Me he resistido a escribir sobre la última remodelación del Gobierno hasta que esta no ha sido realmente conocida en su alcance. Alguno dirá aquello de «Andrés, te has vuelto a dormir», sorprendiéndose que después de pasadas unas semanas desde que Zapatero anunció el cambio sea ahora cuando diga que se conoce su alcance. Probablemente sea un exceso de «ombliguismo», pero creo que el paso de Universidades a Educación o trasladar las Políticas Sociales a Sanidad, son poco más que cambios estéticos comparados con la voladura del Ministerio de Administraciones Públicas tras más de 20 años de existencia prácticamente inlaterada. Sólo ahora, publicado en el BOE el decreto de estructura, podemos hacernos una idea del alcance y motivos de la remodelación.
De un lado, parece que la reforma de la Administración que anunció Zapatero en su investidura y que parecía aparcada va a acometerse. Ese parece ser el sentido de poner bajo el mando de Maria Teresa de la Vega la Función Pública. Si hay una persona capaz de impulsar el paralizado desarrollo del EBEP y de tomar otras medidas que ayuden a la enésima modernización Administrativa de este país, no cabe duda que es la Vicepresidenta del Gobierno. Y ello puede ser bueno y puede ser malo, pues también es la única persona que, ya de vuelta de tantas cosas, puede tomarse el lujo de quemarse en medidas populistas. Ya se sabe, en tiempos de crisis vende dar una torta la payaso de las bofetadas que se llama Funcionario.
También finalmente la coordinación e impulso de la Administración Electrónica queda bajo el Ministerio de Presidencia, y con él, es de suponer, el Consejo Superior de Administración Electrónica. No me voy a retractar de pensar que esta medida es positiva, aunque tengo mis dudas si no es tardía para alcanzar los plazos marcados en la Ley 11/2007. A los hechos me remito, casi dos años después de su aprobación, y con el 31/12/2009 a la vuelta de la esquina, aún no están en el BOE ninguno de los desarrollos regalmentarios previsibles a la luz del texto de la Ley 11/2007. Trabajos estamos realizando todos, pero la falta aún de esa cobertura legal nos hace navegar en un mar de dudas y es de prever alguna prisa de última hora. Recordando que el actual responsable de la D.G. de Impulso de la Administración Electrónica no es funcionario, ¿será por eso que no se hace mención a la posibilidad que siga sin sin ser funcionario a diferencia de otra Dirección General de la misma Secretaría de Estado?
Y con el bagaje descrito en el desarrollo e implantación de una Ley y un Esatuto que se encontró hechos al llegar a un Ministerio, una «brillante gestora» (entrecomillo la cita que se ha oido mil veces estos días) ha sido nombrada responsable del departamento más importante en un momento de crisis económica. Visto desde fuera, parece extraño.
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