¿Anuncios de nuevos cisnes negros en las tierras del empleo público?

A partir de Octubre «Apuntes Electrónicos» cambia de dirección. Esta entrada puede leerse ya en la nueva versión de la bitácora.

No había tenido hasta ahora, la oportunidad de una lectura pausada del Real Decreto 868/2010, de 2 de julio, por el que se crea el Observatorio del Empleo Público. Buscando por la blogosfera pública, he encontrado pocas referencias al mismo, más allá del escéptico comentario sobre su utilidad de Oscar Cortes o la satírica visión de Sevach. A mi, la lectura del Real Decreto  me ha levantado más preocupaciones que escepticismo y un deseo de que efectivamente no se trate más de lo que Sevach llama un grupo de amigos de la papiroflexia.

Efectivamente, existen razones para el escepticismo ante la lectura del Real Decreto. Se constituye un órgano con la finalidad de realizar  «diagnósticos en materia de recursos humanos, el análisis de la situación del empleo público y la formulación de propuestas y recomendaciones de actuación» (artículo 2), que más adelante se anuncia que van a ser realizados con los medios técnicos, personales y materiales ya existentes en la Dirección General de Función Pública y sin que suponga impacto presupuestario (Disposición adicional segunda). Ello sólo puede implicar dos cosas. O bien se va a seguir realizando lo mismo pero va a ser convenientemente adornado o bien van a dejar de realizarse actividades que antes se realizaban en esta Dirección General. Me inclino por la primera de las opciones, aunque carezco de base para tal opinión, ya que es de suponer que los diagnósticos misión del observatorio son ya realizados por la Dirección General de Función Pública.

Pero existen más razones para la preocupación que para el escepticismo. Estas preocupaciones nacen de la lectura de su artículo 3, donde se describen las funciones del Observatorio. Donde uno podía esperar alguna mención a  buscar como articular la formación o carrera profesional de los empleados públicos para un mejor servicio a los ciudadanos, se encuentra (ver artículo 3b) menciones a la necesidad de redimensionar plantillas e identificar posibles servicios que puedan ser externalizados o (ver artículo 3c) alusiones a la elaboración de propuestas para la reforma del régimen jurídico del empleo público.

La bajada de sueldo a los empleados públicos regulada por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público fue el primero de los cisnes negros que llegaron a las tierras del empleo público.  Los habrá que piensen que no van a aparecer más cisnes negros en los cielos del sector público, pero ello no es más que un deseo voluntarioso . Los huevos de los cisnes negros se incuban en los nidos de los Reales Decreto Ley.  Y hay países dónde están empezando a salir del casacarón.

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Comparación del gasto TIC en AAPP como base de la racionalización

A partir de Octubre «Apuntes Electrónicos» cambia de dirección. Esta entrada puede leerse ya en la nueva versión de la bitácora.

El coste de las Tecnologías de la Información en las Administraciones Públicas es objeto de debate recurrente. Una continua puesta en tela de juicio de su presunto excesivo coste para el erario público, que además suele castigar más a quien más transparente es en los gastos en los que incurre. Una cosa lleva a otra, y fruto de ese debate son los continuos cantos a la externalización de las TIC que en alguna entrada anterior de la bitácora he comentado. Sólo demostrando que se dan los servicios tecnológicos adecuados, con la calidad requerida y al coste preciso, es posible cortar este debate. Cortar dicho debate permitiría al colectivo de profesionales públicos de las TIC participar en otros, adentrarse en los senderos vedados a quienes no son economistas, abogados o leguleyos.

Pero identificar los servicios adecuados, calidad necesaria y costes precisos sólo es posible mediante una comparación entre iguales. Y hoy desconocemos cuanto nos cuesta a cada Administración en España los servicios tecnológicos que utilizamos.

Es necesario, en primer lugar, impulsar como colectivo un ejercicio de transparencia colectiva. La interoperabilidad, la ruptura con la cultura de silos hemos de impulsarla en las fronteras de lo tecnológico, promoviendo un consenso sobre una metodología común a las Administraciones Públicas españolas para dar cuenta de sus gastos TIC a la sociedad. Sólo he localizado en España el caso de la AGE, que recoge en REINA los gastos de los distintos Ministerios. Ni tan siquiera en OpenData Euzkadi he encontrado otro caso de publicación de modo claro de los gastos TIC de una AAPP. El miedo a la comparación ha de ser desplazado por el aprendizaje que proporciona.

Pero mostrar los gastos sin un contexto es un ejercicio loable pero mejorable. Una mayor relación de los mismos con objetivos de rendimiento de las Administraciones Públicas habría de estar presente en la metodología resultante. Resulta menos complicado identificar el coste TIC de un transacción administrativa que el coste de las llamadas unidades de negocio (como si las TIC no fuera parte del mismo). Es esta una fortaleza que debe aprovecharse. Lo mismo sucede con la calidad de los servicios tecnológicos. La gestión por proyectos clásica de las TIC o marcos como ITIL permite establecer ligazones del coste de un servicio con la calidad con la que el mismo se presta. No es tanto gastar menos como gastarlo allá dónde es más necesario.

Las ventajas de este esfuerzo tanto para los profesionales públicos de las TIC como para los ciudadanos es clara. Expresar en términos comparativos y de negocio el coste de las TIC para las Administraciones Públicas como primer paso para la optimización del mismo, y con ello poder profundizar en su uso y la transformacion subsiguiente.

Puede parecer un ejercicio de ingenuidad, pero nada más alejado de ello. Se ha hecho para identificar como racionalizar el gasto sanitario, luego es posible para nuestro ámbito llegar a consensos interadministrativos. Se trataría de promover para ello la cooperación administrativa a través de los organismos previstos en la legislación (Comité Sectorial de Administración Electrónica, Artículo 40 Ley 11/2007). Tras la fase de crecimiento que supuso la implantación de la Ley 11/2007, una fase de racionalización ha de ser el siguiente esfuerzo colectivo de los profesionales TIC. Y recordemos, o lo hacemos entre todos o nos lo darán hecho. Bastantes señales de ello han dado desde ciertos ámbitos.

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Razones racionales contra la externalización de los servicios públicos: El caso de las TIC

Hace unas de semanas expuse razones generales contra la externalización de los servicios públicos. Una de los principios de la función pública es servir al interés general y, equivocado o no, creo que una manera de defenderlo es dando razones contra la externalización de los servicios públicos. El tema creo un amplio debate. Hoy vuelvo sobre el tema, descendiendo al caso concreto de las TIC en el cuál no quise entrar a fondo entonces que ya tenía medio perfilada esta entrada.

La entrada ahora tiene más razón de ser, ya que hace un mes Expansión orientó sus cañoñes de imprecisiones hacia el gasto TIC. Dichas imprecisiones, están aclaradas en la bitacora de Montaña para el que quiera leerlas. La razón oculta no me pareció altruista, sino como bien decía el artículo, vencer las ineficiencias que provocan las duplicidades llevándose las aplicaciones a la red. Es decir, la externalización.

Por aquello de los tiempos que corren, uno lee lecturas diversas sobre la externalización. Unas por razones profesionales y otras por razones ideológicas. Como soy de natural generoso, las voy a compartir con el autor de aquel impreciso artículo.

Un tema recurrente en estas lecturas es la caracterización de aquello que no se ha de externalizar. Son diversas las características que se dan pero dos aparecen de modo recurrente:

• No ha de externalizarse aquello que es crítico para tu negocio
• No ha de externalizarse aquello cuya externalización no te da los beneficios de integrarte en una economía de escala

Creo que con ello, queda claro porqué las TIC utilizadas por las AAPP, a pesar de los cantos de sirena, nunca deberían salir del ámbito de lo público.

• Las TIC son críticas en cómo servimos a los ciudadanos y como vector de transformación de las AAPP.
• La externalización de las TIC, al menos en los ámbitos de las Administraciones Estatal y Regional, no hace que éstas se integren en una economía de escala superior, ya que por si mismas tienen el volumen para optimizaciones sin externalización.

Acabó como lo hice hace unas semanas. Que no nos tomen por tontos.

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Ideas de Gobierno Electrónico para una crisis (III): Reiventando “AppsForDemocracy”

Retomo una serie que tenía abandonada hace tiempo. La crisis deja todo viejo e ideas innovadoras rápidamente suenan a algo manido. Ese es el caso del modelo «AppsForDemocracy«, aunque por estos lares sólo haya tenido reflejo en «AbreDatos2010«.  Demosle la vuelta al invento.

Es conocido por todos que Google obliga a dedicar un 10% de su tiempo a sus ingenieros a realizar proyectos que no son dirigidos/orientados por sus máximos responsables. Dicen incluso que googleadds es un fruto de ese 10%. ¿Y porqué no aplicar ese esquema a la Administración Pública? Reiventar Appsfordemocracy, incentivar que se creen equipos multidisciplinares que en un proceso bottom-up dediquen un 10%-20% de su tiempo a desarrollar servicios públicos ideados por ellos. Y aún podemos ir más allá. Que estas aplicaciones ideadas y creadas por los empleados públicos sean evaluadas por los ciudadanos. Algo parecido ha puesto en pie UK, pedir ideas a sus empleados públicos para ver dónde cortar el gasto.

Toda innovación es susceptible de ser reinventada. La crisis nos obliga a la reinvención continua.

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Reforma de la Administración: M&A y Recolocaciones

Lo público empieza a parecerse demasiado a lo privado. La reforma necesaria de la Administración Pública ha de traernos un alud de recetas de lo privado a lo público. Alguna no necesariamente mala.

Por ejemplo, las fusiones y adquisiciones (M&A). Son un método básico de racionalización de los sectores, y en el público estamos algo necesitados de ello. Pero estas han de ir más allá del maquillaje estético de un puñado de Direcciones Generales.  La fusión de grandes bloques administrativos comienza a ser necesario, si no hemos sabido compartir servicios rompiendo la cultura de silos no queda otra alternativa. Un ejemplo es lo hecho en Grecia, la reducción en dos tercios de los ayuntamientos. Teniendo en cuenta que en España tenemos 8.000 ayuntamientos, y si las cuentas griegas no son muy incorrectas, ello nos supondría al menos 6.000 millones de ahorro.

Pero las fusiones y adquisiciones traen otras consecuencias: Las recolocaciones (vamos a suponer que no llegamos a los ERE). Nos están cambiando el modelo de negocio de las Administraciones Públicas, y ello requiere que pensemos hora a hora en adquirir nuevas capacidades para hacerlo frente formando a los empleados públicos en ella. No hay sólo que buscar estas capacidades fuera, sino también asegurar que son adquiridas por la organización una vez localizadas. Valga como ejemplo de lo que no hay que hacer lo hecho en el País Vasco (al que suelo criticar poco) con el pliego de «Escucha Activa»: Ni una mención a una efectiva transferencia de conocimiento.

M&A y recolocaciones, son sólo dos ejemplos. Aunque al trasladarlos no haya que hacerlo sin respetar ciertas peculiaridades de las AAPP, ello no ha de suponer que las olvidemos.

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Las imprecisiones de Expansión

Siguiendo la táctica periodística de la entrega por capítulos, emparedado entre la entrada publicada por Montaña en su bitácora y la anunciada por Felix Serrano, me atrevo a hacer un par de añadidos al debate sobre las imprecisiones de Expansión. Vienen a cuento del artículo «El caos informático estatal cuesta a los españoles 1000 millones extra».

Tomemos lo recopilado hasta ahora:

• El autor desconoce profundamente las infraestructuras TIC de la AGE (Administración Estatal), desconociendo una infraestructura básica de esta como la Red SARA, y escribiendo fruto de su desconocimiento que no existe una Red de conexión entre los Ministerios aparte de Internet
• El autor da datos de ahorro de otras Administraciones extranjeras (Reino Unido, 3800 millones de Euros) que no son tales ahorros, sino estimaciones de ahorro. Y añado leido el papel que ayer apuntaba Montaña, es una estimación  ahorro anual, no de cuatro años. Este dato es un dato importante, ya que da una pista de la magnitud de gasto TIC del que hablamos, y que de por sí es más del doble del gasto TIC de la AGE , lo cual debería invalidar cualquier intento de extrapolación de UK al Reino Unido.
• El autor no disponía de una calculadora fiable, ya que hacía calculos de incrementos porcentuales erroneos.
• El autor desconoce el precio medio por jornada de personal subcontratado, ya que de haberlo conocido un mínimo cálculo le hubiera válido para saber que, con los mismos datos que el utiliza de presupuestos y gastos TIC, no podría jamás la Administración permitirse contratar a 40.000 personas de empresas de servicios.

Ahora vamos con un nuevo dato. No sólo el dato de ahorro de 3200 millones de libras en Reino Unido es tan sólo una estimación, sino que es una estimación que mínimamente investigada no resiste una mínima extrapolación como avanzaba antes. Buceando en Internet, tirando de un artículo de Andrea Di Maio, he localizado el documento donde se realiza dicha estimación. De una lectura rápida de  como se realiza dicha estimación se aprecia:

• La estimación no se basa en un dato inicial de gasto/presupuesto TIC fiable (como el de la AGE), sino en una aproximación a ese gasto/presupuesto basado a su vez en estimaciones. Prácticamente, se reconoce que la Administración UK no dispone de un dato fiable de cuanto gasta en TIC.
• La aproximación de gasto TIC de la Administración UK que se realiza es de 16 billones de libras, sustancialmente más alto que el de la AGE. No solamente la calidad invalidaría cualquier extrapolación, sino los conceptos que incluye (todo tipo de Administración).
• La estimación de ahorro, que se cifra en un 20% se basa recurrentemente en las aproximaciones de gastos antes mencionadas y además en aproximaciones de gastos de otras Administraciones (para España da un dato para el conjunto de las Administraciones de aproximadamente la décima parte de la estimación para UK). Existen otros puntos presuntos de apoyo como buenas prácticas y comparaciones con el sector privado, pero no he realiazdo el análisis de su validez y me parece que ofrece pocos datos para este análisis.

¿Cuál es la conclusión? Desde luego no es posible extrapolar con esto que en la AGE se puede obtener una reducción de 1000 millones de Euros de gasto TIC en cuatro años (aproximadamente el 20% anual del gasto TIC), sino más bien que alguien puede tener los ojos puestos en obtener entradas económicas perdidas de la externalización parcial o total de las TIC en uso por las Administraciones Públicas. Si «demostramos «que no son productivas, tenemos la excusa perfecta para pedir su externalización. No será porque no anuncien su estrategia.

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¿Se puede reformar la AGE sin estructuras para la reforma?

A día de hoy  se habla de muchas reformas necesarias (unas en camino y otras en diseño): cajas, laboral, … pero no se habla de una más que necesaria y que otros (@feserdel, @oscarcortes) más de una vez han indicado en sus bitacoras: La reforma de la Administración General del Estado. No, no voy a hablar de por donde pienso que ha de ir esa reforma, sino de porqué creo que no se realiza. Por dónde ha de ir esta reforma está claro: Gobierno Abierto.

¿Pero porqué no se realiza esta reforma? Es una interesante pregunta, la respuesta es sencilla si se asocia a otra pregunta. ¿Quien habría de realizar esta reforma?. La pregunta no es trivial. Las sucesivas crisis ministeriales desde que Jordi Sevilla dejó el Ministerio de Administraciones Públicas han laminado las estructuras responsables de dicha reforma. Primero, desaparición la Dirección General de Modernización Administrativa, separándose sus competencias sobre organización de sus competencias sobre Gobierno Electrónico. Sonaba innecesario seguir incidiendo en la reforma, se consideraba que la modernización ya había sido realizada. Presuntuosa decisión, la Administración ha de vivir en perpetua modernización porque, como dice @alorza, ha de seguir a la sociedad como sombra al cuerpo, y la sociedad está en continua reforma.

Después, la Secretaria de Estado de Administración Pública se transmuto en Secretaría de Estado de Función Pública, los nombres no es asunto baladí y ello conllevó un alejamiento del problema estructural. La Administración Pública deja de ser el asunto central para ocuparse tan sólo de una parte. Sólo hay que ocuparse de lo laboral, no de cómo se administra lo público.

Se puede decir que se está en camino de reconstruir las estructuras, que para eso en uno de los últimos Consejos de Ministros se ha creado el Observatorio del Empleo Público. En primer lugar, se sigue incidiendo en sólo una parte (aunque quizás la más importante), los Recursos Humanos. No queda claro que el observatorio vaya a ocuparse de procedimientos internos de funcionamiento o aspectos organizativos. En segudo lugar, no es un organo con capacidad ejecutiva, sino tan sólo de diseño de soluciones y elaboración de recomendaciones.

¿Podemos seguir esperando la necesaria reforma de la Administración General del Estado? Primero, hay que recuperar las estructuras que hagan la reforma posible.

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Razones racionales contra la externalización de los servicios públicos

En este tiempo de crisis, la externalización de los servicios públicos se ve por algunos como fuente de eficiencia añadida para nuestras Administraciones Públicas. Pocas voces se levantan contra el dogma neoliberal, que sin embargo es un reflejo de las contradicciones de sus predicadores, fruto del egoismo y un continuo tomarnos por tontos.

En primer lugar, llama la atención que los que piden esta externalización sean los mismos que tachan de vagos a los funcionarios y les acusan de pasar las horas mano sobre mano. Si esa es la situación, que no lo es de forma tan extendida como proclaman, la eficiencia no sería externalizar servicios sino rescatar los ya externalizados y prestarlos con empleados públicos ociosos actualmente.

En segundo lugar, la externalización no revierte en eficiencia sino en beneficio para el concesionario. En el supuesto que un servicio pueda ser prestado de modo más eficiente y que este se contrate a un tercero, el beneficio no sería para la Administración sino para el prestador. En ocasiones, no sólo el prestador externo obtiene beneficio, sino que lo hace acosta de la calidad del mismo.

En último lugar pero no menos importante, externalización no es necesariamente sinónimo de calidad. Esa falta de calidad de lo externalizado está, por ejemplo, tras la extensión de la sanidad en USA. Gastándose más dinero que Europa en sanidad la sociedad obtenía un menor servicio.

Primero pidieron el rescate, ahora repartirse el botín que queda. Que no nos tomen por tontos.

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España sometida a tratamiento de shock

Un libro que conviene releer en estos tiempos de turbulencias es «The Shock Doctrine», de Naomi Klein. Basta repasar sus primeras páginas para que a uno se le quiten las dudas que a nuestro país (al igual que Grecia) le está siendo aplicando las prácticas de la doctrina del shock: Tras una gran perturbación sistémico-social se aprovecha para aplicar una serie de reformas impopulares, cada una de más calado que la anterior, aprovechando la creciente debilidad de la resistencia social que van provocando. Todo ello, a más gloria de los mercados.

Las dudas que podiamos tener al respecto tras el tijeretazo del 12 de Mayo, comenzó a despejarnolas ese insigne sector Diaz Ferrán, poniendo como ejemplo a seguir en el sector privado la reducción de salarios que se nos ha aplicado a los funcionarios. Las declaraciones del Presidente del Gobierno del fin de semana terminaron de confirmar todas las sospechas: En 90 días se nos van aplicar de modo sucesivo las reformas laboral, de las cajas y del sistema de pensiones. El orden no es aleatorio, la última será la píldora más amarga.

No hemos de esperar de nuestro Gobierno ya resistencia alguna a los mercados. ZP no es Churchill prometiéndonos sangre, sudor y lágrimas a cambio de un futuro de libertad. ZP es Chamberlain, que tras agitar el decreto del tijeretazo en la mano y hablar de paz con los mercados, acepta la siguiente cesión de territorio social aprestándose a realizar la reforma laboral que se le solicita. De nada sirvió le sirvió a Chamberlain la política de apaciguamiento con Hitler, de nada le está sirviendo a ZP el apaciguamiento con el capital y los mercados.

¿Y qué podemos hacer? Pues está claro, plantar cara en todos los frentes y en todo momento. Aunque los compañeros de viaje no nos gusten en algunos casos. La semana que viene, es clave en este movimiento de resistencia.

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Lo menos preocupante, es que nos bajen el sueldo …

No he querido escribir nada propio hasta ahora sobre la intención de bajar nuestro sueldo del Presidente del Gobierno. El día del «cincazo» me hice eco del comunicado de la Asociación Profesional de los Técnico de Administradores Civiles  del estado (APCSAE) que me pareció bastante ecuánime (por cierto, seguimos esperando conocer si nuestra asociación profesional, ASTIC, se ha enterado del «cincazo»).  Pero va siendo hora de pronunciarse.

Creo que es lógico que uno se moleste cuando le bajan el sueldo, por lo que es posible que alguno espere a partir de este punto la diatriba del funcionario cabreado. Intentaré que no sea así, ya que no me preocupa tanto mi bolsillo sino hacia donde vamos en este país. Uno no esperaba mucho de una oposición guiada por el mero objetivo de alcanzar el poder a costa de lo que sea. Basta como ejemplo, las críticas a las medidas de reducción de gasto público sin presentar alternativa alguna. Pero es que, además, empiezo a tener la sensación de una continua improvisación por parte del Gobierno.

Disculpen si para demostrar la teoría de la improvisación continua tomo el ejemplo del «cincazo», que parece natural haya sido la propuesta de medida por la que más me he interesado. Cronología de los hechos:

• 12/5/2010: El Presidente anuncia que «Se reduce la retribución del personal del sector público de media un 5% en 2010» (cita de «El País» comprobable en archivo sonoro de la cadena SER)
• 14/5/2010 (a primera hora): Comienza a filtrarse que el Consejo de Ministros no aprobará ese día el decreto-ley realtivo al «cincazo» por las dificultades técnicas de su implementación. Sorprende que no se hiciera un análisis mínimo de esta viabilidad,  cuando hubo algunos que cayeron en ello más o menos de inmediato y con sólo oir la propuesta.
• 14/5/2010 (tras Consejo de Ministros): Maria Teresa  Fernández de la Vega anuncia que el recorte no afectará a los empleados de las empresas públicas por estar sujetos a una negociación colectiva que «hay que respetar».  Excusa sorprendente de parte de quien realizó la negociación colectiva con los sindicatos de la función pública que garantizaba (triste garantía) nuestra congelación salarial en 2010-2011

¿Y ahora qué? ¿Qué pasa si al final no se nos puede bajar el sueldo? ¿Que pasa si se nos baja y los tribunales deciden con el tiempo que la  medida no es legal? En fin, voy a ejercer de nuevo de heterodoxo, lo menos preocupante es que nos bajen el sueldo.

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