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Posts Tagged ‘Ley 37/2007’

El marco legal para la reusabilidad de la información generada por el sector público tiene como norma principal la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público.  De ella emanan las normas de los distintos Estados Miembros, como en el caso español la Ley 37/2007. Contra la creencia de algunos,  el origen de la norma no es un deseo de una mayor transparencia del sector público, sino propiciar la creación de un mercado interior uniforme de los contenidos digitales.

Estamos inmersos en la economía basada en la información. La importancia de los datos para la creación de riqueza en nuestra sociedad fue incluso objeto de un reportaje especial de The Economist. Los poderes públicos, en este caso la Unión Europea, han de favorecer las condiciones para que está economía naciente no sea abortada. Ha llegado quizás el momento de cambiar una norma jurídica cuya importancia era difícil de prever en el momento de su aprobación, hace ya casi siete años.

Una primera reforma, sería identificar los conjuntos de datos de obligación liberada por las Administraciones Públicas. Apoyándose en el valor estratégico para la creación de un mercado único a través de sus datos claves, la Unión Europea debería establecer un calendario de liberación de ciertos datos en manos de los poderes públicos. En especial aquellos claves sobre la financiación y cuentas de las Administraciones Públicas.

Una segunda reforma, sería establecer incentivos económicos para la liberación de datos en formatos directamente interpretables por máquinas. Liberar datos en estos formatos no es barato. Quizás sería más conveniente que los fondos que la Unión Europea dedica a cierto tipo de subvenciones relacionadas con el Gobierno Electrónico, se dedicará a este fin.

Dejo para el final el cambio quizás más radical, incluir en el ámbito de aplicación a los operadores que preten al  público servicios de especial transcendencia económica (de acuerdo a la definición de las mismas dado por la Ley 56/2007) . Si una de las razones para demandar la liberación de datos a las Administraciones Públicas es que estos datos son obtenidos con el dinero de los contribuyentes, no menos peso tiene exigírselo a empresas con origen en monopolio estatales, con una posición dominante o en situación de oligopolio. Los datos relevantes de su actividad deberían estar bajo las mismas condiciones aplicables a la información generada por el sector público. La transparencia no ha de ser sólo obligada a los poderes públicos, también a aquellos “muy grandes para caer” y que los poderes públicos han de ayudar en momentos de dificultades. la necesidad de socorrerlos deberia conllevar la obligación de la posibilidad de una vigilancia social colectiva y la extensión del concepto de información pública a los datos que manejan. Ya estamos viendo las consecuencias de lo contrario.

Y aún podríamos ir más lejos. Hacia una socialización de la información para la creación de más riqueza y más democracia. A veces no somos conscientes del poder de la información hasta que tenemos enfrente sus consecuencias. Basta echar para ello un vistazo al blog de OKCupid.

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No deja de sorprenderme este país. A uno le entran ganas de entrar en un irrevocable exilio interior.

Hace unos días, Andrés lanzó un par de tweets que dejan a las claras el concepto de transparencia que maneja una parte de nuestra clase política.

En primer lugar, el Ayuntamiento de Madrid inventa la transparencia con el carnet en los dientes. Libera datos y los deja reutilizar, pero para ello previamente ha de estarse perfectamente identificado por lo que pueda pasar. Y no porque se vaya a cobrar, en cuyo caso sería comprensible, sino sólo por molestar. Todo ello está conforme con la legalidad definida por la ley 37/2007, pero no parece que sea una práctica iluminada por la simplificación administrativa o reducción de cargas. Tampoco existe excesiva información sobre a qué datos se puede acceder. Es decir, también se inventa la transparencia por adivinación.

En segundo lugar, nuestra inefable Casa Real. La monarquía nos inventa la transparencia interna tras inventar la transparencia limitada. Primero, el amago de transparencia de la agenda real, matizada con “A partir de ahora vamos a informar de algunas de las actividades y reuniones del Rey, pero siempre lo haremos a posteriori y con el consentimiento de las personas afectadas”. Después aclarando que esa transparencia no afectaría a los datos financieros ya que el presupuesto de la Casa Real “Es una cantidad absolutamente ridícula si la comparamos con el conjunto de los Presupuestos Generales del Estado”. Para terminar presumiendo que “Hay una absoluta transparencia interna de las cuentas de la Casa Real”. Eso de la transparencia interna me suena a fuego acuático o luminosa oscuridad. Debe tratarse de un alarde lírico.

En resumen, transparencia interna, limitada y con el carnet en los dientes. P.ues nada, ahora si que sabemos que opinan algunos del Gobierno Abierto

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La apertura de interfaces automatizadas por parte de las Administraciones Públicas, forma parte de la Visión 2020 del Gobierno Electrónico comentada en una entrada anterior. La provisión de servicios públicos electrónicos M2M y no sólo los ya habituales orientados a su uso directo por los ciudadanos, es el comienzo de la Administración Personalizada, dónde la figura de los intermediarios electrónicos sea un elemento cotidiano.

La Administración General del Estado parece que comienza la andadura por este camino. A través de los Blogs de Público, me entero que como consecuencia de la Ley 37/2007 sobre Reutilización de la Información del Sector Público, transposición de la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se ha puesto en marcha el “Proyecto Aporta”.

Aunque la web informativa del proyecto parece tener fecha de arranque el 19 de Diciembre de 2008 a la luz de la información que aparece en su página inicial, existe poca información acerca de los objetivos y alcance que va a tener el proyecto o los hitos temporales del mismo (prácticamente todos los enlaces llevan al consabido mensaje de página de en construcción) .  Tampoco existen pistas sobre qué información y en qué condiciones de licenciamiento serán puestas a disposición de los intermediarios, algo que necesitaría desarrollo reglamentario de la Le 37/2007 u órdenes de cada organismo. Llama también la atención la ausencia aparente del Ministerio de Administraciones Públicas en el proyecto, quien tiene una parte importante de las competencias de impulso del Gobierno Electrónico y de coordinación de las Administraciones Públicas.

En cualquier caso, bienvenida sea la iniciativa y que continúe, y tal, como indica al hablar de los beneficios del proyecto, que permita alcanzar una Administración más transparente y avanzar en nuevos modelos de cooperación público-privados (a este respecto, merece leer el post de hoy de Oscar Cortés). No obstante, llevado este modelo al extremo, a su uso en servicios transaccionales, vuelve a entrarme la duda de la necesidad de los esfuerzos que se van a dedicar a implementar la Directiva de Servicios, que no deja de ser una asunción por parte de la Administración de la actividad de las tradicionales gestorías.

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