El derecho a la información pública por medios electrónicos

Con la promoción de las políticas de Gobierno Abierto, está surgiendo la demanda ciudadana de un nuevo derecho: El acceso electrónico a toda información pública. En contra de lo que pueda pensarse al calor de la excitación de iniciativas internacionales (USA, UK, …) o nacionales (Pais Vasco), no existe marco legal que garantice dicho derecho en ninguno de los entornos donde estas acciones están acaeciendo (aunque de modo generoso, podríamos considerar el derecho a la información pública por medios electrónicos como reconocido en el artículo 6.1 de la Ley 11/2007). Ello limita la sostenibilidad de la transparencia y del ecosistema alrededor de la misma, en particular las aplicaciones de terceros construidas sobre los datos liberados.

Alcanzar la proclamación de este derecho, aparece como un nuevo mojón en la carrera USA-UK por el título de campeón del Gobierno Abierto. El Gobierno de coalición británico anunció al constituirse que establecería el derecho a los datos (right-to-data), pero parece que en USA toman de nuevo la delantera al respecto existiendo un primer anteproyecto de «Public Online Information Act» (POIA) en trámite en el Congreso.

Los elementos del anteproyecto de ley USA mediante el que se pretende garantizar el derecho a la información pública por medios electrónicos son:

• Consagración de la equivalencia «publico=online»
• Creación de órganos administrativos de promoción y coordinación de la publicación de información por medios electrónicos
• Obligatoriedad de establecer y mantener para siempre catálogos de la información pública online, así como de mantener 24×7 accesible en línea la información pública
• Equivalencia del ejercicio del derecho de acceso a la información al del derecho a tener la información pública accesible en Internet
• Contemplar como falta disciplinaria una negativa injustificada de hacer accesible online información pública

La legislación es necesaria si no queremos retroceder en lo andado en el Gobierno Abierto. El reconocimiento del derecho al acceso a la información pública por medios electrónicos es la única garantía posible para ello.

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UK: La hora crítica del Gobierno Abierto (II)

Hace apenas 24 horas hablaba del interés  de seguir la evolución del cambio político en UK y su impacto sobre el desarrollo del Gobierno Abierto. Creo que he sido de los primeros  en defender la necesaria politización del Gobierno Electrónico, por creerlo ya una política pública madura no inmune a los cambios de liderazgo en el poder.

Los efectos del cambio político empiezan a contemplarse. A un Gobierno claramente comprometido con el uso de las TIC en las AAPP (con  sus aciertos y errores), le sucede un Gobierno de coalición que en su acuerdo de acción política sólo  se acuerda del Gobierno Electrónico para decir que va parar el desarrollo del eID británico. Tampoco tiene falta de carga el cambio de identificador utilizado en los medios sociales, cuyos efectos sobre el seguimiento alzcanzado está por ver, pero que claramente manda la señal de un borrón y cuenta nueva.

La llegada de Obama al poder en USA supuso un del uso de los medios electrónicos como palanca de  los principios de transparencia, participación y colaboración. Está por ver cual va a ser el efecto sobre el Gobierno Abierto/Gobierno Electrónico del cambio de poder en UK.

Todo esto quizás debiera llevar a la reflexión a los que pudiendo impulsar ahora en España el Gobierno Abierto no lo hacen. Que no esperen que lo hagan los que ahora no están en el poder, que no nos vengan después a pedir que nos unamos a su causa. Sin que se interprete como menosprecio de género, sino como cita de los clásicos, entonces será hora de decir lo que dijeron a Boabdil tras la pérdida de Granada: «Llora como mujer lo que nos supiste defender como hombre».

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Ideas de Gobierno Electrónico para una crisis (II): Consolidación TIC

La nube se presenta como el instrumento de un nuevo cambio de paradigma. Cedemos el control absoluto de nuestros activos TIC a cambio de la promesa de una escalabilidad infinita, eliminar los compromisos a largo plazo y disponibilidad inmediata de recursos.  Ello no se alcanza sin sacrificios previos. Es necesario primero saber dónde estamos para poder determinar cómo llegar a nuestro destino.

Las TIC en las Administraciones Públicas han sido desplegadas basadas en la disponibilidad infinita de recursos. Varios Centros de Proceso de Datos por cada Ministerio/Consejería, líneas de comunicaciones sobredimensionadas y servidores de uso ínfimo con aplicaciones de uso estacional se multiplican como setas. La migración a la nube necesita de una consolidación previa. La consolidación previa requiere dinero. Es el momento de empezar a trabajar ahora para poder consolidar cuando existan recursos.

Esta idea tan simple es la que está aplicando Vivek Kundra en los USA. Un plan basado en la autonomía de cada centro directivo, pero firmemente monitorizada en su ejecución y resultados por una autoridad con poder sobre la estrategia global.

Hay que aprovechar la crisis para replantearnos cómo hacemos las cosas. A cambio, mas eficiencia económica y ecológica. Nada más, ni nada menos.

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Implicaciones del astillamiento de Internet para el Gobierno Electrónico

El avance tecnológico nos ha llevado al astillamiento de Internet.  Hemos alcanzado la ubicuidad  del acceso a los servicios de la Sociedad de la Información, pero ello a costa de la ruptura con la interfaz de usuario única. El hecho no es de por si malo ni bueno, pero supone un  paso más hacia la quiebra  en el modelo autárquico en la construcción de servicios electrónicos en las Administraciones Públicas. No podemos seguir pensando que seremos capaces de desarrollar versones para todos  los dispositivos  de los que la ciudadanía hará uso para acceder a nuestros servicios, en especial si queremos hacer uso de todas sus capacidades para enriquecer la experiencia del usuario.

Uno de los últimos ejemplos nos viene con la llegada del iPad. He de reconocer que en un principio fuí escéptico, e incluso lo califique de timo en algún tweet. Pero hay que saber rectificar, y el escenario que describe Di Maio en su blog ha servido para convencerme en la batalla del incremento del uso del Gobierno Electrónico. Realmente, no me cuesta trabajo imginarme a mi madre usándolo para acceder a la realización de la declaración de la renta.

Pero el iPad no deja de ser más que uno de los últimos ejemplos, que no el último. Las Administraciones Públicas no podemos mantener la continua carrera tecnológica, no tanto por falta de capacidad como por la barrera de los recursos escasos. Como decía en un anterior post, ni en el Gobierno Electrónico ni en ningún otro campo podemos creer que habitamos en el mundo del utópico crecimiento económico indefinido. Hemos de dejar más espacio a la colaboración en nuestro quehacer diario. Un primer paso es seguir la reciente guía editada por Apps For Democracy.

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El uso de los medios sociales por empleados de las AAPP

Hace ya unos meses, hice referencia a la necesidad de desarrollar procedimientos que regularan la intervención del factor humano de la función pública en los medios sociales. Que dicha regulación es más que necesaria lo muestran incidentes como el acaecido en el Principado de Asturias, el lamentable bloqueo de una de esas bitacoras informales de un empleado público que ayudan a la creación e incremento del conocimiento en el colectivo de los empleados públicos. Con unas cuantas lecturas más y alguna pieza legislativa nueva en nuestro ordenamiento jurídico, vuelvo sobre el tema, con la creencia que el Gobierno Abierto ha de ser en gran medida desarrollado entorno al empleado público.

Son dos los ámbitos diferenciados que deben regularse. De un lado, el uso informal, como persona que hace uso de los medios sociales para adquirir y compartir conocimiento con personas de un mismo ámbito profesional. De otro lado, el uso oficial, como parte de un organismo público al servicio de la ciudadanía.

La regulación del uso informal de los medios sociales por los empleados públicos debería limitarse al incentivo de la misma. Han de equipararse a una herramienta más de trabajo, con las limitaciones únicas de la responsabilidad y la discrección y la manifestación (implícita por el contexto o explícita) del carácter personal y no profesional del uso. Con estas salvaguardas, somos un número importante los que cada día nos beneficiamos de la generación de conocimiento colectivo.

Más compleja es la regulación del uso formal. Las nueve páginas del documento «Best practices for social media usage in North Carolina» nos dan unas cuantas pistas al respecto de la visión global de esta regulación, y ha sido la inspiración del resto de esta entrada. La regulación empieza por entroncar el uso de los medios sociales con la estrategia global de comunicación del organismo. Los gabinetes de prensa obviamente han de jugar un papel rector en este punto y deben ser los primeros involucrados en el diseño de la estrategia en este punto, fijar quién y cómo puede intervenir en y en qué medios.  Un ejemplo real de la compleja relación entre los  gabinetes de prensa y aquellos que intervienen en los medios sociales , así como de los beneficios del uso de los mismos, está descrita en esta entrada de «Digital Engagement».

En segundo lugar, ha de crearse un marco de garantías y obligaciones de aquellos que actuan en nombre de los organismos en los medios sociales. En mi anterior entrada sobre este tema, hacia mención de las normas la respecto creadas en Reino Unido, hoy me parecen escasas. Las normas han de contener no sólo una reglas de comportamiento y su entronque con las consecuencias disciplinarias de su incumplimiento, sino también han de reflejar los procesos de solicitud y autorización de participación en medios necesarios para ello. Prever la existencia de estas normas en el desarrollo reglamentario del EBEP en las distintas Administraciones, sería quizás recomendable.

En tercer lugar, entran en juego la regulación de los medios tecnológicos utilizados para habilitar la partipación del empleado público en los medios sociales. Aunque sobre ello podría debatirse, es mi opinión que la regulación aplicable habría de ser la Ley 11/2007 (y el RD 1671/2009 en el caso de la AGE). En este marco legal, y debido a las posibles consecuencias de la intervención de un empleado público en una conversación virtual registrable, hay que buscar los medios de  autenticación y registro de la participación de empleado público en un medio social. Si los medios sociales están bajo control del organismo en la sede selectrónica, autenticación y registro de las intervenciones en medios sociales vendrán garantizados por las previsiones para ambos ámbitos en las sedes electrónicas. La complejidad puede surgir cuando los medios sociales están fuera de la sede electrónica de los organismos. En primer lugar, el marco legal nos facilita los sistemas de firma electrónica que habrían de utilizarse, que en el marco de la AGE se limitan a sistemas basados en certificado de acuerdo al RD 1671/2009.  En segundo lugar, habría de disponerse de mecanismos de archivo fideligno del documento electrónico resultante de la participación del empleado público en el medio social (sobre la importancia de este punto, ver éste artículo). Es fácil suponer, que estos dos condicionantes limitan en la práctica poder actuar en los medios sociales no establecidos por los gobiernos como sería deseable.

Aunque el asunto no es tan simple como sería deseable, ello no es obstáculo para no empezar a trabajar en la habilitación de este nuevo marco de participación.

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Formulas de colaboración en el Gobierno Electrónico

La coyuntura económica sin fin en que nos encontramos, impulsa la colaboración de las Administraciones Públicas con terceros para abordar la resolución de los problemas públicos. Quizás la vía ha sido menos explorada de lo que uno presumía hace ya un tiempo en el ámbito del del Gobierno Electrónico en España en alguna de sus modalidades.

Simplificando, existen tres modalidades posibles de colaboración: Público-Privada, Público-Público, Público-Sociedad.

La mejor perfilada de todos las enumeradas es la colaboración Público-Privada, definida en el artículo 11 de la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 30/2007). Este tipo de contratos se materializan posteriormente a través de los procedimientos negociado o de diálogo competitivo. El que estén adecuadamente perfilados, no impide que hayan sido poco utilizados en los asuntos de Gobierno Electrónico, al menos no tanto como por ejemplo en Italia. Un primer caso es «Rete Amichi», para la provisión de servicios a través de redes de oficinas de terceros apoyándose en los medios electrónicos, servicios bien de carácter general o específico del ámbito de interés del socio. Otra acción es «Smart Services Cooperation Lab», un centro de competencia destinado al desarrollo de servicios públicos innovadores en cooperación con actores privados como Telecom Italia.

La colaboración Público-Público es por el contrario más utilizada. Los convenios entre Administraciones Públicas de nuestro país para la prestación de servicios e infraestructuras tienen una larga tradición, y el modelo ha sido extrapolado a los servicios habilitadores del Gobierno Electrónico (e.g. el caso de los servicios prestados por el Ministerio de Presidencia) o a construcción de infraestructura tecnológica común para municipios por las Diputaciones Provinciales. También en el ámbito de los servicios específicos ha habido alguna iniciativa. Un ejemplo de ello es la Plataforma de Contratación Electrónica del Consorcio de Ayuntamientos Catalanes por la Sociedad de la Información. Queda quizás el paso más difícil, colaborar en procesos comunes mediante Agencias comunes creadas alrededor de las TIC. Aunque ello es quizás un puente demasiado lejano.

Y donde aún apenas hemos echado a andar es en la colaboración Público-Social. Aún no hemos visto por estos lares muchas iniciativas del tipo «Show us a Better Way» o «Apps for democracy» (personalmente no conozco ninguna), que llamen a la fuerza innovadora de la sociedad en el desarrollo de servicios.  Es de suponer que empezarán a arrancar junto con las primeras iniciativas de apertura de datos públicos en formato reusable , como la del Gobierno del País Vasco. No obstante, es difícil tener claro si existe el marco legal para ello y ello quizás haya sido el obstáculo hasta ahora (¿contrato público?, ¿subvención?).

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Difusión del Gobierno Electrónico (extrapolación de Malcom Gladwell)

El Gobierno Electrónico no deja de ser un producto y, como tal, deben existir estrategias que fomenten su implantación y uso más allá de las campañas publicitarias y anuncios de prensa. Una interesante referencia para entender los mecanismos sociales permiten la difusión de ideas productos y comportamientos es el libro « The tipping point: How little things can make a big difference» de Malcom Gladwell. Es un libro ya antiguo, pero al que me he aproximado por primera vez recientemente. Aconsejo su lectura a cualquiera bajo la óptica de cómo se aplicaría a los productos o ideas con los que trabaje de modo habitual.

Gladwell parte de la base que todo producto o idea se expande bajo las reglas de las epidemias. Existen unos agentes propagadores, un virus que propagar y un entorno en que se difunde. Ninguno de estos tres componentes es definitivo de por sí, aunque puede serlo, y la máxima efectividad de una epidemia se alcanza optimizando los tres a un mismo tiempo.

Gladwell identifica tres componentes claves para alcanzar el éxito en la difusión de un mensaje:

• Ley de unos pocos, identificando tres tipos de individuos como críticos en la difusión de un mensaje: Conectores (puentes entre círculos sociales), Mavens (término yiddish para brokers desinteresados de información) y Vendedores (los que persuaden de la bondad del mensaje). Si bien ambos tipos pueden fusionarse en una sóla persona, el autor los mantiene acertadamente como diferenciados.
• Factor de aceptación, que identifica con aquel empaquetado del mensaje que hace que éste arraigue en una massa crítica de personas.
• Poder del contexto, las condiciones de entorno que en un momento dado favorecen el éxito del mensaje

Supongo existen muchas posibles extrapolaciones al caso del Gobierno Electrónico.  Comenzando con la Ley de unos Pocos, podríamos identificar conectores y mavens tanto con empleados públicos como con elementos de prestigio en colectivos sociales, pudiendo jugar ambos al mismo tiempo ambos roles. Campañas específicas de difusión entre estos actores del Gobierno Electrónico sería un primer factor clave para su implantación, jugando un papel de multiplexores y amplificadores del mensaje, a través de medios presenciales o redes sociales.  Los vendedores habrían de ser los máximos responsables políticos, existe sin embargo un nivel de implicación mejorable en este aspecto. Algún caso de máximo responsable político implicado se puede señalar (e.g. el actual Ministro de Justicia y el Registro Civil Electrónico), pero harían falta más mensajes relacionados con el Gobierno Electrónico en las primeras páginas de los periódicos.

El aumento del factor de aceptación del  Gobierno Electrónico iría de la mano de cambios en su presentación.  Una mayor adaptación de los servicios transaccionales a las necesidades de uso de los ciudadanos y empresas basado en empaquetado por eventos vitales y servicios de información reempaquetables apoyándose en formatos M2M (Machine-to-Machine).

Y finalmente el poder del contexto. Gladwell defiende aquí los pequeños cambios de contexto y el poder multiplicador del grupo. De la mano de conectores y mavens propios de colectivos sociales, ejecutar la difusión dentro de cada colectivo social y el diseño adaptado a sus necesidades.  Otra posible acción es llevar los servicios electrónicos allí dónde se necesitan, al contexto dónde son necesarios. Un ejemplo sería dotación de terminales desatendidos preparados para ser utilizados con el DNI-e y   dónde se presentaran los servicios propios de ese entorno (e.g. servicios de educación en colegios y universidades).

Son simples pinceladas para la mayor difusión del Gobierno Electrónico surgidas de una lectura de Malcom Gladwell. Más son posibles.

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Sobre la Directiva de Gobierno Abierto de Obama

Con unos días de retraso, he tenido ocasión de leerme con calma la Directiva de Gobierno Abierto promulgada por el Gobierno Obama. He querido leermela en comparación diagonal con otros dos planes de acción relacionados, los del Gobierno Australiano y el Gobierno del Reino Unido, que fueron dados a conocer aproximadamente el mismo día.  Aunque los documentos Australiano y Británico, respectivamente, de naturaleza (plan vs ley) u orientación distinta (reforma administrativa vs gobierno abierto), permiten centrar el análisis sobre las carencias del documento norteamericano.

En primer lugar, el documento del Gobierno Obama hace especial hincapíe sobre la transparencia, especialmente la de carácter presupuestario, dejando más de lado los aspectos de participación y colaboración ciudadana. Los plazos y acciones marcados al respecto de lo primero son claramente más exigentes que para los segundos. Podemos justificarlo en que la transparencia es la piedra angular de participación y colaboración, pero esperaba mayores compromisos en estos campos.  Un ejemplo de los mismos son los Bonos de Impacto de Social como mecanismo de finaciación de las iniciativas no gubernamentales que se quiere poner en marcha en el Reino Unido.

La Directiva Americana cae también en el defecto de la Asimetría de la Relación entre Gobierno y Ciudadano. Este aspecto es también criticado por Andrea Di Maio.  Mientras que tanto Australianos como Británicos apuestan por un flujo bidireccional de información y colaboración, con los empleados públicos haciendo un uso intensivo de los medios sociales para ello, el Gobierno Obama se apoya en dar información para obtener colaboración, sin buscar obtener información o prestar colaboración. Este desequilibrio, en mi opinión, lleva en el medio plazo a un rapto por las élites de la acción pública, ya que en ella participarán de modo activo los interesados (i.e. los lobbys) y no los ciudadanos. La presencia en los medios sociales es la nueva forma en que los empleados públicos han de defender el interés general.

Consecuencia de estas dos carencias, nace una tercera. La falta de un cariz inclusivo de la Directiva Obama. No existe una sóla mención en las once páginas en cómo lograr que toda la sociedad forme parte del Gobierno Abierto, en cómo incorporar a todo la población al proceso de decisión mediante un uso flexible de las TIC, que no necesariamente ha de ser personal. Espacios dedicados a la accesibilidad, en el caso australiano, o del uso del gobierno local para llegar a los excluidos, en el caso británico, son la mayor ausencia de la Directiva Obama.

Un último comentario. Gobierno Abierto es sinónimo de transparencia, participación y colaboración. Es necesaria una estrategia clara de como convertir estos tres puntos en unos mejores y más efectivos servicios, de lo contrario, cuando se convierten en un fin en si mismo, pasan a ser tan sólo fuego de artificio mediático. Tampoco he encontrado en la Directiva Obama como se hará este engarce.

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¿Somos la Administración los siguientes naúfragos del 2.0?

Me pilló trasmano el interesante diálogo sobre la revolución dospuntocerista en las AAPP de K-Goverment. Toda una demostración del poder de convocatoria de uno de los sitios de Internet más inteligentes que conozco y que más han cambiado mi vida. Y no lo digo por hacer la pelota a Carlos Guadián, sino porque de su mano entre en contacto con este diálogo continuo que es la blogosfera pública.

Y me pilló a trasmano, porque andaba enfrascado en otra lectura interesante, los primeros capítulos de «Here comes everybody», escrito por Clay Shirk. El libro, por lo que llevo, es superior a la hora de explicar la revolución 2.0 de la sociedad que «Wikinomics».

Andaba, concretamente, enfrascado en el tercero de los capítulos en que analiza como los medios de comunicación andan perdidos en toda esta revolución, desde los periódicos a las discográficas. ¿Somos las Administraciones otros naufragos del 2.0? Pues tenemos bastantes papeletas para llegar a serlo si seguimos el razonamiento del autor.

El autor, achaca la causa del naufragio 2.0 de periódicos y discográficas en que no supieron entender que alguien que producía de modo no profesional lo que ellos hacían de modo profesional pudiese cambiar su existencia. ¿No nos está pasando eso ya? Hay tenemos los foros de participación dónde los ciudadanos opinan, a nuestras espaldas, de los proyectos de la Administración ante la rigidez de los cauces de diálogos que proporcionamos. Hay tenemos los colectivo sociales que (en otros países) dan servicio de cara al cliente como canal alternativo a las Oficinas de Atención al ciudadano.

Las profesiones, y ser funcionario es una profesión, sólo tienen sentido en la medida que son capaces de resolver un problema. Si el problema que tenemos que resolver es prestar servicios a los ciudadanos habiendo escuchado los problemas que nos plantean, y dejamos de resolverlo, estamos abocados al fin. Podremos convertirnos en los próximos naufragos del 2.0.

Los medios sociales 2.0 pueden ser una herramienta que nos ayude a hacer realidad el diálogo continuo con el ciudadano, estar más cerca de sus inquietudes. Pero la herramienta no estará presta a que la cojamos por siempre, y si nosotros no lo hacemos, otros lo harán y quedaremos condenados al basurero de la historia, que decía el filósofo. Y si no nos lo creemos, es que no hemos aprendido de lo que les pasó a las discográficas por no querer hacer uso de Internet como medio de distribución.

Salvémonos el naufragio y encaminémonos a por los salvavidas.

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Participación Electrónica: Ciudadanía y las reglas del juego

Puede a alguien resultarle una pregunta con respuesta de Pero Grullo, pero, mirando los resultados de alguna de las iniciativas de Participación Electrónica realizadas últimamente, conviene tratar de identificar una cuál es el papel de la ciudadanía en las mismas y las reglas del juego del proceso. Ahí tenemos sino para demostrar esta necesidad iniciativas más y menos exitosas en términos de participación. El último caso más sonado fue el «Citizen´s Briefing Book» del web change.gov que se abrió durante el período de transición de Bush a Obama. Su análisis puede llevarnos a extraer interesantes lecciones.

En primer lugar, fijémonos en lo más aparatoso, los resultados. La Administración USA se ha preocupado muy mucho de cerrar a cal y canto la experiencia, pero merece la pena recordar que entre las cuatro causas más apoyadas figuraban la legalización de la marihuana con usos medicinales y la promoción del juego on-line como fuente de riqueza de los USA. No parece que ninguna de ellas sean las causas en realidad más apoyadas por los ciudadanos americanos, sino que su posicionamiento ha sido más bien el resultado de la acción coordinada de integrantes de grupos favorables a ambas causas. Tenemos como resultado una primera lección, evitar el rapto por las élites de la participación electrónica. Cualquier experiencia a desarrollar no es tan sólo abrir una puerta para la opinión, sino conseguir que en la misma tomen parte con el mismo peso, al menos, todos los grupos sociales afectados.

El rapto por las élites acontecido podría haberse evitado con un seguimiento de la iniciativa de Participación Electrónica. Abrir una ventana a la opinión de la ciudadanía no es tan sólo realizar una pregunta a través de una interfaz usable y más o menos atractiva para pasarse al cabo de los días a contar respuestas. La labor de moderación del promotor de la iniciativa es forzosamente necesaria. Las organizaciones promotoras han de contar con el personal formado para realizar esta labor y establecer unas reglas claras de cual va a ser la línea de actuación durante el desarrollo de las iniciativas desplegadas. Un ejemplo de una definición clara del marco de desarrollo de una iniciativa de participación electrónica es la realizada para las e-petitions al número 10 de Downing Street.

Finalmente, y enlazando directamente con el párrafo anterior, el objetivo de la participación electrónica, qué va a obtener el ciudadano a cambio ha de estar claro. La gestión de las expectativas es un aspecto crucial de la Participación Electrónica, debiéndose, cuando menos, facilitar algún tipo de conclusiones del promotor de la iniciativa. No ha de ser un efecto inmediato, puede ser tan sólo una recopilación de ideas, pero ha de estar claro que se va a hacer con la respuesta de la ciudadanía. Un ejemplo de qué no se debe hacer, nos lo da de nuevo change.gov. No parece que de el video de agradecimiento pueda extraerse algo más que vaguedades al respecto.

La misma carencia ha tenido la iniciativa «ARRA for comment» abierta el 13/2/2009 sobre el plan de estímulo de Obama (American Recovery and Reinvestment Act of 2009). El ciudadano era llamado a opinar sin un objetivo claro y sin decir cuál iba a ser uso de su opinión. La única pista era el límite a 5000 carácteres en el formulario de solicitud de opinión. Ello nos da lugar a una última lección, extraida en modo negativo del ejemplo, el derecho del ciudadano a conocer la opinión de otros ciudadanos para poder dar lugar a un verdadero diálogo sobre el tema objeto de la participación.

En resumidas cuentas, no toda la ciudadanía ha de participar en toda iniciativa, pero si ha de participar aquella que es necesaria. Pero además, si se quiere establecer un modelo sostenible de participación electrónica, este ha de basarse en la implicación cotidiana de los promotores, realizar una adecuada gestión de las expectativas ciudadanas que den lugar al compromiso cívico con las mismas y la existencia de un diálogo real entre ciudanos y gobierno.

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