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Archive for 30 diciembre 2008

Cerramos año y andan los especialistas, de lo que sea, inmersos en un frenesí de predicciones. Da igual que la crisis sistémica en que andamos sumergidos pueda dar al traste con cualquier visión del futuro, sea a corto o largo plazo: Jugar a Nostradamus, como el turrón, siempre vuelve a casa por el mes de Diciembre. Precisamente, a un ejercicio adivinatorio de este tipo acudí hace unos días. Al calor de la cercanía de la frontera simbólica del 2010, ese año en que se acaban tantos planes estratégicos, un grupo de expertos (externos a la Administración) y un grupo de personas de diversas unidades Administrativas mantenían un debate sobre la Administración Electrónica en el 2020. Largo me lo fiáis, amigo Sancho, pero algunas conclusiones fueron interesantes.

Para empezar, esa especialización llamada Administración Electrónica habrá dejado de existir dentro de diez años. La Administración del 2020 será Electrónica o no será. Vivirá además en un entorno difuso, de fronteras borrosas entre los distintos niveles administrativos y de éstas con los ciudadanos. No se trata de esquemas convencionales de contratación o conveniado de servicios tal como ejemplificaba Amadeo Maturo en su blog para defender la no necesidad de nuevas regulaciones para estas relaciones, sino de relaciones más complejas, más próximas a la construcción de cadenas de servicios de Gobierno Electrónico compartidas entre lo público y lo privado como las que Montaña Merchan hablaba en una entrada también reciente. Ello implicará nuevas regulaciones en que sean posibles estos nuevos modelos de negocio. Por poner un símil de fácil comprensión, en el servicio del transporte aéreo que recibimos las infraestructuras básicas las aporta la Administración (AENA) mientras que el servicio final lo proporcionan empresas privadas (líneas aéreas), formando ambas partes de la misma cadena de servicio al ciudadano.

Para satisfacer este modelo de fronteras difusas, las líneas estratégicas de esta Administración del 2020, que no Administración Electrónica del 2020, habrá de apoyarse en tres pilares:

  • Colaboración, desarrollando servicios conjuntos las Administraciones Públicas y de éstas con terceras partes y facilitando el desarrollo económico y el crecimiento de las últimas.
  • Receptividad, mediante la apertura del proceso de toma de decisiones a la sociedad aplicando modelos cercanos al crowdsourcing dónde estén presentes todos los actores sociales.
  • Flexibilidad, adaptando estándares abiertos y arquitecturas adaptables a los distintos escenarios de participación de la sociedad en el diseño y prestación del servicio buscando no tanto la eficiencia cómo la eficacia de los servicios públicos electrónicos.

Las implicaciones para el uso de las TIC en la Administración nace de un análisis de estas nuevas cadenas de servicio del Gobierno Electrónico. En ellas,  las AAPP se centrarán, generalmente, en proveer los eslabones iniciales (datos), mientras que los eslabones finales (interfaces y autenticación) serán en gran medida responsabilidad de la iniciativa privada. El corolario para el desarrollo tecnológico es claro. Necesitaremos servicios web más seguros que hagan posible el trasvase de datos entre eslabones con las garantías necesarias y esquemas de identificación abiertos y flexibles, que permitan la agregación de las múltiples identidades que puede hacer uso un mismo ciudadano ante los diversos servicios privados que utiliza con la unicidad de identidad generalmente usada en lo público.

Casi se me olvidaba lo más importante. Feliz año 2020. Perdón, 2009, en qué estaría pensando.

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En anteriores entradas he dado vueltas alrededor de la intermediación como práctica de futuro en los servicios públicos. Sean los servicios físicos o electrónicos, me parece un hecho inevitable para la construcción de la Administración colaborativa, receptiva y flexible a la que nos encaminamos, impulsados a la par por la demanda social y la necesidad mayor eficiencia y efectividad en el servicio del interés general.  La intermediación, como portales agregadores de servicios electrónicos públicos al estilo de E@sy Connects, prestación de un servicio electrónico de aviso de incidencias como FixMyStreet o para acercar el acceso a los servicios electrónicos a través de ONGs, es una realidad que avanza con pasos de gigante.

El cambio que la extensión de la figura del intermediario en la prestación de servicios públicos despierta, y es razonable, el escepticismo propio de una moda que algunos ven como pasajera. Sin embargo, hace unos días llegó de las antípodas una noticia debería llevar a un esfuerzo colectivo de reflexión por todos los que participamos en la Administración, que nos haga ver la magnitud del cambio que se nos avecina. Algo tan serio como la Administración de Justicia de Australia ha utilizado facebook como sistema de notificación judicial. No creo que nuestra LRJPAC permitiera un hecho similar en nuestro país, pero el camino hacia una revolución en la concepción de los servicios públicos parece cada vez más abierto, tomando las TIC como palanca de eficiencia y la participación social como arma de efectividad.

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El Gobierno Electrónico, con su capacidad habilitadora para la prestación de servicios públicos en cualquier lugar en cualquier momento, es visto como una fuente generadora de beneficios de eficiencia para la ciudadanía. Conseguir que la eficiencia alcance a la sociedad de modo colectivo, es el objetivo base del Gobierno Electrónico Inclusivo. Sin su consecución, el otro objetivo del mismo, la oferta de servicios que fomenten la inclusión social, carece de sentido.

La construcción del Gobierno Electrónico Inclusivo ha de comenzar, de acuerdo a lo expuesto, mediante la determinación de cuáles son los grupos sociales no consumidores de los servicios. Contrariamente a lo pensado, dichos grupos sociales no son solamente los que reúnen características de marginación social o digital, sino que incluso entre grupos fuera de esos ámbitos podemos encontrar grupos de población alejados del Gobierno Electrónico. El nativo digital que no accede a las sedes electrónicas por encontrarlas aburridas desde el punto de vista digital sería un ejemplo de lo mencionado.

La atracción de estos grupos alejados de los servicios de Gobierno Electrónico sólo es posible si estos son construidos sobre cuatro ejes

  • Motivación de uso, incluyendo en el portfolio de servicios al menos algunos que sean de interés específico para los excluidos
  • Sostenibilidad para Sociedad y Administración, no sólo en el ámbito económico, sino también social y medio ambiental, que aseguren la continuidad en el tiempo de los servicios ofrecidos
  • Contenidos y canales adecuados para los ciudadanos objetivo del servicio, acercándose al contexto en que este desarrolla sus actividades físicas y electrónicas
  • Accesibilidad electrónica, removiendo barreras que pueden suponer un impedimento no sólo para personas con discapacidad, sino también para cualquier ciudadano que haga uso de los servicios en situaciones alejadas de las condiciones medias de utilización

La experiencia hasta ahora, ha demostrado la incapacidad de la Administración de construir servicios de Gobierno Electrónico sobre esa base para ciertos grupos de ciudadanos, de lo contrario no sería necesario pensar ahora como alcanzarlos. Se hace necesario contar con ciudadanos integrados en dichos grupos para contribuir la diseño y/o la prestación de los servicios.

La principal problemática del Gobierno Electrónico Inclusivo se deriva de este modo hacia encontrar e incentivar al intermediario adecuado que colabore con la Administración en la prestación de un grupo de servicios. Si bien sólo así es posible establecer istmos entre las islas de exclusión y la tierra firme de la inclusión, no resulta una tarea baladí, y requerirá de normativas de amplio espectro y ad-hoc que reglamenten quiénes pueden ejercer este papel, así como el establecimiento de un marco claro de responsabilidades de las partes que garanticen los derechos ciudadanos.

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65-horas-noAyer, el Parlamento Europeo rechazo la directiva encaminada a permitir las 65 horas de jornada laboral a la semana. Un primer triunfo, pero no el momento de bajar la guardia, el complejo sistema de codecisión entre el Consejo y el Parlamento tutelado por la Comisión aún podría permitir que la medida saliera adelante. Que no aprovechen la crisis para aplicarnos la doctrina del shock.

Walls come tumbling down!

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Elay, ese ser de dulce acento y ásperas maneras que comparte mis días, me dice que siempre hemos tenido la desgracia que me gustara mi trabajo. Está en lo cierto. Sea por poca exigencia por mi parte, porque la profesión me ha dado en cada momento lo que necesitaba en cuerpo y espíritu o simplemente suerte, ha sido ha sido en la mayoría de mis días. Y así parece seguir siendo en esta nueva andadura.

Tampoco soy una excepción entre mis compañeros de promoción. Llevamos tan sólo una semanas, es cierto, pero de las sobremesas propias de las comidas de estas fechas, es la conclusión que saco. Sea por unas razones u otras, cada cual va encontrando su sitio, sin grandes malestares. Aunque, casi más por obligación que por devoción, practiquemos el deporte de enviar CVs a los 28 que a razón de uno por semana se difunden entre nosotros.

Ello no implica que seamos ciegos, que no sepamos ver los vicios de lo que nos rodea. Hace unos días un compañero hablaba de la escasa compartición de recursos y proyectos en la AGE derivados de sus carencias organizativas. Quizás la raíz del problema sea distinta, que se derive de la escasa importancia que se da, en el fondo, al trabajo tecnológico en la AGE. A pesar de lo que nos digan, a pesar de que haya quien se harte de proclamar la importancia de las TIC en la transformación de la Administración Pública.

Si bien nadie espera que el papel de las TIC en la Administración sea el mismo que en una empresa de telecomunicaciones, por poner un ejemplo, llama la atención que los profesionales públicos de la cosa tecnológica no hayamos sabido o podido hacernos valer lo suficiente. Eso y no otra cosa significan hechos evidentes cómo que en los altos niveles directivos (DG  hacia arriba) existan escasos miembros del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, que dentro de los organismos públicos no exista la figura del alto directivo TIC y que los altos niveles directivos de más claro perfil tecnológico estén en su mayoría copados por personas que no es que no sean del Cuerpo, sino que ni tan si quiera son funcionarios. Dios me libre del corporativismo, pero no termino de encontrar la lógica de la situación.

Unas semanas es poco tiempo para saber analizar la raíz y los porqué de la situación y aportar soluciones para revertir la situación. No por el hecho que supusiera un aumento de cuotas de poder para un colectivo, sino por que parece lo lógico ante el reto de alcanzar una mayor eficiencia y eficacia administrativa que pasa por una implantación generalizada de las TIC más allá del front-office de lo público. La integración de las TIC en los procesos administrativos no puede ser considerándola una “utility” más, sino como herramienta facilitadora de la simplificación de los mismos. Y ello sólo es posible con profesionales motivados con su trabajo, no sólo porqué disfrutemos realizándolo, sino por lo que creamos valorado en todos los aspectos.

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Es quizás hora que las AAPP vayamos trasladando a nuestro entorno el término prosumidor,  utilizado aunque no originado en contra de lo que se cree en el libro Wikinomics. Es quizás hora que hagamos posible el e-ciudamistrador, el ciudadano que consume y participa en la creación de sus propios servicios públicos por medios electrónicos. Ni que decir tiene que es un concepto plenamente extensible tanto al mundo de los servicios  electrónicos como físicos, aunque siempre con algún componente electrónico. El mundo de los servicios virtuales es lo que permitirá una participación más eficiente y efectiva de los ciudadanos en el diseño de servicios. Se necesita por tanto la garantía de que el ciudadano se relacione electrónicamente con la Administración de modo pasivo y activo.

El término, aunque sin bautizar, lo he utilizado anteriormente al hablar de la necesidad de la colaboración en estos tiempos de crisis o de la apertura de interfaces informacionales de las AAPP para la construcción de servicios públicos, pero falta lo fundamental: Una carta de derechos de los ciudamistradores.  También algo hemos hablado de ello, al mencionar los incipientes marco legislativos de CCAA que han surgido o están empezando a surgir. Y estamos otra vez en las de siempre, en la desigualdad de derechos ciudadanos según la región o nación de origen.

La LAECSP (Ley 11/2007) garantiza la relación pasiva del ciudamistrador español. Incluso existe el proyecto de desarrollo de un Plan de Transparencia y Participación Electrónica en el Plan de Actuación de la LAECSP (Ley 11/2007), que es de esperar incluya entre sus acciones algún tipo de desarrollo legislativo de carácter nacional que granticen la vertiente activa del ciudamistrador en nuestro país. Pero no es suficiente. El marco de relaciones transnacionales en que nos movemos en Europa, reconocido  de hecho para el mundo de los servicios electrónicos por iniciativas como la Directiva de Servicios, ha de llevarse al campo de los derechos ciudadanos. Es necesaria la creación de una carta de derechos de los e-ciudamistradores de la UE.

Por empezar por algún sitio, podriamos comenzar por llevar al entorno comunitario los derechos reconocidos por la LAECSP (Ley 11/2007) para nuestro entorno nacional (Artículo 6). Su reconocimiento a nivel europeo habría de ser un objetivo al medio plazo, impulsado por acciones en el área  la de interoperabilidad o el reconocimiento del derecho del ciudadano europeo a una identidad digital.

Un marco europeo de eParticipación, con la especificación de unos instrumentos básicos para la misma y unas reglas de despliegue y uso de las ellos común, habría de ser incluida en esta carta de derechos. La eInclusión como garantía de la eParticipación de todos los sectores sociales, habría de ser fomentada dentro de la carta de derechos, mediante la incorporación de medidas activas que creen las condiciones de igualdad, incluyendo la discriminación positiva hacia los marginados digitales.

Y, finalmente, ventanillas únicas de servicios públicos electrónicos contruidos entorno a eventos vitales del ciudadano. El e-ciudamistrador no sólo ha de dejar de acarrear papeles de una ventanilla a otra, también ha de comenzar a tener una visión del Gobierno Electrónico ajustado a sus necesidades, y no tener que hacer uso de Google para buscar quién le da cada parte del servicio global que necesita. Pensemos por ejemplo en el número de sedes electrónicas, nacionales y de otros países miembros de la UE, que ha de recorrer aquel que quiere trabajar o estudiar en el extranjero.

La Europa de los ciudadanos sólo puede ser la Europa de e-ciudamistradores con igualdad plena de derechos. La carta de derechos de los e-ciudamistradores ha de estar presente en la estrategia de la UE posterior al año 2010. Seguro que a todos se nos ocurre algún derecho a incluir en esta carta.

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Hace un par de semanas, me hacia eco de la voluntad de la Comisión Europea de renovar el benchmarking de servicios públicos electrónicos. Eje de dicha renovación es la continuidad de la lista de 20 servicios básicos, aparente a partir del texto del “Call for tenders” para el nuevo contrato. La pregunta que se realizan en  artículos del número cuatro del “European Journal of ePractice” es si estos siguen siendo válida la lista de servicios básicos.

La no validez de la lista de servicios básicos es apoyada desde dos extremos. De un lado, quienes piensan que han de ser eliminados de la lista aquellos que han alcanzado un grado alto de sofisticación en casi la totalidad de Estados Miembros. De otro lado, quienes apoyan la no validez completa de la lista por estar compuesta por servicios transaccionales, sin continuidad en el medio plazo dentro del paradigma Web 2.0. Creo que ni una ni otra opinión es plenamente acertada.

La renovación de la lista de servicios básicos sería probablemente una medida acertada, pero en direcciones sútilmente distintas. La supresión de servicios de la lista ha de ser mínima y basada en criterios de perdida de relevancia de los servicios que se eliminen.De igual modo, es necesario incluir servicios basados en el paradigma Web 2.0, pero eso no ha de conllevar la eliminación de los servicios transaccionales de la lista.

La no eliminación de servicios de la lista conlleva la búsqueda de nuevas dimensiones a evaluar, planteando nuevos retos en el desarrollo del Gobierno Electrónico. Si ya en el benchmarking de 2007 se incluyo accesibilidad, multicanalidad y uso de eIDs con base legal, sería el momento de incluir la medición de otros aspectos como el multilingüismo o la publicidad de una política de seguridad.

Finalmente, e independientemente del mantenimiento o cambio de la lista de servicios básicos, lo más importante en la renovación del sistema es la transparencia del mismo. Conocer en detalle la metodología de evaluación y que esta puede ser realizada por los propios Estados Miembros en un ciclo de mejora continua, es el único camino para que el uso de los indicadores permita el progreso de lo que se pretende evaluar.

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