Gobierno Abierto: Año y medio descubriendo a qué nos enfrentamos

Aunque hubiera antecedentes, me caben pocas dudas que,  si existe historia de esto del Gobierno Electrónico, el día cero del Gobierno Abierto pasará por ser el día siguiente de la toma de posesión del Presidente Obama.  No habían pasado veinticuatro horas cuando dió las órdenes ejecutivas que arrancaban la transición del obscurantismo al Gobierno Abierto abierto en los USA, y en un efecto arrastre en (al menos) todo el mundo occidental. Aunque parezca que todo comenzó hace mucho tiempo, fue hace poco más de año y medio. Es quizás tiempo de análisis, de tratar de identificar de modo sistemático los retos a los que estamos enfrentándonos.

Quizás los más importantes son los retos  globales a al concepto en sí. Particularmente creo que el más importante es su sostenibilidad.  La acción de las AAPP se basan en la legalidad, en la existencia un marco que les obliga a dar unos determinados servicios. Sin la existencia un marco legal, el impulso se agota. No vale un mero acuerdo de gobierno, que puede ser olvidado cuando el siguiente gobierno llegue. Baste para ello ver como la pata transaccional del Gobierno Electrónico sólo ha sido desarrollado de modo decidido cuando ha existido un marco legal que lo ha habilitado. De la mano del marco legal, es sólo cuando es posible mantener las dotaciones continuadas estables de recursos económicos y humanos que demanda la implantación del Gobierno Abierto, y disponer de una base para impulsar el cambio cultural entre los empleados públicos.

La transparencia se enfrenta al reto de la usabilidad. No se trata tan sólo de facilitar muchos datos en formato reutilizable, han de facilitarse herramientas eficientes de catalogación, cuidar la calidad de los datos y ser capaz de facilitarlos en el entorno temporal necesario. Un ejemplo de las dificultades de una implantación generalizada de la transparencia en un país se relata en la entrada «La Crisis de los Portales de Transparencia» de Gonlink.

Hacer efectiva la participación supone  resolver retos sociales y tecnológicos.  En primer lugar, rompiendo la inercia de las AAPP y la desconfianza de los colectivos sociales, buscando fórmulas que nos permitan integrarnos en las iniciativas de participación externas a nuestras sedes electrónicas, espatando posibles miedos orwellianos.  En segundo lugar, evitando el rapto por las élites, habilitando una participación transversal a la sociedad y no sólo de los más vociferantes y/o con ventajas socioeducativas.  Finalmente,  introduciendo tecnologías que permitan dar calidad a la participación, como filtrados automatizados que permitan un uso efectivo del crowdsourcing y registros electrónicos de la participación realizada como garantía a la ciudadanía.

En la colaboración o coproducción se presentan  interesantes retos procedimentales. Integrar en nuestros flujos de trabajo mecanismos de identificación de comunidades con las que construir servicios efectivos para la sociedad y aplicar nuevas fórmulas de adquisicion contraprestación de sus servicios mutuamente beneficiosas.

He dejado para el final las personas, empleados públicos y nuestros dirigentes políticos. La implantación del Gobierno Abierto sólo es posible con una actuación más autónoma de los empleados públicos de acuerdo a los principios del interés general.  Los modelos jerárquicos y de rígido control de la acción del funcionariado por la clase política difícilmente harán otra cosa que esclerotizar el concepto de Gobierno Abierto. Es necesario desarrollar un modelo de gestión de objetivos y actividades en las AAPP basado en la confianza entre dirigentes políticos y empleados públicos.

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Gobierno Abierto, finanzas públicas y cambio de modelo productivo

No hace mucho, twitee una entrada de una bitacora referida al coste de una política de Gobierno Abierto en el ámbito del Gobierno Electrónico. La transparencia y apertura de datos no es gratis, y muchas supone trabajar con sistemas obsoletos sobre los que cualquier intervención cuesta un potosí (y está por ver la efectividad para ello de la fórmula mágica de la colaboración pública-privada que propone la OCDE). Lo mismo podriamos decir la participación y la colaboración, implican un coste derivado del cambio tecnológico,  cultural y organizativo que requieren su implementación.

Un Gobierno Abierto no es barato, ello supone unas inversiones y el empleo de unos recursos públicos escasos. Quizás conviene recordárselo a algunos que al mismo tiempo abogan por un Gobierno Abierto y una reducción de impuestos. Como en tantas cosas, servicios europeos requieren niveles impositivos europeos. La coherencia política de promoverlo requiere asumir que tiene un coste sobre las finanzas públicas.

Afortunadamente, no sólo son insumos en un Gobierno Abierto. Existen retornos materiales más allá del necesario refuerzo de los procesos democráticos.  Es quizás hora de comenzar a hacer hincapíe sobre su efecto positivo en el cambio de modelo productivo.

La transparencia habilita la reusabilidad de la información pública. La consecuencia es la creación de todo un nuevo sector productivo relacionado con la producción de contenidos digitales. Del efecto en el crecimiento que tiene este sector puede encontrarse estimaciones en los estudios de la Comisión Europea MEPSIR y PIRA.

Participación y Colaboración también contribuyen al cambio de modelo económico. La co-producción en los servicios o la elaboración de políticas públicas de modo conjunto con la ciudadanía nos llevan a Administraciones Públicas más sostenibles. No es necesario apoyarnos en un crecimiento interno ilimitado para adquirir las capacidades que nos permitan servir mejor a la sociedad.

Un Gobierno Abierto tiene un coste, pero también nos habilita para seguir avanzando hacia el bienestar social.

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Procedimientos a desarrollar para una Administración 2.0 (I): El factor humano

De vez en cuando, he escrito algo en esta bítacora sobre la necesidad o no de dar cobertura legal a ciertos aspectos derivados del desarrollo de la Administración 2.0. Iba a escribir unas líneas sobre si las nuevas arquitecturas que requiere la Administración 2.0, con integración de infraestructuras y servicios del sector público y privado, necesitan de algún desarrollo en este sentido cuando me ha asaltado la duda. No es un secreto que trabajar en la Administración en asuntos relacionados con las Tecnologías de la Información tiene grandes diferencias con respecto al sector privado. Una de ellas es, precisamente, la referente a los aspectos jurídicos fuertemente imbricados con nuestro día a día. Conocer cuando es o no necesario respaldo legal explícito para ejecutar algo que quieres hacer, saber si  las normas existentes valen para dar cobertura a una mejora en un servicio o defender la inelubilidad de realizarlas y otras sabidurías similares, varían dependiendo de las circunstancias políticas, en general, y  de los directivos que a uno le caen en suerte, en particular.

Hecha esta introducción, me limitaré tan sólo a señalar algunos aspectos sobre los que intuyo que habrá que adoptar una postura para poder desarrollar arquitecturas de integración para la construcción de una Administración 2.0. Si esta postura se adopta en forma de política común o norma legal, vamos a dejarlo a la opinión de los que tengan más conocimiento. Por el momento, llamemoslo procedimientos a desarrollar para la adopción de la Administración 2.0.

Hoy escribo sobre el factor humano.

Van ya camino de quince años de presencia de Internet en las Administraciones Públicas, y, al igual que en muchas empresas privadas, no existe una definición del uso apropiado de Internet desde el puesto de trabajo. La carencia es menor en una Internet con mayoría de servicios Web 1.0, una web de solo lectura. Acceder a recursos no relacionados con la ocupación laboral en horario de trabajo es, como mucho, una perdida de tiempo. El mal uso de los servicios de la Web 2.0 presenta un riesgo sobre la reputación. Vertir una opinión inoportuna o colgar un video no apropiado en YouTube en horas de trabajo puede tener otras consecuencias, más en el mundo del funcionariado dónde se realiza en horas de servicio público ejerciendo una potestad administrativa. De un lado, consecuentemente, soy de la opinión de limitar el acceso a los medios sociales.

Y he dicho limitar, no prohibir. Prohibirlos, como acertadamente indicaba hace unos días Enrique Dans en Expansión, sería como prohibir el teléfono. En paralelo, los medios sociales han de integrase en los procesos de gestión pública. Las unidades administrativas deben cumplir con su misión de servicio público allí dónde esta el ciudadano. Identificar los medios sociales de interés para la misma, apoyarlos en su desarrollo e integrarlos como canal de relación con el ciudadano, es uno de los retos de la  Administración 2.0. Claramente esta labor ha de desarrollarla el funcionariado, razón por la cual estimular al empleado público para realizar esta labor debe ser una labor del directivo público.

Dentro del Reino Unido, el Cabinet Office tomo hace unos meses la iniciativa de extender el «Codigo de Servicio Civil» con unas pautas para el comportamiento en línea.  Es un código sencillo de cinco puntos, que demuestra que una regulación no ha de ser necesariamente compleja. Quizás su única carencia es la definición de la figura del «Community manager» de las unidades gubernamentales. Con la complicación que supone trasladar todo lo proveniente del mundo Administrativo anglosajón a nuestra más regulada Administración Española, quizás es la oportunidad de hacerla. Si el Esquema Nacional de Interoperabilidad y Seguridad va a tener forma reglamentaría, ¿porqué no incluir en el articulado del desarrollo reglamentario del Estatuto Básico del Empleado Público un código de participación on line del funcionariado?

Nota final: Recomendable echar un vistazo al survey de Deloitte  sobre Redes Sociales y puesto de trabajo. Aunque realizad sobre un entorno claramente distinto del sector público español, plantea interesantes puntos para la reflexión.

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Subvenciones: ¿Un caso de éxito para el impulso político de las tecnologías 2.0?

Y frente a esos cambios tecnológicos, la izquierda, y sobre todo el sindicalismo de clase, normalmente se han asustado. El temor a perder mano de obra en cualquier revolución tecnológica se ha impuesto a la competitividad y al progreso. La derecha liberal, por el contrario, ha buscado en esos cambios el beneficio económico inmediato y sin tener en cuenta los costes sociales.

Sociedad de la Imaginación – Juan Carlos Rodríguez Ibarra

Desde su retiro de la primera línea política, Juan Carlos Rodríguez Ibarra viene publicando de forma más o menos regular en uno de los periódicos que sigo. Siempre tuve la impresión que el primer presidente democrático de la Junta de Extremadura, tras la fachada algarróbica que algunos (a veces el mismo) se encargaba de exagerar, existía un vagaje intelectual de mayor calado que la media de nuestros políticos. En  dos ocasiones que sepa ha disertado sobre la Sociedad de la Información, me ha parecido encontrar palabras juciosas y más allá de la mera retórica. Un párrafo de su último artículo es el texto que encabeza esta entrada.

Dejando a un lado la superficialidad de blogs de políticos, la dudosa realidad de los twitteos que realizan y sus clubs de seguidores en las Redes Sociales, los miedos a los que alude Rodríguez Ibarra (junto con la falta de cultura asociacionista y democrática)  está quizás impidiendo un uso imaginativo de las tecnologías 2.0 por nuestros gobernantes. Si no aprovecha la izquierda en el poder estas tecnologías para crear vínculos más estrechos en gobierno y ciudadano, para dar cauce a una sociedad más participativa y a la creación de espacios de creación de valor social, no esperemos que lo haga quien les releve en el poder.

Y espacio para dar cabida al uso social de las tecnologías 2.0  con éxito existe. Un ejemplo son los programas de subvenciones. Me vino a la cabeza al leer una entrada de la bitácora de David Osimo. , pero me vuelve con una crítica leida al fondo municipal de estímulo económico puesto en marcha por la Adminsitración General del Estado.

En el mismo periódico que publicó su artículo Rodríguez Ibarra, en la hoja aledaña en su versión papel, se leía en la editorial de ese día, que criticaba el fracaso de las medidas económicas del gobierno, el siguiente texto

El plan de inversión municipal de 8.000 millones de euros era una buena idea, pero los ministerios se encargaron de diluirla al renunciar a cualquier tipo de análisis previo de los proyectos de inversión. Parte del dinero se ha perdido en gastos poco rentables en empleo o simplemente disparatados.

El plan de inversión municipal ha tenido aciertos (desde aquí recordamos la transparencia por medios electrónico dada a su distribución), pero como todo programa de subvenciones a las Entidades Locales que afronta la Administración General del Estado se enfrenta a varios problemas:

• No se dispone de conocimiento  actualizado, profundo y especializado de todas las tecnologías y métodos aplicados en los proyectos presentados (sea cual sea la materia). Dado que además los criterios de evaluación son públicos, la evaluación se convierte en un juego de búsqueda de palabras clave (conocidas por quien aspira a la subvencion y que se encarga de diseminarlas en su solicitud).
• Se desconoce de primera mano la realidad local de cada área, y consecuentemente la es difícil juzgar si realmente los proyectos presentados tienen en realidad la transcendencia e importancia para los ciudadanos que les hagan merecedores de la subvención
• El imposible seguimiento de los resultados de los proyectos subvencionados, la efectividad de las subvenciones y la dedicación de éstas a su cometido. Este seguimiento es, a lo sumo, de carácter formal y, generalmente, puntual

La incidencia de estos problemas, crece a medida que el programa de subvención es mayor y el cociente  funcionarios/euros dedicados de modo  pleno al programa tiende a cero. (Para saber algún concepto básico más sobre subvenciones, visitese la bitácora de Felix Serrano).

Las subvenciones de la Administración General del Estado a las Entidades Locales, por tanto, en un campo en que la colaboración social mediada por  las tecnologías 2.0 tendría un largo recorrido. Técnicas similares a las aplicadas en Peer-to-Patent, con la ciudadanía de de las Entidades Locales y profesionales con los conocimientos técnicos adecuados:

• Facilitando antecedentes socioeconómicos y de viabilidad de los proyectos que aspiran a subvención
• Denunciando incumplimientos de los programas subvencionados

No estoy abogando por una dejación de funciones de la Administración, sino en introducir modificaciones legales a la normativa de subvenciones que habiliten esta participación ciudadana de carácter voluntario. La decisión al final, siempre ha de ser de la Administración tomando los datos facilitados por la ciudadanía como un elemento (importante) más de su juicio.

Es claro que, en escenarios de crisis como el que nos encontramos, en que todos somos conscientes de la importancia de cada euro público empleado para salir del hoyo al que nos han llevado, voluntarios sin coste para ayudar a la Administración a hacer un uso inteligente del dinero de todos no van a faltar.

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¿Somos la Administración los siguientes naúfragos del 2.0?

Me pilló trasmano el interesante diálogo sobre la revolución dospuntocerista en las AAPP de K-Goverment. Toda una demostración del poder de convocatoria de uno de los sitios de Internet más inteligentes que conozco y que más han cambiado mi vida. Y no lo digo por hacer la pelota a Carlos Guadián, sino porque de su mano entre en contacto con este diálogo continuo que es la blogosfera pública.

Y me pilló a trasmano, porque andaba enfrascado en otra lectura interesante, los primeros capítulos de «Here comes everybody», escrito por Clay Shirk. El libro, por lo que llevo, es superior a la hora de explicar la revolución 2.0 de la sociedad que «Wikinomics».

Andaba, concretamente, enfrascado en el tercero de los capítulos en que analiza como los medios de comunicación andan perdidos en toda esta revolución, desde los periódicos a las discográficas. ¿Somos las Administraciones otros naufragos del 2.0? Pues tenemos bastantes papeletas para llegar a serlo si seguimos el razonamiento del autor.

El autor, achaca la causa del naufragio 2.0 de periódicos y discográficas en que no supieron entender que alguien que producía de modo no profesional lo que ellos hacían de modo profesional pudiese cambiar su existencia. ¿No nos está pasando eso ya? Hay tenemos los foros de participación dónde los ciudadanos opinan, a nuestras espaldas, de los proyectos de la Administración ante la rigidez de los cauces de diálogos que proporcionamos. Hay tenemos los colectivo sociales que (en otros países) dan servicio de cara al cliente como canal alternativo a las Oficinas de Atención al ciudadano.

Las profesiones, y ser funcionario es una profesión, sólo tienen sentido en la medida que son capaces de resolver un problema. Si el problema que tenemos que resolver es prestar servicios a los ciudadanos habiendo escuchado los problemas que nos plantean, y dejamos de resolverlo, estamos abocados al fin. Podremos convertirnos en los próximos naufragos del 2.0.

Los medios sociales 2.0 pueden ser una herramienta que nos ayude a hacer realidad el diálogo continuo con el ciudadano, estar más cerca de sus inquietudes. Pero la herramienta no estará presta a que la cojamos por siempre, y si nosotros no lo hacemos, otros lo harán y quedaremos condenados al basurero de la historia, que decía el filósofo. Y si no nos lo creemos, es que no hemos aprendido de lo que les pasó a las discográficas por no querer hacer uso de Internet como medio de distribución.

Salvémonos el naufragio y encaminémonos a por los salvavidas.

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Participación Electrónica: Ciudadanía y las reglas del juego

Puede a alguien resultarle una pregunta con respuesta de Pero Grullo, pero, mirando los resultados de alguna de las iniciativas de Participación Electrónica realizadas últimamente, conviene tratar de identificar una cuál es el papel de la ciudadanía en las mismas y las reglas del juego del proceso. Ahí tenemos sino para demostrar esta necesidad iniciativas más y menos exitosas en términos de participación. El último caso más sonado fue el «Citizen´s Briefing Book» del web change.gov que se abrió durante el período de transición de Bush a Obama. Su análisis puede llevarnos a extraer interesantes lecciones.

En primer lugar, fijémonos en lo más aparatoso, los resultados. La Administración USA se ha preocupado muy mucho de cerrar a cal y canto la experiencia, pero merece la pena recordar que entre las cuatro causas más apoyadas figuraban la legalización de la marihuana con usos medicinales y la promoción del juego on-line como fuente de riqueza de los USA. No parece que ninguna de ellas sean las causas en realidad más apoyadas por los ciudadanos americanos, sino que su posicionamiento ha sido más bien el resultado de la acción coordinada de integrantes de grupos favorables a ambas causas. Tenemos como resultado una primera lección, evitar el rapto por las élites de la participación electrónica. Cualquier experiencia a desarrollar no es tan sólo abrir una puerta para la opinión, sino conseguir que en la misma tomen parte con el mismo peso, al menos, todos los grupos sociales afectados.

El rapto por las élites acontecido podría haberse evitado con un seguimiento de la iniciativa de Participación Electrónica. Abrir una ventana a la opinión de la ciudadanía no es tan sólo realizar una pregunta a través de una interfaz usable y más o menos atractiva para pasarse al cabo de los días a contar respuestas. La labor de moderación del promotor de la iniciativa es forzosamente necesaria. Las organizaciones promotoras han de contar con el personal formado para realizar esta labor y establecer unas reglas claras de cual va a ser la línea de actuación durante el desarrollo de las iniciativas desplegadas. Un ejemplo de una definición clara del marco de desarrollo de una iniciativa de participación electrónica es la realizada para las e-petitions al número 10 de Downing Street.

Finalmente, y enlazando directamente con el párrafo anterior, el objetivo de la participación electrónica, qué va a obtener el ciudadano a cambio ha de estar claro. La gestión de las expectativas es un aspecto crucial de la Participación Electrónica, debiéndose, cuando menos, facilitar algún tipo de conclusiones del promotor de la iniciativa. No ha de ser un efecto inmediato, puede ser tan sólo una recopilación de ideas, pero ha de estar claro que se va a hacer con la respuesta de la ciudadanía. Un ejemplo de qué no se debe hacer, nos lo da de nuevo change.gov. No parece que de el video de agradecimiento pueda extraerse algo más que vaguedades al respecto.

La misma carencia ha tenido la iniciativa «ARRA for comment» abierta el 13/2/2009 sobre el plan de estímulo de Obama (American Recovery and Reinvestment Act of 2009). El ciudadano era llamado a opinar sin un objetivo claro y sin decir cuál iba a ser uso de su opinión. La única pista era el límite a 5000 carácteres en el formulario de solicitud de opinión. Ello nos da lugar a una última lección, extraida en modo negativo del ejemplo, el derecho del ciudadano a conocer la opinión de otros ciudadanos para poder dar lugar a un verdadero diálogo sobre el tema objeto de la participación.

En resumidas cuentas, no toda la ciudadanía ha de participar en toda iniciativa, pero si ha de participar aquella que es necesaria. Pero además, si se quiere establecer un modelo sostenible de participación electrónica, este ha de basarse en la implicación cotidiana de los promotores, realizar una adecuada gestión de las expectativas ciudadanas que den lugar al compromiso cívico con las mismas y la existencia de un diálogo real entre ciudanos y gobierno.

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Liderando una Administración 2.0

Mucho hemos discutido qué es una Administración 2.0, pero quizás no hemos visto hasta ahora una voluntad de impulso clara de la misma por la dirección política de ninguna Administración. De nuevo la Administración Obama parece que va más allá de las palabras y promesas. El mismo martes, lo anunció dentro del blog de la Casa Blanca. (lo traduce Oscar Cortes) El miércoles dio las órdenes ejecutivas para elaborar las recomendaciones para una «Directiva de Gobierno Abierto», y de la que me entero por «Connected Republic». Un Gobierno Abierto que define, y se parece mucho a una Administración 2.0.

La definición de Gobierno Abierto tiene tres puntos familiares para todos (traduzco resumido de modo libre):

• Debe ser transparente.  La transparencia promueve la rendición de cuentas y proporciona información a los ciudadanos acerca de  lo que el Gobierno está haciendo. La información que manejan los gobiernos es un activo de la nación (concepto que seguro aprecian en la Coalicción Proacceso), y ha de ponerse en manos de la ciudadanía.
• Debe ser participativo. La participación pública aumenta la eficacia  del Gobierno y la mejora de la calidad de sus  decisiones. Hay que aprovechar el conocimiento disperso en la sociedad para la elaboración de políticas públicas.
• Debe ser de colaborativo. La colaboración activa de los ciudadanos les  involucra en la labor de su Gobierno y permite identificar nuevas oportunidades.

Puntos a alcanzar apoyándose en las tecnologías sociales, en la web 2.0.

Si los plazos se cumplen, en 120 dias tendremos los detalles de éste Gobierno Abierto. Cabe preguntarse porque otras Administraciones no dan el paso para ser una Administración 2.0, que causas hay para que no se produzca la evolución, pero eso será cuestión de otra anotación de la bitacora. Pero como ya decíamos, ya pueden estas Administraciones prepararse para correr, Obama promete cambiar el paso a muchos, siendo el líder de una Administración 2.0.

A ver que sorpresa tenemos mañana …

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La Europa de los e-ciudamistradores

Es quizás hora que las AAPP vayamos trasladando a nuestro entorno el término prosumidor,  utilizado aunque no originado en contra de lo que se cree en el libro Wikinomics. Es quizás hora que hagamos posible el e-ciudamistrador, el ciudadano que consume y participa en la creación de sus propios servicios públicos por medios electrónicos. Ni que decir tiene que es un concepto plenamente extensible tanto al mundo de los servicios  electrónicos como físicos, aunque siempre con algún componente electrónico. El mundo de los servicios virtuales es lo que permitirá una participación más eficiente y efectiva de los ciudadanos en el diseño de servicios. Se necesita por tanto la garantía de que el ciudadano se relacione electrónicamente con la Administración de modo pasivo y activo.

El término, aunque sin bautizar, lo he utilizado anteriormente al hablar de la necesidad de la colaboración en estos tiempos de crisis o de la apertura de interfaces informacionales de las AAPP para la construcción de servicios públicos, pero falta lo fundamental: Una carta de derechos de los ciudamistradores.  También algo hemos hablado de ello, al mencionar los incipientes marco legislativos de CCAA que han surgido o están empezando a surgir. Y estamos otra vez en las de siempre, en la desigualdad de derechos ciudadanos según la región o nación de origen.

La LAECSP (Ley 11/2007) garantiza la relación pasiva del ciudamistrador español. Incluso existe el proyecto de desarrollo de un Plan de Transparencia y Participación Electrónica en el Plan de Actuación de la LAECSP (Ley 11/2007), que es de esperar incluya entre sus acciones algún tipo de desarrollo legislativo de carácter nacional que granticen la vertiente activa del ciudamistrador en nuestro país. Pero no es suficiente. El marco de relaciones transnacionales en que nos movemos en Europa, reconocido  de hecho para el mundo de los servicios electrónicos por iniciativas como la Directiva de Servicios, ha de llevarse al campo de los derechos ciudadanos. Es necesaria la creación de una carta de derechos de los e-ciudamistradores de la UE.

Por empezar por algún sitio, podriamos comenzar por llevar al entorno comunitario los derechos reconocidos por la LAECSP (Ley 11/2007) para nuestro entorno nacional (Artículo 6). Su reconocimiento a nivel europeo habría de ser un objetivo al medio plazo, impulsado por acciones en el área  la de interoperabilidad o el reconocimiento del derecho del ciudadano europeo a una identidad digital.

Un marco europeo de eParticipación, con la especificación de unos instrumentos básicos para la misma y unas reglas de despliegue y uso de las ellos común, habría de ser incluida en esta carta de derechos. La eInclusión como garantía de la eParticipación de todos los sectores sociales, habría de ser fomentada dentro de la carta de derechos, mediante la incorporación de medidas activas que creen las condiciones de igualdad, incluyendo la discriminación positiva hacia los marginados digitales.

Y, finalmente, ventanillas únicas de servicios públicos electrónicos contruidos entorno a eventos vitales del ciudadano. El e-ciudamistrador no sólo ha de dejar de acarrear papeles de una ventanilla a otra, también ha de comenzar a tener una visión del Gobierno Electrónico ajustado a sus necesidades, y no tener que hacer uso de Google para buscar quién le da cada parte del servicio global que necesita. Pensemos por ejemplo en el número de sedes electrónicas, nacionales y de otros países miembros de la UE, que ha de recorrer aquel que quiere trabajar o estudiar en el extranjero.

La Europa de los ciudadanos sólo puede ser la Europa de e-ciudamistradores con igualdad plena de derechos. La carta de derechos de los e-ciudamistradores ha de estar presente en la estrategia de la UE posterior al año 2010. Seguro que a todos se nos ocurre algún derecho a incluir en esta carta.

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2.0, estúpido, 2.0 …

…, dicho sea sin ánimo de faltar, y tan solo porque fue el modo en que el otro día cerramos una charla un compañero y yo.  Era nuestra conclusión tras unos minutos de debate.

Hablábamos de una reciente entrada del blog de Rafael Chamorro,  en la cual comentaba el lanzamiento del «Club de la Innovación», que se autodenomina al servicio de las AAPP. Apuntaba Rafael Chamorro la mayor cantidad de proyectos en este sitio web que en el CTT del MAP. Creo que no es discutible el hecho.

Aunque personalmente crea que no son experiencias comparables, basta ver la profundidad de tratamiento de los proyectos en uno y otro sitio, si pueden extraerse lecciones útiles del «Club de la Innovación» para mejorar el CTT. Dichas lecciones no son sólo aplicables a este caso, sino también a la comparación entre Openpropolis y el Observatorio de Administración Electrónica, iniciativas similares entre sí y en las que también de un lado está una iniciativa privada y de otra el MAP.

La primera lección es la falta de procesos colaborativos en las web públicas. Los contenidos son volcados sin posibilidad de diálogo, sin posibilidad que el usuario exprese opinión alguna o aporte contenidos propios. Tomando por ejemplo el área de noticias del Observatorio de Administración Electrónica, la manera en que se presentan es similar a cómo se hacia ya años atras, sin posibilidad que el ciudadano comente o complete la noticia. Una evolución de este área a un formato tipo blog, bastaría como primer paso para abrirse a una mayor participación. Con unos mismos contenidos, el cambio de presentación sería toda una declaración de principios a favor de la colaboración.

La segunda lección es la falta de adaptación a las nuevas herramientas de presentación. Basta tratar de bucear en el árbol de proyectos del CTT para echar de menos formatos más usables tipo wiki o similar.

La tercera lección es la falta atención a las necesidades de los usuarios. La inclusión de algún foro de peticiones o similar en cualquiera de las dos web públicas, siempre y cuando fuera atendido, las haría ganar en adaptación a lo que necesitan sus usuarios.

Parece que está claro lo que falta: 2.0, estúpido, 2.0. Pero estas carencias no son sólo aplicables a los dos casos tomados, que vienen a mi cabeza por el uso que hago de ellos con cierta frecuencia, sino que es una ausencia común en casi toda web de carácter divulgativo de las AAPP. Sin embargo, algo parece que emieza a cambiar, y hay está el primer paso de Wikitel de la CMT (con su blog, wiki y foro) para demostrarlo.

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Canarias: Primer marco jurídico de Participación-e

La participación ciudadana es uno de los pilares básicos sobre los que se asientan los sistemas democráticos.

Esta frase es el bello comienzo del primer borrador de la Ley de Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma Canaria, que su Gobierno ha hecho público y declarado abierto a las aportaciones de la ciudadanía de las Islas. El proyecto de ley autonómico es un hito no sólo por ser la primera ley de este tipo, sino además por ser la primera que promete aportar un marco, aunque territorialmente reducido, a la Participación-e.

La Participación-e está llamada a ser la palanca que permita superar el modelo de democracia representativa y llevarnos a una democracia deliberativa, basada en los valores de la transparencia gubernamental y la corresponsabilidad de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas. Aunque las herramientas tecnológicas que pueden hacerla posible, la constelación de productos etiquetados como Web 2.0, están ahí desde hace ya mucho tiempo, soy de los que piensa que la Participación-e sólo será posible cuando exista una regulación que la defina en todos sus aspectos. Sólo si la Administración adquiere unos compromisos de cómo va a hacer uso de este nuevo canal de participación y para qué, la ciudadanía se sentirá atraída a colaborar (qué de eso se trata) a perfilar la «cosa pública».

En el proyecto de ley canario, sin embargo, son todavía más las expectativas que levanta que las realidades que contiene. No presenta aún la estructura de texto articulado y en muchos aspectos tan sólo realiza enumeración de puntos a tratar. Sin embargo basta ver que entre sus fines enumera «Impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información para facilitar la participación ciudadana de todos los habitantes de Canarias» para tener razones sobradas para la esperanza. Esta expectativa se ve confirmada cuando la ley establece la información por canal electrónico como paso previo para el uso de ese mismo canal por los ciudadanos para poder aportar a la Administración información que permita adecuar a sus necesidades políticas y servicios públicos.

En definitiva, esta primera regulación de la Participación-e es un ejemplo que debían seguir todas las Administraciones Públicas de este país. Esta vez, dónde estamos una hora retrasados es en la España continental.

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