UK: La hora crítica del Gobierno Abierto (II)

Hace apenas 24 horas hablaba del interés  de seguir la evolución del cambio político en UK y su impacto sobre el desarrollo del Gobierno Abierto. Creo que he sido de los primeros  en defender la necesaria politización del Gobierno Electrónico, por creerlo ya una política pública madura no inmune a los cambios de liderazgo en el poder.

Los efectos del cambio político empiezan a contemplarse. A un Gobierno claramente comprometido con el uso de las TIC en las AAPP (con  sus aciertos y errores), le sucede un Gobierno de coalición que en su acuerdo de acción política sólo  se acuerda del Gobierno Electrónico para decir que va parar el desarrollo del eID británico. Tampoco tiene falta de carga el cambio de identificador utilizado en los medios sociales, cuyos efectos sobre el seguimiento alzcanzado está por ver, pero que claramente manda la señal de un borrón y cuenta nueva.

La llegada de Obama al poder en USA supuso un del uso de los medios electrónicos como palanca de  los principios de transparencia, participación y colaboración. Está por ver cual va a ser el efecto sobre el Gobierno Abierto/Gobierno Electrónico del cambio de poder en UK.

Todo esto quizás debiera llevar a la reflexión a los que pudiendo impulsar ahora en España el Gobierno Abierto no lo hacen. Que no esperen que lo hagan los que ahora no están en el poder, que no nos vengan después a pedir que nos unamos a su causa. Sin que se interprete como menosprecio de género, sino como cita de los clásicos, entonces será hora de decir lo que dijeron a Boabdil tras la pérdida de Granada: «Llora como mujer lo que nos supiste defender como hombre».

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Sobre las medidas adoptadas para la reducción del gasto público en la AGE

Ante la habitual pasividad de la Asociación Profesional a la que pertenezco, ASTIC, frente a la medida anunciada hoy por el Presidente del Gobierno en el Congreso, no me queda más remedio que tomar como referente el comunicado de la asociación profesional los Técnicos de Administradores Civiles (APCSAE). Dicho comunicado está publicado en su web, y transcribo literalmente.

Las medidas adoptadas para reducir el déficit público, una vez más, exprimen a la Administración General del Estado, concebida por nuestra clase política como un botín más que como una institución al servicio de los ciudadanos. Rechazamos firmemente que se nos considere mera coyuntura, a la que se engorda o adelgaza según las apetencias del momento, y se relegue la adopción de medidas que sí contribuirían eficazmente a reducir el gasto público.

Ante las medidas planteadas por el Presidente del Gobierno en comparecencia parlamentaria el día 12 de mayo y otras posibles reformas que se pudieran estar preparando en la Administración, esta Asociación profesional quiere dejar patente su oposición en base a las siguientes razones:

1)               Es evidente que España debe reducir su déficit público, pero todos sabemos que el mismo se ha disparado en la gestión de CC.AA y Ayuntamientos. Por ello no nos parece justo que la reducción salarial se limite a los funcionarios del Estado. Debe recortarse en aquellos lugares en los que las estructuras funcionariales han crecido más: CC.AA; y en aquellas entidades que más pagan a sus Empleados Públicos: Ayuntamientos, CC.AA y Diputaciones.

2)               Se plantea la reducción de Subdirecciones Generales. Todos sabemos que el ahorro, en tal caso, sólo se produce en la persona del Subdirector, lo que supone un ataque más a los Cuerpos Superiores de la Administración en su carrera administrativa y un destrozo de las estructuras, como anteriormente hicieron con la supresión de determinadas Direcciones Generales- véase la Biblioteca Nacional-sin que eso suponga un ahorro real y cierto. El resultado es una Administración más ineficaz, más improductiva y sin producir ahorro alguno.

3)               Sobran contratos de asistencias técnicas, ¿cuando se van a limitar los mismos?

4)               No ha reducido el número de asesores o de contratados de “Alta Dirección” casi todos de procedencia ajena a la Administración, motivo por el cual su reducción supondría un ahorro total. Y las estructuras no sufrirían nada en absoluto, su eliminación no sólo es un ahorro económico, también supone eliminar burocracia interna.

5)               No se ha reducido el número de Secretarías Generales con rango de Subsecretaría dependientes de Secretarías de Estado, cuando cualquier experto en análisis de estructuras administrativas sabe que ese tipo de dependencias hacen inútil la tarea de uno de los dos estamentos: o bien la Secretaría de Estado o bien la Secretaría general. Si se acaba con estas superposiciones, se acaba con los gabinetes correspondientes. No es un gran ahorro, pero se limita parte del gasto y sobre todo se racionalizan las estructuras administrativas.

6)               No se han revisado ni una sola de las subvenciones que se dan por parte de las tres administraciones. Subvenciones en muchos casos perfectamente prescindibles y cuya eliminación no perjudicaría al desarrollo nacional. Cosa que sí ocurre al eliminar gasto en inversiones reales.

7)               Se debería plantear un estudio serio y adecuado que elimine duplicidades de gestión, de gasto, de estructuras entre las tres Administraciones.

8)               Revisión de los privilegios de los liberados sindicales.

9)               Acuerdo parlamentario para establecer estructuras administrativas estables. Cada vez que hay un cambio en las mismas el gasto en carteles, indicadores, tarjetas, membretes etc  es abrumador. Lo que se quiere reducir por un lado se gasta por otro.

10)          Se deben revisar el excesivo número de externalizaciones, bien sean contratos con empresas privadas para realizar tareas que perfectamente pondrían hacerse dentro de la Administración de manera mucho más barata, o bien para reducir el número de Organismos, Entidades, Agencias y demás cuya única y principal razón de ser es la huída del derecho administrativo y del control del gasto. Estos organismos o se privatizan del todo o se devuelve su actividad a la Administración en forma de Direcciones Generales para que su gestión, contratación, sueldos de personal y otros gastos respondan a los parámetros de los créditos presupuestarios  y para que todo su gasto pueda estar previamente intervenido por la Intervención General del Estado

Finalmente, queremos agradecer a quienes en los medios de comunicación han empezado a distinguir a quienes trabajamos en la Administración General del Estado. Estos dos enlaces son sólo una muestra:

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Poda/funcionarios/elpepusocdgm/20100509elpdmgpan_4/Tes

http://www.elpais.com/articulo/opinion/paradoja/corrupcion/elpepiopi/20100504elpepiopi_12/Tes/

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De inmigrantes en lo digital a exiliados del mundo real

«Hay días que no se si soy de los nuestros», supongo que esta frase twiteada por  @netoraton el viernes venía a cuento de lo que iba a ser la inminente supresión de la Dirección General del Desarrollo de la Sociedad de la Información. Por estar intelectualmente anclado en la izquierda esa frase resume también perfectamente mi incomprensión ante el hecho. Si queremos cambiar nuestra sociedad por una más igualitaria y con más oportunidades, la promoción de la Sociedad de la Información y hacer llegar sus herramientas a todos los ciudadanos ha de ser una política irrenunciable de la izquierda.

Es de suponer que dicha promoción de los nuevos servicios y tecnologías seguirá bajo otra estructura, pero me sorprende el silencio de los medios al respecto. He estado rebuscando en las ediciones digitales de las principales cabeceras algún comentario medianamente profundo sobre el tema, pero ninguno de ellos realiza comentario alguno. Tan sólo he encontrado alguna reseña en un diario digital. Parece como si una vez obtenido el titular de la reducción de altos cargos no se necesitará más análisis que el economicista a corto plazo de su escaso aporte a la reducción del defícit público (me pregunto que esperaban de una reducción de altos cargos). Ninguna pregunta, ninguna duda, ningún comentario alrededor de la continuidad de la acción de gobierno en el ámbito de la Sociedad de la Información.

Y del resto de nuestros partidos políticos ni hablemos. También he hecho un rastreo por las sedes en la red de los otros tres partidos nacionales, no esperaba comunicado alguno en sus áreas de prensa pero si algún comentario en esas bitácoras que tienen abiertas. Nada. Ni la «dinámica» blogosfera del PP tiene comentario al respecto, ni la hiperactiva Rosa Diez en su bitacora, ni el único diputado de IU en su bitácora dicen nada al respecto. He de reconocer que no esperaba mucho al respecto, aún tengo fresco como el Sr. Rajoy tartamudeaba en uno de los debates electorales al referirse a la «sociedad de la telecomunicación».

Supongamos que todo este silencio es un silencio expectante, y que todos los actores enumerados están esperando los próximos números del BOE para saber cuáles son las consecuencias de la supresión de la Dirección General sobre las políticas públicas que desarrollaba. Pero el silencio del mundo real escama. Quizás la blogosfera no está poblada de  inmigrantes digitales sino de  exiliados del mundo real.

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Por un puñado de euros …

Hoy hemos conocido los titulares de las medidas de racionalización de la Administración General del Estado.  La supresión de 32 altos cargos y 29 empresas públicas van a permitir que nos ahorremos 16 millones de euros anuales. No hay una cuenta detallada del ahorro, así vamos a hacer una simplificación, y suponer que la supresión de cada alto cargo o empresa supone una reducción de coste similar. Ello supondría que cada supresión implica un ahorro de 260.000 euros.

Una de las Direcciones Generales suprimidas es el INAP, órgano de selección y formación de los empleados públicos.  No voy a entrar en el debate sobre la importancia de la formación para poder tener un servicio público de calidad, y cómo el paso  de esta Dirección General a Subdirección General mermará la primera y como consecuencia la segunda. Entraré solo en el debate economicista. La lógica de la coherencia entre acción y práctica, hace suponer que ello implica una apuesta por la descentralización parcial de estas funciones hacia los distintos departamentos ministeriales. Con ello se perderá la economía de escala en las acciones de formación. La consecuencia sobre el gasto público parece obvia.

Otra de las Direcciones Generales suprimidas es la de Desarrollo de la Sociedad de la Información.  No voy a entrar en el debate de la incoherencia de esta medida con la (supuesta) apuesta por un cambio de modelo productivo y las fanfarrias de hace apenas dos semanas alrededor de la Declaración de Granada. Entraré solo en el debate economicista. La lógica de la coherencia entre acción y práctica, hace suponer que las funciones de promoción de la Sociedad de la Información seguirán realizándose a través de otros instrumentos, y que ello supondrá un reforzamiento de los mismos. Estos instrumentos no pueden ser otros que Red.es e INTECO, ambas empresas públicas. Es decir, se producirá una huida del derecho administrativo en la gestión de los importantes recursos económicos que se destinan a la promoción de la Sociedad de la Información. Más flexibilidad, pero también menos controles sobre el gasto público.

Por un puñado de euros anuales, poco más de medio millón anual,  podemos estar en vía de provocar un exceso de gasto de gestión que, en el mejor de los casos, será poco menos que equivalente. Ojalá esta conclusión sea fruto de mi ignorancia.

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Ideas de Gobierno Electrónico para una crisis (II): Consolidación TIC

La nube se presenta como el instrumento de un nuevo cambio de paradigma. Cedemos el control absoluto de nuestros activos TIC a cambio de la promesa de una escalabilidad infinita, eliminar los compromisos a largo plazo y disponibilidad inmediata de recursos.  Ello no se alcanza sin sacrificios previos. Es necesario primero saber dónde estamos para poder determinar cómo llegar a nuestro destino.

Las TIC en las Administraciones Públicas han sido desplegadas basadas en la disponibilidad infinita de recursos. Varios Centros de Proceso de Datos por cada Ministerio/Consejería, líneas de comunicaciones sobredimensionadas y servidores de uso ínfimo con aplicaciones de uso estacional se multiplican como setas. La migración a la nube necesita de una consolidación previa. La consolidación previa requiere dinero. Es el momento de empezar a trabajar ahora para poder consolidar cuando existan recursos.

Esta idea tan simple es la que está aplicando Vivek Kundra en los USA. Un plan basado en la autonomía de cada centro directivo, pero firmemente monitorizada en su ejecución y resultados por una autoridad con poder sobre la estrategia global.

Hay que aprovechar la crisis para replantearnos cómo hacemos las cosas. A cambio, mas eficiencia económica y ecológica. Nada más, ni nada menos.

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Reducción de la Oferta de Empleo Público: ¿y de los presupuestos TIC?

Los periodos vacacionales suelen ser epoca de publicación de aquellas noticias gubernamentales que se desea pasen sin mucho debate. El año pasado fue la crisis ministerial, este año ha sido la Oferta de Empleo Público. Despues de tanta polémica sin fundamento acerca del exceso de funcionarios en este país (como demostró el Profesor Navarro andamos muy por debajo de lo que necesitariamos), el Gobierno ha preferido dejar la OEP en el BOE sin hacer mucho ruido.

Parece natural que en época de crisis baje el número de plazas convocadas. Ciertamente, y como indica Emilio R. en su blog, ello resulta cuando menos llamativo. Las crisis generalmente no suponen una baja en la demanda de servicios públicos, sino un aumento de la misma. La reducción de recursos, por tanto, podría suponer dejar desatendidas necesidades. No voy a ir sin embargo por esa vía. Todos sabemos la triste realidad de algunas unidades administrativas, en las que algunos recursos son infrautilizados. Quizás la falta de nuevos efectivos obligue a ciertos gestores a buscar formas inteligentes de utilizarlos, en lugar de simplemente opinar que bastaría con que hicieran media jornada como alguna se ha dicho.

Las crisis obligan a aquello tan manido de hacer más con menos. Es la aplicación del cambio de modelo productivo a las AAPP. ¿Pero realmente se está aprovechando la crisis para ellos? El único modo que se me ocurre para ello es haciendo uso de las capacidades que ofrecen las TIC. Ello implicaría que. acompañado de la bajada de la OEP se hiciera un mantenimiento cuando menos de los presupuestos TIC. Esto sin embargo no está siendo así. Ya el año pasado fueron reducidas las inversiones TIC y este año la reducción ha sido aún mayor.

La reducción de la OEP pone en riesgo la prestación de servicios públicos, pero no por el hecho de su bajada. Sino porque no conlleva inversiones en los ámbitos que podrían hacer innecesario el empleo de recursos humanos en tareas que no aportan valor a los ciudadanos. Me gustaría estar equivocado.

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Ideas de Gobierno Electrónico para una crisis (I):e-books

Época de presupuestos reducidos. Vamos a ver si conseguimos hacer una serie sobre servicios de bajo coste de utilidad ciudadana. Por lo pronto aquí va una primera idea. Acepto mensajes directos de twitter para debatir otras y exponer resultados.

La venta de dispositivos lectores e-books en España se ha disparado. A pesar de su aún elevado precio, se estima que se vendieron en España unas 100.000 unidades estas Navidades, un 500% más que el año anterior. El lanzamiento del iPad a  lo largo de este año tendrá un efecto tirón sobre el resto de los dispositivos lectores que se espera bajen su precio.

Sin embargo, y tal como aludía en una entrada anterior de esta bitácora, se pueden adquirir aún pocos e-books. Es un mercado bajo mínimos a pesar de su potencial. Los editores se resisten en España a que el negocio arranque.

¿Y los documentos de las AAPP? Soy gusano de biblioteca digital, y aún no he encontrado en ninguna AAPP, nacional o internacional, documentos en formato epub (estándar más aceptado). Dado la mala adaptación que el formato pdf tiene a mi dispositivo lector ello supone que, a pesar  de querer evitarlo, sigo consumiendo papel.

Las AAPP tienen que empezar a predicar con el ejemplo a los editores, y facilitar sus publicaciones en formato epub. El coste añadido de publicar en un segundo formato además del pdf es mínimo, y en cualquier cadena de publicación web medianamente bien hecha supone incluir tan sólo una rutina. Herramientas para ello existen, algunas de libre distribución.

A ver si pronto comenzamos a ver e-books en las páginas de las AAPP. Seguro que más de un ciudadano lo está esperando.

Por lo pronto, yo me voy con mis e-books unos días debajo de un cocotero.Un feliz largo puente de primavera a todos.

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La crisis como motor de cohesión social

Soy jacobino a fuerza de ser de izquierdas. Es por ello que creo en la gestion centralizada de los servicios públicos que dan cohesión a una sociedad.  El corolario es obvio, mantengo un fuerte desacuerdo con la  extrema descentralización de la Educación y la Sanidad que se ha desarrollado en este país en los últimos años.

Si una consecuencia buena tiene esta crisis, es la búsqueda de soluciones de economía de escala que va camino de hacernos repensar el Estado. El más claro ejemplo es el acuerdo entre las AAPP para recortar gastos en la Sanidad pública. La creación de elementos como una única central de compras de medicamentos para todas las Administraciones introduce una coordinación necesaria que se constituye como garantía de cohesión.

La reforma de las Administraciones Públicas en busca de su sostenibilidad, conlleva la racionalización de sus servicios e infraestructuras. Y ello lleva, aunque algunos no lo quieran ver, a un rebalanceo de poderes entre los tres niveles de las AAPP.

El front-office de las AAPP debería entrar en el proceso de redefinición de poderes, y con ello el canal electrónico de servicios públicos. La relación  de los ciudadanos con las AAPP son parte de los servicios que dan cohesión a la sociedad. Las  primeras amenazas de la ruptura de la cohesión social por motivos geográficos en el Gobierno Electrónico, hace tiempo se pusieron sobre la mesa.

La crisis debe ser un motor de cohesión social. Si las soluciones de economía de escala actuan de combustible para este motor, aplicadas a los canales electrónicos de de las AAPP (teléfono, Internet) el efecto se multiplica por su carácter transversal y por su efecto en la calidad de vida de los ciudadanos. Lo mismo pasa cuando hablamos de los sistemas de gestión general esencialmente idénticos (nominas, …).

Un acuerdo nacional para el desarrollo del Gobierno Elecrónico es necesario y posible (aunque no probable).

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Hartazgo = 400, 4.000, 20.000, 50.000 …

La ecuación del hartazgo viene dada por las cifras de crecimiento del grupo «Esto tienen que arreglarlo los que lo jodieron» en la red Facebook.  No existe desánimo, sólo un infininto cansancio de la clase económica dominante en este país, de ese grupo de irresponsables que después de haber prendido fuego al Coliseo pretenden dedicarse a tocar la lira mientras el resto corremos a apagarlo. Tras dar créditos basura, aplicar EREs  sin descanso a personas aptas para el trabajo por el mero hecho de tener 48 años e inflar el deficit público con el salvamento de su estratégica actividad, ahora pretenden que entre todos paguemos la última ronda de la fiesta del capitalismo extremo.

En cuatro días de 400 a 50.000, y en estos momentos con más seguidores que la campaña de «Esto vamos a arreglarlo entre todos».  La reacción al buenismo rayando la tomadura de pelo ha sido rápida y fulminante, y ahora hay que pasar a la acción.   Compra cinta aislante roja y actua sobre los carteles de «Esto vamos a arreglarlo entre todos» como muestra la figura.

Y difunde en tu blog y en twitter difunde  la contracampaña, por supuesto.

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Formulas de colaboración en el Gobierno Electrónico

La coyuntura económica sin fin en que nos encontramos, impulsa la colaboración de las Administraciones Públicas con terceros para abordar la resolución de los problemas públicos. Quizás la vía ha sido menos explorada de lo que uno presumía hace ya un tiempo en el ámbito del del Gobierno Electrónico en España en alguna de sus modalidades.

Simplificando, existen tres modalidades posibles de colaboración: Público-Privada, Público-Público, Público-Sociedad.

La mejor perfilada de todos las enumeradas es la colaboración Público-Privada, definida en el artículo 11 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007). Este tipo de contratos se materializan posteriormente a través de los procedimientos negociado o de diálogo competitivo. El que estén adecuadamente perfilados, no impide que hayan sido poco utilizados en los asuntos de Gobierno Electrónico, al menos no tanto como por ejemplo en Italia. Un primer caso es «Rete Amichi», para la provisión de servicios a través de redes de oficinas de terceros apoyándose en los medios electrónicos, servicios bien de carácter general o específico del ámbito de interés del socio. Otra acción es «Smart Services Cooperation Lab», un centro de competencia destinado al desarrollo de servicios públicos innovadores en cooperación con actores privados como Telecom Italia.

La colaboración Público-Público es por el contrario más utilizada. Los convenios entre Administraciones Públicas de nuestro país para la prestación de servicios e infraestructuras tienen una larga tradición, y el modelo ha sido extrapolado a los servicios habilitadores del Gobierno Electrónico (e.g. el caso de los servicios prestados por el Ministerio de Presidencia) o a construcción de infraestructura tecnológica común para municipios por las Diputaciones Provinciales. También en el ámbito de los servicios específicos ha habido alguna iniciativa. Un ejemplo de ello es la Plataforma de Contratación Electrónica del Consorcio de Ayuntamientos Catalanes por la Sociedad de la Información. Queda quizás el paso más difícil, colaborar en procesos comunes mediante Agencias comunes creadas alrededor de las TIC. Aunque ello es quizás un puente demasiado lejano.

Y donde aún apenas hemos echado a andar es en la colaboración Público-Social. Aún no hemos visto por estos lares muchas iniciativas del tipo «Show us a Better Way» o «Apps for democracy» (personalmente no conozco ninguna), que llamen a la fuerza innovadora de la sociedad en el desarrollo de servicios.  Es de suponer que empezarán a arrancar junto con las primeras iniciativas de apertura de datos públicos en formato reusable , como la del Gobierno del País Vasco. No obstante, es difícil tener claro si existe el marco legal para ello y ello quizás haya sido el obstáculo hasta ahora (¿contrato público?, ¿subvención?).

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