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Posts Tagged ‘Cloud Computing’

A partir de Octubre «Apuntes Electrónicos» cambia de dirección. Esta entrada puede leerse ya en la nueva versión de la bitácora.

La crisis pone muchos usos y costumbres en el disparadero. Entre ellos, el uso que de las TIC hacemos en las Administraciones Públicas. Aunque el tanto por ciento del gasto presupuestario dedicado a las TIC se ha mantenido prácticamente estable en el pasado quinquenio,  si es hora de tratar de hacer un uso más optimizado de los fondos públicos destinados a tecnología. No voy a entrar de nuevo en el debate de si los resultados obtenidos con  el uso de las TIC en las AAPP son los adecuados, ya que creo es difícil aislarlo de otros aspectos, tampoco en si lo que hacemos con las TIC puede hacerse de un modo más eficiente (la respuesta obvia es sí). Hoy toca hablar de las implicaciones organizativas en las AAPP de introducir eficiencia en el uso de las TIC y como facilitarlas.

Parto de la base, que la introducción de eficiencia en el uso de las TIC en las AAPP no ha de significar la externalización de las mismas. Existen, a mi juicio, razones de peso para no ir por esta opción. Ello no evitará un impacto organizativo. La Administración, en especial la AGE, cuenta con un modelo excesivamente atomizado de introducción de las TIC en las AAPP. En lugar de haber servido como piedra arrojada contra esa jaula de cristal de la eficiencia que es la cultura de silos, se ha visto en cierto modo encerrada en la misma. Cualquier factor de eficiencia que trate de introducirse en el uso de las TIC ha de suponer por fuerza la necesidad de recolocar recursos humanos y reordenar estructuras. La introducción de infraestructuras TIC como servicio (IaaS)  ofrecido por una unidad administrativa a las restantes es la primera piedra de esta reorganización.

La aplicación del concepto de infraestructura como servicio (IaaS) dentro de la AGE es el primer paso de lo que sería de hecho una «fusión fría» de unidades TIC. La virtualización masiva de máquinas y almacenamiento, por ejemplo, supondría una liberación de recursos  humanos difícil de estimar, pero que fácilmente superaría el 10% del personal TIC de la AGE (e.d. entorno a las 1500 personas) en un escenario de 4-5 años.  Liberaciones menores de personal pero no menos importantes supondría desplegar un correo único en la AGE o hosting de webs públicas (e.d. reducir el papel de las unidades administrativas a la gestión de sus contenidos). Los beneficios de esta liberación de recursos para otras actividades son claras: Más servicios para los ciudadanos, eliminación de dependencia de proveedores externos al poder asumir proyectos en manos privadas, …

Es fácil imaginar las resistencias culturales (no sólo internas a la AGE sino de los proveedores) a las que una «fusión fría» de este tipo habría de enfrentarse. Sólo una clara definición inicial de los principios de la introducción de la infraestructura como servicio en la AGE, de aquello que no puede ser discutido, facilitaría su implementación. Andrea Di Maio en una entrada en su bitacora hablaba de algunos de ellos dentro del más amplio marco de las G-Clouds, ejemplos de los mismos serían:

  • Funcionamiento con mentalidad de servicio, estableciendo acuerdos claros con las áreas usuarias y precios a pagar por las unidades por el uso infraestructuras en modo servicio
  • Hacer obligatorio el uso de las infraestructuras definidas como servicio, definiendo un acotado escenario de excepciones que no suponga voluntariedad alguna
  • Vetar el establecimiento de las grandes unidades TIC como proveedores de infraestructuras en modo servicio, conduciendo a una pérdida de eficiencia en la introducción del modelo
  • Construir sobre casos de éxito pre-existentes, aprovechando las experiencias de servicios compartidos ya desarrolladas
  • Definición de una hoja de ruta de migraciones y aplicación para nuevos proyectos, haciendo ineludible su cumplimiento ligándolo a objetivos medibles para cada responsable de unidad
  • Creación de una oficina de servicios con autoridad ejecutiva, destinada realizar un seguimiento de uso de las infraestructuras en modo servicio, solventar las problemáticas que se planteen con su introducción e impulsar el calendario establecido. Dicha oficina resolvería también aspectos relacionados con la reubicación de los recursos humanos  liberados.

Y de nuevo, volvemos a un tópico recurrente y querido por mí: La politización del Gobierno Electrónico. El principio más importante de la «Fusión fría» sería el impulso al máximo nivel político de la misma.

Si tienes comentarios sobre esta entrada, hazlos en la nueva versión de la bitácora.

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Llevo unos días leyendo sobre el modelo Cloud-Computing. Como en todo, nunca termino de profundizar lo que deseara y no hago más que acercarme a ello de modo intermitente.  Tecnológicamente, no creo que sea algo novedoso, excepto en lo necesario para hacer viable de modo masivo el mundo del mainframe y el hosting, no deja de ser avanzar por sendas ya andadas. Es más importante su impacto en el funcionamiento de AAPP y en la sociedad.

El Cloud-Computing nos lleva al desarrollo extremo de los servicios compartidos. Da lugar a un escenario en que las excusas para utilizar infraestructuras y aplicaciones comunes se convierten en defensa de reino de taífas. Tarde o temprano el ciudadano pasará factura a aquellos que se aferren a las ineficiencias.

Pero entrar en el mundo de los servicios compartidos y la escalabilidad sin límite prometida por el modelo nos lleva a replantearnos aspectos de cómo funcionamos. ¿Cómo aceleramos los ciclos de adquisición para adaptarlos a la celeridad de la provisión facilitada por el modelo? ¿Cuál ha de ser el rol de las unidades TIC dentro del modelo? Son algunos interrogantes que van más allá del interrogante básico de la elección entre una nube externa o una nube administrativa.

Las elecciones dentro del ámbito de la AAPP acerca de cómo adoptar el modelo lleva también a implicaciones sobre la sociedad a la que sirven. La elección de proveedores geográficamente lejanos de servicios en la nube, lleva a la deslocalización de la industria TIC, con lo que ello conlleva de empobrecimiento social. Tampoco todas las opciones pueden llegar a satisfacer los requisitos de privacidad necesarios para los servicios de las AAPP. Finalmente, el control absoluto sobre la nube le permite a las AAPP ofrecer valiosos servicios tecno-sociales a la ciudadanía, en especial a PYMEs.

En definitiva, cuando elijamos entre los dos parámetros que caracterizan a al cloud-computing, quién nos ofrece los servicios y con quién los compartimos, las AAPP no estamos exentos de estar tomando una decisión que afectará al modelo de sociedad al que nos encaminemos. No sólo hemos de guiarnos por el cortoplacismo economicista.

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La nube se presenta como el instrumento de un nuevo cambio de paradigma. Cedemos el control absoluto de nuestros activos TIC a cambio de la promesa de una escalabilidad infinita, eliminar los compromisos a largo plazo y disponibilidad inmediata de recursos.  Ello no se alcanza sin sacrificios previos. Es necesario primero saber dónde estamos para poder determinar cómo llegar a nuestro destino.

Las TIC en las Administraciones Públicas han sido desplegadas basadas en la disponibilidad infinita de recursos. Varios Centros de Proceso de Datos por cada Ministerio/Consejería, líneas de comunicaciones sobredimensionadas y servidores de uso ínfimo con aplicaciones de uso estacional se multiplican como setas. La migración a la nube necesita de una consolidación previa. La consolidación previa requiere dinero. Es el momento de empezar a trabajar ahora para poder consolidar cuando existan recursos.

Esta idea tan simple es la que está aplicando Vivek Kundra en los USA. Un plan basado en la autonomía de cada centro directivo, pero firmemente monitorizada en su ejecución y resultados por una autoridad con poder sobre la estrategia global.

Hay que aprovechar la crisis para replantearnos cómo hacemos las cosas. A cambio, mas eficiencia económica y ecológica. Nada más, ni nada menos.

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Me ha resultado sorprendente una de mis últimas lecturas, en las que la rama británica de la consultora Deloitte pontifica el tema de los servicios compartidos en la Administración Local del Reino Unido.  La razón no es otra sino que en ella se hace una apología del uso de la herramienta legislativa como instrumento para forzar que las Administraciones Locales compartan servicios e infraestructuras. Acostumbrados a como los proveedores se esfuerzan en vender las mismas soluciones una y otra vez a los distintos organismos públicos, no deja de ser un consejo sorprendente viniendo del sector privado. El documento está enfocado al caso muy particular de la Administración Local británica y se refiere de modo general a todo tipo de servicio e infraestructura de AAPP, pero evidentemente le lleva a uno a pensar sobre la necesidad de racionalizar apoyándose en instrumentos legales las infraestructuras y servicios tecnológicos en las Administraciones de nuestro país.

Existen pocas razones para que ésta racionalización no se haya hecho ya. Siguiendo el documento arriba mencionado, podemos establecer tres tipos de infraestructuras y servicios tecnológicos:

  • Procesos transaccionales, enfocados a dar soporte a la tarea administrativa común (recursos humanos, contabilidad, adquisiciones, …)
  • Servicios profesionales, destinados a dar soporte de personal tecnológico generalista a las áreas tecnológicas y responsables de las distintas políticas públicas
  • Servicios a los ciudadanos, con el objetivo de facilitar las soluciones específicas a cada política pública

Los hay que han abogado en ocasiones por la creación de una Agencia específica para soportar esta racionalización de las infraestructuras y servicios tecnológicos. Ello parece razonable al menos en los dos primeros tipos arriba expuestos, y sin duda introduciría un cierto factor de racionalización, sin embargo no he creido nunca que fuera la mejor opción. Basta remitirse a las expectativas medianamente satisfactorias de aplicar ese modelo en algunas Administraciones.

¿Sirve de algo racionalizar la infraestructura tecnológica sino se hace con el proceso al que se da servicio? El documento de Deloitte nos presenta quizás una mejor alternativa, racionalicense y compartanse los procesos completos.  La optimización de recursos no ha de ser meramente tecnológica, sino de las áreas transversales completas.

Si uno presta atención, no es difícil extrapolar los tipos de servicios e infraestructuras tecnológicas arriba expuesto a cualquier área transversal. Ejemplos existen muchos. ¿Existen razones para que exista en cada organismo o ministerio un departamento de nóminas, otro de adquisiciones, otro de …? Las herramientas para esta racionalización, el soporte legal, existe, al menos para la AGE, la olvidada Ley de 28/2006 Agencias Estatales. Junto con la aplicación a unidades con un objetivo de negocio más o menos concreto (AEVAL, BOE, AEMET, …), va siendo quizás el momento de aplicar esta ley a las áreas transversales, al menos a todas aquellas que son un proceso no único, de despliegue replicable y de caracteristicas ampliamente estandarizadas.

No obstante, quizás habría que plantearse que éste compartir infraestructuras y servicios por el conjunto de las AAPP. Las restricciones presupuestarias impulsan a ello. Algo parecido ya proponía Felix Serrano propugnando la extensión del modelo cloud computing a todo servicio posible. No sólo las TIC han de ser objeto de racionalización, aunque los ejemplos de éxito dentro de nuestro pequeño universo (y los autores de los mismos) deberían ser tomados como referencia obligada.

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La Administración General del Estado se caracteriza por un modelo descentralizado de servicios generales. Nómina, RRHH, Tecnologías de la Información, … son gestionados, por lo general, de modo autónomo por cada ministerio u organismo Administrativo. Consecuentemente, un cambio político que tenga como resultado una variación sobre el entramado organizativo de la Administración, deriva en la creación, fusión y supresión de los recursos humanos y físicos dedicados a estos servicios generales.

Dejando a un lado aspectos organizativos, dentro de los componentes de Tecnologías de la Información, se han buscado soluciones de servicios centralizados y servicios compartidos para hacer frente a la situación descrita. Soluciones que además han sido también aplicadas para resolver necesidades comunes.  Ambas estrategias, no obstante, no han podido ser explotadas lo suficiente como para producir beneficios significativos de eficiencia y optimización en el uso de recursos. Las causas del fracaso relativo del modelo y su extensión a todos los ámbitos dónde sería posible, son difíciles de determinar. Probablemente, cada funcionario podría dar su versión de las mismas y no coincidirían con la de otro compañero: organizativas, liderazgo, económicas, … Nuevos paradigmas como el «cloud computing» pueden aportar nuevas aproximaciones al problema dentro de la Administración 2.0.

De acuerdo a la defición y caracterización del término «cloud computing» aportado por el  NIST, nos encontramos ante un uso de componentes de Tecnologías de la Información bajo demanda, elástico en su provisión, en régimen de autoservicio, pagando por uso de componentes de localización incierta desde cualquier lugar.  La aproximación al problema que nos aporta el «cloud computing» difiere, de un lado, de los servicios compartidos por la falta de relación organizativa y de coordinación entre los usuarios de los componentes y de los servicios centralizados por la deslocalización de infraestructuras.  Los componentes susceptibles de ser compartidos u ofrecidos como servicio son:

  • Infraestructuras hardware, recursos físicos aislados o en red  para desplegar aplicaciones o datos; e.g. un data center virtual
  • Infraestructuras software, componentes software de carácter básico con opacidad de la infraestructura que los soporta; e.g. servidores de mail
  • Aplicaciones, servicio prestado por componentes software sin control de la gestión y operación de los mismos; e.g. desktop virtual tipo google applications
  • Integración de servicios «cloud computing», facilitando la visión integral de algún aspecto (identificación, seguridad, …) común a un conjunto de servicios «cloud computing» de distinto prestador; e.g. un servicio de autenticación cross-service tipo facebook connect

El modelo, como superación de los modelos de servicios compartidos y centralizados, tiene su atractivo para las Administraciones Públicas. Cuenta sin embargo con inconvenientes que detallé anteriormente para las Administraciones Públicas, y que podemos resumir en:

  • Ciertos datos manejados por las Administraciones Públicas han de estar sometidos a las legislaciones nacionales específicas (Protección de Datos Personales, Propiedad Intelectual, …), por lo que el lugar dónde están ubicados o al menos la corte de resolución de conflictos es importante.
  • Integración de componentes en régimen de «cloud computing» con los que, por los datos manejados o criticidad, se mantienen «in-house» a efectos de seguridad, recuperación ante incidentes, …
  • Portabilidad entre proveedores de componentes «cloud computing»

Dado que estos problemas afectan por igual a todos los órganos y organismos de una misma Administración, una posible solución es la creación de lo que el NIST identifica como «private cloud» de ámbito gubernamental. O lo que es lo mismo, crear una nube de servicios sobre infraestructura dedicada. La dificultad está en cómo construirla sin caer en un modelo de servicios centralizados o compartidos. La solución claro está, es definir una oferta de servicios clara y los compromisos de los mismos por parte del proveedor en relación bilateral con los órganos administrativos.

La selección de proveedor de la «private cloud» es un punto debatible. Los modelos organizativos de la Administración General del Estado puede llevar a unos a propugnar la solución de una Agencia Estatal. No creo que sea el camino sino se aplican matices previos. La legislación vigente deja demasiado margen para el amiguismo en un sector en crisis. Si no estamos hablando de una Agencia con los niveles directivos reservados a funcionarios, veo más oportuno hacerlo  bajo el modelo de una Dirección General dentro de un Ministerio fuerte que realice convenios con los restantes. Un modelo de este tipo al menos aseguraría que tan sólo el máximo nivel fuera nombrado de modo arbitrario. Y finalmente siempre quedaría recurrir a un proveedor del sector privado. De ser así, habría aspectos del contrato en los que habría que tener especial cuidado:

En cualquier caso, no todos los componentes de Tecnologías de la Información podran adquirir el nivel de commodity en la nube. Veo difícil llevar a la nube aplicaciones que no sean estándar y propias del negocio de cada organismo. Por lo que difícilmente la «private cloud» gubernamental podría pasar de ser un proveedor de infraestructura hardware o software junto con un conjunto de servicios básicos y/o respuesta a necesidades comunes.

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Me pilló trasmano el interesante diálogo sobre la revolución dospuntocerista en las AAPP de K-Goverment. Toda una demostración del poder de convocatoria de uno de los sitios de Internet más inteligentes que conozco y que más han cambiado mi vida. Y no lo digo por hacer la pelota a Carlos Guadián, sino porque de su mano entre en contacto con este diálogo continuo que es la blogosfera pública.

Y me pilló a trasmano, porque andaba enfrascado en otra lectura interesante, los primeros capítulos de «Here comes everybody», escrito por Clay Shirk. El libro, por lo que llevo, es superior a la hora de explicar la revolución 2.0 de la sociedad que «Wikinomics».

Andaba, concretamente, enfrascado en el tercero de los capítulos en que analiza como los medios de comunicación andan perdidos en toda esta revolución, desde los periódicos a las discográficas. ¿Somos las Administraciones otros naufragos del 2.0? Pues tenemos bastantes papeletas para llegar a serlo si seguimos el razonamiento del autor.

El autor, achaca la causa del naufragio 2.0 de periódicos y discográficas en que no supieron entender que alguien que producía de modo no profesional lo que ellos hacían de modo profesional pudiese cambiar su existencia. ¿No nos está pasando eso ya? Hay tenemos los foros de participación dónde los ciudadanos opinan, a nuestras espaldas, de los proyectos de la Administración ante la rigidez de los cauces de diálogos que proporcionamos. Hay tenemos los colectivo sociales que (en otros países) dan servicio de cara al cliente como canal alternativo a las Oficinas de Atención al ciudadano.

Las profesiones, y ser funcionario es una profesión, sólo tienen sentido en la medida que son capaces de resolver un problema. Si el problema que tenemos que resolver es prestar servicios a los ciudadanos habiendo escuchado los problemas que nos plantean, y dejamos de resolverlo, estamos abocados al fin. Podremos convertirnos en los próximos naufragos del 2.0.

Los medios sociales 2.0 pueden ser una herramienta que nos ayude a hacer realidad el diálogo continuo con el ciudadano, estar más cerca de sus inquietudes. Pero la herramienta no estará presta a que la cojamos por siempre, y si nosotros no lo hacemos, otros lo harán y quedaremos condenados al basurero de la historia, que decía el filósofo. Y si no nos lo creemos, es que no hemos aprendido de lo que les pasó a las discográficas por no querer hacer uso de Internet como medio de distribución.

Salvémonos el naufragio y encaminémonos a por los salvavidas.

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Hace unos días, la red ardía ante la decisión de Facebook de quedarse para siempre con los contenidos de sus usuarios. Un sútil cambio en los términos de servicio hacia que todo aquel que colgase allí sus contenidos convistiera graciosamente a Facebook en heredero anticipado de su propiedad digital. El gigante reculo ante el clamor de sus usuarios, pero la polémica sobre el significado del movimiento quedó abierto, y ha habido algún excelente análisis sobre los contenidos en redes sociales y su uso como el de Soitú.

Casi al mismo tiempo me enteré que, como diría Gabi, en una demostración de que «si se puede» la Biblioteca Nacional abría página en Facebook. Desconozco el procedimiento administrativo que se ha seguido para ello y, consecuentemente, los términos de servicio que se acordaron con Facebook, algo distintos a los del común usuario son, ya que no aparece publicidad en la página, pero el tema suscita interesantes cuestiones acerca del uso de los medios sociales en la nube por las AAPP y las carencias de pautas para su uso en los servicios públicos.

Comencemos por lo ya mencionado, los términos de prestación del servicio. Desconozco, como ya he indicado, si los términos acordados por la Biblioteca Nacional son o no distintos de los que se me aplican a mi. Pero pongámonos en el peor de los casos. Ello significaría que por unas horas todos los españolitos habíamos contribuido al patrimonio digital de Facebook con un conjunto de imágenes sobre el pasado de la Biblioteca Nacional, que habría obtenido unas condiciones de reutilización de la información pública sensiblemente mejores a las que nadie pudiera obtener. Curioso, ¿no? Pautas sobre que términos de servicio pueden y no pueden aceptarse a la hora de contratar los medios sociales en la nube es una primera carencia identificada.

No acaba aquí la cosa. ¿Porqué la Biblioteca Nacional usa Facebook? Alguien dirá, pues porqué es la más extendida, porqué va a ser. Ya. Pero resulta que en el sector público hay unas estrictas formalidades en la selección de proveedores, que es de suponer se han seguido a la hora de contratar el servicio. El encaje del uso medios sociales en la nube, sean de pago o gratuitos, con las leyes de contratación del sector público es otra cuestión que comienza a abrirse, y que habría que tener unas pautas precisas para no pisar en falso.

Finalmente, y aunque estoy seguro a alguien se le ocurrirán más pautas que nos faltan, retorno al tema de la publicidad dentro de los servicios públicos. Cómo ya he indicado, la página de la Biblioteca Nacional está inmaculada y sin baldón publicitario, pero echemos un vistazo al uso de Youtube del Canal MEPSYD. Por supuesto que no existe publicidad en él, pero si en búsquedas en «You Tube» derivadas de los contenidos introducidos. La misma busqueda de MEPSYD o del nombre de la Ministra hacen aparecer los vídeos del Canal MEPSYD junto con enlaces patrocinados que nada tienen que ver con las AAPP. ¿Es lícito que figure la publicidad junto con contenidos públicos?

Resolver las lagunas que existen entorno a la contratación, términos de servicio y publicidad en el uso de medios sociales en la nube por parte de las AAPP, son solo las primeras cuestiones. ¿A alguien se le ocurre alguna más?

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Si tuviera que elegir vectores de impulso de las Tecnologías y la Sociedad de la Información, en general, y el Gobierno Electrónico, en particular, en esta fase de crisis global escogería las herramientas Web 2.0, las arquitecturas orientadas a servicio (SOA) y la computación en la nube (cloud computing). Todas ellas tienen un común denominador, permitir el uso eficiente de recursos, el Santo Grial buscado por todas las organizaciones en estos tiempos de crisis. Si bien de los dos primeros vectores se ha hablado ya mucho y son términos familiares, el tercero de ellos parece estar aún en una fase primigenia, esa que Gartner llama de las grandes expectativas. Reflejo de este estadío, es el monográfico que The Economist le ha dedicado en uno de sus últimos números.

Las grandes expectativas alrededor del cloud computing queda a las claras con la entrada de Microsoft en juego, que ha anunciado con las fanfarrias propias del caso Azure. Tenemos de nueva servida una lucha sin cuartel en el ámbito de las Tecnologías de la Información con la compañía de Redmond como protagonista. Queda por saber sólo el resultado, si Google vencerá en el combate que previamente perdieron otros (Apple, Netscape, Sun, …). La incognita de si por fin se producirá un cambio de monopolio dominante en el sector será fuente de inumerables apuestas y predicciones.

El cloud computing aplicado en el mundo corporativo, pone ante nosotros la última frontera de la externalización. Las redes se convierten realmente en plataforma de servicios, el software se inmaterializa definitivamente. El software como servicio nos trae nuevas oledas de deslocalización de las Tecnologías de la Información, los Centros de Proceso de Datos buscan lugares dónde sea más barata la producción de instrucciones por segundo, en la generación de ahorro mediante la implantación en lugares dónde la energía sea barata y la mano de obra tecnológica también.  Pero la deslocalización del procesamiento de los datos nos trae un problema obvio: La deslocalización de los datos.

El tratamiento de la información de acuerdo a la legislación que le corresponde y su privacidad son, quizás, las barreras para el despegue del cloud computing. Y será el centro de la polémica y de los modelos de negocio. Es de esperar, que en el mercado pugnen dos diferenciados.  De un lado, aquellos proveedores que ofrezcan servicios multilegislación, dejando al cliente elegir el nivel de seguridad y privacidad que les sea de aplicación. De otro lado, los que propugnan la construcción de zonas de tráfico libre de información y bajo unas mismas (pocas) normas.

Personalmente, creo más beneficioso para todos el éxito del primero de los modelos. Si las consecuencias de la aplicación de un modelo semejante al segundo de los enumerados al mundo de las finanzas ha supuesto una catástrofe económica mundial, la desregulación del tratamiento de la información y su almacenamiento sin un control claro puede llevarnos a situaciones impredecibles. Ejemplo de ello, es la permanente supervisión a la que está sometido nuestro correo electrónico via webmail, tanto por legislaciones que nos son ajenas (e.g «Stored Communications Act» de los USA) como por los proveedores (e.g. los anuncios que sugiere Gmail a partir del análisis del mail que estamos leyendo).

La complejidad de la ejecución de legislaciones nacionales en entornos deslocalizados no son excusa para su no aplicación. La exigencia de los mismos en las soluciones corporativas de cloud computing que empiezan a ofrecer los proveedores, es una batalla que no se puede perder. Y más en el entorno del Gobierno Electrónico.

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