datos de la OCDE y otras fuentes sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas Españolas, y cómo estas estaban preparadas al respecto antes de la crisis. No tengo datos más actuales, y está claro que la crisis habrá cambiado parte de lo expuesto, es sólo un punto de partida del análisis.

La primera de las preocupaciones es, obviamente, la sostenibilidad económica de la Administración Pública. No ser un ente orientado a la venta de servicios hace difícil establecer la misma, acudiendo al básico mecanismo del beneficio económico. El porcentaje de PIB que supone la producción de la actividad de la Administración y servicios públicos, es un modo de evaluación de la sostenibilidad económica. Según datos de la OCDE, podríamos considerar que la Administración Pública española se ha mantenido en una línea de sostenibilidad económica entre 1995 y 2007: A pesar del innegable incremento del número de servicios prestados en este periodo, el coste de producción se ha mantenido estable en el 20% del PIB. Es significativo además, que el porcentaje del gasto público dedicado a pagar los salarios de los empleados públicos en España en ese periodo ha decrecido, a pesar que el número de empleados públicos haya aumentado. En comparación con otras Administraciones Públicas de la OCDE, España está situada en ambos conceptos, porcentaje de PIB que supone el coste de producción y porcentaje de fuerza laboral que suponen los empleados públicos, por debajo de la media de la OCDE.

La evaluación de la sostenibilidad social de una Administración Pública es aún, si cabe, más compleja. Una interpretación, es prestar atención a la evolución de los servicios que presta a la sociedad, su preocupación por el impacto de sus actividades y la imagen que de ella tiene la sociedad. Excepto para el último parámetro, me centraré en la evaluación por comparación con nuestro entorno. La evolución del gasto en servicios públicos como porcentaje del PIB ha bajado en un 5,9% entre 1995 y 2006, situándose en un 38,5%, por debajo de la media OCDE del 43,5%. Cada vez se ha dado menos servicios a la sociedad de lo que era posible. De otro lado, y también de acuerdo a los datos de la OCDE, España está a la cola del índice RIA que evalúa la preocupación por el análisis de impacto en las medidas gubernamentales y administrativas. O lo que es lo mismo, la preocupación por el impacto sobre la sociedad de la acción pública es mejorable. La comparativa negativa de la vertiente social de la acción de las Administraciones Públicas tiene su traslado en la opinión de los ciudadanos. De acuerdo a la encuesta del CIS de Marzo 2009, no llega al 30% de la sociedad los que tienen una visión positiva de las Administraciones Públicas, y apenas el 43% opinan que haya habido una mejora. En conjunto, si en la sostenibilidad económica podíamos considerar tener unas Administraciones Públicas por encima del aprobado, la sostenibilidad social ofrece un panorama menos feliz.

Pocos datos existen sobre la sostenibilidad medioambiental de las Administraciones Públicas Españolas. Desde hace unos años se han desarrollado planes destinado a reducir la huella medioambiental, pero poca información se tiene de su impacto global en el conjunto de las Administraciones Públicas. Aparte de la estimación de la reducción derivada de la digitalización del BOE (3.500 toneladas de papel) y la nota de prensa del impacto del “Plan de ahorro y eficiencia energética de la Administración General del Estado” (reducción del 10% del consumo eléctrico), no he conseguido encontrar una fuente para convalidar la idea de que, aunque se podría hacer más (e.g. introduciendo el teletrabajo), se está por el buen camino.

El punto débil de la sostenibilidad de las Administraciones Públicas Españolas no parece ser el económico en contra de lo que se pretende. A pesar de la imagen de gasto desbocado, en condiciones normales se ha procurado no caer en el vicio del nuevo rico. El punto débil de nuestra sostenibilidad es el social, el uso más efectivo de los recursos públicos en lo demandado por la sociedad.

Si nuestra sociedad ha de tener presente la máxima “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” (Informe Brutland), algo parecido podría decirse de nuestras Administraciones Públicas. Hemos de satisfacer las necesidades para poder velar por el interés general sin comprometer que en un futuro haya quien siga realizando esta labor. Para empezar, comencemos por reconocer lingüísticamente la palabra sostenibilidad y apoyemos que entre en nuestro diccionario.

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Las barbas de los salarios o la congelación transversal

Hay un viejo refrán que habla de barbas de los vecinos.

Con la edad, uno acumula una amplia base de conocidos en su sector laboral, en mi caso el de las Tecnologías de la Información. Todos ellos, olvidaron el viejo refrán en el fragor del pim-pam-pum al funcionario. Unanimidad en lo merecido que los funcionarios nos teníamos la magra subida del 0,3%. He de reconocer que el tema me irritó.

Ahora resulta que los funcionarios eramos tan sólo los primeros. Una vez más, se hace carne el  poema “Cuando los nazis vinieron por los comunistas” de Martin Niemoller (falsamente atribuido a Bertolt Brecht). La moderación (lease congelación) llega a todos los asalariados.

Pues que quieren que diga, que me parece de una lógica aplastante. Si existe deflación, necesidades de ajustar costes y de hacer sacrificios, parece lógico que sea cosa de todos. Ya sólo nos falta, que los ERE sean en las mismas condiciones para todos.

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Gobierno 2.0: No es una plataforma, es un ecosistema

O´Reilly es «dios.0» (lease diospuntocero), y toda frase categórica suya abre las compuertas a rios de bits. Su última ocurrencia ha sido la sentencia «Gov 2.0: It´s all about the platform», que desarrollaba en una reciente entrada como autor invitado en Techcrunch. No obstante, creo que es más afortunada la frase de  Andrea Di Maio (otro sospechoso habitual): «Government has a platform, but definitely is not a platform». Aunque el segundo se empeñe en querer demostrar que ha dicho algo distinto, los egos son así,  no ha hecho en realidad más que dar con un resumén acertado de las tesis de O´Reilly.

No creo que tampoco sea para tanto el descubrimiento. Antes incluso de la existencia de data.gov, hacia ya tiempo que los hay que hablábamos de la existencia de esa plataforma en potencia.  La duda está en si el futuro del Gobierno Electrónico será o no construido sobre esa plataforma.

La evolución de los servicios públicos, sean electrónicos o no, están marcados por muchas circunstancias. Lo que parece obvio en círculos de (llamemoslo) iniciados no tiene porque ser el futuro, que suele ser el hermano pobre (y realista también) de los sueños del presente. Por poner un ejemplo, hace 20 años creíamos en interfaces ATM en casa del abonado para los servicios multimedia; nos hemos tenido que conformar con una línea ADSL sobre la que viaja el que llamábamos ineficiente TCP/IP. Es lo malo de cumplir años, uno se acuerda de demasiadas cosas.

Recientemente me he leido el fascículo «eGovernment evolution towards 2020» del estudio encargado por la Comisión Europea «eGovernment TrendsWatch». Es un informe denso, a ratos aburrido y a ratos interesante. Y además difícil de leer en diagonal.  No obstante, merece tenerlo encima de la mesa para en ratos libres leer una decena de páginas. En su capítulo 4, presenta distintas posibilidades de futuro del Gobierno Electrónico de acuerdo a la evolución de tres parámetros:

• Disruptividad del entorno socio-económico (estable o inestable)
• Actitud de los ciudadanos frente al Gobierno y la Administración (confianza o desconfianza)
• Visión de sus funciones que tiene el Gobierno (omnímodo o reducido)

Este espacio de evolución tridimensional da lugar a ocho modelos de Gobierno Electrónico, en los cuáles no necesariamente tiene sitio la plataforma «descubierta» por O´Reilly.  Sólo en un futuro dónde los ciudadanos confíen en su Gobierno y éste tenga conciencia que no necesariamente es el mejor proveedor de todos los servicios, la visión de O´Reilly (y de los que creemos en el Gobierno 2.0) tendrá un sitio.

¿Y el factor socio-económico? ¿Favorece a la plataforma un entorno estable o disruptivo? Es difícil de adivinar, sobre por su efecto sobre los otros dos parámetros que marcan el futuro. De un lado, la inestabilidad impulsa la concepción del «lean Government», favoreciendo que el Gobierno busque la colaboración y abra su plataforma. De otro lado, la inestabilidad retrae la voluntariedad de esa colaboración por la sociedad e incrementa su desconfianza. Una descripción de cómo las tensiones socio-económicas afectan a la voluntad (aparente, al menos) de construir el futuro del Gobierno Electrónico sobre la plataforma «descubierta» por O´Reilly lo dió recientemente Vivek Kundra.

«Dios.0» y Andrea di Maio tienen razón en identificar que existe una plataforma, pero la plataforma no equivale al Gobierno 2.0. Coincido más con la visión del Gobierno 2.0 como un nuevo ecosistema público-privado de servicios públicos electrónicos, la forma del mismo y el grado de apoyo de los mismos sobre la plataforma «descubierta» por O´Reilly es lo que aún está por determinar, y dependerá de las circunstancias antes descritas.

Y como «Gobierno 2.0» es sinónimo de «Gobierno Abierto», acabo con ejemplos prácticos de los obstáculos  internos al mismo tomados con ese fiel reflejo de la vida Administrativa que es «Si, Ministro».

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La demagogía con las inversiones TIC

Es fácil hacer demagogía con las inversiones TIC de los gobiernos. Hace unos días, «La Vanguardía» recogía la noticia de un debate sobre el coste del blog del Alcalde de Barcelona en un pleno del ayuntamiento. Según las cuentas que allí se expusieron, cada vista al mismo parece tener un coste de 10,7 Euros.

Es fácil hacer demagogía con las inversiones TIC de los gobiernos. En general,  con cualquier aspecto relacionado con costes de la Administración Pública. Proyectos menos discutibles que el blog de un responsable político no soportarían al más básico análisis de coste similar al realizado por «La Vanguardía». Por ejemplo, el DNI electrónico. Sólo el coste material (tarjeta y certificados) debe ser alrededor de  20 Euros. Si lo multiplicamos por el número de españoles que ya lo tienen y lo dividimos por el número de transacciones dónde ha sido utilizado un DNIe desde que empezó a expedirse, dudo mucho que el coste de transacción fuera inferior a los 100 Euros.

Es fácil hacer demagogía con las inversiones TIC de los gobiernos. A veces por razones más justificadas que las expuestas en los anteriores párrafos. Aunque cuando esas razones existen, curiosamente las críticas no aparecen. Cuando los mismos proyectos  TIC se repiten una y otra vez por distintas Administraciones Públicas sin dedicar el más mínimo pensamiento a la reusabilidad o a la posibilidad de poner en marcha y hacer uso de servicios comunes. En el pasado, el desarrollo de múltiples autoridades de certificación digital o, en el presente, la implantación de diversas plataformas de contratación administrativa, son ejemplos fácilmente identificables.

Es fácil hacer demagogía con las inversiones TIC de los gobiernos. Fundamentalmente , porque no se hace un análisis detallado de su valor social con carácter previo a acometerlas. Aunque existen diversos marcos para la evaluación de este valor social, su utilización en España es escaso. A diferencia de otros ámbitos como el ánálisis de riesgos o el desarrollo de proyectos, no existe un equivalente oficial metodológico para la evaluación del valor social de las inversiones TIC en las Administraciones Públicas de España.

Debería no ser fácil hacer demagogía con las inversiones TIC de los gobiernos. La exigencia de la realización de un análisis de valor social de las  mismas debería ser  exigida como parte de las memorias justificativas que acompañan nuestros proyectos. Demandar  responsabilidades por la no reusabilidad de resultados previos de otras AAPP y el incumplimiento del deber legal de colaboración entre ellas, debería ser posible. La presente crisis, con los ajustados presupuestos, es quizás la oportunidad de empezar a andar al menos esos dos caminos.

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