Competitividad en la creación de valor público

La colaboración está enunciada como el tercero de los principios comúnmente aceptados de lo que es un Gobierno Abierto. Como todos los que compartimos ideas sobre este tema, mas de una vez he escrito sobre el tema. La naturaleza de esta colaboración es la que estamos empezando a perfilar hacia una competitividad en la creación de valor público.

En nuestro país, la colaboración social en la prestación de servicios de Gobierno Electrónico ha estado basada en esta competencia por la creación de valor público. La ineludible declaración anual del IRPF a través de las entidades finacieras o entidades locales colaboradoras de la AEAT, son el ejemplo en que se ha mirado la DGT para instaurar la tramitación de la licencia de conducción a través de los gabinetes médicos. Una colaboración social que dará lugar a la competencia en la intermediación al amparo de la habilitación a terceros introducida por la Ley 11/2007 y el RD 1671/2009. Una colaboración competitiva previa a la conceptualización del Gobierno Abierto.

La colaboración en la prestación de servicios de información pública de interés general da lugar también a escenarios de competencia por la creación de valor público.  En este caso entra en la competencia los sectores públicos y privados. Relatos de esta competencia en casos extremos como fué el terremoto chileno de Marzo de 2010 pueden encontrarse en Goblink y el Escritorio de Alejandro Barros.  Una competencia que da lugar a una ruptura del monopolio de las AAPP como fuente de información confiable. Carlos Guadian aludía hace no mucho al caso menos dramático de la información sobre el servicio de cercanías en Barcelona, y como desde fuera de lo público un sistema de incidencias basado en twitter había puesto en entredicho el valor de la información de la página oficial.

Pero en esta competencia en la creación de valor público aparecen nuevas paradojas. A una de ellas también se refería Carlos Guadian hace no mucho. Servicios públicos de valor añadido prestados por terceros que son canibalizados por el sector público. La licita competencia desleal contrapartida de la reutilización de la información del sector público. No es tan fácil ser un infomediario, para sobrevivir hay que saber crear un valor público no imitable por terceros ni asimilable por los rígidos esquemas de las AAPP. Las comunidades de ciudadanos que acceden a determinados servicios como Patient Opinion demuestran que esto es posible.

La colaboración deriva en una creación de valor público competitiva. Bienvenida sea si la competencia es en efectividad.

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La co-producción de servicios públicos (II)

Va para dos meses que publiqué la primera parte de esta entrada. El tiempo dejado  entre una y otra no ha sido intencionado, tan sólo ahora he encontrado alguna pista para seguir avanzando en la materia. Otra vez la misma viene del Reino Unido, de la mano de un documento corto y con un excelente resumen ejecutivo «The engagement ethic».

Breve recordatorio de qué perseguimos con la co-producción: Servicios públicos no sólo para los ciudadanos sino con los ciudadanos. Con ello obtenemos servicios más efectivos, pero también con una mayor base de legitimación.

Dejábamos el tema en la búsqueda de metodologías para aplicar las técnicas de co-producción de servicios públicos. El primer paso, identificar en qué servicios puede hacerse de la colaboración el eje de su diseño y producción, nos lo viene a resolver el documento mencionado. Estos servicios  los presenta caracterizados por:

• Existencia de una comunidad clara de interesados
• Crecimiento limitado dentro de la comunidad de interesados
• La contribución de la comunidad es crítica para el exito del servicio
• Existencia de relaciones de largo plazo
• La comunidad tiene un claro interés en participar en el servicio

Hacer de una comunidad el eje de la co-producción de servicios, lleva a una segunda derivada. La co-producción puede tomar dos puntos de arranque de desarrollo:

• Servicios mutualistas externos a las AAPP que son apoyados para su desarrollo
• Identificar dentro de las AAPP servicios en que puede ser  efectivo incorporar a una comunidad para una prestación más efectiva

Por ir a ejemplos prácticos tanto de lo uno como de lo otro dentro del  Gobierno Electrónico. La iniciativa AbreDatos 2010 que se celebra en este fin de semana puede dar lugar a servicios iniciados en una comunidad. El servicio Red Trabaj@ ya mencionado en la primera parte de esta entrada es ejemplo de la incorporación de comunidades a la prestación de servicios públicos. Se trata en definitiva de primar la misión del organismo sobre el uso de la tecnología.

La fórmula de la co-producción está aún en sus primeros pasos. Pero puede ser la solución para revitalizar servicios con escaso nivel de satisfacción por parte de los ciudadanos. Por acabar de nuevo con un cita de Seth Godin,

Trying harder is impossible when you’re already trying as hard as you can. But you can always try different.

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El estúpido eurocentrismo

Twitter es quizás la herramienta que más permite ampliar su conocimiento a las personas y organizaciones abiertas a ello. La facilidad que otorga para establecer lazos débiles fuera de los ámbitos  más inmediatos permite recibir fogonazos de ideas que te rompen conceptos. Ejemplo de ello son los tweets de @cigama y @gestionpublicav. Por uno de ellos, no recuerdo de quien, accedí a un número de la revista «Politica Digital» que contenía una serie de artículos alrededor del Gobierno Abierto.

Los Europeos somos seres profundamente ensimismados. Podemos decir que estamos encantados de habernos conocidos. Cuando hablamos de transparencia, difícilmente concedemos a alguien más que a USA o Australia el privilegio de estar a nuestro nivel. Nos escudamos en los  índices elaborados por entidades como Transparencia Internacional para tachar de corrupto y opaco a todo Gobierno que queda al sur de Rio Grande.

Sufrimos un estupido eurocentrismo. Gracias a la mencionada revista , descubrí un par de ejemplos de portales de Gobierno Abierto (en su vertiente de transparencia) que ya quisiéramos para nosotros en España.

El primero, el Portal de Transparencia del Gobierno Federal de Brasil. Sin disponer de una ley que obligue a la transparencia electrónica, el Gobierno de Barasil demuestra que es posible ejercerla. A través del portal, facilita información clara sobre cómo ejecuta el presupuesto,  qué dinero da a municipios y gobiernos regionales y qué adquisiciones realiza.

El segundo de los casos nos saca más los colores. México, paradigma de la opacidad y corrupción desde la óptica Europea, dispone de una Ley de Transparencia que obliga a los Estados a hacer disponible por medios electrónicos información pública especialmente relevante. Convenios existentes, registro  de licitadores, presupuestos, gastos en viaje y hasta las nóminas de los funcionarios han de estar accesibles en un sólo púnto. También es necesario facilitar datos estadísticos del tratamiento de las solicitudes de acceso a la información pública. Un par de ejemplos de ello son los portales del Ciudad de México y del Estado de Jalisco. El segúndo de ellos con una atractiva organización.

Hacer disponibles datos en formato reusable es importante para la transparencia, pero quizás es más importante en hacer disponible de modo sencillo y en un sólo punto la información relevante del funcionamiento de las AAPP. Como diría Marc, «En las webs de las AAPP sobra información poco útil para el ciudadano». A lo mejor es hora que empecemos a mirar a otras latitudes para saber qué información interesa a los ciudadanos y cómo ofrecerla.

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Implicaciones del astillamiento de Internet para el Gobierno Electrónico

El avance tecnológico nos ha llevado al astillamiento de Internet.  Hemos alcanzado la ubicuidad  del acceso a los servicios de la Sociedad de la Información, pero ello a costa de la ruptura con la interfaz de usuario única. El hecho no es de por si malo ni bueno, pero supone un  paso más hacia la quiebra  en el modelo autárquico en la construcción de servicios electrónicos en las Administraciones Públicas. No podemos seguir pensando que seremos capaces de desarrollar versones para todos  los dispositivos  de los que la ciudadanía hará uso para acceder a nuestros servicios, en especial si queremos hacer uso de todas sus capacidades para enriquecer la experiencia del usuario.

Uno de los últimos ejemplos nos viene con la llegada del iPad. He de reconocer que en un principio fuí escéptico, e incluso lo califique de timo en algún tweet. Pero hay que saber rectificar, y el escenario que describe Di Maio en su blog ha servido para convencerme en la batalla del incremento del uso del Gobierno Electrónico. Realmente, no me cuesta trabajo imginarme a mi madre usándolo para acceder a la realización de la declaración de la renta.

Pero el iPad no deja de ser más que uno de los últimos ejemplos, que no el último. Las Administraciones Públicas no podemos mantener la continua carrera tecnológica, no tanto por falta de capacidad como por la barrera de los recursos escasos. Como decía en un anterior post, ni en el Gobierno Electrónico ni en ningún otro campo podemos creer que habitamos en el mundo del utópico crecimiento económico indefinido. Hemos de dejar más espacio a la colaboración en nuestro quehacer diario. Un primer paso es seguir la reciente guía editada por Apps For Democracy.

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Gobierno Abierto, finanzas públicas y cambio de modelo productivo

No hace mucho, twitee una entrada de una bitacora referida al coste de una política de Gobierno Abierto en el ámbito del Gobierno Electrónico. La transparencia y apertura de datos no es gratis, y muchas supone trabajar con sistemas obsoletos sobre los que cualquier intervención cuesta un potosí (y está por ver la efectividad para ello de la fórmula mágica de la colaboración pública-privada que propone la OCDE). Lo mismo podriamos decir la participación y la colaboración, implican un coste derivado del cambio tecnológico,  cultural y organizativo que requieren su implementación.

Un Gobierno Abierto no es barato, ello supone unas inversiones y el empleo de unos recursos públicos escasos. Quizás conviene recordárselo a algunos que al mismo tiempo abogan por un Gobierno Abierto y una reducción de impuestos. Como en tantas cosas, servicios europeos requieren niveles impositivos europeos. La coherencia política de promoverlo requiere asumir que tiene un coste sobre las finanzas públicas.

Afortunadamente, no sólo son insumos en un Gobierno Abierto. Existen retornos materiales más allá del necesario refuerzo de los procesos democráticos.  Es quizás hora de comenzar a hacer hincapíe sobre su efecto positivo en el cambio de modelo productivo.

La transparencia habilita la reusabilidad de la información pública. La consecuencia es la creación de todo un nuevo sector productivo relacionado con la producción de contenidos digitales. Del efecto en el crecimiento que tiene este sector puede encontrarse estimaciones en los estudios de la Comisión Europea MEPSIR y PIRA.

Participación y Colaboración también contribuyen al cambio de modelo económico. La co-producción en los servicios o la elaboración de políticas públicas de modo conjunto con la ciudadanía nos llevan a Administraciones Públicas más sostenibles. No es necesario apoyarnos en un crecimiento interno ilimitado para adquirir las capacidades que nos permitan servir mejor a la sociedad.

Un Gobierno Abierto tiene un coste, pero también nos habilita para seguir avanzando hacia el bienestar social.

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Formulas de colaboración en el Gobierno Electrónico

La coyuntura económica sin fin en que nos encontramos, impulsa la colaboración de las Administraciones Públicas con terceros para abordar la resolución de los problemas públicos. Quizás la vía ha sido menos explorada de lo que uno presumía hace ya un tiempo en el ámbito del del Gobierno Electrónico en España en alguna de sus modalidades.

Simplificando, existen tres modalidades posibles de colaboración: Público-Privada, Público-Público, Público-Sociedad.

La mejor perfilada de todos las enumeradas es la colaboración Público-Privada, definida en el artículo 11 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007). Este tipo de contratos se materializan posteriormente a través de los procedimientos negociado o de diálogo competitivo. El que estén adecuadamente perfilados, no impide que hayan sido poco utilizados en los asuntos de Gobierno Electrónico, al menos no tanto como por ejemplo en Italia. Un primer caso es «Rete Amichi», para la provisión de servicios a través de redes de oficinas de terceros apoyándose en los medios electrónicos, servicios bien de carácter general o específico del ámbito de interés del socio. Otra acción es «Smart Services Cooperation Lab», un centro de competencia destinado al desarrollo de servicios públicos innovadores en cooperación con actores privados como Telecom Italia.

La colaboración Público-Público es por el contrario más utilizada. Los convenios entre Administraciones Públicas de nuestro país para la prestación de servicios e infraestructuras tienen una larga tradición, y el modelo ha sido extrapolado a los servicios habilitadores del Gobierno Electrónico (e.g. el caso de los servicios prestados por el Ministerio de Presidencia) o a construcción de infraestructura tecnológica común para municipios por las Diputaciones Provinciales. También en el ámbito de los servicios específicos ha habido alguna iniciativa. Un ejemplo de ello es la Plataforma de Contratación Electrónica del Consorcio de Ayuntamientos Catalanes por la Sociedad de la Información. Queda quizás el paso más difícil, colaborar en procesos comunes mediante Agencias comunes creadas alrededor de las TIC. Aunque ello es quizás un puente demasiado lejano.

Y donde aún apenas hemos echado a andar es en la colaboración Público-Social. Aún no hemos visto por estos lares muchas iniciativas del tipo «Show us a Better Way» o «Apps for democracy» (personalmente no conozco ninguna), que llamen a la fuerza innovadora de la sociedad en el desarrollo de servicios.  Es de suponer que empezarán a arrancar junto con las primeras iniciativas de apertura de datos públicos en formato reusable , como la del Gobierno del País Vasco. No obstante, es difícil tener claro si existe el marco legal para ello y ello quizás haya sido el obstáculo hasta ahora (¿contrato público?, ¿subvención?).

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La co-producción de servicios públicos

Entre las muchas definiciones de Gobierno 2.0, una de mis favoritas es la dada por Gartner hace ya unos meses.

The use of IT to socialize and commoditize government services, processes and data.

En ella se aunan lo que, para mi, son las dos claves del Gobierno 2.0. De un  lado,  la tecnología como habilitadora de la colaboración. De otro lado, la  co-producción de servicios como objetivo de esa colaboración.

Sobre la tecnología como habilitadora de la colaboración, es sencillo encontrar múltiples referencias. Los medios sociales han alcanzado la ubicuidad dentro de nuestras relaciones y como herramienta de auto-organización. Libros, bitácoras, artículos, … uno puede encontrar cualquier información al respecto con el nivel de detalle que necesite.

No sucede los mismo al respecto de la co-producción, es por ello que creo conviene difundir referencias como «The Challenge of Co-Production».  El artículo (largo) es un magnífico desarrollo de qué es la co-producción y sus ventajas, al que quizás sólo le falte el detalle de cómo aplicarla. El planteamiento de partida es la co-producción como una evolución del modelo de prestación de servicios en la sociedad del bienestar resultado del aprendizaje de los errores cometidos en la implantación del modelo de nueva gestión pública. Se trata de crear una sociedad más equitativa atacando las causas de la desigualdad sobre la base de un nuevo modelo en las relaciones entre gobierno y ciudadano.

Las implicaciones de la co-producción como eje del desarrollo de los servicios prestados por las Administraciones Públicas, queda clara en la definición que aparece en el aludido artículo.

Co-production means delivering public services in an equal and reciprocal relationship between professionals, people using services, their families and their neighbours. Where activities are co-produced in this way, both services and neighbourhoods become far more effective agents of change.

La co-producción conlleva la transformación de la Administración mediante el establecimiento de una relación de partenariado con la sociedad, dando lugar a servicios más sostenibles al apoyarse en la ciudadanía como fuente inagotable de recursos. Se trata, pués, de una nueva vía frente al exceso de optimización basada en la pura eficiencia y la mejora de servicios apoyada en un utópico crecimiento económico indefinido.

Faltan las metodologías que nos sirvan para poner sistemáticamente en marcha la co-producción como herramienta habitual de trabajo.  Ello sólo podrá ser el resultado de ir aprendiendo de experiencias. Uno de ellos es la Red Trabaj@.  Y sobre todo, como dice Seth Godin, aprender de equivocarnos continuamente.

The problem is that you can’t have good ideas unless you’re willing to generate a lot of bad ones.

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Administración Electrónica vs Gobierno Electrónico

En un comentario reciente a una entrada de neocivis defendía la teoría del fin de la adaptación a la Administración Electrónica. Es un término que reconozco trató de rehuir, tanto por razones de ortodoxia linguística como de alcance político. Vayan un par de razones para ello.

Haciendo uso de ideas puestas en boga por la OECD, los ciudadanos esperamos que nuestros gobiernos deberían regirse por el marco de comportamiento ITARI (Integrity, Transparency, Accountability, Responsiveness and Inclusiveness). Es probable que existan muchas maneras de andar el puente entre las expectativas y los resultados, pero el Gobierno Electrónico puede llegar a ser la más corta de ellas. Y una vez más, uso el término Gobierno Electrónico y no Administración Electrónica.

La Administración Electrónica no va más allá de servicios generalmente de más interés para la Administración que los ciudadanos. Sólo la Administración Electrónica, no puede cubrir las expectativas abiertas. Es necesario abrir el Gobierno a los ciudadanos, ese es el significado de Gobierno Electrónico.  Un Gobierno Electrónico que nos es posible más fácil de demandar ahora, de las manos de las tecnologías colaborativas.

La Administración Electrónica se basa en el procedimiento, la posición del individuo como súbdito que para obtener algo ha de solicitarlo. El Gobierno Electrónico es el individuo como ciudadano, se basa en la información. La información que el ciudadano quiere, accesible y utilizable de modo sencillo y sin atisbo de duda sobre su veracidad. La información que del ciudadano tenemos como eje de servicios ofrecidos sin necesidad de demanda previa.

La Administración Electrónica es la eficiencia, mientras el Gobierno Electrónico es la efectividad. Y la efectividad sólo se alcanza con el engagement bidireccional con el valor público. Contar las cosas al ciudadano y que el ciudadano las cuente para entre Gobierno y Sociedad alcanzar la satisfacción del valor público. De un lado y otro, el engagement con el valor público sólo es posible a través de los individuos. Y los individuos son los ciudadanos y los empleados públicos. El engament bidireccional acaba con la jerarquía en la gestión pública y da lugar a la red.

La Administración Electrónica es la talla única. El Gobierno Electrónico es la personalización masiva basada en la localización vital y geográfica. El ciudadano en el volante del conductor del Gobierno, diciendo qué quiere y cómo quiere alcanzarlo.

Dejemos de hablar de Administración Electrónica, y comencemos a hablar de Gobierno Electrónico. Como hace unas semanas  también decían en neocivis, se trata de andar desde la concepción economicista a la concepción social del uso de las TIC en las Administraciones Públicas.

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¿Existe en España la Ciudadanía 2.0?

En los foros físicos y virtuales del Gobierno Electrónico, nos solemos preocupar con reiterada frecuencia de qué nos falta para ser una Administración 2.0. El ejercicio refleja una loable preocupación por la mejora continua, pero también un narcisismo significativo. De nada sirve la Administración 2.0 sin una Ciudadanía 2.0.

Parto de la base que la Ciudadanía 2.0 estará compuesta de Ciudamistradores, y digo estará porqué no creo que aún hayamos conseguido el nacimiento de los mismos, al menos en este país. La construcción de la Administración 2.0 pasa necesariamente por promover esta nueva clase de ciudadanos, en crear el entorno para ello y eliminar las barreras políticas que impiden su advenimiento. De nada sirve crear servicios para la participación sin haber audiencia que participe.

Quizás esté pasando por la etapa de desencanto al respecto de mis expectativas al respecto de una Administración 2.0, pero cada día acreciento mis dudas al respecto de la preparación de este país para ello. Y mis dudas se cimientan en no encontrar Ciudamistradores a mi alrededor. ¿Pero se quiere que existan? ¿pueden existir? Asistí recientemente a una conferencia de Carolyn Lukensmeyer, presidenta de AmericanSpeaks. En ella, la activista americana hablaba de la necesidad de desarrollar la infraestructura necesaria para hacer florecer la ciudadanía participativa. Esta infraestructura la veía como una combinación de los siguientes ingredientes:

• Legislativo, basado en uns instituciones de amplia representación que creen el entorno legal apropiado
• Físicos, disponiendo de espacios dónde la ciudadanía pueda hablar en libertad y dialogar sin intermediarios
• Tecnológicos, dotando a la sociedad de las infraestructuras de comunicación de banda ancha y los medios de identificación electrónica que les permita hacer del mundo visrtual un entorno de participación y colaboración
• Humanos, facilitando la creaciónde una red de habilitadores del diálogo basado en el voluntariado
• Organizativo, contando con asociaciones realmente representativas y basadas en si mismas en la participación
• Medios de comunicación, que sean honestos y sepan dar visiones sinceras de la realidad a los ciudadanos, alejadas de intereses espureos
• Educación, incorporándo a los curriculum de los sistemas de enseñanza básica los elementos que permitan comprender las responsabilidades de participación derivadas de los derechos ciudadanos

Una revisión del estado de estos componentes en nuestro país, no llama al optimismo, y quizás explica el desencanto generalizado y porqué no existe más demanda de una Administración 2.0. De acuerdo que quizás estén comenzando a surgir. La reciente rebelión contra la disposición final del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible o el grupo de ciudadanos que coordinados a través de Facebook han llevado una conocida político a los tribunales, invitan al optimismo. Pero demandas más allá de las realizadas (que a muchos suenan a «protestan porque les quitan las pelis y CDs gratis») han de realizarse desde la ciudadanía. Petición de la liberación de datos públicos, de una ley de acceso a la información pública o de una ley de democracia participativa que gire entorno al canal electrónico han de ser incorporadas al movimiento. Habremos de pensar que no existe una Administración 2.0 simplemente porque faltan los clientes para ella.

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Sobre la Directiva de Gobierno Abierto de Obama

Con unos días de retraso, he tenido ocasión de leerme con calma la Directiva de Gobierno Abierto promulgada por el Gobierno Obama. He querido leermela en comparación diagonal con otros dos planes de acción relacionados, los del Gobierno Australiano y el Gobierno del Reino Unido, que fueron dados a conocer aproximadamente el mismo día.  Aunque los documentos Australiano y Británico, respectivamente, de naturaleza (plan vs ley) u orientación distinta (reforma administrativa vs gobierno abierto), permiten centrar el análisis sobre las carencias del documento norteamericano.

En primer lugar, el documento del Gobierno Obama hace especial hincapíe sobre la transparencia, especialmente la de carácter presupuestario, dejando más de lado los aspectos de participación y colaboración ciudadana. Los plazos y acciones marcados al respecto de lo primero son claramente más exigentes que para los segundos. Podemos justificarlo en que la transparencia es la piedra angular de participación y colaboración, pero esperaba mayores compromisos en estos campos.  Un ejemplo de los mismos son los Bonos de Impacto de Social como mecanismo de finaciación de las iniciativas no gubernamentales que se quiere poner en marcha en el Reino Unido.

La Directiva Americana cae también en el defecto de la Asimetría de la Relación entre Gobierno y Ciudadano. Este aspecto es también criticado por Andrea Di Maio.  Mientras que tanto Australianos como Británicos apuestan por un flujo bidireccional de información y colaboración, con los empleados públicos haciendo un uso intensivo de los medios sociales para ello, el Gobierno Obama se apoya en dar información para obtener colaboración, sin buscar obtener información o prestar colaboración. Este desequilibrio, en mi opinión, lleva en el medio plazo a un rapto por las élites de la acción pública, ya que en ella participarán de modo activo los interesados (i.e. los lobbys) y no los ciudadanos. La presencia en los medios sociales es la nueva forma en que los empleados públicos han de defender el interés general.

Consecuencia de estas dos carencias, nace una tercera. La falta de un cariz inclusivo de la Directiva Obama. No existe una sóla mención en las once páginas en cómo lograr que toda la sociedad forme parte del Gobierno Abierto, en cómo incorporar a todo la población al proceso de decisión mediante un uso flexible de las TIC, que no necesariamente ha de ser personal. Espacios dedicados a la accesibilidad, en el caso australiano, o del uso del gobierno local para llegar a los excluidos, en el caso británico, son la mayor ausencia de la Directiva Obama.

Un último comentario. Gobierno Abierto es sinónimo de transparencia, participación y colaboración. Es necesaria una estrategia clara de como convertir estos tres puntos en unos mejores y más efectivos servicios, de lo contrario, cuando se convierten en un fin en si mismo, pasan a ser tan sólo fuego de artificio mediático. Tampoco he encontrado en la Directiva Obama como se hará este engarce.

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