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Archive for the ‘Administración Pública’ Category

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Los textos clásicos admiten dos, tres y hasta cuatro lecturas distintas. Diferentes significados para unas mismas líneas, variadas interpretaciones de sus párrafos dependiendo del contexto de aplicación. Una de estas obras intemporales es “Sobre el origen de las especies”, de Charles Darwin, repleta de consejos para esta rara avis que es la Administración Pública sobre la necesidad de transformarse y cómo realizarlo, sobre el papel de las nuevas tecnologías en la transformación y las resistencias a qué este papel sea asumido.

If any one species does not become modified and improved in a corresponding degree with its competitors, it will soon be exterminated.


Porque la transformación, es necesaria. La Administración ha de demostrar que es al menos tan eficiente y más efectiva que aquellos que quieren su reducción. Hay que buscar nuevas formas de poner en valor lo público como servicio y no como negocio. Pero ello sólo puede hacerse desde la clave de hacer más, porque hacer más con lo mismo es posible con el concurso de las nuevas tecnologías, empotrando las mismas en los procesos de negocios hasta confundirse con los mismos. Existen sin emabrgo resistencias internas a ello.

Organs now of trifling importance have probably in some cases been of high importance to an early progenitor.


Esta transformación supone acabar con lo que ha dejado de ser útil. Y ello implica resistencias, la mayor de ellas de quienes ven que desaparece su importancia ante la automatización. La excusa es sabida: “Las tecnologías de la información no son el negocio, son sólo su soporte”. El arma contra la transformación que provocan es también conocida: “Externalicemos lo que nos es parte del núcleo de negocio”. La excusa perfecta para que todo siga igual es que las tecnologías de la información sean sólo soporte, no vector de transformación. Luchan por abortar la creación del nuevo órgano que convierta les convierta en órgano obsoleto. La mejor manera de mantener las tecnologías de información sólo como soporte, es su externalización. La mejor manera de garantizar la perpetuación de las ineficiencias, es no utilizando su capacidad de transformación haciéndolas parte del negocio  en lugar de los organos obsoletos.


No complex instinct can possibly be produced through natural selection, except by the slow and gradual accumulation of numerous, slight, yet profitable variations.


El camino de la transformación aún es largo. Es una acumulación de variaciones hasta que se asuma el nuevo órgano como propio, hasta que el diseño de cada proceso de negocio se haga teniendo en mente la existencia de la tecnología y no sea está un simple añadido posterior para meras reducciones de tiempo. Es eliminar intervención de órganos obsoletos, reeducar sus funciones para realizar otras que aporten más valor, y aquí de nuevo aparece la resistencia al cambio. Y en este camino de transformación no hay atajos, hay que recorrer cada trecho del camino regulación en mano. Las variaciones han de ser impulsadas, pero ha de saber convencerse a quien boletín oficial en mano puede consolidar los nuevos instintos y órganos que necesita la Administración Pública.

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No había tenido hasta ahora, la oportunidad de una lectura pausada del Real Decreto 868/2010, de 2 de julio, por el que se crea el Observatorio del Empleo Público. Buscando por la blogosfera pública, he encontrado pocas referencias al mismo, más allá del escéptico comentario sobre su utilidad de Oscar Cortes o la satírica visión de Sevach. A mi, la lectura del Real Decreto  me ha levantado más preocupaciones que escepticismo y un deseo de que efectivamente no se trate más de lo que Sevach llama un grupo de amigos de la papiroflexia.

Efectivamente, existen razones para el escepticismo ante la lectura del Real Decreto. Se constituye un órgano con la finalidad de realizar  “diagnósticos en materia de recursos humanos, el análisis de la situación del empleo público y la formulación de propuestas y recomendaciones de actuación” (artículo 2), que más adelante se anuncia que van a ser realizados con los medios técnicos, personales y materiales ya existentes en la Dirección General de Función Pública y sin que suponga impacto presupuestario (Disposición adicional segunda). Ello sólo puede implicar dos cosas. O bien se va a seguir realizando lo mismo pero va a ser convenientemente adornado o bien van a dejar de realizarse actividades que antes se realizaban en esta Dirección General. Me inclino por la primera de las opciones, aunque carezco de base para tal opinión, ya que es de suponer que los diagnósticos misión del observatorio son ya realizados por la Dirección General de Función Pública.

Pero existen más razones para la preocupación que para el escepticismo. Estas preocupaciones nacen de la lectura de su artículo 3, donde se describen las funciones del Observatorio. Donde uno podía esperar alguna mención a  buscar como articular la formación o carrera profesional de los empleados públicos para un mejor servicio a los ciudadanos, se encuentra (ver artículo 3b) menciones a la necesidad de redimensionar plantillas e identificar posibles servicios que puedan ser externalizados o (ver artículo 3c) alusiones a la elaboración de propuestas para la reforma del régimen jurídico del empleo público.

La bajada de sueldo a los empleados públicos regulada por el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público fue el primero de los cisnes negros que llegaron a las tierras del empleo público.  Los habrá que piensen que no van a aparecer más cisnes negros en los cielos del sector público, pero ello no es más que un deseo voluntarioso . Los huevos de los cisnes negros se incuban en los nidos de los Reales Decreto Ley.  Y hay países dónde están empezando a salir del casacarón.

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La crisis pone muchos usos y costumbres en el disparadero. Entre ellos, el uso que de las TIC hacemos en las Administraciones Públicas. Aunque el tanto por ciento del gasto presupuestario dedicado a las TIC se ha mantenido prácticamente estable en el pasado quinquenio,  si es hora de tratar de hacer un uso más optimizado de los fondos públicos destinados a tecnología. No voy a entrar de nuevo en el debate de si los resultados obtenidos con  el uso de las TIC en las AAPP son los adecuados, ya que creo es difícil aislarlo de otros aspectos, tampoco en si lo que hacemos con las TIC puede hacerse de un modo más eficiente (la respuesta obvia es sí). Hoy toca hablar de las implicaciones organizativas en las AAPP de introducir eficiencia en el uso de las TIC y como facilitarlas.

Parto de la base, que la introducción de eficiencia en el uso de las TIC en las AAPP no ha de significar la externalización de las mismas. Existen, a mi juicio, razones de peso para no ir por esta opción. Ello no evitará un impacto organizativo. La Administración, en especial la AGE, cuenta con un modelo excesivamente atomizado de introducción de las TIC en las AAPP. En lugar de haber servido como piedra arrojada contra esa jaula de cristal de la eficiencia que es la cultura de silos, se ha visto en cierto modo encerrada en la misma. Cualquier factor de eficiencia que trate de introducirse en el uso de las TIC ha de suponer por fuerza la necesidad de recolocar recursos humanos y reordenar estructuras. La introducción de infraestructuras TIC como servicio (IaaS)  ofrecido por una unidad administrativa a las restantes es la primera piedra de esta reorganización.

La aplicación del concepto de infraestructura como servicio (IaaS) dentro de la AGE es el primer paso de lo que sería de hecho una “fusión fría” de unidades TIC. La virtualización masiva de máquinas y almacenamiento, por ejemplo, supondría una liberación de recursos  humanos difícil de estimar, pero que fácilmente superaría el 10% del personal TIC de la AGE (e.d. entorno a las 1500 personas) en un escenario de 4-5 años.  Liberaciones menores de personal pero no menos importantes supondría desplegar un correo único en la AGE o hosting de webs públicas (e.d. reducir el papel de las unidades administrativas a la gestión de sus contenidos). Los beneficios de esta liberación de recursos para otras actividades son claras: Más servicios para los ciudadanos, eliminación de dependencia de proveedores externos al poder asumir proyectos en manos privadas, …

Es fácil imaginar las resistencias culturales (no sólo internas a la AGE sino de los proveedores) a las que una “fusión fría” de este tipo habría de enfrentarse. Sólo una clara definición inicial de los principios de la introducción de la infraestructura como servicio en la AGE, de aquello que no puede ser discutido, facilitaría su implementación. Andrea Di Maio en una entrada en su bitacora hablaba de algunos de ellos dentro del más amplio marco de las G-Clouds, ejemplos de los mismos serían:

  • Funcionamiento con mentalidad de servicio, estableciendo acuerdos claros con las áreas usuarias y precios a pagar por las unidades por el uso infraestructuras en modo servicio
  • Hacer obligatorio el uso de las infraestructuras definidas como servicio, definiendo un acotado escenario de excepciones que no suponga voluntariedad alguna
  • Vetar el establecimiento de las grandes unidades TIC como proveedores de infraestructuras en modo servicio, conduciendo a una pérdida de eficiencia en la introducción del modelo
  • Construir sobre casos de éxito pre-existentes, aprovechando las experiencias de servicios compartidos ya desarrolladas
  • Definición de una hoja de ruta de migraciones y aplicación para nuevos proyectos, haciendo ineludible su cumplimiento ligándolo a objetivos medibles para cada responsable de unidad
  • Creación de una oficina de servicios con autoridad ejecutiva, destinada realizar un seguimiento de uso de las infraestructuras en modo servicio, solventar las problemáticas que se planteen con su introducción e impulsar el calendario establecido. Dicha oficina resolvería también aspectos relacionados con la reubicación de los recursos humanos  liberados.

Y de nuevo, volvemos a un tópico recurrente y querido por mí: La politización del Gobierno Electrónico. El principio más importante de la “Fusión fría” sería el impulso al máximo nivel político de la misma.

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El coste de las Tecnologías de la Información en las Administraciones Públicas es objeto de debate recurrente. Una continua puesta en tela de juicio de su presunto excesivo coste para el erario público, que además suele castigar más a quien más transparente es en los gastos en los que incurre. Una cosa lleva a otra, y fruto de ese debate son los continuos cantos a la externalización de las TIC que en alguna entrada anterior de la bitácora he comentado. Sólo demostrando que se dan los servicios tecnológicos adecuados, con la calidad requerida y al coste preciso, es posible cortar este debate. Cortar dicho debate permitiría al colectivo de profesionales públicos de las TIC participar en otros, adentrarse en los senderos vedados a quienes no son economistas, abogados o leguleyos.

Pero identificar los servicios adecuados, calidad necesaria y costes precisos sólo es posible mediante una comparación entre iguales. Y hoy desconocemos cuanto nos cuesta a cada Administración en España los servicios tecnológicos que utilizamos.

Es necesario, en primer lugar, impulsar como colectivo un ejercicio de transparencia colectiva. La interoperabilidad, la ruptura con la cultura de silos hemos de impulsarla en las fronteras de lo tecnológico, promoviendo un consenso sobre una metodología común a las Administraciones Públicas españolas para dar cuenta de sus gastos TIC a la sociedad. Sólo he localizado en España el caso de la AGE, que recoge en REINA los gastos de los distintos Ministerios. Ni tan siquiera en OpenData Euzkadi he encontrado otro caso de publicación de modo claro de los gastos TIC de una AAPP. El miedo a la comparación ha de ser desplazado por el aprendizaje que proporciona.

Pero mostrar los gastos sin un contexto es un ejercicio loable pero mejorable. Una mayor relación de los mismos con objetivos de rendimiento de las Administraciones Públicas habría de estar presente en la metodología resultante. Resulta menos complicado identificar el coste TIC de un transacción administrativa que el coste de las llamadas unidades de negocio (como si las TIC no fuera parte del mismo). Es esta una fortaleza que debe aprovecharse. Lo mismo sucede con la calidad de los servicios tecnológicos. La gestión por proyectos clásica de las TIC o marcos como ITIL permite establecer ligazones del coste de un servicio con la calidad con la que el mismo se presta. No es tanto gastar menos como gastarlo allá dónde es más necesario.

Las ventajas de este esfuerzo tanto para los profesionales públicos de las TIC como para los ciudadanos es clara. Expresar en términos comparativos y de negocio el coste de las TIC para las Administraciones Públicas como primer paso para la optimización del mismo, y con ello poder profundizar en su uso y la transformacion subsiguiente.

Puede parecer un ejercicio de ingenuidad, pero nada más alejado de ello. Se ha hecho para identificar como racionalizar el gasto sanitario, luego es posible para nuestro ámbito llegar a consensos interadministrativos. Se trataría de promover para ello la cooperación administrativa a través de los organismos previstos en la legislación (Comité Sectorial de Administración Electrónica, Artículo 40 Ley 11/2007). Tras la fase de crecimiento que supuso la implantación de la Ley 11/2007, una fase de racionalización ha de ser el siguiente esfuerzo colectivo de los profesionales TIC. Y recordemos, o lo hacemos entre todos o nos lo darán hecho. Bastantes señales de ello han dado desde ciertos ámbitos.

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Agosto y la blogotwittersfera revuelta. Y todo por la noticia de hoy de de “El País” anunciando el anteproyecto de Ley de Transparencia, que de tan transparente, aún vemos a través del texto que no conocemos. De lo filtrado, poca novedad, nada que no hubiera podido ser realizado con un Real Decreto de desarrollo del artículo 37 de la ley de regimen jurídico y de procedimiento administrativo, que es el actual marco jurídico de acceso a la información en España. La consideración o no de ese artículo como marco legal del acceso a la información  fue objeto de un debate entre @idoiallano, @mgarrigap y @andresnin en twitter. El origen fue una entrada de la bitacora de @idoiallano.

Desconocido para muchos es este artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992), que supongo superará en alcance el nuevo proyecto de ley. Contiene la definición del Derecho de Acceso a Archivos y Registros por parte de los ciudadanos, enumerado entre los derechos ciudadanos del artículo 35 de la misma ley. Consecuentemente, dicho derecho de acceso es citado explícitamente en el artículo 6.1 de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos como uno de los que ha de asegurarse su ejercicio por medios electrónicos a los ciudadanos. No vamos a decir que no pueda ejercerse, para eso existen los formularios genéricos presentes en las sedes electrónicas, pero la voluntad de facilitarlos se manifiesta, por ejemplo, en el hecho que pocos Ministerios lo presenten destacado en su lista de procedimientos electrónicos (tan sólo lo he visto en uno). Y por supuesto, no esperemos encontrar datos en las sedes electrónicas sobre el uso que los ciudadanos hacen del mismo y la respuesta al mismo de la Administración en forma de informes estadísticos.

Por ahora, lo único que sabemos que aporta de añadido el anteproyecto de Ley es el límite de 30 días para responder a las peticiones (algo que podía haberse desarrollado por Real Decreto) y la creación del watchdog del acceso a la información, que hace recaer las competencias en la Agencia de Protección de Datos (algo que también había podido hacerse por Real Decreto ya que el Estatuto de la Agencia es un Real Decreto).

Otro aspecto que no queda claro es el enlace entre este anteproyecto y la Ley 37/2007. Recordemos que recoge el procedimento de solicitud de reutilización de información pública en el artículo 10 de la Ley sobre reutilización de información del sector público (Ley 37/2007). ¿Existirán previsiones de transparencia proactiva? ¿forzará a que se realice en formato reutilizable? Algo parece que hay de acuerdo al artículo de “El País”, pero nada claro, tan sólo habla de datos de presupuestos y su ejecución (no especifica límites de cantidad de ejecuciones presupuestarias, cluego no sabemos si el límite de las mismas bajará a un límite como los 500 libras de UK) y habla también de otra información estadística y económica relevante. Mucho me temo que los detalles se dejen a un Real Decreto de desarrollo.

Nos queda esperar a que “El País” o la web de La Moncloa publique el anteproyecto. Quizás lo segundo es más recomendable desde el punto de vista estético. Resulta curioso que haya sido por “El Pais” y no por el twitter de La Moncloa como nos hayamos enterado (que por cierto, no está de vacaciones).  A ver si al final todo es un globo sonda.

Para acabar, no estaría de más que antes de enviar el anteproyecto al Parlamento, se abra a opinión de los ciudadanos, por medios electrónicos y no electrónicos. La ocasión lo merece. Por cierto, ¿alguien ha oido hablar de los medios electrónicos en el anteproyecto?

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Hace unas de semanas expuse razones generales contra la externalización de los servicios públicos. Una de los principios de la función pública es servir al interés general y, equivocado o no, creo que una manera de defenderlo es dando razones contra la externalización de los servicios públicos. El tema creo un amplio debate. Hoy vuelvo sobre el tema, descendiendo al caso concreto de las TIC en el cuál no quise entrar a fondo entonces que ya tenía medio perfilada esta entrada.

La entrada ahora tiene más razón de ser, ya que hace un mes Expansión orientó sus cañoñes de imprecisiones hacia el gasto TIC. Dichas imprecisiones, están aclaradas en la bitacora de Montaña para el que quiera leerlas. La razón oculta no me pareció altruista, sino como bien decía el artículo, vencer las ineficiencias que provocan las duplicidades llevándose las aplicaciones a la red. Es decir, la externalización.

Por aquello de los tiempos que corren, uno lee lecturas diversas sobre la externalización. Unas por razones profesionales y otras por razones ideológicas. Como soy de natural generoso, las voy a compartir con el autor de aquel impreciso artículo.

Un tema recurrente en estas lecturas es la caracterización de aquello que no se ha de externalizar. Son diversas las características que se dan pero dos aparecen de modo recurrente:

  • No ha de externalizarse aquello que es crítico para tu negocio
  • No ha de externalizarse aquello cuya externalización no te da los beneficios de integrarte en una economía de escala

Creo que con ello, queda claro porqué las TIC utilizadas por las AAPP, a pesar de los cantos de sirena, nunca deberían salir del ámbito de lo público.

  • Las TIC son críticas en cómo servimos a los ciudadanos y como vector de transformación de las AAPP.
  • La externalización de las TIC, al menos en los ámbitos de las Administraciones Estatal y Regional, no hace que éstas se integren en una economía de escala superior, ya que por si mismas tienen el volumen para optimizaciones sin externalización.

Acabó como lo hice hace unas semanas. Que no nos tomen por tontos.

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Lo público empieza a parecerse demasiado a lo privado. La reforma necesaria de la Administración Pública ha de traernos un alud de recetas de lo privado a lo público. Alguna no necesariamente mala.

Por ejemplo, las fusiones y adquisiciones (M&A). Son un método básico de racionalización de los sectores, y en el público estamos algo necesitados de ello. Pero estas han de ir más allá del maquillaje estético de un puñado de Direcciones Generales.  La fusión de grandes bloques administrativos comienza a ser necesario, si no hemos sabido compartir servicios rompiendo la cultura de silos no queda otra alternativa. Un ejemplo es lo hecho en Grecia, la reducción en dos tercios de los ayuntamientos. Teniendo en cuenta que en España tenemos 8.000 ayuntamientos, y si las cuentas griegas no son muy incorrectas, ello nos supondría al menos 6.000 millones de ahorro.

Pero las fusiones y adquisiciones traen otras consecuencias: Las recolocaciones (vamos a suponer que no llegamos a los ERE). Nos están cambiando el modelo de negocio de las Administraciones Públicas, y ello requiere que pensemos hora a hora en adquirir nuevas capacidades para hacerlo frente formando a los empleados públicos en ella. No hay sólo que buscar estas capacidades fuera, sino también asegurar que son adquiridas por la organización una vez localizadas. Valga como ejemplo de lo que no hay que hacer lo hecho en el País Vasco (al que suelo criticar poco) con el pliego de “Escucha Activa”: Ni una mención a una efectiva transferencia de conocimiento.

M&A y recolocaciones, son sólo dos ejemplos. Aunque al trasladarlos no haya que hacerlo sin respetar ciertas peculiaridades de las AAPP, ello no ha de suponer que las olvidemos.

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