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A partir de Octubre «Apuntes Electrónicos» cambia de dirección. Esta entrada puede leerse ya en la nueva versión de la bitácora.

El coste de las Tecnologías de la Información en las Administraciones Públicas es objeto de debate recurrente. Una continua puesta en tela de juicio de su presunto excesivo coste para el erario público, que además suele castigar más a quien más transparente es en los gastos en los que incurre. Una cosa lleva a otra, y fruto de ese debate son los continuos cantos a la externalización de las TIC que en alguna entrada anterior de la bitácora he comentado. Sólo demostrando que se dan los servicios tecnológicos adecuados, con la calidad requerida y al coste preciso, es posible cortar este debate. Cortar dicho debate permitiría al colectivo de profesionales públicos de las TIC participar en otros, adentrarse en los senderos vedados a quienes no son economistas, abogados o leguleyos.

Pero identificar los servicios adecuados, calidad necesaria y costes precisos sólo es posible mediante una comparación entre iguales. Y hoy desconocemos cuanto nos cuesta a cada Administración en España los servicios tecnológicos que utilizamos.

Es necesario, en primer lugar, impulsar como colectivo un ejercicio de transparencia colectiva. La interoperabilidad, la ruptura con la cultura de silos hemos de impulsarla en las fronteras de lo tecnológico, promoviendo un consenso sobre una metodología común a las Administraciones Públicas españolas para dar cuenta de sus gastos TIC a la sociedad. Sólo he localizado en España el caso de la AGE, que recoge en REINA los gastos de los distintos Ministerios. Ni tan siquiera en OpenData Euzkadi he encontrado otro caso de publicación de modo claro de los gastos TIC de una AAPP. El miedo a la comparación ha de ser desplazado por el aprendizaje que proporciona.

Pero mostrar los gastos sin un contexto es un ejercicio loable pero mejorable. Una mayor relación de los mismos con objetivos de rendimiento de las Administraciones Públicas habría de estar presente en la metodología resultante. Resulta menos complicado identificar el coste TIC de un transacción administrativa que el coste de las llamadas unidades de negocio (como si las TIC no fuera parte del mismo). Es esta una fortaleza que debe aprovecharse. Lo mismo sucede con la calidad de los servicios tecnológicos. La gestión por proyectos clásica de las TIC o marcos como ITIL permite establecer ligazones del coste de un servicio con la calidad con la que el mismo se presta. No es tanto gastar menos como gastarlo allá dónde es más necesario.

Las ventajas de este esfuerzo tanto para los profesionales públicos de las TIC como para los ciudadanos es clara. Expresar en términos comparativos y de negocio el coste de las TIC para las Administraciones Públicas como primer paso para la optimización del mismo, y con ello poder profundizar en su uso y la transformacion subsiguiente.

Puede parecer un ejercicio de ingenuidad, pero nada más alejado de ello. Se ha hecho para identificar como racionalizar el gasto sanitario, luego es posible para nuestro ámbito llegar a consensos interadministrativos. Se trataría de promover para ello la cooperación administrativa a través de los organismos previstos en la legislación (Comité Sectorial de Administración Electrónica, Artículo 40 Ley 11/2007). Tras la fase de crecimiento que supuso la implantación de la Ley 11/2007, una fase de racionalización ha de ser el siguiente esfuerzo colectivo de los profesionales TIC. Y recordemos, o lo hacemos entre todos o nos lo darán hecho. Bastantes señales de ello han dado desde ciertos ámbitos.

Si tienes comentarios sobre esta entrada, hazlos en la nueva versión de la bitácora.

Durante casi dos años he estado publicando ésta bitácora en wordpress.com. Nunca me convencieron su información estadística. En un mes esta bitácora pasará a publicarse sobre blogspot.com, que permite hacer uso de Google Analytics.

Durante un mes, la publicación de entradas se realizará de modo simultáneo tanto en wordpress.com como en blogspot.com, pero ruego a los lectores de la bitácora comiencen a hacer uso de la nueva dirección .

En la nueva versión de «Apuntes Electrónicos», podrán encontrarse también todas las entradas publicadas hasta la fecha.

«Lo bueno, si breve, dos veces bueno». Y si ductil, tres, añadiría el poeta de haber conocido twitter. Acabo de terminar una de mis lecturas vacacionales, «140 characters» de Dom Sagolla. Un libro sencillo que tiene el objetivo de ser una guía de estilo a quienes nos iniciamos en twitter. Termina siendo más que eso. Una loa a la belleza de lo breve, una guía hacia la productividad basada en 140 carácteres, una brujula para la navegación en una nueva configuración de las relaciones sociales, el mensaje corto como nuevo estilo literario. Todo eso y más, porque el libro, como twitter es poliédrico.

Es difícil identificar las razones del éxito de twitter. Quizás el primer capítulo del libro descriptivo de su historia da la clave. La conversación como origen, uno de sus gérmenes fue un sistema de audio de conversación asíncrona, y un modelo conceptual de evolución basado en la sencillez y el uso, pocas funcionalidades y siempre guiadas a facilitar la conversación.

Creo que leí a @yoriento la mejor comparación de twitter que hasta la fecha he visto, «twitter es un bar». Twitter es la continuación de los cafés decimonónicos a escala global, una tertulia continua germen de la colaboración y agitación que deviene en ideas y creación. Existen muchos usos, interesados y desinteresados, espureos y honestos, transparentes y opacos, cada uno le encuentra el suyo, pero todos caben en ese bar. Sólo hay que conocer un par de claves para adentrarse en el bar, ser aceptado e ir saltando de tertulia en tertulia.

El libro de Sagolla nos ayuda a conocer las claves de uso a los que continuamente nos iniciamos en twitter. Altamente recomendable y de continua relectura permitida. Aunque sólo lo he leido una vez, presumo que los subrayados van a darme para muchas meditaciones.

P.S. Este resumen de libro de Sagolla es el reconocimiento del fracaso de un aprendiz. No ha cabido en 140 carácteres.

Agosto y la blogotwittersfera revuelta. Y todo por la noticia de hoy de de «El País» anunciando el anteproyecto de Ley de Transparencia, que de tan transparente, aún vemos a través del texto que no conocemos. De lo filtrado, poca novedad, nada que no hubiera podido ser realizado con un Real Decreto de desarrollo del artículo 37 de la ley de regimen jurídico y de procedimiento administrativo, que es el actual marco jurídico de acceso a la información en España. La consideración o no de ese artículo como marco legal del acceso a la información  fue objeto de un debate entre @idoiallano, @mgarrigap y @andresnin en twitter. El origen fue una entrada de la bitacora de @idoiallano.

Desconocido para muchos es este artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992), que supongo superará en alcance el nuevo proyecto de ley. Contiene la definición del Derecho de Acceso a Archivos y Registros por parte de los ciudadanos, enumerado entre los derechos ciudadanos del artículo 35 de la misma ley. Consecuentemente, dicho derecho de acceso es citado explícitamente en el artículo 6.1 de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos como uno de los que ha de asegurarse su ejercicio por medios electrónicos a los ciudadanos. No vamos a decir que no pueda ejercerse, para eso existen los formularios genéricos presentes en las sedes electrónicas, pero la voluntad de facilitarlos se manifiesta, por ejemplo, en el hecho que pocos Ministerios lo presenten destacado en su lista de procedimientos electrónicos (tan sólo lo he visto en uno). Y por supuesto, no esperemos encontrar datos en las sedes electrónicas sobre el uso que los ciudadanos hacen del mismo y la respuesta al mismo de la Administración en forma de informes estadísticos.

Por ahora, lo único que sabemos que aporta de añadido el anteproyecto de Ley es el límite de 30 días para responder a las peticiones (algo que podía haberse desarrollado por Real Decreto) y la creación del watchdog del acceso a la información, que hace recaer las competencias en la Agencia de Protección de Datos (algo que también había podido hacerse por Real Decreto ya que el Estatuto de la Agencia es un Real Decreto).

Otro aspecto que no queda claro es el enlace entre este anteproyecto y la Ley 37/2007. Recordemos que recoge el procedimento de solicitud de reutilización de información pública en el artículo 10 de la Ley sobre reutilización de información del sector público (Ley 37/2007). ¿Existirán previsiones de transparencia proactiva? ¿forzará a que se realice en formato reutilizable? Algo parece que hay de acuerdo al artículo de «El País», pero nada claro, tan sólo habla de datos de presupuestos y su ejecución (no especifica límites de cantidad de ejecuciones presupuestarias, cluego no sabemos si el límite de las mismas bajará a un límite como los 500 libras de UK) y habla también de otra información estadística y económica relevante. Mucho me temo que los detalles se dejen a un Real Decreto de desarrollo.

Nos queda esperar a que «El País» o la web de La Moncloa publique el anteproyecto. Quizás lo segundo es más recomendable desde el punto de vista estético. Resulta curioso que haya sido por «El Pais» y no por el twitter de La Moncloa como nos hayamos enterado (que por cierto, no está de vacaciones).  A ver si al final todo es un globo sonda.

Para acabar, no estaría de más que antes de enviar el anteproyecto al Parlamento, se abra a opinión de los ciudadanos, por medios electrónicos y no electrónicos. La ocasión lo merece. Por cierto, ¿alguien ha oido hablar de los medios electrónicos en el anteproyecto?

Frecuentemente aparecen en esta bitácora como comentarios acusaciones de maquillaje político a las iniciativas de Gobierno Abierto. No sólo estoy de acuerdo, sino que subo la apuesta, el Gobierno Abierto (y el Gobierno Electrónico) se está convirtiendo en parte de la acción política. Ello no me parece malo, es algo inevitable y positivo, y asi lo mantengo desde hace tiempo. Más importancia política implica más recursos para desarrollar las actividades asociadas.

Sin embargo, toda cara tiene su cruz. La politización del Gobierno Abierto supone su sometimiento a los ciclos políticos, a la tiranía de los periodos de cuatro años. Una excelente explicación de este hecho lo encontré recientemente en la bitácora Wikinomics. El autor lo ilustraba con el caso Obama, pero el caso de UK tras el acceso al poder de la coalición conservadora-liberal o icluso en el caso del Páis Vasco comentado hace poco, son otros ejemplos para el argumentario.

Ello nos lleva a una conclusión fatalista: No esperemos más iniciativas de Gobierno Abierto en España por una temporada. Estamos a un año de las elecciones autonómicas y dos de las generales. Se nos ha pasado el arroz de que alguna iniciativa pueda arrancarse en ambos ámbitos. Nadie va a invertir en algo que no pueda sacarle rédito y los tiempos ya se han hecho cortos.

Hace unas de semanas expuse razones generales contra la externalización de los servicios públicos. Una de los principios de la función pública es servir al interés general y, equivocado o no, creo que una manera de defenderlo es dando razones contra la externalización de los servicios públicos. El tema creo un amplio debate. Hoy vuelvo sobre el tema, descendiendo al caso concreto de las TIC en el cuál no quise entrar a fondo entonces que ya tenía medio perfilada esta entrada.

La entrada ahora tiene más razón de ser, ya que hace un mes Expansión orientó sus cañoñes de imprecisiones hacia el gasto TIC. Dichas imprecisiones, están aclaradas en la bitacora de Montaña para el que quiera leerlas. La razón oculta no me pareció altruista, sino como bien decía el artículo, vencer las ineficiencias que provocan las duplicidades llevándose las aplicaciones a la red. Es decir, la externalización.

Por aquello de los tiempos que corren, uno lee lecturas diversas sobre la externalización. Unas por razones profesionales y otras por razones ideológicas. Como soy de natural generoso, las voy a compartir con el autor de aquel impreciso artículo.

Un tema recurrente en estas lecturas es la caracterización de aquello que no se ha de externalizar. Son diversas las características que se dan pero dos aparecen de modo recurrente:

  • No ha de externalizarse aquello que es crítico para tu negocio
  • No ha de externalizarse aquello cuya externalización no te da los beneficios de integrarte en una economía de escala

Creo que con ello, queda claro porqué las TIC utilizadas por las AAPP, a pesar de los cantos de sirena, nunca deberían salir del ámbito de lo público.

  • Las TIC son críticas en cómo servimos a los ciudadanos y como vector de transformación de las AAPP.
  • La externalización de las TIC, al menos en los ámbitos de las Administraciones Estatal y Regional, no hace que éstas se integren en una economía de escala superior, ya que por si mismas tienen el volumen para optimizaciones sin externalización.

Acabó como lo hice hace unas semanas. Que no nos tomen por tontos.

Retomo una serie que tenía abandonada hace tiempo. La crisis deja todo viejo e ideas innovadoras rápidamente suenan a algo manido. Ese es el caso del modelo «AppsForDemocracy«, aunque por estos lares sólo haya tenido reflejo en «AbreDatos2010«.  Demosle la vuelta al invento.

Es conocido por todos que Google obliga a dedicar un 10% de su tiempo a sus ingenieros a realizar proyectos que no son dirigidos/orientados por sus máximos responsables. Dicen incluso que googleadds es un fruto de ese 10%. ¿Y porqué no aplicar ese esquema a la Administración Pública? Reiventar Appsfordemocracy, incentivar que se creen equipos multidisciplinares que en un proceso bottom-up dediquen un 10%-20% de su tiempo a desarrollar servicios públicos ideados por ellos. Y aún podemos ir más allá. Que estas aplicaciones ideadas y creadas por los empleados públicos sean evaluadas por los ciudadanos. Algo parecido ha puesto en pie UK, pedir ideas a sus empleados públicos para ver dónde cortar el gasto.

Toda innovación es susceptible de ser reinventada. La crisis nos obliga a la reinvención continua.

Lo público empieza a parecerse demasiado a lo privado. La reforma necesaria de la Administración Pública ha de traernos un alud de recetas de lo privado a lo público. Alguna no necesariamente mala.

Por ejemplo, las fusiones y adquisiciones (M&A). Son un método básico de racionalización de los sectores, y en el público estamos algo necesitados de ello. Pero estas han de ir más allá del maquillaje estético de un puñado de Direcciones Generales.  La fusión de grandes bloques administrativos comienza a ser necesario, si no hemos sabido compartir servicios rompiendo la cultura de silos no queda otra alternativa. Un ejemplo es lo hecho en Grecia, la reducción en dos tercios de los ayuntamientos. Teniendo en cuenta que en España tenemos 8.000 ayuntamientos, y si las cuentas griegas no son muy incorrectas, ello nos supondría al menos 6.000 millones de ahorro.

Pero las fusiones y adquisiciones traen otras consecuencias: Las recolocaciones (vamos a suponer que no llegamos a los ERE). Nos están cambiando el modelo de negocio de las Administraciones Públicas, y ello requiere que pensemos hora a hora en adquirir nuevas capacidades para hacerlo frente formando a los empleados públicos en ella. No hay sólo que buscar estas capacidades fuera, sino también asegurar que son adquiridas por la organización una vez localizadas. Valga como ejemplo de lo que no hay que hacer lo hecho en el País Vasco (al que suelo criticar poco) con el pliego de «Escucha Activa»: Ni una mención a una efectiva transferencia de conocimiento.

M&A y recolocaciones, son sólo dos ejemplos. Aunque al trasladarlos no haya que hacerlo sin respetar ciertas peculiaridades de las AAPP, ello no ha de suponer que las olvidemos.

Ayer se publicó el Plan Avanza 2 (Estrategia 2011-15 para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España), que fué aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Era sospechoso que en la reseña del Consejo no figurara mención a previsiones presupuestarias y que en la rueda de prensa subsiguiente no se hiciera mención a presupuesto alguno. Y no había mención, porque  tal y como se indica en la reseña de ayer

Estrategia que, como tal no está vinculada a unos presupuestos concretos sino que marca unas prioridades que se adoptarán y desarrollaran dentro de los escenarios de consolidación presupuestaria aprobados por el Gobierno.

Y es una lástima, porque en el área del Gobierno Electrónico hay cuando menos buenas intenciones. En el anexo que recoge todas las medidas previstas (?), dentro de las agrupadas bajo el epígrafe «Desarrollar servicios de Gobierno Abierto y de la eAdministración» aparecen cantos a Planes de Gobierno Abierto y a la racionalización de los recursos TIC en la AGE, aspectos ambos necesarios. ¿Serán de las que sean posibles dentro de los escenarios de consolidación presupuestaria?

Pero el tema del Gobierno Electrónico es colateral. Con el perfecto razonamiento de la importancia del desarrollo de la Sociedad de la Información que se realiza en el planteamiento estratégico, llama la atención que no se haga una mínima reserva presupuestaria para el desarrollo de un aspecto clave dentro del desarrollo de un nuevo modelo económico. De momento Avanza 2, es sólo una estrategia. El dinero, más tarde.

Hace ya un tiempo desde la entrada anterior de esta serie intermitente. Retomo la misma días después de un evento en el cual representantes de distintos gobiernos contaban experiencias nacionales alrededor de la co-producción, tras algunas de las cuales se adivinaba el principal de sus riesgos: el rapto ideológico de la co-producción de servicios públicos por las tesis neoliberales.

Valga como ejemplo ilustrativo de las mismas las expuestas por un país de la Europa del Este, ambas alrededor del área de la seguridad ciudadana. La primera de ellas, describía como parte de los medios técnicos para potenciar los niveles de seguridad en un área conflictiva eran aportados por los ciudadanos, que «voluntariamente» decidían incluir cámaras de vigilancia de su bloque de viviendas en la red de observación de la policía. La segunda de ellas, era la dotación de medios a partrullas ciudadanas autoconstituidas en grupos étnicos de difícil integración social para la vigilancia y desarrollo de otros servicios (e.g. limpieza). No es difícil adivinar, como ambas conducen a la creación de desigualdades en servicios públicos esenciales y a su rapto potencial por grupos de interés.

No sirve cualquier tipo de co-producción de servicios públicos. La orientación de la co-producción ha de ser de carácter social, guiada por tres principios:

  • Sostenibilidad económica, la continuidad revalorizada de los medios de los que se dote a las comunidades que colaboran con el gobierno en la prestación del servicio, especialmente en los esenciales. Si esta no puede asegurarse, no se ha de iniciar la co-producción.
  • Responsabilidad gubernamental, la co-producción no es un nuevo «rolling-back the frontiers» del Estado, se trata de abrir al ciudadano en la máquina administrativa. Pero la frontera del Estado, y la responsabilidad consecuente, sigue en el mismo sitio.
  • Inclusividad, los servicios esenciales han de seguir prestándose a todos, no hay limitaciones sobre su calidad y si esta no es la deseable, ejerciéndo el principio anterior el Estado debe recuperar los servicios en que se ha cedido ámbitos de responsabilidad.

En definitiva, la co-producción ha de ayudar a los Estados a hacer más con menos, pero no ha de primar sólo una versión economicista.