Me ha resultado sorprendente una de mis últimas lecturas, en las que la rama británica de la consultora Deloitte pontifica el tema de los servicios compartidos en la Administración Local del Reino Unido. La razón no es otra sino que en ella se hace una apología del uso de la herramienta legislativa como instrumento para forzar que las Administraciones Locales compartan servicios e infraestructuras. Acostumbrados a como los proveedores se esfuerzan en vender las mismas soluciones una y otra vez a los distintos organismos públicos, no deja de ser un consejo sorprendente viniendo del sector privado. El documento está enfocado al caso muy particular de la Administración Local británica y se refiere de modo general a todo tipo de servicio e infraestructura de AAPP, pero evidentemente le lleva a uno a pensar sobre la necesidad de racionalizar apoyándose en instrumentos legales las infraestructuras y servicios tecnológicos en las Administraciones de nuestro país.
Existen pocas razones para que ésta racionalización no se haya hecho ya. Siguiendo el documento arriba mencionado, podemos establecer tres tipos de infraestructuras y servicios tecnológicos:
- Procesos transaccionales, enfocados a dar soporte a la tarea administrativa común (recursos humanos, contabilidad, adquisiciones, …)
- Servicios profesionales, destinados a dar soporte de personal tecnológico generalista a las áreas tecnológicas y responsables de las distintas políticas públicas
- Servicios a los ciudadanos, con el objetivo de facilitar las soluciones específicas a cada política pública
Los hay que han abogado en ocasiones por la creación de una Agencia específica para soportar esta racionalización de las infraestructuras y servicios tecnológicos. Ello parece razonable al menos en los dos primeros tipos arriba expuestos, y sin duda introduciría un cierto factor de racionalización, sin embargo no he creido nunca que fuera la mejor opción. Basta remitirse a las expectativas medianamente satisfactorias de aplicar ese modelo en algunas Administraciones.
¿Sirve de algo racionalizar la infraestructura tecnológica sino se hace con el proceso al que se da servicio? El documento de Deloitte nos presenta quizás una mejor alternativa, racionalicense y compartanse los procesos completos. La optimización de recursos no ha de ser meramente tecnológica, sino de las áreas transversales completas.
Si uno presta atención, no es difícil extrapolar los tipos de servicios e infraestructuras tecnológicas arriba expuesto a cualquier área transversal. Ejemplos existen muchos. ¿Existen razones para que exista en cada organismo o ministerio un departamento de nóminas, otro de adquisiciones, otro de …? Las herramientas para esta racionalización, el soporte legal, existe, al menos para la AGE, la olvidada Ley de 28/2006 Agencias Estatales. Junto con la aplicación a unidades con un objetivo de negocio más o menos concreto (AEVAL, BOE, AEMET, …), va siendo quizás el momento de aplicar esta ley a las áreas transversales, al menos a todas aquellas que son un proceso no único, de despliegue replicable y de caracteristicas ampliamente estandarizadas.
No obstante, quizás habría que plantearse que éste compartir infraestructuras y servicios por el conjunto de las AAPP. Las restricciones presupuestarias impulsan a ello. Algo parecido ya proponía Felix Serrano propugnando la extensión del modelo cloud computing a todo servicio posible. No sólo las TIC han de ser objeto de racionalización, aunque los ejemplos de éxito dentro de nuestro pequeño universo (y los autores de los mismos) deberían ser tomados como referencia obligada.
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