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A partir de Octubre “Apuntes Electrónicos” cambia de dirección. Esta entrada puede leerse ya en la nueva versión de la bitácora.

Lo digital, está sometido al voraz consumismo y a la externalización de los signos de estatus social. La posesión de los artilugios de la manzana en lugar de equivalentes de otras marcas es quizás el ejemplo más claro. Mientras todos los servicios de Gobierno Electrónico eran prestados por las Administraciones Públicas, los mismos eran quizás uno de los escasos campos de la sociedad digital dónde el consumo no se había introducido. Todo parece cambiar.

Se está asumiendo, en parte de modo correcto, que no todos los servicios relacionados con el Gobierno Electrónico pueden ser prestados por las Administraciones Públicas. El astillamiento de Internet impide que las Administraciones sigan el ritmo de la evolución tecnológica, y puedan ofrecer sus servicios en todo tipo de plataforma de usuario. Es incluso razonable pensar que los recursos públicos están mejor empleados en desarrollos válidos para plataformas generalistas (PC) que para plataformas minoritarias (iPhone). Es este un campo dónde la introducción del consumo es positivo. Introducir el pago por aplicaciones de Gobierno Electrónico para teléfonos inteligentes no introduce barreras sociales por razones económicas.

Se empieza a introducir el consumo dentro de otros ámbitos del Gobierno Electrónico. La continua sospecha orwelliana que tenemos sobre el estado hace que los datos personales sean ámbito abonado a la introducción de la acción privada. La teoría es dejar la propiedad de sus datos personales al ciudadano y que sean las AAPP quienes acudan a él cuando los necesite. Deja ello espacio a un ámbito de negocio peligroso, y goloso para el sector privado. Las cajas fuertes de datos personales, especialmente en el sector sanitario, abren un debate ético interesante sobre los límites de la acción privada en el Gobierno Electrónico. Personalmente, creo que sería un error dejar servicios de este tipo al ámbito privado, por las posibles divisiones sociales que pueda dar lugar y por introducir las motivaciones económicas (esas y no otras son las del sector privado) en un ámbito especialmente sensible. Es este un debate que no es baladí, y que surgirá a lo largo del quinquenio ya que la Agenda Digital Europea introducía la posibilidad de revisar la legislación de protección de datos personales. Los habituales lobbies que circulan por Bruselas es de esperar que tengan ya en su punto de mira que esta comercialización de los datos personales se introduzca en la revisión de la directiva europea. Protección de datos para ricos y para pobres.

Bueno y malo, el consumo ha llegado al Gobierno Electrónico. Sólo queda por ver que pesa más en la balanza y si podremos establecer los contrapesos necesarios para que no se introduzcan desigualdades sociales con ello.

Si tienes comentarios sobre esta entrada, hazlos en la nueva versión de la bitácora.

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La Comisión Europea ha hecho hoy pública, después de varias tentativas, la Agenda Digital Europea. El documento es la renovación de la estrategia de la Unión Europea para el desarrollo de la Sociedad de la Información una vez finalizado el periodo que abarcaba la estrategia i2010.  Aunque el Gobierno Electrónico no es tratado en detalle, tal será el objetivo del Plan de Acción de Gobierno Electrónico consecuencia de la Declaración de Malmö, existe algún punto de interés que empieza a perfilar las acciones que se van a desarrollar al respecto los próximos años en Europa.

Para empezar, la Comisión Europea se va a animar a reformar tres piezas legislativas clave para el Gobierno Electrónico. De un modo u otro, se insinuan posibles modificaciones de las Directivas de protección de datos personales, de firma electrónica y de reutilización de la información pública. No espero que lleguen a incluir algunas de las reformas que desde aquí he propuesto (intuyo que esta bitacora es poco leida en Bruselas), pero por algún sitio se empieza. La Comisión Europea lleva más de un quinquenio de renuncia voluntaria a su liderazgo en la acción legislativa sobre el Gobierno Electrónico, que retome la tarea siempre es una buena noticia para la creación de la Europa de los Ciudadanos.

También son positivas las señales en el ámbito de la interoperabilidad. Existe también un compromiso de impulsar marcos nacionales de interoperabilidad compatibles con la nueva versión del marco europeo. Soy de los que creo que la interoperabilidad podía ser un problema menor con una voluntad real de construcción europea que nos evitará muchas de las barreras existentes, pero a falta del traje completo, nos vale el remiendo.

Sin concretar, los servicios transfronterizos centrarán también parte de los esfuerzos de la Unión Europea. Identificar y desarrollar los servicios transfronterizos que potencien el mercado único y la movilidad de los ciudadanos europeos es el gran objetivo. Quizás es más fácil hacer que decir. En un periodo de restricciones económicas, o existe un apoyo financiero claro de la Comisión para ello o no veo a los Estados Miembros gastando dinero en ello.

Dejo para el final lo que me ha supuesto la mayor sorpresa, y para mí una falta de contacto con la realidad de la Comisión Europea o un brindis al sol: Impulsa el uso de IPv6 en el Gobierno Electrónico. Literalmente, utiliza la siguiente frase como una obligación de los Estados Miembros

Make eGovernment services fully interoperable, overcoming organisational, technical or semantic barriers and supporting IPv6

Sorprende más la frase cuando es la única referencia a IPv6 en la Agenda Digital y cuando no se menciona ni en las Declaraciones de Malmö ni de Granada. Da la sensación que la Comisión Europea piensa en el Gobierno Electrónico como la killer-application del IPv6. Sinceramente, hay que estar muy lejos de la realidad para pensar que las Administraciones Públicas van a dedicar parte de los escasos recursos que se dejen a las TIC en dar soporte a IPv6. ¿Usted lo haría?

Hay alguna cosa más, pero no hay que dejar de hacer notar un gran ausente o al menos muy camuflado. El lector habrá notado cuál es, así que no lo nombro. A ver si no se le olvida a la Comisión Europea en el Plan de Acción.

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Uno de los mayores defícits de la construcción Europea es la construcción de la Europa de los Ciudadanos. Hemos dedicado esfuerzos a la construcción de un espacio común para nuestras empresas (dentro de lo que cabe), pero como ciudadanos seguimos siendo cada uno de nuestro país. Todo ello parece llamado a cambiar con el Tratado de Lisboa, con el que pasa a ser parte legalmente vinculante la Carta de la UE de Derechos Ciudadanos .

Todo ello, como tantas buenas intenciones de la UE, podría quedar en papel mojado. Hay sin embargo espacio a la esperanza. La persona encargada de llevar todo ello a buen puerto es la Comisaria Viviane Reading, en el pasado azote de operadoras telco y que promete ser azote de Administraciones Públicas y Gobiernos desde sus primeros discursos. No parece temblarle el pulso ni al prometer una reforma de las Directivas relacionadas con la Protección de Datos Personales. Por el momento, ya ha presentado un primer borrador de la iniciativa ciudadana que, con sus límites, es un paso adelante.

Hace tiempo escribi acerca de la necesidad de construir la Europa de los Ciudamistradores a partir del año 2010.  Existen pocas excusas para que no sea así. Nos hemos dotado de una Directiva de Servicios que facilita la creación de empresas y el desarrollo de  su actividad, lo que supone un cumplimiento en gran medida del punto 14 de la Declaración Ministerial de Malmö. El gran avance del próximo quinquenio debería ser en el cumplimiento del punto 15 de esa misma Declaración, en hacer del Gobierno Electrónico una herramienta para la ciudadanía europea que facilite a las personas vivir, estudiar, trabajar y retirarse en cualquier lugar de Europa. Ello no viene a ser sino el cumplimiento del artículo 45 de la Carta de Derecho Ciudadanos de la EU.

Todo ello requiere un liderazgo firme de la Comisión Europea. Y quizas estemos de suerte con la asunción de responsabilidades en el área de Viviane Reading. En el antes mencionado primer discurso de la comisaria establecía precisamente el derecho ciudano al libre movimiento en la EU como una de sus prioridades.

Second, we must strengthen the right of citizens to move freely in the EU. Free movement is after all a core right of EU citizens and it must be more than an abstract idea. It needs to be tangible and bring a positive impact to the lives of our citizens.

El Gobierno Electrónico ha de ser, la herramienta que permita pasar de lo abstracto a lo concreto en la Ciudadanía Europea. Ha sido posible para la libertad de establecimiento de empresas, ¿porque no para los ciudadanos?

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La Comisión ha hecho publico un borrador del reglamento de la iniciativa ciudadana, una de las grandes novedades del Tratado de Lisboa. La fecha del borrador es del 31/3/2010, sin embargo no recuerdo despliegue mediático al respecto por lo que deduzco que su publicación ha de ser más reciente. Concretamente, yo lo conocí a través de un tweet de @osimod . Conviene aclarar que dicha iniciativa ciudadana no sustituye la iniciativa legislativa de la Comisión en ninguna circunstancia, sino que es una iniciativa ciudadana limitada y destinada a espolear la iniciativa legislativa que la Comisión Europea tiene de acuerdo a los Tratados.

De una primera lectura en diagonal, me sorprenden dos aspectos. El primero son las condiciones de aceptación de una iniciativa ciudadana (artículo 4). Para empezar, las juzga la propia Comisión, para continuar la Comisión ha de considerarlas serias (curioso término jurídico) y para terminar no pueden ir contra los valores de la Unión. Vamos, que iniciativas sí, pero dentro de un orden, no vaya a ser que a un euroescéptico se le ocurra alguna maldad.

Lo segundo que me llama la atención es el curioso uso del canal electrónico, destinado a dar el mínimo trabajo a la Comisión. La Comisión se limita  hacer un registro electrónico de las iniciativas y a decidir su aceptación. Validar que los sistemas de recogida de firmas  electrónicos son válidos y la autenticidad de las mismas se deja a los Estados Miembros. Eso sí, la Comisión será quien dicte las normas técnicas que han de cumplir. Dado que la identidad electrónica es un tema clave en todo proceso de firma y que el desarrollo de la interoperabilidad de la identidad electrónica en Europa está en curso (ver STORK), el plazo de 12 meses tras la aprobación del reglamento para tener las normas técnicas puede quedarse corto.

Seguro que existen otros puntos grises en la propuesta, que aún no he leido entera con detalle. No obstante, es un paso adelante que puede tener derivadas imprevistas y positivas. Por ejemplo, no habría razón para no aplicar las normas técnicas que dicte la Comisión a nuestra iniciativa popular nacional, que aún carece de desarrollo reglamentario tras casi cinco años desde que se incluyo la posibilidad de medios electrónicos en la misma.

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El marco legal para la reusabilidad de la información generada por el sector público tiene como norma principal la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público.  De ella emanan las normas de los distintos Estados Miembros, como en el caso español la Ley 37/2007. Contra la creencia de algunos,  el origen de la norma no es un deseo de una mayor transparencia del sector público, sino propiciar la creación de un mercado interior uniforme de los contenidos digitales.

Estamos inmersos en la economía basada en la información. La importancia de los datos para la creación de riqueza en nuestra sociedad fue incluso objeto de un reportaje especial de The Economist. Los poderes públicos, en este caso la Unión Europea, han de favorecer las condiciones para que está economía naciente no sea abortada. Ha llegado quizás el momento de cambiar una norma jurídica cuya importancia era difícil de prever en el momento de su aprobación, hace ya casi siete años.

Una primera reforma, sería identificar los conjuntos de datos de obligación liberada por las Administraciones Públicas. Apoyándose en el valor estratégico para la creación de un mercado único a través de sus datos claves, la Unión Europea debería establecer un calendario de liberación de ciertos datos en manos de los poderes públicos. En especial aquellos claves sobre la financiación y cuentas de las Administraciones Públicas.

Una segunda reforma, sería establecer incentivos económicos para la liberación de datos en formatos directamente interpretables por máquinas. Liberar datos en estos formatos no es barato. Quizás sería más conveniente que los fondos que la Unión Europea dedica a cierto tipo de subvenciones relacionadas con el Gobierno Electrónico, se dedicará a este fin.

Dejo para el final el cambio quizás más radical, incluir en el ámbito de aplicación a los operadores que preten al  público servicios de especial transcendencia económica (de acuerdo a la definición de las mismas dado por la Ley 56/2007) . Si una de las razones para demandar la liberación de datos a las Administraciones Públicas es que estos datos son obtenidos con el dinero de los contribuyentes, no menos peso tiene exigírselo a empresas con origen en monopolio estatales, con una posición dominante o en situación de oligopolio. Los datos relevantes de su actividad deberían estar bajo las mismas condiciones aplicables a la información generada por el sector público. La transparencia no ha de ser sólo obligada a los poderes públicos, también a aquellos “muy grandes para caer” y que los poderes públicos han de ayudar en momentos de dificultades. la necesidad de socorrerlos deberia conllevar la obligación de la posibilidad de una vigilancia social colectiva y la extensión del concepto de información pública a los datos que manejan. Ya estamos viendo las consecuencias de lo contrario.

Y aún podríamos ir más lejos. Hacia una socialización de la información para la creación de más riqueza y más democracia. A veces no somos conscientes del poder de la información hasta que tenemos enfrente sus consecuencias. Basta echar para ello un vistazo al blog de OKCupid.

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Las políticas de Gobierno Electrónico de la Unión Europea están encuadradas dentro de la globalidad de las acciones alrededor de la promoción de la Sociedad de la Información. De acuerdo al portal de la Unión Europea, las acciones de la Unión Europea dentro del campo de la Sociedad de la Información se desarrollan de conformidad con los artículos 163 a 172 del antiguo Tratado constitutivo de la Comunidades Europeas (TCE), que en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) resultante del Tratado de Lisboa han pasado a ser los artículos 179 a 188.

Aún considerando el peso de los aspecto tecnológicos, tan sólo integrando el Gobierno Electrónico dentro de la Sociedad de la Información podía la Unión Europea actuar sobre la misma. De acuerdo con el antiguo TCE, la Unión Europea no tenía competencia alguna sobre materias de Administración Pública. La situación jurídica varía con el TFUE resultante del Tratado de Lisboa, que otorga a la Unión Europea competencias sobre la “cooperación administrativa”.

Artículo 197

  1. La aplicación efectiva del Derecho de la Unión por los Estados miembros, que es esencial para el buen funcionamiento de la Unión, se considerará asunto de interés común
  2. La Unión podrá respaldar los esfuerzos de los Estados miembros por mejorar su capacidad administrativa para aplicar el Derecho de la Unión. Esta acción podrá consistir especialmente en facilitar el intercambio de información y funcionarios, así como en apoyar programas de formación. Ningún Estado miembro estará obligado a valerse de tal apoyo. El Parlamento Europeo y el Consejo, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, establecerán las medidas necesarias a este fin, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.
  3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la obligación de los Estados miembros de aplicar el Derecho de la Unión, ni de las prerrogativas y deberes de la Comisión. Se entenderá también sin perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados que prevén una cooperación administrativa entre los Estados miembros y entre éstos y la Unión.

Este nuevo artículo podría significar abrir la puerta a un inexistente hasta ahora paquete legislativo de Gobierno Electrónico a nivel comunitario. Los actuales elementos legales que le son de aplicación, tales como la Directiva 1999/93/CE de Firma Electrónica, o la Directiva 2003/98/CE de relativa a la Reutilización de la Información del Sector Público, tienen su base en el artículo 114 del TFUE (antiguo artículo 95 del TCE) destinado a promover la aproximación legislativa que requiere el mercado único.

La condición del Gobierno Electrónico como herramienta clave para “mejorar la capacidad administrativa”,  justificaría la realización de propuestas legislativas por la Comisión Europea.  Dicha intervención, sería a mi juicio más que necesaria para aspectos tales como  la promoción del uso verde de las TIC en las AAPP o la implementación de estrategias multicanal, por no hablar del ordenamiento de los escenarios de aplicación de la firma electrónica.

Dada la creciente importancia de las TIC dentro de las Administraciones Públicas, la clara separación del Gobierno Electrónico de la Sociedad de la Información que implicaría contar con un marco legislativo comunitario propio sería positiva. Reflejaría una madurez sin ninguna duda ya alcanzada y un alineamiento más claro de la misma como un canal más de provisión de servicios gubernamentales, y no como un servicio más disponible en Internet.

Esperemos  que este y no otro sea el uso que la Comisión Europea haga de sus nuevas competencias.

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Andamos ya cerrando el año, y en la tranquilidad navideña del Ministerio, he estado echando un vistazo al Tratado de Lisboa. O mejor dicho, las nuevas versiones consolidadas de los Tratados de la Unión y del Funcionamiento de la Unión que son consecuencia del mismo. No ha sido una visita casual a los mismos, sino una lectura detallada de tres artículos que el otro día oí mencionar como la puerta de entrada de la Comisión Europea a los asuntos de las Administraciones Públicas de los Estados Miembros. Son los artículos 197, 298 y 336 de la versión consolidad del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

La existencia de estos artículos, no tendría mayor problema más allá de la voracidad competencial de la Comisión Europea, que hasta ahora no tenía poder alguno sobre las AAPP de los EEMM, sino fuera por los antecedentes. Sólo basta recordar los intentos por implantar la jornada de 65 horas rechazadas en el último trámite, para echarnos a temblar. No tranquiliza un posible poder reglamentario de las fuerzas neoliberales de Bruselas sobre el estatuto de la función pública.

Los artículos mencionados están abiertos a la interpretación y nadan en la ambigüedad. Pueden ser tanto un”sigamos como hasta ahora” como la vía a un “uniforme de talla única para todos los funcionarios europeos”. En el ambiente de restricciones actuales, no es difícil imaginarse la talla que nos sería aplicada.

No cabe duda que es necesaria una reforma de la Función Pública en todos los niveles de gobierno. Tanto de nuestro país como de otros de nuestros socios comunitarios. Pero los cambios en la reglas que nos son aplicables no deben entrar por esa puerta falsa. Que esto no sea una vez más buscar que Europa tome las decisiones difíciles por nosotros.

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