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La participación ciudadana es uno de los pilares básicos sobre los que se asientan los sistemas democráticos.

Esta frase es el bello comienzo del primer borrador de la Ley de Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma Canaria, que su Gobierno ha hecho público y declarado abierto a las aportaciones de la ciudadanía de las Islas. El proyecto de ley autonómico es un hito no sólo por ser la primera ley de este tipo, sino además por ser la primera que promete aportar un marco, aunque territorialmente reducido, a la Participación-e.

La Participación-e está llamada a ser la palanca que permita superar el modelo de democracia representativa y llevarnos a una democracia deliberativa, basada en los valores de la transparencia gubernamental y la corresponsabilidad de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas. Aunque las herramientas tecnológicas que pueden hacerla posible, la constelación de productos etiquetados como Web 2.0, están ahí desde hace ya mucho tiempo, soy de los que piensa que la Participación-e sólo será posible cuando exista una regulación que la defina en todos sus aspectos. Sólo si la Administración adquiere unos compromisos de cómo va a hacer uso de este nuevo canal de participación y para qué, la ciudadanía se sentirá atraída a colaborar (qué de eso se trata) a perfilar la «cosa pública».

En el proyecto de ley canario, sin embargo, son todavía más las expectativas que levanta que las realidades que contiene. No presenta aún la estructura de texto articulado y en muchos aspectos tan sólo realiza enumeración de puntos a tratar. Sin embargo basta ver que entre sus fines enumera «Impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información para facilitar la participación ciudadana de todos los habitantes de Canarias» para tener razones sobradas para la esperanza. Esta expectativa se ve confirmada cuando la ley establece la información por canal electrónico como paso previo para el uso de ese mismo canal por los ciudadanos para poder aportar a la Administración información que permita adecuar a sus necesidades políticas y servicios públicos.

En definitiva, esta primera regulación de la Participación-e es un ejemplo que debían seguir todas las Administraciones Públicas de este país. Esta vez, dónde estamos una hora retrasados es en la España continental.

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