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Archive for 29 marzo 2010

Época de presupuestos reducidos. Vamos a ver si conseguimos hacer una serie sobre servicios de bajo coste de utilidad ciudadana. Por lo pronto aquí va una primera idea. Acepto mensajes directos de twitter para debatir otras y exponer resultados.

La venta de dispositivos lectores e-books en España se ha disparado. A pesar de su aún elevado precio, se estima que se vendieron en España unas 100.000 unidades estas Navidades, un 500% más que el año anterior. El lanzamiento del iPad a  lo largo de este año tendrá un efecto tirón sobre el resto de los dispositivos lectores que se espera bajen su precio.

Sin embargo, y tal como aludía en una entrada anterior de esta bitácora, se pueden adquirir aún pocos e-books. Es un mercado bajo mínimos a pesar de su potencial. Los editores se resisten en España a que el negocio arranque.

¿Y los documentos de las AAPP? Soy gusano de biblioteca digital, y aún no he encontrado en ninguna AAPP, nacional o internacional, documentos en formato epub (estándar más aceptado). Dado la mala adaptación que el formato pdf tiene a mi dispositivo lector ello supone que, a pesar  de querer evitarlo, sigo consumiendo papel.

Las AAPP tienen que empezar a predicar con el ejemplo a los editores, y facilitar sus publicaciones en formato epub. El coste añadido de publicar en un segundo formato además del pdf es mínimo, y en cualquier cadena de publicación web medianamente bien hecha supone incluir tan sólo una rutina. Herramientas para ello existen, algunas de libre distribución.

A ver si pronto comenzamos a ver e-books en las páginas de las AAPP. Seguro que más de un ciudadano lo está esperando.

Por lo pronto, yo me voy con mis e-books unos días debajo de un cocotero.Un feliz largo puente de primavera a todos.

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Twitter es quizás la herramienta que más permite ampliar su conocimiento a las personas y organizaciones abiertas a ello. La facilidad que otorga para establecer lazos débiles fuera de los ámbitos  más inmediatos permite recibir fogonazos de ideas que te rompen conceptos. Ejemplo de ello son los tweets de @cigama y @gestionpublicav. Por uno de ellos, no recuerdo de quien, accedí a un número de la revista “Politica Digital” que contenía una serie de artículos alrededor del Gobierno Abierto.

Los Europeos somos seres profundamente ensimismados. Podemos decir que estamos encantados de habernos conocidos. Cuando hablamos de transparencia, difícilmente concedemos a alguien más que a USA o Australia el privilegio de estar a nuestro nivel. Nos escudamos en los  índices elaborados por entidades como Transparencia Internacional para tachar de corrupto y opaco a todo Gobierno que queda al sur de Rio Grande.

Sufrimos un estupido eurocentrismo. Gracias a la mencionada revista , descubrí un par de ejemplos de portales de Gobierno Abierto (en su vertiente de transparencia) que ya quisiéramos para nosotros en España.

El primero, el Portal de Transparencia del Gobierno Federal de Brasil. Sin disponer de una ley que obligue a la transparencia electrónica, el Gobierno de Barasil demuestra que es posible ejercerla. A través del portal, facilita información clara sobre cómo ejecuta el presupuesto,  qué dinero da a municipios y gobiernos regionales y qué adquisiciones realiza.

El segundo de los casos nos saca más los colores. México, paradigma de la opacidad y corrupción desde la óptica Europea, dispone de una Ley de Transparencia que obliga a los Estados a hacer disponible por medios electrónicos información pública especialmente relevante. Convenios existentes, registro  de licitadores, presupuestos, gastos en viaje y hasta las nóminas de los funcionarios han de estar accesibles en un sólo púnto. También es necesario facilitar datos estadísticos del tratamiento de las solicitudes de acceso a la información pública. Un par de ejemplos de ello son los portales del Ciudad de México y del Estado de Jalisco. El segúndo de ellos con una atractiva organización.

Hacer disponibles datos en formato reusable es importante para la transparencia, pero quizás es más importante en hacer disponible de modo sencillo y en un sólo punto la información relevante del funcionamiento de las AAPP. Como diría Marc, “En las webs de las AAPP sobra información poco útil para el ciudadano”. A lo mejor es hora que empecemos a mirar a otras latitudes para saber qué información interesa a los ciudadanos y cómo ofrecerla.

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Arrastrado por la fascinación de los números, no me pude resistir a jugar con las herramientas que Carlos Guadián nos enseñó en uno de sus últimos post. Como bien decía Carlos, el análisis del resultado del uso de twitter por los Gobiernos ha de ser algo más que el número de seguidores.  El resultado del juego ha sido la tabla con la que abro este post, y en la que he aplicado el juguete Twitalyze a una serie de cuentas twitter de Gobiernos de distinta índole.

A bulto, los resultados parecen los esperados, sin embargo hay un detalle que merece alguna atención: El desequilibrio en el número de seguidores no se traduce en un desequilibrio similar en lo referente al impacto. Ello podría ser lo esperado de acuerdo a las definición del concepto impacto, sin embargo esto no sucede al comparar el impacto de @downingstreet con @desdelamoncloa o @gencat_cat con @barcelona_cat.

¿Cuál es la razón? Nos la da la segunda de las columnas, la que refleja el compromiso. El impacto de una cuenta twitter depende en gran medida del compromiso de su gestor, de la relación que establezca con sus seguidores.

El éxito de cualquier medio de relación de los Gobiernos con los ciudadanos, dependen del grado de atención y dedicación que se presta a los mismos. El no cumplimiento de las expectativas se deben a la existencia de un gap de atención al ciudadano. Como medios de relación de los Gobiernos con los ciudadanos, esta regla se aplica de modo inexorable al uso de los medios sociales por las AAPP.

Estamos empezando a sacar partido a este nuevo medio de comunicación que es twitter en las AAPP. Su éxito dependerá del compromiso, de la conexión bidireccional que establezcamos entre el diálogo abierto a través de esos 140 carácteres y los sistemas de Atención a los Ciudadanos.

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Soy jacobino a fuerza de ser de izquierdas. Es por ello que creo en la gestion centralizada de los servicios públicos que dan cohesión a una sociedad.  El corolario es obvio, mantengo un fuerte desacuerdo con la  extrema descentralización de la Educación y la Sanidad que se ha desarrollado en este país en los últimos años.

Si una consecuencia buena tiene esta crisis, es la búsqueda de soluciones de economía de escala que va camino de hacernos repensar el Estado. El más claro ejemplo es el acuerdo entre las AAPP para recortar gastos en la Sanidad pública. La creación de elementos como una única central de compras de medicamentos para todas las Administraciones introduce una coordinación necesaria que se constituye como garantía de cohesión.

La reforma de las Administraciones Públicas en busca de su sostenibilidad, conlleva la racionalización de sus servicios e infraestructuras. Y ello lleva, aunque algunos no lo quieran ver, a un rebalanceo de poderes entre los tres niveles de las AAPP.

El front-office de las AAPP debería entrar en el proceso de redefinición de poderes, y con ello el canal electrónico de servicios públicos. La relación  de los ciudadanos con las AAPP son parte de los servicios que dan cohesión a la sociedad. Las  primeras amenazas de la ruptura de la cohesión social por motivos geográficos en el Gobierno Electrónico, hace tiempo se pusieron sobre la mesa.

La crisis debe ser un motor de cohesión social. Si las soluciones de economía de escala actuan de combustible para este motor, aplicadas a los canales electrónicos de de las AAPP (teléfono, Internet) el efecto se multiplica por su carácter transversal y por su efecto en la calidad de vida de los ciudadanos. Lo mismo pasa cuando hablamos de los sistemas de gestión general esencialmente idénticos (nominas, …).

Un acuerdo nacional para el desarrollo del Gobierno Elecrónico es necesario y posible (aunque no probable).

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El avance tecnológico nos ha llevado al astillamiento de Internet.  Hemos alcanzado la ubicuidad  del acceso a los servicios de la Sociedad de la Información, pero ello a costa de la ruptura con la interfaz de usuario única. El hecho no es de por si malo ni bueno, pero supone un  paso más hacia la quiebra  en el modelo autárquico en la construcción de servicios electrónicos en las Administraciones Públicas. No podemos seguir pensando que seremos capaces de desarrollar versones para todos  los dispositivos  de los que la ciudadanía hará uso para acceder a nuestros servicios, en especial si queremos hacer uso de todas sus capacidades para enriquecer la experiencia del usuario.

Uno de los últimos ejemplos nos viene con la llegada del iPad. He de reconocer que en un principio fuí escéptico, e incluso lo califique de timo en algún tweet. Pero hay que saber rectificar, y el escenario que describe Di Maio en su blog ha servido para convencerme en la batalla del incremento del uso del Gobierno Electrónico. Realmente, no me cuesta trabajo imginarme a mi madre usándolo para acceder a la realización de la declaración de la renta.

Pero el iPad no deja de ser más que uno de los últimos ejemplos, que no el último. Las Administraciones Públicas no podemos mantener la continua carrera tecnológica, no tanto por falta de capacidad como por la barrera de los recursos escasos. Como decía en un anterior post, ni en el Gobierno Electrónico ni en ningún otro campo podemos creer que habitamos en el mundo del utópico crecimiento económico indefinido. Hemos de dejar más espacio a la colaboración en nuestro quehacer diario. Un primer paso es seguir la reciente guía editada por Apps For Democracy.

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Hace ya unos meses, hice referencia a la necesidad de desarrollar procedimientos que regularan la intervención del factor humano de la función pública en los medios sociales. Que dicha regulación es más que necesaria lo muestran incidentes como el acaecido en el Principado de Asturias, el lamentable bloqueo de una de esas bitacoras informales de un empleado público que ayudan a la creación e incremento del conocimiento en el colectivo de los empleados públicos. Con unas cuantas lecturas más y alguna pieza legislativa nueva en nuestro ordenamiento jurídico, vuelvo sobre el tema, con la creencia que el Gobierno Abierto ha de ser en gran medida desarrollado entorno al empleado público.

Son dos los ámbitos diferenciados que deben regularse. De un lado, el uso informal, como persona que hace uso de los medios sociales para adquirir y compartir conocimiento con personas de un mismo ámbito profesional. De otro lado, el uso oficial, como parte de un organismo público al servicio de la ciudadanía.

La regulación del uso informal de los medios sociales por los empleados públicos debería limitarse al incentivo de la misma. Han de equipararse a una herramienta más de trabajo, con las limitaciones únicas de la responsabilidad y la discrección y la manifestación (implícita por el contexto o explícita) del carácter personal y no profesional del uso. Con estas salvaguardas, somos un número importante los que cada día nos beneficiamos de la generación de conocimiento colectivo.

Más compleja es la regulación del uso formal. Las nueve páginas del documento “Best practices for social media usage in North Carolina” nos dan unas cuantas pistas al respecto de la visión global de esta regulación, y ha sido la inspiración del resto de esta entrada. La regulación empieza por entroncar el uso de los medios sociales con la estrategia global de comunicación del organismo. Los gabinetes de prensa obviamente han de jugar un papel rector en este punto y deben ser los primeros involucrados en el diseño de la estrategia en este punto, fijar quién y cómo puede intervenir en y en qué medios.  Un ejemplo real de la compleja relación entre los  gabinetes de prensa y aquellos que intervienen en los medios sociales , así como de los beneficios del uso de los mismos, está descrita en esta entrada de “Digital Engagement”.

En segundo lugar, ha de crearse un marco de garantías y obligaciones de aquellos que actuan en nombre de los organismos en los medios sociales. En mi anterior entrada sobre este tema, hacia mención de las normas la respecto creadas en Reino Unido, hoy me parecen escasas. Las normas han de contener no sólo una reglas de comportamiento y su entronque con las consecuencias disciplinarias de su incumplimiento, sino también han de reflejar los procesos de solicitud y autorización de participación en medios necesarios para ello. Prever la existencia de estas normas en el desarrollo reglamentario del EBEP en las distintas Administraciones, sería quizás recomendable.

En tercer lugar, entran en juego la regulación de los medios tecnológicos utilizados para habilitar la partipación del empleado público en los medios sociales. Aunque sobre ello podría debatirse, es mi opinión que la regulación aplicable habría de ser la Ley 11/2007 (y el RD 1671/2009 en el caso de la AGE). En este marco legal, y debido a las posibles consecuencias de la intervención de un empleado público en una conversación virtual registrable, hay que buscar los medios de  autenticación y registro de la participación de empleado público en un medio social. Si los medios sociales están bajo control del organismo en la sede selectrónica, autenticación y registro de las intervenciones en medios sociales vendrán garantizados por las previsiones para ambos ámbitos en las sedes electrónicas. La complejidad puede surgir cuando los medios sociales están fuera de la sede electrónica de los organismos. En primer lugar, el marco legal nos facilita los sistemas de firma electrónica que habrían de utilizarse, que en el marco de la AGE se limitan a sistemas basados en certificado de acuerdo al RD 1671/2009.  En segundo lugar, habría de disponerse de mecanismos de archivo fideligno del documento electrónico resultante de la participación del empleado público en el medio social (sobre la importancia de este punto, ver éste artículo). Es fácil suponer, que estos dos condicionantes limitan en la práctica poder actuar en los medios sociales no establecidos por los gobiernos como sería deseable.

Aunque el asunto no es tan simple como sería deseable, ello no es obstáculo para no empezar a trabajar en la habilitación de este nuevo marco de participación.

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La ecuación del hartazgo viene dada por las cifras de crecimiento del grupo “Esto tienen que arreglarlo los que lo jodieron” en la red Facebook.  No existe desánimo, sólo un infininto cansancio de la clase económica dominante en este país, de ese grupo de irresponsables que después de haber prendido fuego al Coliseo pretenden dedicarse a tocar la lira mientras el resto corremos a apagarlo. Tras dar créditos basura, aplicar EREs  sin descanso a personas aptas para el trabajo por el mero hecho de tener 48 años e inflar el deficit público con el salvamento de su estratégica actividad, ahora pretenden que entre todos paguemos la última ronda de la fiesta del capitalismo extremo.

En cuatro días de 400 a 50.000, y en estos momentos con más seguidores que la campaña de “Esto vamos a arreglarlo entre todos”.  La reacción al buenismo rayando la tomadura de pelo ha sido rápida y fulminante, y ahora hay que pasar a la acción.   Compra cinta aislante roja y actua sobre los carteles de “Esto vamos a arreglarlo entre todos” como muestra la figura.

Y difunde en tu blog y en twitter difunde  la contracampaña, por supuesto.

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