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Archive for the ‘Economía’ Category

A partir de Octubre “Apuntes Electrónicos” cambia de dirección. Esta entrada puede leerse ya en la nueva versión de la bitácora.

El coste de las Tecnologías de la Información en las Administraciones Públicas es objeto de debate recurrente. Una continua puesta en tela de juicio de su presunto excesivo coste para el erario público, que además suele castigar más a quien más transparente es en los gastos en los que incurre. Una cosa lleva a otra, y fruto de ese debate son los continuos cantos a la externalización de las TIC que en alguna entrada anterior de la bitácora he comentado. Sólo demostrando que se dan los servicios tecnológicos adecuados, con la calidad requerida y al coste preciso, es posible cortar este debate. Cortar dicho debate permitiría al colectivo de profesionales públicos de las TIC participar en otros, adentrarse en los senderos vedados a quienes no son economistas, abogados o leguleyos.

Pero identificar los servicios adecuados, calidad necesaria y costes precisos sólo es posible mediante una comparación entre iguales. Y hoy desconocemos cuanto nos cuesta a cada Administración en España los servicios tecnológicos que utilizamos.

Es necesario, en primer lugar, impulsar como colectivo un ejercicio de transparencia colectiva. La interoperabilidad, la ruptura con la cultura de silos hemos de impulsarla en las fronteras de lo tecnológico, promoviendo un consenso sobre una metodología común a las Administraciones Públicas españolas para dar cuenta de sus gastos TIC a la sociedad. Sólo he localizado en España el caso de la AGE, que recoge en REINA los gastos de los distintos Ministerios. Ni tan siquiera en OpenData Euzkadi he encontrado otro caso de publicación de modo claro de los gastos TIC de una AAPP. El miedo a la comparación ha de ser desplazado por el aprendizaje que proporciona.

Pero mostrar los gastos sin un contexto es un ejercicio loable pero mejorable. Una mayor relación de los mismos con objetivos de rendimiento de las Administraciones Públicas habría de estar presente en la metodología resultante. Resulta menos complicado identificar el coste TIC de un transacción administrativa que el coste de las llamadas unidades de negocio (como si las TIC no fuera parte del mismo). Es esta una fortaleza que debe aprovecharse. Lo mismo sucede con la calidad de los servicios tecnológicos. La gestión por proyectos clásica de las TIC o marcos como ITIL permite establecer ligazones del coste de un servicio con la calidad con la que el mismo se presta. No es tanto gastar menos como gastarlo allá dónde es más necesario.

Las ventajas de este esfuerzo tanto para los profesionales públicos de las TIC como para los ciudadanos es clara. Expresar en términos comparativos y de negocio el coste de las TIC para las Administraciones Públicas como primer paso para la optimización del mismo, y con ello poder profundizar en su uso y la transformacion subsiguiente.

Puede parecer un ejercicio de ingenuidad, pero nada más alejado de ello. Se ha hecho para identificar como racionalizar el gasto sanitario, luego es posible para nuestro ámbito llegar a consensos interadministrativos. Se trataría de promover para ello la cooperación administrativa a través de los organismos previstos en la legislación (Comité Sectorial de Administración Electrónica, Artículo 40 Ley 11/2007). Tras la fase de crecimiento que supuso la implantación de la Ley 11/2007, una fase de racionalización ha de ser el siguiente esfuerzo colectivo de los profesionales TIC. Y recordemos, o lo hacemos entre todos o nos lo darán hecho. Bastantes señales de ello han dado desde ciertos ámbitos.

Si tienes comentarios sobre esta entrada, hazlos en la nueva versión de la bitácora.

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Siguiendo la táctica periodística de la entrega por capítulos, emparedado entre la entrada publicada por Montaña en su bitácora y la anunciada por Felix Serrano, me atrevo a hacer un par de añadidos al debate sobre las imprecisiones de Expansión. Vienen a cuento del artículo “El caos informático estatal cuesta a los españoles 1000 millones extra”.

Tomemos lo recopilado hasta ahora:

  • El autor desconoce profundamente las infraestructuras TIC de la AGE (Administración Estatal), desconociendo una infraestructura básica de esta como la Red SARA, y escribiendo fruto de su desconocimiento que no existe una Red de conexión entre los Ministerios aparte de Internet
  • El autor da datos de ahorro de otras Administraciones extranjeras (Reino Unido, 3800 millones de Euros) que no son tales ahorros, sino estimaciones de ahorro. Y añado leido el papel que ayer apuntaba Montaña, es una estimación  ahorro anual, no de cuatro años. Este dato es un dato importante, ya que da una pista de la magnitud de gasto TIC del que hablamos, y que de por sí es más del doble del gasto TIC de la AGE , lo cual debería invalidar cualquier intento de extrapolación de UK al Reino Unido.
  • El autor no disponía de una calculadora fiable, ya que hacía calculos de incrementos porcentuales erroneos.
  • El autor desconoce el precio medio por jornada de personal subcontratado, ya que de haberlo conocido un mínimo cálculo le hubiera válido para saber que, con los mismos datos que el utiliza de presupuestos y gastos TIC, no podría jamás la Administración permitirse contratar a 40.000 personas de empresas de servicios.

Ahora vamos con un nuevo dato. No sólo el dato de ahorro de 3200 millones de libras en Reino Unido es tan sólo una estimación, sino que es una estimación que mínimamente investigada no resiste una mínima extrapolación como avanzaba antes. Buceando en Internet, tirando de un artículo de Andrea Di Maio, he localizado el documento donde se realiza dicha estimación. De una lectura rápida de  como se realiza dicha estimación se aprecia:

  • La estimación no se basa en un dato inicial de gasto/presupuesto TIC fiable (como el de la AGE), sino en una aproximación a ese gasto/presupuesto basado a su vez en estimaciones. Prácticamente, se reconoce que la Administración UK no dispone de un dato fiable de cuanto gasta en TIC.
  • La aproximación de gasto TIC de la Administración UK que se realiza es de 16 billones de libras, sustancialmente más alto que el de la AGE. No solamente la calidad invalidaría cualquier extrapolación, sino los conceptos que incluye (todo tipo de Administración).
  • La estimación de ahorro, que se cifra en un 20% se basa recurrentemente en las aproximaciones de gastos antes mencionadas y además en aproximaciones de gastos de otras Administraciones (para España da un dato para el conjunto de las Administraciones de aproximadamente la décima parte de la estimación para UK). Existen otros puntos presuntos de apoyo como buenas prácticas y comparaciones con el sector privado, pero no he realiazdo el análisis de su validez y me parece que ofrece pocos datos para este análisis.

¿Cuál es la conclusión? Desde luego no es posible extrapolar con esto que en la AGE se puede obtener una reducción de 1000 millones de Euros de gasto TIC en cuatro años (aproximadamente el 20% anual del gasto TIC), sino más bien que alguien puede tener los ojos puestos en obtener entradas económicas perdidas de la externalización parcial o total de las TIC en uso por las Administraciones Públicas. Si “demostramos “que no son productivas, tenemos la excusa perfecta para pedir su externalización. No será porque no anuncien su estrategia.

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A día de hoy  se habla de muchas reformas necesarias (unas en camino y otras en diseño): cajas, laboral, … pero no se habla de una más que necesaria y que otros (@feserdel, @oscarcortes) más de una vez han indicado en sus bitacoras: La reforma de la Administración General del Estado. No, no voy a hablar de por donde pienso que ha de ir esa reforma, sino de porqué creo que no se realiza. Por dónde ha de ir esta reforma está claro: Gobierno Abierto.

¿Pero porqué no se realiza esta reforma? Es una interesante pregunta, la respuesta es sencilla si se asocia a otra pregunta. ¿Quien habría de realizar esta reforma?. La pregunta no es trivial. Las sucesivas crisis ministeriales desde que Jordi Sevilla dejó el Ministerio de Administraciones Públicas han laminado las estructuras responsables de dicha reforma. Primero, desaparición la Dirección General de Modernización Administrativa, separándose sus competencias sobre organización de sus competencias sobre Gobierno Electrónico. Sonaba innecesario seguir incidiendo en la reforma, se consideraba que la modernización ya había sido realizada. Presuntuosa decisión, la Administración ha de vivir en perpetua modernización porque, como dice @alorza, ha de seguir a la sociedad como sombra al cuerpo, y la sociedad está en continua reforma.

Después, la Secretaria de Estado de Administración Pública se transmuto en Secretaría de Estado de Función Pública, los nombres no es asunto baladí y ello conllevó un alejamiento del problema estructural. La Administración Pública deja de ser el asunto central para ocuparse tan sólo de una parte. Sólo hay que ocuparse de lo laboral, no de cómo se administra lo público.

Se puede decir que se está en camino de reconstruir las estructuras, que para eso en uno de los últimos Consejos de Ministros se ha creado el Observatorio del Empleo Público. En primer lugar, se sigue incidiendo en sólo una parte (aunque quizás la más importante), los Recursos Humanos. No queda claro que el observatorio vaya a ocuparse de procedimientos internos de funcionamiento o aspectos organizativos. En segudo lugar, no es un organo con capacidad ejecutiva, sino tan sólo de diseño de soluciones y elaboración de recomendaciones.

¿Podemos seguir esperando la necesaria reforma de la Administración General del Estado? Primero, hay que recuperar las estructuras que hagan la reforma posible.

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Un libro que conviene releer en estos tiempos de turbulencias es “The Shock Doctrine”, de Naomi Klein. Basta repasar sus primeras páginas para que a uno se le quiten las dudas que a nuestro país (al igual que Grecia) le está siendo aplicando las prácticas de la doctrina del shock: Tras una gran perturbación sistémico-social se aprovecha para aplicar una serie de reformas impopulares, cada una de más calado que la anterior, aprovechando la creciente debilidad de la resistencia social que van provocando. Todo ello, a más gloria de los mercados.

Las dudas que podiamos tener al respecto tras el tijeretazo del 12 de Mayo, comenzó a despejarnolas ese insigne sector Diaz Ferrán, poniendo como ejemplo a seguir en el sector privado la reducción de salarios que se nos ha aplicado a los funcionarios. Las declaraciones del Presidente del Gobierno del fin de semana terminaron de confirmar todas las sospechas: En 90 días se nos van aplicar de modo sucesivo las reformas laboral, de las cajas y del sistema de pensiones. El orden no es aleatorio, la última será la píldora más amarga.

No hemos de esperar de nuestro Gobierno ya resistencia alguna a los mercados. ZP no es Churchill prometiéndonos sangre, sudor y lágrimas a cambio de un futuro de libertad. ZP es Chamberlain, que tras agitar el decreto del tijeretazo en la mano y hablar de paz con los mercados, acepta la siguiente cesión de territorio social aprestándose a realizar la reforma laboral que se le solicita. De nada sirvió le sirvió a Chamberlain la política de apaciguamiento con Hitler, de nada le está sirviendo a ZP el apaciguamiento con el capital y los mercados.

¿Y qué podemos hacer? Pues está claro, plantar cara en todos los frentes y en todo momento. Aunque los compañeros de viaje no nos gusten en algunos casos. La semana que viene, es clave en este movimiento de resistencia.

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No he querido escribir nada propio hasta ahora sobre la intención de bajar nuestro sueldo del Presidente del Gobierno. El día del “cincazo” me hice eco del comunicado de la Asociación Profesional de los Técnico de Administradores Civiles  del estado (APCSAE) que me pareció bastante ecuánime (por cierto, seguimos esperando conocer si nuestra asociación profesional, ASTIC, se ha enterado del “cincazo”).  Pero va siendo hora de pronunciarse.

Creo que es lógico que uno se moleste cuando le bajan el sueldo, por lo que es posible que alguno espere a partir de este punto la diatriba del funcionario cabreado. Intentaré que no sea así, ya que no me preocupa tanto mi bolsillo sino hacia donde vamos en este país. Uno no esperaba mucho de una oposición guiada por el mero objetivo de alcanzar el poder a costa de lo que sea. Basta como ejemplo, las críticas a las medidas de reducción de gasto público sin presentar alternativa alguna. Pero es que, además, empiezo a tener la sensación de una continua improvisación por parte del Gobierno.

Disculpen si para demostrar la teoría de la improvisación continua tomo el ejemplo del “cincazo”, que parece natural haya sido la propuesta de medida por la que más me he interesado. Cronología de los hechos:

¿Y ahora qué? ¿Qué pasa si al final no se nos puede bajar el sueldo? ¿Que pasa si se nos baja y los tribunales deciden con el tiempo que la  medida no es legal? En fin, voy a ejercer de nuevo de heterodoxo, lo menos preocupante es que nos bajen el sueldo.

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El marco legal para la reusabilidad de la información generada por el sector público tiene como norma principal la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público.  De ella emanan las normas de los distintos Estados Miembros, como en el caso español la Ley 37/2007. Contra la creencia de algunos,  el origen de la norma no es un deseo de una mayor transparencia del sector público, sino propiciar la creación de un mercado interior uniforme de los contenidos digitales.

Estamos inmersos en la economía basada en la información. La importancia de los datos para la creación de riqueza en nuestra sociedad fue incluso objeto de un reportaje especial de The Economist. Los poderes públicos, en este caso la Unión Europea, han de favorecer las condiciones para que está economía naciente no sea abortada. Ha llegado quizás el momento de cambiar una norma jurídica cuya importancia era difícil de prever en el momento de su aprobación, hace ya casi siete años.

Una primera reforma, sería identificar los conjuntos de datos de obligación liberada por las Administraciones Públicas. Apoyándose en el valor estratégico para la creación de un mercado único a través de sus datos claves, la Unión Europea debería establecer un calendario de liberación de ciertos datos en manos de los poderes públicos. En especial aquellos claves sobre la financiación y cuentas de las Administraciones Públicas.

Una segunda reforma, sería establecer incentivos económicos para la liberación de datos en formatos directamente interpretables por máquinas. Liberar datos en estos formatos no es barato. Quizás sería más conveniente que los fondos que la Unión Europea dedica a cierto tipo de subvenciones relacionadas con el Gobierno Electrónico, se dedicará a este fin.

Dejo para el final el cambio quizás más radical, incluir en el ámbito de aplicación a los operadores que preten al  público servicios de especial transcendencia económica (de acuerdo a la definición de las mismas dado por la Ley 56/2007) . Si una de las razones para demandar la liberación de datos a las Administraciones Públicas es que estos datos son obtenidos con el dinero de los contribuyentes, no menos peso tiene exigírselo a empresas con origen en monopolio estatales, con una posición dominante o en situación de oligopolio. Los datos relevantes de su actividad deberían estar bajo las mismas condiciones aplicables a la información generada por el sector público. La transparencia no ha de ser sólo obligada a los poderes públicos, también a aquellos “muy grandes para caer” y que los poderes públicos han de ayudar en momentos de dificultades. la necesidad de socorrerlos deberia conllevar la obligación de la posibilidad de una vigilancia social colectiva y la extensión del concepto de información pública a los datos que manejan. Ya estamos viendo las consecuencias de lo contrario.

Y aún podríamos ir más lejos. Hacia una socialización de la información para la creación de más riqueza y más democracia. A veces no somos conscientes del poder de la información hasta que tenemos enfrente sus consecuencias. Basta echar para ello un vistazo al blog de OKCupid.

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Los periodos vacacionales suelen ser epoca de publicación de aquellas noticias gubernamentales que se desea pasen sin mucho debate. El año pasado fue la crisis ministerial, este año ha sido la Oferta de Empleo Público. Despues de tanta polémica sin fundamento acerca del exceso de funcionarios en este país (como demostró el Profesor Navarro andamos muy por debajo de lo que necesitariamos), el Gobierno ha preferido dejar la OEP en el BOE sin hacer mucho ruido.

Parece natural que en época de crisis baje el número de plazas convocadas. Ciertamente, y como indica Emilio R. en su blog, ello resulta cuando menos llamativo. Las crisis generalmente no suponen una baja en la demanda de servicios públicos, sino un aumento de la misma. La reducción de recursos, por tanto, podría suponer dejar desatendidas necesidades. No voy a ir sin embargo por esa vía. Todos sabemos la triste realidad de algunas unidades administrativas, en las que algunos recursos son infrautilizados. Quizás la falta de nuevos efectivos obligue a ciertos gestores a buscar formas inteligentes de utilizarlos, en lugar de simplemente opinar que bastaría con que hicieran media jornada como alguna se ha dicho.

Las crisis obligan a aquello tan manido de hacer más con menos. Es la aplicación del cambio de modelo productivo a las AAPP. ¿Pero realmente se está aprovechando la crisis para ellos? El único modo que se me ocurre para ello es haciendo uso de las capacidades que ofrecen las TIC. Ello implicaría que. acompañado de la bajada de la OEP se hiciera un mantenimiento cuando menos de los presupuestos TIC. Esto sin embargo no está siendo así. Ya el año pasado fueron reducidas las inversiones TIC y este año la reducción ha sido aún mayor.

La reducción de la OEP pone en riesgo la prestación de servicios públicos, pero no por el hecho de su bajada. Sino porque no conlleva inversiones en los ámbitos que podrían hacer innecesario el empleo de recursos humanos en tareas que no aportan valor a los ciudadanos. Me gustaría estar equivocado.

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